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Una nueva etapa se abrirá en la Argentina y en el mundo cuando pase la pandemia de COVID-19. Necesitaremos realizar nuevas transformaciones para poner a la Argentina de pie. Los argentinos y las argentinas deberemos adoptar acuerdos que expresen las demandas de los distintos sectores de la sociedad civil y poner especial foco en la reactivación de la economía. 

El trabajo es en la actualidad un eje central de los debates que atraviesa a todos los sectores de nuestra sociedad y que es necesario recomponer y fortalecer. La Argentina post pandemia nos encontrará con su tejido social deteriorado y la necesidad imperiosa de generar trabajo para millones de argentinos y argentinas. Así lo dejan en evidencia las proyecciones que nos muestran los índices de pobreza, desempleo, informalidad e inflación. 

El Estado nacional debió tomar medidas para mitigar los efectos de la pandemia. Además de las grandes inversiones en fortalecimiento del sistema sanitario debió realizar transferencias directas a prestaciones universales para reducir los impactos negativos del confinamiento. El Ingreso Familiar de Emergencia junto con los aumentos y bonos a las AUH, la AUE, a los jubilados y al personal de salud, entre otras políticas y programas son un atenuante hasta habilitar completamente la circulación.

En esta coyuntura, los altos índices de inflación generan una permanente depreciación del salario y provocan la imposibilidad de tener un marco previsible para poder planificar inversiones en el mediano y largo plazo. Las posibilidades de inversión productiva rentable quedan cada vez más relegadas en relación a las alternativas que brindan los mercados financieros con sus consecuencias: una menor cantidad de empresas que producen redunda en una menor cantidad de puestos de trabajo.

Entre los desafíos, se encuentra no sólo reconstituir el tejido social, sino incorporar al sistema a aquellos que durante los cuatro años previos sufrieron las políticas de ajuste. Esos sectores que pusieron el cuerpo ayer, ponen hoy sobre la mesa la necesidad de un Estado que garantice los derechos de todos, repare injusticias históricas, reestructure la matriz productiva y contribuya al desarrollo de los más vulnerables.

Los análisis económicos muestran una caída de la actividad de casi el 10% en el último año con picos en sectores como hotelería y restaurantes del 50% Indec. Entre los trabajadores que perdieron su trabajo en el 2020, producto de la pandemia y aquellos que estaban desocupados previo a la crisis que provocó el Covid 19 suman casi 3 millones de personas fuera del mercado laboral.

El panorama se muestra poco alentador, aunque en el último cuatrimestre hubo una recuperación de la actividad interanual de algunos sectores de la economía. El precio de algunos commodities implica un cuantioso ingreso nacional una vez liquidada la cosecha, dado el tipo de cambio.  

Este panorama económico se articula con una situación política que contiene dos sectores enfrentados y a priori irreconciliables. Dos modelos de país que se manifiestan en discusiones en la opinión pública y los debates parlamentarios sobre una variedad de temas que se ven atravesados por esa división en bloques hegemónicos en disputa.

Políticas activas

El Estado nacional cuenta con herramientas para incentivar la economía social, promoviendo un empuje desde abajo hacia arriba, generando puestos de trabajo y fortaleciendo el consumo de los sectores más postergados. El Potenciar Trabajo, el banco de herramientas, la comisión Nacional de Microcrédito, el FONCAP, son algunos programas vigentes que deberán ser complementarios con la aplicación de políticas económicas de desarrollo en la creación de trabajo. Algunos consolidando emprendimientos fundamentales para el comercio de cercanía barrial, y otros cuya contraprestación es la fuerza laboral enmarcada en algún proyecto específico de obra pública o servicio a la comunidad.

A su vez se debe fortalecer las posibilidades de empleo por el lado de la oferta, con planes que faciliten la contratación a las empresas, eximiendo de parte de las cargas sociales o con beneficios fiscales que promuevan contrataciones nuevas. La necesidad de producir ingresos con trabajo es vital para poder crecer e ir generando las condiciones para un nuevo ordenamiento productivo.

Consensuar una  nueva matriz productiva

Junto a la aplicación de un conjunto de políticas que apunten a darle una salida a la crisis profunda en que estamos – crisis que es la combinación de la herencia que nos dejó el macrismo y los efectos de la pandemia-, es necesario identificar algunos sectores productivos en los que debemos orientar recursos. Es prioritario re perfilar una parte del sistema productivo e ir hacia actividades que generen posibilidades de trabajo genuino y divisas. Por mencionar algunas: las actividades asociadas al agregado de valor de productos naturales, los desarrollos en torno a las nuevas tecnologías y la industria del software, la industrialización de las actividades extractivas. Más allá de esa escueta enumeración, no es intención de esta nota definir cuáles deberían ser esos sectores, sino entender que es necesario tomar definiciones que impliquen una reconversión productiva hacia nuevos sectores que resulten estratégicos. Se trata de buscar las maneras de hacerlo sin fracasar en el intento de modo que las posibilidades de que perdure en el tiempo sean mayores y por tanto posible su planificación en el mediano y largo plazo. 

La reconfiguración requiere de la construcción de un acuerdo nacional que exceda los marcos temporales definidos por la contienda electoral, la disputa partidaria y las representaciones de los bloques hegemónicos. Se deben generar las herramientas para consolidar un nuevo perfil productivo que convoque a la mayor cantidad de actores en una mesa. La misma tiene que estar compuesta por empresarios, gremios y universidades y la política toda (ambos lados de la grieta y al medio); tiene que atender y entender esas dinámicas y fortalecer ese espacio de modo que ese consenso en particular sea un camino a transitar en el tiempo.

En este contexto de grieta política y social, la gran dificultad para estas modificaciones consiste en establecer marcos de acuerdo para ver cómo se resuelve la puja distributiva. ¿Qué implicaría estos cambios? ¿Cuánto está dispuesto a resignar el capital para pagar salarios? ¿Cuánto perderían los trabajadores en pos de capital que permita las inversiones necesarias? Es el problema de la sábana corta: los trabajadores y las trabajadoras ya ajustaron mucho sus salarios y los empresarios y empresarias están ahogados financieramente. La cuestión entonces no sólo va a consistir en establecer hacia qué estructura vamos sino también en cómo redireccionar al sistema productivo los recursos necesarios. Esta prioridad, claro, necesita acuerdo de la clase dirigente.  

La nueva estrategia adoptada en torno a la matriz productiva tiene que hacer fuerte hincapié en el conocimiento y la capacitación, sectorizando por rama de producción y por ubicación geográfica. Las políticas públicas deben estar orientadas a los municipios y gobiernos provinciales para propiciar el desarrollo local,  generar nodos regionales y vincularlos, otorgándoles autonomía para que se produzcan pequeñas economías de escala regional. 

Un elemento de legitimación necesario del acuerdo productivo debe ser la participación de las casas de altos estudios, centros de formación y empresas que articulen planes de capacitación. Es fundamental que tengan un rol trascendente en la visión proyectada del país productivo a construir. El valor de la ciencia en los procesos de desarrollo es indispensable y sostiene las actividades de incorporación de conocimiento y procesos de producción.

La salida de la pandemia obliga a buscar alternativas para salir del estancamiento y la crisis. La generación de empleo tiene que volver a ser el centro de toda política pública porque el trabajo sigue siendo el ordenador social. Por más que la tecnología continúe reemplazando al humano, por más barata que resulte la mano de obra extranjera, por más que coyunturalmente faltan capitales para la inversión, la generación de empleo tiene y debe ser la prioridad de todo el arco político. Y digo del arco político porque hay que generar necesariamente un acuerdo económico y social que lo permita y legitime. Quien gobierne debe tomar esa prioridad y conducir los actores y políticas necesarias para que eso suceda.