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Desde la presidencia de Patricio Aylwin en 1990 hasta la segunda y vigente de Sebastián Piñera, las encuestas confirmaron sus pronósticos. El escenario actual, está lejos de ser similar. Hasta la mañana de los comicios generales se sigue hablando de la “elección más incierta”. Las especulación sobre el resultado abundan y no es para menos ya que hubo cambios durante la campaña que dejan abierta la imagen de los festejo del domingo a la noche. Lo cierto es que quienes llegan como favoritos este domingo, con poco más de 20 por ciento de intención de votos cada uno, Gabriel Boric, actual candidato por el Pacto Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PCCh, y otros) y José Antonio Kast del Partido Republicano de Chile no son los mismos que al inicio de la contienda. En las primarias realizadas en julio, el punto de inicio formal de esta contienda, Boric no era el predilecto de los sondeos, y una vez superada esa instancia, se posicionó entre los dos primeros lugares, cabeza a cabeza con Sebastián Sichel, del oficialista Chile Vamos. Pero algo cambió para que se hable de Kast como el mascarón de proa hacia el balotaje que prácticamente ninguna encuestas ni analistas descartan, y que deberá celebrarse el 19 de diciembre. Estos dos candidatos tienen la particularidad de pertenecer a coaliciones que no fueron gobierno desde el regreso a la democracia y de hecho el favorito ha demostrado ser más que condescendiente con lo que llama “gobierno militar” y ha dicho: “Sí Pinochet estuviese vivo, votaría por mi”.

Ahora bien, no sería del todo preciso cargar los cambios de preferencias del electorado a imprecisiones de las encuestadoras sino que es pertinente ver qué pasa con un electorado que parece escapar a las identidades político-partidarias arraigadas.

Cabe mencionar entonces dos puntos que mueven el amperímetro entre la previa y lo que efectivamente será el resultado de esta elección, así como el de un eventual balotaje. En primer lugar, el alto porcentaje de indecisos o que no responden a las encuestas (que ronda el 20%) y los bajos niveles de participación no permiten identificar las preferencias de la mayoría de los electores o posibles migraciones de votos, así que cualquier cambio en la participación altera la ecuación. Un país donde el voto no es obligatorio sino voluntario desde el 2012, invita a detenerse y ver los niveles de participación en las elecciones recientes. Aunque de carácter diferente a las Generales de hoy, la votación en el plebiscito de octubre de 2020, luego de las masivas movilizaciones, convocó solamente al 50 por ciento de los que estaban habilitados a hacerlo; mientras que en las regionales de mayo de este año asistió apenas el 43 por ciento del padrón; y en las primarias de julio -que tampoco son obligatorias y que tienen con baja participación histórica- votaron no más de tres millones de los quince registrados para las presidenciales. Esta tendencia se mantiene en las últimas encuestas que asegura que la intención de ir a votar ronda el 50 por ciento de los 15 millones que están habilitados.

Un segundo punto es el potencial impacto que pueden tener los diversos “escándalos” que trascendieron durante la campaña y que pudieron haber alterado la intención de votos y la respuesta a las encuestas. En el caso de Sichel, en tanto candidato del oficialismo, quedó golpeado por la acusación contra Sebastián Piñera y su gestión la difusión de los Pandora Papers que reveló que el presidente se había desprendido de la minera Dominga en el año 2010 -de su propiedad y que vendió a un íntimo amigo- a condición de que no declarara la protección ambiental de la zona en la que se emplazaba ese proyecto durante su primer mandato. Esto le valió una acusación constitucional que avanzó en Diputados pero que en la semana previa a la elección, fue rechazada en el Senado. Además, Sichel después de ganar las primarias de este año fue acusado de financiamiento irregular de su campaña de 2009 para Diputado al punto que despidió a un asesor de campaña. Todo esto podría haber contribuido a que adherentes de Sichel abandonen el barco hacia las filas de Kast como por ejemplo los 75 militantes de la UDI -parte de la coalición oficialista- se desmarcaron en octubre de Sichel y entregan apoyo “irrestricto” a Kast.

En el caso de Apruebo Dignidad, sufrió un hachazo después de que el medio Ciper publicada una investigación que acusa a Karina Oliva, diputada de Comunes, actual candidata al Senado, y quien fuera candidata a la gobernación de Santiago en mayo, de haber pagado excesivos honorarios a su equipo de campaña. Boric, que reivindica la idea de transparencia y la lucha contra la corrupción, si bien buscó despegarse y argumentó que no iban a hacer una “defensa corporativa” sino que se debía investigar a fondo, igualmente vio afectada su participación electoral.

Estos factores, bajos niveles de participación, alto porcentaje de indecisos y dinámicas de la campaña, pueden estar empañando el vidrio sobre los comportamientos mayoritarios que se verán el día de la elección. Desde algunos sectores incluso llaman a observar el comportamiento del electorado en las elecciones municipales como el termómetro más atinado. Desde esa lectura, Yasna Provoste Campillay, candidata del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la coalición Nuevo Pacto Social (Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, PDC, Ciudadanos, Partido Liberal, Nuevo Trato) tendría chances de colarse en el balotaje ya que fue el espacio que arrasó en las elecciones subnacionales de mayo pasado.

Los otros tres candidatos son Franco Parisi Fernández, contendiente declarado por el Partido de la Gente; Marco Enríquez-Ominami Gumucio, del Partido Progresistas de Chile; y Eduardo Artés Brichetti, por el Partido Unión Patriótica. Ninguno supera el 10 por ciento de intención de votos.
Quienes asistan a las urnas deberán elegir el Presidente de la República (no se elige Vice) para el período 2022-2026 además de totalidad de la Cámara de Diputados (155) y los senadores nacionales (27) representantes de nueve regiones (Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana de Santiago, O ́Higgings, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes). Además votarán 302 miembros de los dieciséis consejos regionales del país, un punto importante para el momento en que la Convención Constituyente está debatiendo si se avanza en la descentralización de la administración pública.

Será clave también observar atentamente los resultados de las legislativas de hoy porque si bien la desdibujada Convención Constituyente será, llegado el momento, el órgano encargado de definir si, una vez redactada la nueva Carta magna, todos los cargos electivos -incluido el de Presidente de la Nación- concluirán su mandato o deberán volver a pasar por las urnas. Sin embargo, su definición no tendrá carácter vinculante sino que será el Congreso el facultado para avanzar sobre esa recomendación.

La revuelta que inició en 2019 en Chile -desde ya registra causas previas- tuvo un rasgo sintomático: la falta de conducción política. Ningún partido o movimiento pudo atribuirse el liderazgo de las protestas, aún cuando muchos de ellos se encontraban en las calles. Y aún cuando parte de ese proceso se institucionalizó, y a partir de la Constituyente pasó de la plaza al palacio, la mayoría de los chilenos y chilenas parece mantener una mirada de recelo y sin demasiado entusiasmo frente a la política partidaria tradicional.