Tiempo de lectura: 5 minutos

En un libro de reciente publicación (La última encrucijada, Planeta 2023), el periodista Jorge Liotti escribe: “No ha existido en estas cuatro décadas de democracia una amenaza más peligrosa para la estabilidad del sistema político y para la paz social que el estrepitoso fracaso económico de la Argentina. Un hundimiento que no solo se apoya en la incontrastable contundencia de las cifras, sino especialmente en la incapacidad conceptual para encontrar una matriz productiva sólida y sustentable, que logre un consenso interno mayoritario entre las fuerzas políticas, el sector empresarial y el mundo del trabajo. El gran mérito de estos 40 años ha sido haber logrado sostener las instituciones republicanas en pie a pesar de la fallida performance económica.”

El autor aborda la crisis desde la perspectiva del orden, pero en su reflexión habita una verdad: la mayor amenaza para el actual régimen político proviene esencialmente del fracaso económico. La política es economía concentrada, una está indisolublemente vinculada a la otra. La economía determina en última instancia, pero precisamente en la instancia decisiva.

La economía estuvo guiada durante las últimas décadas por los lineamientos troncales que dejó la dictadura. Esa fue la pesada herencia legada por el régimen genocida. El famoso “pacto democrático” instituido en 1983 coloca el acento en las rupturas entre una etapa y la otra, y no en sus continuidades. ¿Cuánto de la dictadura —o de los objetivos esenciales de la dictadura— siguieron habitando en la democracia?

La restauración del orden constitucional en la coyuntura caliente de 1983 fue producto, en primer lugar, de una relación de fuerzas en la que —además de Malvinas— incidió decisivamente la resistencia a un régimen en decadencia. Pero desde una perspectiva más general, el retorno del régimen constitucional se asentó sobre una derrota. Por eso tuvimos Juicio a las Juntas, pero también Obediencia Debida y Punto Final, además de indultos (luego anulados por el gobierno de Néstor Kirchner con posterioridad a la rebelión de 2001). Incluso el Juicio a las Juntas fue paradójico porque fueron acusados y condenados los ejecutores del genocidio, pero no a los procesistas; los jefes militares, pero no los beneficiarios económicos y políticos directos o indirectos. Como sintetizó Rodolfo Fogwill: el error consistía en creer que la derrota política de los militares implicaba la derrota del proceso de reorganización nacional entendido no sólo como un régimen totalitario, sino como una reorganización social y económica de profundo carácter regresivo.

La herencia de la dictadura se transformó en política del “partido del Estado” bajo la democracia. En los años alfonsinistas, los “ideales de la reforma social” mutaron rápidamente hacia la realpolitik y el pragmatismo de las “reformas estructurales” para una modernización que presuponía ajuste, subordinación al FMI, recortes salariales y privatizaciones para terminar con un “estado elefantiástico”. Todo lo que cuestionara ese núcleo de coincidencias básicas de los partidos tradicionales ponía en riesgo no solo la economía, sino a la misma democracia. Segunda paradoja: la hoja de ruta que presuntamente buscaba evitar los enfrentamientos que pusieran en riesgo la institucionalidad fue la que condujo más rápidamente a la catástrofe de la experiencia alfonsinista. El Diario de una temporada en el Quinto Piso de Juan Carlos Torre podría haberse titulado el Diario de la derrota.

No sólo en lo sustantivo hubo continuidad, también en las formas: cerca de 420 leyes instauradas por el régimen de facto tienen vigencia en la actualidad, entre ellas algunas tan relevantes como la Ley de Entidades Financieras, el Código Aduanero, la Ley de Inversiones Extranjeras o el Régimen de Exportaciones de Productos Agrícolas. Un 10% del cuerpo legal vigente hoy en nuestro país fue establecido bajo el régimen militar y no precisamente la legislación menos relevante: el “anarcocapitalismo” bancario y financiero habilitado por la Ley de Entidades Financieras está en la base de las múltiples crisis de las últimas décadas.

El endeudamiento salvaje, la pobreza estructural que hoy ronda el 40%, la precarización y la informalidad laboral que afecta al 35% de los trabajadores, la descomunal pulverización del salario y la novedad de los “trabajadores pobres”, no pueden entenderse sin tener en cuenta aquella herencia.

Por eso la crisis de las libertades democráticas o de las instituciones no puede independizarse —como hace cierta intelectualidad liberal— de los resultados económicos, sociales y ambientales de los últimos tiempos. Es muy difícil separar el balance en el plano de las condiciones de vida de la percepción sobre las ventajas y desventajas de un régimen político.

La defensa de una arquitectura institucional como forma sin contenido condujo recientemente a una verdadera extravagancia: suponer que Patricia Bullrich puede ser una eventual defensora de la democracia frente un peligro mayor. La misma Bullrich que hizo una defensa cerrada del accionar de Gendarmería en el operativo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado o de la Prefectura que fusiló a Rafael Nahuel. La “banalidad del bien” (reverso exacto de la “banalidad del mal”) borra especificidades históricas, moraliza una discusión política y en el mismo acto despolitiza el debate sobre la moral. Sólo mediante esa operación intelectual, un personaje totalmente carente de moral o de principios como Bullrich puede transformarse en la última trinchera en la defensa de valores democráticos. ­Como era previsible, el “mal menor” algún día iba a morderse la cola mientras el “mal mayor” estaba llamando a su puerta.

En la introducción de su Revolución y contrarrevolución en España, el comunista norteamericano Felix Morrow narra una anécdota reveladora sobre la guerra civil: “Las trincheras de los soldados fascistas y las de los milicianos están unas junto a otras. A través de ellas, en un alto de la lucha, discuten a gritos: ‘Vosotros sois hijos de campesinos y de obreros’, grita un miliciano. ‘Vosotros deberíais estar aquí con nosotros, luchando por la república, donde hay democracia y libertad.’ La respuesta no se hace esperar; es el argumento con el cual el campesino ha contestado a todo llamamiento reformista desde la llegada de la república en 1931: ‘¿Te ha dado de comer la república? ¿Qué ha hecho la república por nosotros para que debamos luchar por ella?’ En este pequeño incidente, aparecido casualmente en la prensa, se encuentra la esencia del problema de la guerra civil”.

Algo de eso hay en la crisis de la democracia argentina porque, ¿con qué autoridad moral se puede exigir a las personas que defiendan “con uñas y dientes” una arquitectura institucional bajo cuya vigencia su presente se volvió insoportable?

En el camino hacia las próximas elecciones, las tres principales coaliciones se han transformado en distintas variantes del “partido del ajuste”: ajuste negociado, ajuste a garrotazos o ajuste delirante. Discutir la “cuestión democrática” haciendo abstracción de estos programas que hacen a la existencia vital de las grandes mayorías es un pecado del leso intelectualismo. 

C. L. R. James —pensador de izquierda nacido en Trinidad y Tobago y autor de Los jacobinos negros, ensayo sobre la revolución haitiana escribió: «Cuando la historia sea escrita como debe ser escrita, será la moderación y la prolongada paciencia de las masas, y no su ferocidad, lo que ha de provocar el asombro de la humanidad».

La lenta impaciencia acumulada en las últimas décadas se manifiesta coyunturalmente “por el lado equivocado”, pero para combatir a ese gran malentendido que produjo la eterna crisis argentina son necesarias más coordenadas de estrategia política y menos lecciones de moral.