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Hace unos días en San Martín de los Andes sucedió algo inédito. Los lonkos (autoridad mapuche) de las comunidades Curruhuinca y Vera, Ariel Epulef y Julio Vera, expusieron ante un auditorio al que calificaron como hostil, integrado mayoritariamente por empresarios, ganaderos, abogados que litigan contra integrantes de su pueblo y representantes de las clases acomodadas de las más importantes ciudades patagónicas. Fue en el Foro de Consensos Patagónicos, organización que se ocupa de visibilizar el conflicto territorial en el sur desde la voz de los afectados por el avance mapuche. Un encuentro entre el agua y el aceite. Entre grupos sociales que en la Argentina actual no se mezclan, se descalifican y se sienten incomodados por la mera existencia del otro.

Una semana antes, la Confederación Mapuche de Neuquén había tildado al foro de “espacio racista y promotor del odio” e intimado a los lonkos a que se autoexcluyeran de participar “para evitar ser expuestos por su propio pueblo mapuche”. Vera y Epulef decidieron obviar la amenaza, tomaron la invitación y fueron a hacerse oír. Contaron la historia de lo que les fue arrebatado, que necesitan ser y sentirse integrados y qué es necesario para que eso pase. Nombraron la palabra genocidio y fueron escuchadas con respeto y en silencio por el público presente.

El hecho muestra también que cuando se busca el diálogo aparece el interlocutor. En este caso, un actor clave fue Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, quien al facilitar la conversación entre colectivos de ciudadanos con intereses aparentemente antagónicos, eligió poner al estado municipal en el rol de mediador ‒al servicio de la solución‒ en vez de acrecentar el problema, como nos tiene acostumbrados el gobierno nacional, que desoye sistemáticamente la necesidad de una de las partes mientras hace que se ocupa de la otra, sin ningún avance concreto y dejando a todos desamparados e imposibilitados para un acercamiento pacífico.

Las coberturas de la mayoría de los medios sobre el tema transmiten que mapuche y propiedad comunitaria de tierras significan usurpación de propiedades públicas y privadas en paraísos turísticos, vandalismo e incendios, cortes de rutas. O, en el otro extremo, víctimas del racismo y la injusticia encarceladas por reivindicar sus derechos y tratar de recuperar lo que les fue quitado y represión de las fuerzas de seguridad. El problema es bastante más complejo.

El Registro Nacional de Comunidades Indígenas cuenta con más de 1900 registros en todo el país. La inmensa mayoría de las comunidades sigue los pasos legales y procedimentales para acceder al título de propiedad comunitaria al que les da derecho la reforma constitucional del 94, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos y el derecho a “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Por el contrario, la mayoría de los actos violentos que toman estado público, como es el caso de Villa Mascardi, son responsabilidad de grupos sin personería comunitaria, y si están en proceso de tenerla es por la insistencia del gobierno nacional, que brinda más apoyo a los que protagonizan malas noticias que a los que siguen los pasos legales.

En los casos donde la tensión creció hasta ser conflicto, desde reconocimientos territoriales a comunidades que no contemplan a quienes tienen un título de propiedad sobre esas tierras hasta usurpaciones violentas que dan lugar a causas penales, la responsabilidad del gobierno nacional es insoslayable. Tal vez es su modo de apoyar a la que considera “la parte más débil”, la parte indígena. Sin embargo, esta estrategia no entregó un solo título de propiedad comunitaria ni logró resolver una sola disputa, por lo que no mejoró la situación real de ninguna comunidad indígena y generó gran temor en la contraparte.

El consejero político de la Embajada de Canadá, Daniel Arsenault, relata que su país reconoció la soberanía de los pueblos indígenas sobre el actual territorio canadiense al momento de la llegada de los europeos (lo que hizo nuestra Constitución del 94). Reconoció que históricamente negó los derechos de los pueblos indígenas a través de prácticas de asimilación. Y también reconoció que estos pueblos siguen enfrentándose a un racismo sistémico. En Canadá, septiembre es el “mes de la reconciliación”. Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda también se ocuparon de reconocer a sus pueblos indígenas. ¿Qué reconocieron? El derecho a ser vistos, oídos, incluidos.

Este pendiente en la lista de los problemas argentinos, nos demos cuenta o no, nos atraviesa a todos. Estamos hablando de pueblos, personas, a las que el país, el de ellos y el nuestro, les fue arrebatando todo. Eran independientes y tuvieron que someterse a negociar, primero con la autoridad virreinal y luego con los criollos independizados. Perdieron hijos, esposas, padres en la guerra que les declaró el estado argentino para correr la frontera, porque quería soberanía sobre las tierras que estaban bajo dominio indígena. Les arrebataron la libertad: fueron tomados prisioneros o como sirvientes. Perdieron su mundo, la vida tal como la conocían, y muchos, la vida misma. Lamentablemente, la Argentina no les ofreció algo valioso en compensación: fueron transformados en argentinos de los bordes, mayoritariamente pobres. No encuentro ningún argumento honesto y sensato para que el estado argentino no reconozca la verdad de estos hechos. Porque son hechos, pasaron, es verdad. Es solo cuestión de ponerse en la piel del otro.

Dos días después del encuentro donde los empresarios escucharon la voz de los lonkos, una reunión en la sede de la Confederación Mapuche de Neuquén con organizaciones de Mendoza y Río Negro avanzó en la idea de demandar al estado argentino “por genocidio del pueblo mapuche”, planteó un proceso de restitución de territorios ancestrales (podrían pedir toda la Patagonia, La Pampa, sur de Mendoza, Córdoba y provincia de Buenos Aires) y el reconocimiento de la jurisdicción mapuche según su propia norma y sistema de justicia (cuestiona la soberanía del estado argentino). En síntesis, un acercamiento que pueda desembocar en diálogo y acuerdos no les gustó nada y subieron la apuesta por el desencuentro.

La tensión territorial no afecta solo a propietarios usurpados o instalaciones de parques nacionales. Además de perjudicar a las propias comunidades indígenas que están siguiendo los pasos para el cumplimiento de sus derechos es una causa más de inestabilidad, de inseguridad, de conflicto que oscurece el futuro de todos los argentinos. Complica al turismo, la agricultura y la ganadería. Desalienta la inversión y la explotación hidrocarburífera y minera. Obstaculiza y frena las actividades económicas con más potencial para contribuir al crecimiento, al descenso de los índices de pobreza, a la generación de puestos de trabajo y a la inclusión.

En la medida en que no hablamos de esto, le damos poder a los que ganan con el conflicto. Si lo seguimos postergando, el problema no va a hacer más que crecer. No hay escenario en que al estado argentino le convenga esa estrategia. Es mucho lo que hay en juego.

Los que estamos ahora no somos responsables de los hechos del pasado. Sí debemos responder por el presente. Reconocer nuestro pasado es el primer paso, indispensable, para sentarse a conversar, negociar con la participación de todos los involucrados y seguir adelante. No hay otro camino hacia la solución. Debería ser un tema de debate nacional.