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En los últimos días, el proceso evolutivo de la violencia en Rosario alcanzó un nuevo cenit. La secuencia de esta última zaga de desafíos criminales incluyó la balacera contra un móvil del servicio penitenciario, el asesinato de dos chóferes de taxi y un colectivero, y el fusilamiento de un playero de una estación de servicio captado por las cámaras de seguridad.

El gobierno provincial y el nacional reaccionaron con una conferencia de prensa donde anunciaron el envío de más efectivos federales, convocaron el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y dispusieron una serie de medidas que apuntan a endurecer las condiciones de persecución. Pero el despliegue macabro no se detuvo. En las horas siguientes, con una ciudad vacía y aterrada, continuaron las amenazas.

El intento de intimidación pública persigue un fin: alterar y paralizar la vida de la ciudad. Los objetivos comenzaron siendo instituciones públicas ligadas a la justicia, después pasaron a ser escuelas, siguió el transporte urbano y terminaron en centros de salud.

Los cuatro asesinatos de trabajadores en unas pocas horas se interpretaron como una respuesta a la difusión de imágenes de las cárceles santafesinas donde podían verse a los internos siendo verdugueados en una réplica absurda de las escenas que el gobierno de El Salvador dio a conocer al mundo en su combate contra las pandillas.

La distancia entre fenómenos, tal como lo indicó el propio presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no puede ser mayor. Pero, lo que es aún peor, también lo fue la metodología aplicada. La imitación respondió más a criterios de la comunicación política que al de las políticas de seguridad.

La ceremonia de humillación, que como instancia final de una serie de acciones sobre el territorio busca funcionar como representación del poder recobrado por la fuerza estatal, se realizó de forma precoz y aislada, sin un respaldo previo de avance sobre bandas y zonas conflictivas. El resultado no puede haber sido peor. Y las conclusiones posibles son limitadas: si el gobernador y el ministro de Seguridad no midieron los efectos, o se trató de una impericia grave, o peor aún, de un cálculo político que expuso a toda la población.

Del sustismo al terrorismo

En mayo de 2022, junto a Marcos Mizzi, escribimos una nota para Uganda donde hablábamos del elefante en la habitación de la política rosarina: la crisis del susto. El orden estaba desordenado. Ningún sector del crimen o de quienes debieran combatirlo lograba imponerse. Más que la corrupción policial, la penetración del delito en las instituciones, el lavado de activos y los empresarios que nunca pagan o la perversidad incurable de los bandidos, el problema era que nadie controlaba a nadie. No había un programa que unifique el corpus de los hechos.

El monopolio de la violencia se subastaba. Y las pujas las empezaron a ganar los pequeños inversores. La fragmentación y rusticidad le daban flexibilidad para extorsionar a comerciantes y laburantes, meter miedo con balaceras a comisarías, tribunales y viviendas de investigadores o mandar mensajes a bandas rivales a través de muertos. A esa etapa del desarrollo la llamamos sustismo.

Era un hermano menor del terrorismo. Una criminalidad de cabotaje, sin estructuras complejas ni grandes capos transnacionales, pero con capacidad para hacer que la vida no pueda ser vivida con tranquilidad. La diferencia clave la formulamos teóricamente en esa nota, pero la entendimos estos días: el susto obliga a seguir, el terror paraliza.

En julio de ese año fueron baleadas dos mujeres que esperaban el colectivo en una parada. Una de ellas, la madre, murió en el acto, la hija peleó por su vida durante más de 60 días. El caso conmovió a la ciudad. En un primer momento, se pensó que podían haber quedado en medio de una balacera, o que los tiradores se hubieran confundido. Más tarde se supo que el tiroteo al azar fue intencional: salieron a tirar y matar para intimidar.

En febrero de 2023, un auto levantó en la calle a un músico que volvía de un ensayo, lo llevaron hasta la cancha de Newells, lo mataron y dejaron el cuerpo con un mensaje para otra banda. Este otro caso llevó a hablar de una nueva fase en la narcocriminalidad rosarina: la utilización de muertes inocentes como medio para mandar mensajes. El susto comenzaba a mutar en terror.

Con los asesinatos de los últimos días, el mensaje es tan nítido como espeluznante. Ya no es violencia mafiosa entre bandas, sino un ataque contra la sociedad para desafiar a la autoridad estatal. El grado de coordinación aún resta comprobarse. La propia dispersión de las bandas criminales es la que propicia el efecto contagio: hace falta conseguir un arma y mentar el nombre de una banda con cartel para reclamar a balazos el control de un par de cuadras o animarse a mojarle la oreja al Estado.

Lo que pasó ahora, nos dejó helados a todos. No solo porque las bandas desafían abierta y directamente al gobierno, sino porque se anuncia un principio de unidad entre bandas que va desde el uso de estrategias jurídicas que comprenden a los derechos humanos como instrumento hasta principios políticos con una lógica de hermandad criminal que se asemeja a la experiencia de bandas criminales de países cercanos que surgieron como movimientos reivindicativos.

A este fenómeno que congeló de espanto la ciudad se lo llamó rápidamente terrorismo urbano. Y puso en entredicho al imaginario que buena parte de las organizaciones y sectores del espectro político defendieron como parte del “pacto democrático” de los últimos 40 años. Por los riesgos que supone y los antecedentes que se exhiben, la preocupación no es menor.

El crimen se convirtió en la principal preocupación de los rosarinos. El crimen erosiona la confianza en la democracia y, a medida que las personas ven que los gobiernos pasan, las respuestas fracasan y las excusas se repiten, comienzan a dudar de la capacidad de los medios que prevé el sistema constitucional para dar protección. 

¿Qué puede un gobierno?

La mezcla terminológica tiene su grado de instrumentalidad. La fusión del terrorismo urbano que experimenta Rosario con el narcotráfico implica subirle un escalón para confundirlo con las amenazas del crimen organizado internacional y dar lugar a la intervención militar.

Pero en Rosario, la criminalidad de las bandas tiene más de marginal que de narco. La venta de drogas al menudeo ocupa un lugar dentro de una serie de negocios ilegales que tienen como eje la violencia para la obtención de rentabilidad. No son organizaciones complejas con estructuras empresariales diversificadas y redes de operación transfronterizas. Más bien, son bandas formadas en el paso de las rutas globales del narcotráfico con relativa autonomía en negocios criminales de pequeña escala, con precariedad estructural y un insumo central en la violencia.

Esto, que suena teórico, tiene una consecuencia práctica directa. Quiere decir que las características del conflicto y de los actores involucrados no tiene la complejidad ni la intensidad suficiente que el marco legal vigente exige como para constituirse en una amenaza a los valores y objetivos de Defensa Nacional que deben custodiar las Fuerzas Armadas. Son dos ámbitos muy distintos de actuación que implican diferentes visiones, adiestramientos, armamento, equipamiento, entrenamiento y doctrinas.

En un mismo sentido corren las repetidas denuncias, por izquierda y por derecha, sobre el involucramiento y la putrefacción absoluta de la policía santafesina. Tanto el reformismo progresista como el moralismo conservador plantean que la fuerza policial se encuentra totalmente contaminada y constituye el centro del problema.

Estas afirmaciones, que parten de una base de hechos comprobables en la participación de agentes y funcionarios policiales en redes delictivas, operan a través de una generalización que tiene réditos de espectacularidad e impacto público, pero que simplifican la realidad e implican ciertos riesgos.

El problema tendría una matriz constitucional: si el gobierno no controla a la institución policial porque está se encuentra degradada, penetrada y subordinada a las bandas criminales, no puede hacer valer su autoridad e imponer el monopolio de la fuerza. Eso quiere decir que existe una fuerza armada que se desnaturalizó y se subleva ante el gobierno. Si esto fuera así, estaríamos ante una situación anómica de una gravedad mayor que pone en crisis el Estado de derecho.    

Por eso, lo que queda bien en el discurso, bajado a tierra, se vuelve problemático. En ese sentido, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, dijo que en ninguna investigación se vio que sea estructural el gerenciamiento policial del delito. Esto asigna un margen de acción política que reconoce la falla en la forma de aplicar la ley.

El punto de partida debe ser el reconocimiento de que el Estado necesariamente tiene más fuerza que cualquier organización criminal. El problema en el que estamos insertos, entonces, es sobre qué estrategias, bajo qué conducción y cuáles son las protecciones políticas, legales y operativas que la política y la justicia le brindan a las Fuerzas de Seguridad para actuar.

El terror de la no-decisión

Este escenario le da cierta abstracción a los planteos que interpretan la situación como una contradicción entre políticas sociales inclusivas o mano dura. Los reduccionismos nunca ayudan, pero muchas veces permiten observar mejor por vía de la exageración.

Si algo positivo se puede sacar de esta impostación de la cuestión militar en la agenda pública, es la posibilidad de volver a discutir temas y problemas que, durante muchos años, fueron un tabú. La política de jugar a hacer política se enfrenta al espejo. Es ahora cuando hay que decidir.

El terror de la postdictadura se manifiesta como una autolimitación de los grandes partidos democráticos. Es la dimensión práctica del ideologismo. Ante el fenómeno del terrorismo urbano, no hay dirigentes radicales o peronistas en condiciones de tomar la decisión de actuar. La peor pesadilla es ser denunciado por un organismo de derechos humanos. Y nadie tiene la certeza de que sus pares, si las cosas salen mal, no los entreguen a la justicia para una ritualización de un proceso expiatorio que lave la culpas y los crímenes.

Es un aprendizaje que hicieron las camadas militares de la democracia. Saben que, en otra época, entre la cúpula empresarial y la cúpula política se acordó su entrega como responsables absolutos del horror para darle estabilidad a un sistema democrático que no les hacía lugar. Ahora no están dispuestos a que la política se desresponsabilice de las decisiones que debe tomar con los recursos represivos bajo su órbita funcional y les “tire el muerto” del trabajo sucio. Al César lo que es del César.

La participación de las Fuerzas Armadas en un terreno que no les es propio como las zonas urbanas con bandas narcomenuderas, expone a los militares a un territorio hostil y al contacto directo con la información y los actores de un tipo de criminalidad para el que no están en condiciones para responder. Y ante el que, en condiciones de extrema precariedad laboral, pueden ser rápidamente corrompidos.

Llegado el caso, los militares tienen que prestar su inteligencia, su fuerza y su voluntad, para combatir las amenazas del terrorismo internacional a la integridad territorial y la soberanía nacional desde las zonas fronterizas. Si este proceso culmina en la reforma o aplicación forzosa de las leyes, la desjerarquización de las Fuerzas Armadas puede deparar consecuencias potencialmente dramáticas, degradando y poniendo en riesgo el prestigio y la influencia de la institución militar sobre la sociedad. Y otra vez viviremos una vieja y triste historia.

Hacer lo duro menos duro

Si en las entrelíneas de los funcionarios nacionales lo que se lee es la cocina de una suerte de mini Conintes, planteando un escenario de conmoción interna para conceder una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas con el objetivo de lucha contra los disturbios y la anarquía sembrada por el terrorismo, el sistema político se enfrenta a la necesidad de recomponer un pacto que le devuelva a la política la autoridad para tomar sus decisiones y asumir sus problemas.

Estas bandas territoriales en muchos casos emergieron de los agujeros dejados por la acción estatal insuficiente, el abandono o la única presencia desde la perturbación. Son parte del paisaje de las zonas descuidadas por los gobiernos, con generaciones de pibes quemados que compiten en esas subastas de la violencia mediante extorsiones, disputas territoriales o simplemente para exponer quién tiene el mando y que sus vecinos se sometan a su autoridad frágil y agresiva.

Los costos para la sociedad son múltiples, materiales y espirituales. Son gastos que lejos de entrar en un plan de ajuste, se incrementan sistemáticamente: de seguridad pública y privada, de hospitales, de cementerios, de tratamientos para superar los traumas, de pérdida de empleos, de cierres de comercios, de ingresos no percibidos y vidas productivas que se echan a perder. En esa tensa cotidianidad se caldea el riesgo político y las condiciones de inseguridad que son la base de la crisis económica en Rosario.

Aunque duela, aunque cueste aceptarlo, aunque se esté efusivamente en contra, es evidente que el enfrentamiento de estas bandas implicará arbitrariedades, abusos y hasta violaciones de derechos humanos en el ejercicio de la autoridad estatal. Las dirigencias pueden optar por la hipocresía o la negación, pueden refugiarse en posiciones ideológicas cómodas y denuncistas, pero eso no resolverá el problema ni cambiará la realidad.

De algún modo, pasa algo parecido al programa para bajar la inflación. Si Caputo mide cuanto consumo y bienestar la gente es capaz de resignar para ganar la previsibilidad futura de una inflación baja, en Rosario se pondrá a prueba cuantas garantías constitucionales son capaces de resignar los rosarinos para lograr la pacificación de la ciudad.

La tarea de los gobiernos provincial y municipal será prestar acompañamiento con una serie de políticas de contención social que hagan menos difícil la situación para las familias de los barrios de la ciudad. Por eso es urgente que la política asuma sus responsabilidades para prever los mecanismos necesarios para evitar y sancionar los casos de atropellos y amortiguar el impacto comunitario de los controles, vigilancias y aprehensiones en los territorios. Con los barrios abandonados a la buena de Dios, las medidas desesperadas solo van a empeorar la situación. Y lo que todos piden es que alguien logre parar el sufrimiento.