Tres años después de la explosión que destruyó el puerto de Beirut que mató a 200 personas, hirió a más de 7000 y provocó destrozos a más de 200 kilómetros, la investigación sigue sin avances en la justicia. La élite política parece haber sellado un pacto de impunidad para que no se puedan determinar responsabilidades concretas. La falta de justicia es un eslabón más en un país acostumbrado a la tragedia y a un Estado que no funciona.
El tercer aniversario de la explosión se produce en medio de una profunda crisis económica que arrastra el país desde 2019 cuando entró en default y el gobierno decidió aplicar una serie de medidas de ajuste que encontraron resistencia en las calles. En 2020 la pandemia terminó de colapsar la economía y, además, destruyó el sistema sanitario.
Las imágenes de los libaneses entrando a los bancos a punta de pistola para poder recuperar sus ahorros y romper con el corralito impuesto por el gobierno desde el año pasado, donde sólo se permiten retirar 100 dólares mensuales, recorrieron el mundo en los últimos años y son una muestra de una sociedad que ha caído en un pozo que parece no tener fondo. Un golpe duro para un país que en su posguerra y hasta principios del nuevo milenio supo tener una sólida estabilidad monetaria.
Las imágenes de los libaneses entrando a los bancos a punta de pistola para poder recuperar sus ahorros y romper con el corralito impuesto por el gobierno desde el año pasado, donde sólo se permiten retirar 100 dólares mensuales, recorrieron el mundo
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El salario mínimo ronda los 30U$ mensuales y ya no alcanza para cubrir los gastos diarios, por eso cada vez más libaneses dependen de su diáspora (alrededor de 14 millones alrededor del mundo), las remesas que llegan desde el extranjero son la principal fuente de ingresos para muchos de ellos y representan el 40% del PBI.
Los indicadores sociales son alarmantes, según el Banco Mundial, el 80% de la población vive bajo el umbral de pobreza, la clase media va desapareciendo lentamente y la moneda perdió el 95% de su valor. Al encarecimiento de los alimentos se suma la crisis energética, el Estado provee sólo dos horas de energía al día, los libaneses quedaron en manos de proveedores privados que les alquilan grandes generadores que alimentan los edificios pero a los que por los altos costos muchos no pueden acceder. Si en la posguerra Beirut fue conocida como “la ciudad que no duerme”, hoy ya no tiene luces que la iluminen esas largas noches.
La crisis también pone en peligro la protección de los niños, según datos de UNICEF, en los últimos años se incrementó el absentismo escolar, uno de cada dos menores está forzado a trabajar, las niñas son sometidas a matrimonios infantiles, e incluso muchos padres se ven obligados a dejar a sus hijos en orfanatos porque no los pueden mantener.
La crisis económica desencadenó, además, una de las olas migratorias más grandes del país. Las salidas por mar desde Trípoli, utilizando las rutas inseguras que buscan llegar a la Isla de Chipre y de allí hacia Europa crecen desde 2020. Las autoridades chipriotas las devuelven “en caliente” sin darles la oportunidad de asilo.
Las penurias golpean aún más fuerte a los más de 2 millones de refugiados sirios -casi un tercio de la población- desde su comienzo las deportaciones y el regreso forzado a Siria han sido una política llevada adelante por el gobierno, y apoyada por gran parte de la sociedad libanesa.
La imposibilidad de mejorar la situación económica es producto de la parálisis política que se profundizó en octubre del año pasado cuando el presidente Michel Aoun, líder del Movimiento Patriótico Libre, dejó su cargo sin que estuviera resuelta su sucesión.
Mientras la clase media libanesa empobrecida ve con resignación cómo el modo de vida que supo tener ya es historia, la clase política no hace los esfuerzos suficientes para que el país no se termine transformando en un Estado fallido.
Para entender la raíz de la crisis que sufre hoy Líbano hay que ir a mirar el sistema político libanes, un sistema confesional que refuerza las identidades sectarias y el clientelismo, y dificulta la construcción de una identidad nacional.
El gran pacto Nacional de 1943 buscó que ninguna minoría quede fuera del reparto del poder y todas participen en la gobernabilidad del país es por eso que el presidente tiene que ser cristiano manorita, el cargo de primer ministro a un suní y la presidencia del parlamento debe ser para la comunidad shiíta. La falta de acuerdo entre las fuerzas hace que el sistema funcione más como una máquina de bloqueo más que de equilibrios. Además, el reparto de las cuotas de poder se hizo en base a un censo religioso realizado en 1932 donde la población manorita era mayoritaria, cifras que no fueron actualizadas desde entonces.
El gran pacto Nacional de 1943 buscó que ninguna minoría quede fuera del reparto del poder y es por eso que el presidente tiene que ser cristiano manorita, el cargo de primer ministro a un suní y la presidencia del parlamento debe ser para la comunidad chiita.
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El Pacto Nacional de Taif (1989) que puso fin a la guerra civil establece que tanto los ministerios como el Parlamento deben distribuirse entre partes iguales entre cristianos y musulmanes. A su vez, al interior de cada uno de los bloques religiosos las bancas se reparten proporcionalmente entre las 18 comunidades que los componen. En el bloque cristiano los católicos maronitas tienen mayor representación y entre los musulmanes, shiítas y sunitas tienen la misma cantidad de bancas.
Desde la salida de Aoun, el primer ministro, Nayib Mikati, uno de los hombres más ricos del país, ejerce las funciones presidenciales de manera interina entre las que se encuentran la entrada en vigor de las leyes aprobadas por la Cámara y la conformación del gabinete que luego debe ser ratificada por los diputados.
El gabinete interino que acompaña a Mikati no tiene la legitimidad, ni la fortaleza institucional necesaria para llevar adelante ninguna de las reformas necesarias en pos de mejorar la economía: reestructurar su sistema financiero, adoptar una estrategia fiscal a medio plazo o unificar los distintos tipos de cambio que funcionan de forma simultánea en el país. Es por eso que la elección del presidente es clave para salir del estancamiento.
El candidato a presidente debe juntar, como mínimo, el apoyo de 86 parlamentarios en una primera ronda y 65 en la segunda. En las últimas elecciones parlamentarias celebradas el año pasado, en el que sólo acudieron a votar un 40% de los libaneses, los cristianos maronitas del Movimiento Patriótico Libre de Aoun perdieron escaños en manos de sus enemigos el ultranacionalismo cristiano partido Fuerzas Libanesas, ligado a las Falanges cristianas de la guerra civil. Esto dejó al MPL, a sus socios parlamentarios del partido-milicia proiraní Hezbollah, y del partido shiíta AMAL del presidente del Parlamento, Nahib Berri, sin la posibilidad de imponer al sucesor de Aoun. Desde octubre del año pasado doce han sido las sesiones para elegir presidente y todas han fracasado.
