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Colapso y promesas en el bidet

En 2018 publique el libro El colapso de la educación en el que prometí nunca más volvería a escribir sobre la educación en la Argentina.

¿Por qué? En el libro yo reunía un conjunto de argumentos, datos y explicaciones que valoran la situación del sistema político educativo argentino como un colapso y brindaba otro conjunto si no de soluciones, al menos de  líneas para avanzar. Conjunto, el primero, ampliamente acompañado por la comunidad profesional de los educacionistas y el segundo menos  compartido pero igualmente sólido, posible: ningún viaje a Marte, sino opciones razonables, no para Finlandia o Singapur, sino para el país de desarrollo medio, jerárquico, rentista y extractivista que somos cuando va mejor (cuando va mal, cuchillo entre los dientes y rapiña).

La condición para esos cambios, argumentaba en el libro, ahí sí en disidencia con muchos colegas, es que para que esas respuestas o cualquier otra nos saquen del colapso era necesario que la dirigencia se interese y pueda construir un proyecto educativo. Proyecto no en el sentido de un plan quinquenal o trienal, no un texto escrito o un “libro blanco”, sino unos acuerdos de la política que tiendan a resolver las limitaciones del federalismo fiscal de la educación con sus asimetrías indómitas, el gobierno del sistema con su burocracia poco preparada y multinómica, el régimen laboral docente con sus regulaciones de 1957, la cruel discontinuidad de los programas inclusivos y relativamente efectivos (como “Conectar Igualdad”) y el brutal proceso de privatización de la educación originado hace varias décadas y profundizado en los dos mil, mientras se declamaban loas a lo público y a la ampliación de derechos.

El libro puede ser también leído como un Manual de Zonceras Educativas, como lo describió en su reseña Mariana Chendo, debido al ejercicio de desexorcizar los pesos muertos del debate público. 

Por ejemplo, argüía, ese desinterés por la educación no es exclusivo de la dirigencia política: a las centrales sindicales y empresarias tampoco se les conoce opinión fundada al respecto, los medios de comunicación, salvo excepciones, tocan el tema en forma espasmódica (un caso de bullying o el derrumbe de un techo en una escuela)  o estacional (huelgas docentes a principios de año, tomas de escuelas secundarias en setiembre y el calendario de las pruebas Aprender o PISA) y si no fuera por los sindicatos docentes, los educacionistas de las universidades y las ONGs, algunos docentes y un puñado de periodistas tercos, lo educativo no tendría presencia en el debate público y en el parlamentario apenas languidecería.

Sin embargo, la UIA, la CGT, la CTA, la Mesa de Enlace o INFOBAE no están para diseñar e implementar reformas educacionales. Son los gobiernos y la política quienes conducen ese proceso en una sociedad democrática, y convengamos que la nuestra ha dado muestras de una parcial incapacidad si lo contrastamos con el estancamiento de varios indicadores de calidad e inclusión educativa, o de una incapacidad total si la comparamos con el mejoramiento de los mismos indicadores de los demás países de la región.

Este punto es nodal. La centralidad de la política en el colapso de la educación, no permea al núcleo de opinión pública que discute estos temas. El caso más interesante es el del sindicato docente como cuco nacional. Desde la imposibilidad de reconocer salarialmente un título de posgrado obtenido por un docente hasta el cierre de las escuelas en pandemia;  ante cualquier impotencia, echale la culpa a Baradel. 

Durante los gobiernos kirchneristas y durante el de Macri, el argumento del sindicalista docente bellaco y bribón se adapta al cliente pero no cambia. Quienes habían nada menos que nacionalizado una compañía petrolera y estatizado los fondos privados de pensión me decían, por lo bajo, que aplicar el artículo 69 de la Ley de Educación Nacional– a la sazón, la ley emblema del propio kirchnerismo educativo- era imposible sin el apoyo sindical. Y el apoyo sindical, lógicamente, no lo tenían ¿Por qué? Porque el gobierno había privilegiado el apoyo político de la organización gremial por sobre los cambios que la misma ley disponía. Prioridades.

A partir de diciembre de 2015, quienes habían arreglado la deuda con los fondos buitres y reformado el sistema previsional decían que la pérdida de tiempo escolar motivada por el ausentismo docente era responsabilidad sindical, ocultando que –justas o no- esas licencias no son un acuerdo paritario sino leyes de las legislaturas provinciales. Cuando se les preguntaba a estos funcionarios dónde estaba el link con la propuesta de una reforma educativa, la respuesta era un calco de la de los kirchneristas: un desvergonzado “los sindicatos docentes no nos dejan” resonaba por igual en ambos gobiernos, aunque por las razones opuestas.

Suena raro que los gobiernos puedan lo más y no puedan pequeñas reformas educativas aprobadas por el parlamento. La explicación no te sorprenderá: el sindicalismo docente como chivo emisario y expiatorio resulta la coartada perfecta para redirigir hacia ellos los señalamientos sobre el colapso de la educación que debieran hacerse hacia la política educativa.

No es esta una defensa de los sindicatos docentes: como el actor negro del programa de Tato Bores que se quejaba porque solo lo contrataban para hacer de negro y gritaba “yo no hago de negro señor Tato, yo soy negro”, los sindicatos docentes son y hacen de sindicatos docentes, defendiendo el interés de su sector. Y está bien. Pero ningún país mejoró su educación por la acción de los sindicatos docentes: el protagonismo, sin excepción, fue de la política educativa la que, en su versión más armoniosa, logró sumar a los sindicatos y en su versión ácida entró en conflicto con finales diversos.

El susto de la política argentina frente a esos finales no habla de la virulencia de los sindicatos sino de la falta de iniciativa de la dirigencia. “Los cambios en la educación no garpan”, me explicaba con gélida y canchera parsimonia un viejo lobo de la política porteña durante mi breve e intrascendente paso por el ministerio de educación de la Ciudad. Raro, porque el ministro de educación de Lula y Dilma fue después intendente de Sao Paulo y más tarde Candidato a Presidente del PT. Un tipo joven –Fernando Haddad–   con mucho futuro político en Brasil porque la educación le garpó. En Argentina sobran ejemplos en contrario: mejor no hablar de ciertas cosas.

Por eso, con Alejandro Morduchowicz solemos reírnos (para no llorar) de la frase que sintetiza este colapso y que la política repite como mantra: “No es este el momento de avanzar en reformas de fondo para la educación; nunca es el momento”.

En resumen, si la política no hace suya la cuestión educativa y desde la sociedad civil no hay una demanda concreta que a los funcionarios les genere “incentivos” (como dicen mis amigos neo-institucionalistas) el colapso se extenderá indefinidamente, lo que es congruente con el aumento de la pobreza en los menores de 17 años, ya pasando el 60% promedio: dos modalidades de robar futuro.

Escenarios en paralelo:  un deterioro generalizado  especialmente para los sectores sociales pauperizados, que asisten a escuelas públicas empobrecidas y que en muchos casos llegan a terminan la primaria sin comprender textos sencillos e incluso sin saber leer y por otro lado, familias de sectores medios y altos que continuarán con su decisión de privatizar la elección escolar, sea en una escuela parroquial, una escuela de barrio, una escuela bilingüe o en una universitaria-progre pero con un duro curso de ingreso anual a la que ese 60% de los pibes no tiene chances de ingresar porque los pobres no llegan tan lejos. ¿Les conviene a los gobiernos que las clases medias elijan escuelas privadas o escuelas públicas auto segregadas? Hace rato sabemos que sí.

Sin embargo, no hay que sobreactuar alarma: la situación no tiene nada de estrambótica. La escuela pública argentina marcó una diferencia respecto de América Latina durante los primeros sesenta años del siglo XX, pero eso quedó tan atrás que la mayoría de la población actual se formó después de ese momento y ni siquiera aprovechó las migajas que aún podían picotearse hacia finales de los noventa: cambiamos, nos hemos emparejado bastante con el resto de nuestros vecinos. Ahora queda claro que no somos una excepción, si es que alguna vez lo fuimos, como tanto nos gustaba presumir. Y basta de elegías melancólicas, asumamos las cosas como son.

Volviendo a mi promesa. Entonces, para qué seguir escribiendo si estaba todo dicho (lo que al menos yo podría decir). Para quién canto yo entonces si la acumulación de diagnósticos y propuestas de los educacionistas de todos los colores solo contribuyen a consolidar el clima de mediocre empantanamiento, en la medida que lo mucho que se propone resalta lo poco que se hace, lo mal que se está.

Pasó cosa: el virus 

Así pues, sostenía mi promesa, pero la Pandemia del COVID-19 fue esa tentación de la que no pude librarme: una verdadera calamidad educativa, como la definió Fernando Reimers.

Por un lado, la desescolarización mundial generó un conjunto de investigaciones y debates que venimos encarando junto al colectivo global Pansophia Project. No es este el lugar para ahondar este tema, pero la pandemia parece haber activado el proceso de destrucción creativa que la gubernamentalidad neoliberal le venía negando a lo escolar desde mediados del siglo XX.

Y, además, la Argentina.

La pandemia acelera, profundiza y evidencia lo que ya existía. Y la combinación de esos tres factores en el campo educativo argentino es fatal. Lo principal es el altísimo nivel de abandono escolar a partir de lo que en el artículo de abril del 2020, con el que rompí mi promesa, denominé “abandonados y desconectados”: los datos oficiales y las proyecciones técnicas muestran que entre el 6% y el 15% de los escolares argentinos están abandonando o abandonaron sus estudios a abril de 2021. ¿Eso es mucho o es poco? La tasa de abandono interanual era hasta 2019 de alrededor del 2%, por lo que la pandemia la ha triplicado en el mejor de los casos y septuplicado en el peor.

Si la educación remota, aun con sus problemas, calza mejor en los hogares en los que hay conexión wifi, dispositivos suficientes, un lugar cómodo, silencioso y luminoso para estudiar en casa y adultos referentes con capacidad y disponibilidad de apoyar, la enorme mayoría de los chicos sufre falta de conectividad o una muy rudimentaria que desconecta y abandona, configurando un escenario de brutal segregación educativa basada en el nivel socioeconómico. 

¿Para una generación entera? No parece razonable conjeturar una hipotética pérdida dura y pareja de capital humano sino por sectores sociales y demográficos. De hecho, entre los abandonados y desconectados hay una parte significativa que hubieran abandonado sin pandemia y sin que muchos de los que hoy andan gritando por ahí siquiera se hubieran percatado. Lo bueno de la pandemia es eso: evidencia, muestra, enrostra que no abandonan sino que son abandonados.

¿Son ciertos esos datos de abandono? O la pregunta sería, ¿por qué ponerlos en duda? Es que las carencias estadísticas son otro síntoma del deterioro: el sistema estadístico nacional -el Relevamiento Anual- existe sin cambios desde hace 25 años y, a diferencia de otros países de América Latina, no presenta los datos en tiempo real o con pequeña demora: sabremos el número de chicos dejados atrás recién a mediados de 2022, de acuerdo al ritmo usual de procesamiento. Y tampoco sabremos a quiénes dejamos afuera. Pero esas son sutilezas: el sistema de información educativa nacional ni siquiera permite saber cuántos docentes hay en la Argentina, para eso hay que hacer un censo cada diez años…

El problema no termina ahí: desde 2021 el gobierno nacional ha generado una base centralizada para que todas las escuelas del país suban los datos de matrícula en pandemia. Pero claro, en un país federal, las escuelas reportan a los gobiernos y el ritmo de la carga es mucho más lento del que se precisa para tomar decisiones. Al 11 de mayo de 2021 varias jurisdicciones -no todas opositoras al gobierno nacional- tenían un nivel de carga de datos menor al 5%.

Sin embargo, no es cierto que nada se sepa sobre estos chicos y chicas abandonados y desconectados. Obviamente, cada escuela tiene condiciones de saberlo en forma rápida y sencilla pero las cosas no son fáciles: las escuelas argentinas no están empoderadas (ni por la regulación ni por el financiamiento ni por las identidades profesionales de sus integrantes) para actuar como unidades de decisión, son apenas terminales burocráticas de una “línea jerárquica” -tal como se la denomina en las escuelas- cuya cúspide es “la superioridad”. Un modelo que, dicen, funcionaba bien en una sociedad disciplinada, con una burocracia estatal eficaz y con un sistema escolar pequeño en número de escuelas y homogéneo en su conformación social y cultural. Todo cambió menos la organización jerárquica de una jerarquía que no jerarquiza, que solo es funcional al ciclo de deterioro. Una prolija botonera, un stock creciente de notas y expedientes, un idolatrado tablero de control con todos los cables cortados.

Pues bien, si las los datos oficiales y las proyecciones técnicas son correctas estamos ante una catástrofe social sin precedentes, la peor deriva del colapso de la educación. Podría poner muchos otros ejemplos más de cómo la pandemia opera el colapso, pero el tema del abandono alcanza y sobra. La pasividad respecto de los abandonados y desconectados del sistema educativo evidencia impotencia criminal, pero esta degradación no comenzó en 2020.

La ilusión del pizarrón medio lleno 

La pandemia también aceleró un proceso dormido hasta 2019: la movilización social en educación. Desde abril del 2020 y con esa desprolijidad que tanto disgusta a los científicos sociales gourmet, se produjo una movida infrecuente en la que nos involucramos primero los educacionistas y los docentes, después muchas familias, más tarde medios de comunicación y finalmente la propia dirigencia política. 

En el inicio fueron los encuentros de pedagogos y docentes por Zoom para comprender y ordenar la virtualidad y advertir sobre el abandono y la desconexión:  podemos destacar el libro  de la Universidad Pedagógica Nacional o las Once tesis para una pedagogía del contra-aislamiento de Panoplia Project entre muchas expresiones de la comunidad de educacionistas argentinos. Luego fue la campaña para lograr Internet en los barrios populares de Argentinos por la Educación que logró un respaldo enorme. 

Llegaron los estudios para tratar de entender en tiempo real la lógica de lo que sucedía: UNICEF, CIPPEC, FLACSO, Argentinos por la Educación, CTERA e instituciones académicas y no académicas encararon investigaciones que permitieran construir datos y conceptos indispensables. El gobierno nacional implementó la encuesta nacional sobre presencialidad y virtualidad en Pandemia con seriedad y rigor profesional y aportando la perspectiva federal que solo ese ministerio puede construir y en 2021 se creó un Observatorio de la Educación en Pandemia. La reacción de los gobiernos nacional y provinciales (hasta julio del 2020) estuvo muy por encima de las expectativas, proporcionando cuadernillos, programas de radio y TV, plataformas digitales, adaptando contenidos y obteniendo el ministro Trotta y otros ministros provinciales la gratuidad de los datos para los dominios .edu.ar 

Cuando el otoño europeo trae la noticia de una presencialidad escolar más sostenida, colectivos de padres se conforman para movilizarse y así lograr una mayor presencialidad y otros, un poco más tarde, para mantener la virtualidad. Y si bien asociaciones de familiares de escolares hay desde hace siglos, nunca habían tenido una referencia  importante. Lo que emerge es diferente, mejor, saldo positivo de la pandemia. ¿Se pueden discutir sus posiciones? Obviamente. De hecho, lo hice con tirios y troyanos. Pero se trata de movilización popular; sublevación de una singularidad. Respeto.

En octubre se hizo público el documento de la Concertación Educativa 2021,  avalado por un millar de pedagogos y educadores de todas las tendencias políticas ideológicas y teóricas que consagraba 12 puntos: el primero político para superar la grieta; los otros once técnicos, para lograr la mejor presencialidad posible: abrir cuando y donde se pueda, cerrar cuando y donde se deba. 

El Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de educación de las provincias, al ministro nacional y a –con voz pero sin voto-  los cinco sindicatos docentes nacionales, trabajó en 2020 como nunca antes, articulando acuerdos políticos adecuados a la realidad epidemiológica y pedagógica. A los efectos del consenso, el Ministro de Educación de la Nación convocó al Consejo Nacional de la Calidad de la Educación: un organismo dispuesto por la Ley de Educación Nacional de 2006 y que nunca había sido convocado.

Los acuerdos del Consejo Federal de Educación reflejaron la adaptación a la situación y una paulatina apuesta por la escolaridad presencial. Demasiado paulatina para algunos, demasiada apuesta para otros… el caso es que antes del comienzo del ciclo lectivo 2021 este consenso se consagró con la foto del presidente Alberto Fernández, la ministra de la CABA Soledad Acuña, el ministro nacional y los de todas las provincias para afirmar  la prioridad de la escuela presencial.  Foto soñada en la Quinta de Olivos…   imagen del país y de la educación que queremos: la dirigencia política poniéndose las pilas y dejando de lado diferencias para hacer las cosas bien. 

Desde setiembre de 2020 decía yo en los medios y en las redes sociales que si el propio Presidente no lideraba la vuelta a la presencialidad, la presencialidad no volvía y el Presidente me puso la tapa. No debe pasar inadvertido que los sindicatos docentes que se habían opuesto a la presencialidad “hasta la llegada de la vacuna” acompañaron el criterio, mostrando cómo la política ordena el escenario cuando la iniciativa arma consensos y sintoniza con las demandas sociales. Pero lo bueno dura poco: con un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Presidente rompe el acuerdo en forma unilateral y contra los anuncios no ya de los ministros de educación sino de la mismísima Autoridad Sanitaria Nacional. 

No sé nada de epidemiología ni soy un fundamentalista de la presencialidad en pandemia. Además, el Presidente tiene toda la legitimidad para tomar esa decisión -hasta que la Corte Suprema de Justicia dijo lo contrario-, y no dudo ni de su inteligencia ni de su buena fe. El problema fue la marcha atrás unilateral en el costoso acuerdo convenido.

Asombro y decepción. Fue una foto. Tan solo una foto que, siendo digital, ni siquiera hace falta quemarla. 

Delete

Pero este pica-pica no se detuvo allí. El fallo de la Corte Suprema de Justicia del 4 de mayo de 2021 no solo habilita a la Ciudad a administrar su propia educación, cosa obvia y no por la descentralización educativa que operó el peronismo en los noventas -como señalaron algunos- sino de acuerdo al artículo 5to. de la Constitución Nacional de 1853. La sentencia proclama un “federalismo de consenso” y determina, en forma llamativamente explícita, que el Consejo Federal de Educación es la arena donde delimitar disensos y construir esos consensos.

Pues bien, el Consejo Federal de Educación se reúne el mismo 4 de mayo de 2021 para avanzar con la educación presencial y resuelve β con el voto en contra de las jurisdicciones C y M. Al día siguiente, ambas incumplen β, en contra de la ley y la reglamentación del Consejo que las obligan a acatar sus decisiones (esto es claramente inconstitucional, pero C, M y el resto de las provincias aceptaron las reglas del juego al sentarse en el Consejo, por lo que no hay derecho al pataleo). 

Un día después, las jurisdicciones X y S que sí votaron a favor de β también incumplen β pero S revierte todo en 48hs. Al poco tiempo, el Presidente decide cerrar todo por nueve días aprovechando que en el ínterin solo hay tres días hábiles para pasar a clases virtuales. Todas acatan menos C: quienes querían clases presenciales a toda costa, ofuscados, se allanan a restringir las clases presenciales pero prohíbe también ¡las clases virtuales! durante esos tres días.

Somos demasiados dependientes de las aptitudes intelectuales de nuestras élites. Y esto es educación: no garpa.

La decadencia decae. El colapso colapsa

La pandemia, pues, me enseñó algo más respecto del colapso de la educación. Esta parálisis, o para decirlo en términos del gran Pablo Gerchunoff, este empate conflictivo en la impotencia, podría resolverse satisfactoriamente en la Argentina en la medida de la sublevación de nuevos actores y de un liderazgo capaz de aglutinar acuerdos… y de sostenerlos en el tiempo.

Aprendí que, dado que la educación efectivamente no garpa, parece posible construir micro acuerdos sectoriales que la vayan sacando de la lógica de la confrontación, para que los logros, y las dificultades, puedan ser compartidas por igual. Si la educación no le importa a nadie, hay una hendija paradojal para indagar en términos de los nuevo. 

Esto supone postular a la educación como una solución posible a un problema político más general: una sociedad empobrecida, polarizada y con un entramado disgregado y segregador podría encontrar puntos de unidad aunque sean contingentes y focalizados en torno a una propuesta educativa nacional. No hace falta pagar la deuda externa ni dejar de pagarla para empezar.  

La emergencia de nuevos actores (los grupos de familias, por ejemplo) y la necesidad de participación de otros (centrales empresarias y sindicales, para empezar) sería la garantía de la movilización social para alcanzar estos acuerdos. Sin embargo, esta hendija de lo posible es completamente insuficiente y muestra que la decisión inconsulta que guio al Presidente y a los gobernadores no fue una excepción.

Entonces, la sombra terrible de Sarmiento nos pega una patada en la cabeza y, bamboleados, nos obliga a preguntar: ¿hacen falta grandes estadistas argentinos capaces de poner a la educación en el lugar de la prioridad de la Nación? Una respuesta positiva debería advertir que no hay a la vista ni un nuevo Sarmiento, ni un ángel exterminador capaz de descolapsar al sistema educativo, ni uno purificador capaz de purgarlo, ni exégetas de “lo colectivo” capaces de resucitarlo. Tampoco un demonio privatizador capaz de mercantilizarlo ni espíritus del neoliberalismo capaces de colonizarlo: Ni sarmientos, ni ángeles, ni exégetas, ni demonios ni espíritus. Si no hay, no hay.

Tal vez sea tiempo de dar de baja las formulaciones grandilocuentes que hasta ahora han sido puro ruido y trabajar en la producción de nueces para construir micro liderazgos capaces de ir resolviendo problemas concretos, de menor a mayor, descolapsando la educación molecularmente, lejos del gran agujero negro de la política. Pero hacer eso en una escala relevante y sin Estado es tarea titánica y probablemente vana: otro aprendizaje pandemiano.

El biri-biri de los análisis para justificar el colapso se reproduce sin cesar y cada vez que alguien propone algo sensato, las respuestas son “no se puede” o “ya se hace”. Retroalimentación positiva: el eficaz cotorreo de los opineitors educativos empuñando infinitivos no se acaba. Siempre hay nuevos y más patéticos motivos para seguir cayendo, aferrados al parloteo viscoso y autorreferencial de quienes reclaman para sí una mansión con vista a su pileta climatizada en el barrio cerrado del basural de las explicaciones.

Ni terminé y ya las estoy oyendo.