Tiempo de lectura: 10 minutos

Vivimos un estado de frustración y pesimismo. No es para menos. La pandemia trastocó nuestras vidas y produjo un profundo deterioro de las condiciones de vida, particularmente en los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Podríamos conformarnos pensando que la pandemia es un fenómeno global. O podríamos, en cambio, afligirnos porque los perjuicios del COVID-19 nos afectan más a los países en desarrollo —y en especial a los fuertemente endeudados— porque carecemos de recursos para contener la pérdida de empresas y empleo.

Concentrarnos en los impactos negativos del COVID-19 puede, sin embargo, hacernos obviar al elefante en la habitación. La economía argentina era ya antes del virus un caso excepcional de deterioro económico. Desde los acuerdos de Bretton Woods a mediados de la década de 1940 hasta 2019, nuestro país atravesó 17 episodios recesivos que suman un total de 26 años de contracción de la actividad; un promedio de una recesión cada tres años. Esa performance nos hacía encabezar el ranking de países con mayor número de años recesivos, secundados por la República del Congo. Formábamos parte, además, del 25% de países que menos crecieron desde 1960. Si a esa performance fallida le sumamos los efectos del COVID-19 no quedan dudas de nuestro fracaso colectivo: el ingreso por habitante de Argentina fue en 2020 igual al de 1974. Casi medio siglo perdido en el que la tasa de pobreza escaló desde el 7% al 42% de la población y la desigualdad de los ingresos se elevó considerablemente.

Aún en este país de grietas, todos coincidimos en la necesidad de revertir la trayectoria declinante de nuestra economía. La pregunta es cómo. La respuesta involucra, a mi juicio,tres ingredientes: 1) consensuar una meta de Estado, 2) acordar loslineamientos centrales deuna estrategiapara alcanzaresa metay 3) actores políticos que sean capaces de concretar los puntos anteriores.

Una meta de Estado: reducir la pobreza

Empecemos por el primer ingrediente. La meta de Estado debería ser un objetivo medible y observable, que sea suficientemente importante desde el punto de vista económico y social y cuente, además, con una valoración social mayoritaria. El objetivo de reducir la pobreza reúne estas características. Sería fácil encontrar voluntad política para adoptarlo como meta de Estado, aunque así expresada se parece más bien a una expresión de deseo o una frase de campaña electoral. Al sermedible y su evolución monitoreable, es posible dar a la meta de reducción de la pobreza precisión cuantitativa y un plazo determinado para su cumplimiento. Solo a fines ilustrativos, podría fijarse, por ejemplo, bajar la tasa de pobreza del actual 42% de la población al 20%, en un lapso de 12 años; vale decir, en tres mandatos presidenciales.

La estrategia

El segundo ingrediente de la propuesta es más espinoso. No es sencillo desanudar una estrategia de política económica de la dimensión política. Las peleas de las coaliciones políticas por el poder pueden impedir la construcción de una estrategia que perdure en el tiempo. Pero aún obviando esta dimensión—que reservamos para la discusión del tercer ingrediente— tampoco es posible derivar sin fricciones una estrategia desde el saber económico. Los economistas disponemos de un conjunto de teorías que nos ayudan a abordar problemas complejos, pero la mayoría de las veces contamos con evidencia limitada para extraer respuestas conclusivas e incontrovertidas. Dicho de otro modo, somos capaces de construir hipótesis elaboradas y lógicamente consistentes, pero no tenemos forma de estar seguros de que sean correctas y, por ende, aceptadas por todos.

Pero aún en el mar de dudas y confrontaciones que navegamos los economistas, es posible establecer algunos lineamientos mayoritariamente aceptados por la profesión. La evidencia muestra con contundencia que la reducción significativa y perdurable de la pobreza ocurre en países que crecen de forma sostenida a altas tasas. También la evidencia es clara respecto a que no existe proceso de crecimiento sostenido sin acumulación de capital. La acumulación de capital implica que lo que se invierte supera al volumen de capital que se deprecia. No es posible, entonces, reducir la pobreza de forma duradera sin crecimiento y no es posible crecer sin inversión. Sobre esto no hay lugar para el debate.

Demos un paso más, algo técnico, pero importante. ¿Cómo se financia la inversión que se necesitaría para cumplir con una meta de reducción de la pobreza? Sabemos que mayor inversión requiere mayor ahorro agregado. Sabemos también que el ahorro agregado es la suma del ahorro nacional y el externo. Cuanto mayor es el financiamiento externo, mayor es el déficit de cuenta corriente del balance de pagos; o lo que es parecido, mayores son las importaciones en relación a las exportaciones. Ergo, apelar al financiamiento externo para financiar la inversión implica incrementar el endeudamiento externo (publico y privado). Lo dicho hasta aquí tampoco es materia de disputa; es contabilidad lisa y llana.

Lo que sí es debatible es la cantidad de ahorro externo (o el nivel de déficit de cuenta corriente) que se necesita para financiar la inversión. Mi lectura de la evidencia internacional es que los países tienden a crecer más rápido cuando dependen menos del ahorro externo. Muchos estudios lo muestran. Pero más allá de lo que pueda extraerse de la experiencia internacional, me parece bastante claro lo que nos enseña la historia argentina. Las crisis que han interrumpido recurrentemente el crecimiento de nuestra economía se generaron por insuficiencia de dólares vinculada a déficits de cuenta corriente. Podríamos decir entonces que, para hacerlo de forma sostenida, Argentina necesita crecer con muy bajos déficits de cuenta corriente o, incluso, superávits. Eso significa que, para crecer sin interrupciones, tendríamos que acelerar significativamente el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones. 

Dos lineamientos centrales de la estrategia que busque reducir la pobreza serían entonces aumentar la inversión y las exportaciones. Hacerlo requiere obviamente de un conjunto articulado de políticas y acciones sobre las que no hay, ni puede haber, consenso. Habrá diferencias según quienes estén circunstancialmente a cargo del gobierno, marchas y contramarchas. Aún así, deberían establecerse acuerdos sobre algunos otros lineamientos básicos. Parece difícil imaginar un escenario en el que se concreten metas ambiciosas sobre la inversión y las exportaciones si no se consigue cierta estabilidad macroeconómica —léase inflación en descenso hasta alcanzar niveles como los del resto de América Latina, cuentas públicas ordenadas y deuda pública sostenible, tipo de cambio estable y, como dijimos, una cuenta corriente balanceada— alguna forma de integración comercial que ayude a conseguir mercados externos, estabilidad institucional y de las reglas de juego para quienes inviertan. Obviamente, más detalles y otras políticas y acciones complementarias serán necesarias. Habrá debates y matices sobre ellas. Paso de largo esta discusión porque quiero concentrarme en un aspecto de la estrategia que me parece central y que, sin embargo, suele ser menos apreciada.

Cualquier estrategia de política económica que busque concretar la meta de reducción sostenida de la pobreza debe ser capaz de encontrar una solución a —o cuanto menos atenuar— un problema que aqueja a la economía argentina desde hace varias décadas. Con Pablo Gerchunoff lo denominamos el conflicto distributivo estructural. La idea básica es que nuestro país enfrenta una tensión entre el nivel de gasto que la productividad de la economía puede financiar y aquel al que aspira la sociedad, producto de normas aceptadas de equidad distributiva. Como este último tiende a ser mayor que elprimero, la tensión se manifiesta a través de desequilibrios crónicos en las cuentas externas y públicas, los cuales se intensifican a medida que la economía se expande. En esa tendencia a los déficits gemelos está la semilla de las recurrentes crisis de nuestra economía.

La formulación de esta hipótesis es algo técnica, pero puede ilustrarse a partir de la reciente crisis de las exportaciones de carne bovina. El consumo de carne vacuna es muy común en todos los sectores sociales de Argentina. Consumir carne con frecuencia (“el asado de los domingos”) es una aspiración social extendida. La gente espera, por lo tanto, que su precio sea accesible. Pero, por otra parte, la carne bovina es un producto de exportación, cuyo precio se fija en dólares y se determina en los mercados internacionales. Lo ideal, desde el punto de vista del consumo popular, es que el precio de la carne se adecue al ingreso del trabajador argentino. Que la carne sea accesible para “la mesa de los argentinos” implica un salario medido en kilos de carne “alto”. Desde el punto de vista de la inversión privada y el desarrollo exportador, en cambio, lo ideal sería que la carne pueda exportarse al precio en dólares que rige en los mercados mundiales. Ese precio estimularía la inversión y las exportaciones, pero significaría un salario medido en kilos de carne “bajo”. La brecha entre ambos precios (relativos al salario) es una medida de la tensión distributiva entre los asalariados, por un lado, y los productores y exportadores de carne, por el otro.

Esto que representamos con un solo bien —la carne de vaca— puede extenderse a una canasta de bienes y servicios más amplia con idéntica caracterización. Puede incluso extenderse al dominio de las finanzas públicas. Desde una perspectiva fiscal, el conflicto distributivo podría caracterizarse como la brecha entre el nivel de servicios públicos que demanda la sociedad en términos de seguridad social, salud y educación pública y aquel que puede financiarse con una presión impositiva tolerable para la rentabilidad empresaria.

En definitiva, el conflicto distributivo consiste en que el nivel de ingresos y gastos que satisface las aspiraciones de la sociedad y, por lo tanto, garantiza la armonía social es incompatible con el equilibrio de las cuentas externas y fiscales. O, con idéntica lógica, el nivel de ingresos y gastos requeridos para garantizar el equilibrio macroeconómico es insuficiente para satisfacer las demandas de bienestar social. La solución a este conflicto requiere de una estrategia que logre conciliar —o, al menos, atenuar— la brecha entre lo que exigen por separado el equilibrio macroeconómico y el equilibrio social. Esa solución no está en manos de la técnica económica, sino del arte de la política. Es hora de traerla a la escena.

Los actores políticos

Demos el último paso —el más osado para un economista— y reflexionemos sobre la articulación política necesaria para llevar a cabo una estrategia como la que sugerimos. ¿Cómo se concilian el estímulo a la inversión privada y las exportaciones con la demanda por justicia social? Una opción es que las coaliciones políticas que hasta hoy han polarizado en Argentina sean capaces de establecer acuerdos básicos en torno a una meta de Estado y a los lineamientos centrales de la estrategia dedesarrollo. La acción coordinada de la política para lidiar con la pandemia a comienzos de 2020 despertó cierta ilusión respecto a esta posibilidad. Con el tiempo, sin embargo, la ilusión se evaporó. ¿Debemos firmar su certificado de defunción? Parece prematuro. Tal vez, la ineludible negociación con el FMI fuerce a las coaliciones a buscar acuerdos y se logre avanzar sobre un programa de desarrollo económico cuyos ejes centrales estén blindado de la disputa política. O, tal vez, una causa más trágica, como teme Eduardo Fidanza, sea el gatillo.

Pero, aún si la vía del acuerdo no prosperase, existiría otra posibilidad: que el sistema político se reconfigure de modo tal que emerja unanueva coalición —seguramente a partir de fracciones de las hoy existentes— con capacidad para conducir el proceso. Pero no podría ser cualquier coalición, sino una que contara con al menos tres cualidades.

En primer lugar, debería incluir una masa significativa de dirigentes con empatía, interlocución y vínculos de confianza establecidos a lo largo del tiempo con los representantes de las clases populares: dirigentes sindicales, de los movimientos populares y referentes barriales. Esta característica es indispensable para poder interpretar las demandas populares, co-diseñar acciones y políticas para estos sectores, así como para poder persuadirlos, en contextos de escasez, sobre la necesidad de moderar demandas y mantener la paz social. La política usa la más palpable expresión de “controlar la calle”.

Un segundo atributo es la vocación pro-inversión y pro-exportación. Del mismo modo en que se requieren interlocutores con las clases populares, se necesitan también dirigentes con vínculos de confianza sólidos con los empresarios, las finanzasy la política internacional. La vocación pro-inversión y pro-exportación demanda más que un conjunto de individuos con agendas nutridas. Requiere también la convicción de que es indispensable—aún cuando haya instancias en que resulte impopular—tomar medidas que busquen promover una rentabilidad suficiente y un riesgo adecuado para estimular la inversión productiva, sobre todo en actividades exportadoras o en infraestructura que potencie la exportación.

La tercera característica es que la coalición tenga el suficiente volumen y musculatura política que le permita llevar a cabo la estrategia para concretar la meta de Estado. Esto significa también que la coalición demuestre sostenibilidad electoral a lo largo del tiempo de modo de asegurar a los actores externos a ella que cooperar es redituable porque será capaz de llevar a cabo su plan de gobierno. Hablamos de una coalición que no sólo sea capaz de ganar una elección, sino también de gobernar por más de un período presidencial (en el ejemplo de nuestra meta, al menos 12 años).

¿Puede alguna de las existentes ser el vehículo que dé lugar a esa nueva coalición con estas tres cualidades? El Frente de Todos es, sin duda, la coalición política que mejor satisface el primero de los atributos discutidos, pero deja traslucir una visión más bien agnóstica respecto del papel de la inversión privada y desconfianza respecto al rol social de los empresarios. Al privilegiar como norte de su accionar el cuidado de la “mesa de los argentinos”, se muestra oscilante respecto a su estrategia para convocar a la inversión y potenciar las exportaciones. En términos de nuestro esquema, es una fuerza apegada al equilibrio social, poco interesada en dejar ver su estrategia para tender un puente con el equilibrio macroeconómico.

Juntos por el Cambio es probablemente el opuesto. Personifica mejor que ninguna otra fuerza su vocación capitalista y preocupación por los equilibrios macroeconómicos, pero durante su gestión descuidó la sostenibilidad social y política de su estrategia. Más allá de los errores de política económica que se le puedan atribuir, creyó que era posible expandir su volumen político sin necesidad de ampliarse y prescindió de otras fuerzas que podrían haberle servido de amortiguador político y social cuando finalmente la economía comenzó a crujir. Tampoco debería obviarse un aspecto simbólico que pesa sobre su espalda: es difícil para el electorado popular empatizar e identificarse con las principales figuras de este espacio, quienes ostentan una historia y cultura de clase media-alta.

El poseer una cualidad y carecer de la otra parece remitirnos a la clásica caracterización de Juan Carlos Portantiero sobre el empate hegemónico. Ninguna de las dos principales coaliciones políticas de Argentina pareciera tener hoy la musculatura política y el volumen electoral suficientes para desarrollar un proyecto político sostenible en el tiempo.

Quienes abogamos a favor de dejar atrás “la grieta”, no lo hacemos por una vocación pacifista naif, sino porque advertimos este problema. Creemos que para crecer de forma sostenida y reducir la pobreza es indispensable una estrategia de desarrollo cuyos pilares centrales se mantengan con independencia de quien gobierne. Un gran acuerdo entre las coaliciones podría acercar una solución. Pero si éste no ocurriese, tendrá que ser una nueva coalición que deje atrás la grieta y cuente con volumen y musculatura política suficientes para sostener una estrategia de desarrollo en el tiempo. Una coalición política que sea consciente de que no es posible bajar la pobreza sin aumentar significativamente la inversión y las exportaciones. Pero que sea consciente, a la vez, de que no es posible incrementar la inversión y las exportaciones sin armonía social. Una coalición que tenga, en definitiva, la vocación y capacidad política de construir el puente que ha separado por tantas décadas al equilibrio macroeconómico del equilibrio social.