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La novedad del último 24 de marzo fue la formalización de la tercera versión “oficial” de nuestra historia reciente, la que promueve una “memoria completa” frente a los supuestos olvidos dolosos de las otras dos. Decimos “oficial” porque fue presentada por el gobierno nacional y defendida por su presidente, Javier Milei, aunque quien mejor la encarna es Victoria Villarruel, la vice, con militancia previa en las agrupaciones de víctimas -en general, familiares de militares- que contribuyeron a darle forma.

La tercera versión confronta con las otras dos, la alfonsinista y la kirchnerista-progresista, a las que considera “hegemónicas”. Y se propone como alternativa y revisionista de ellas. Por momentos luce más como una crítica de lo existente, que busca enmendar omisiones y exculpar a algunos acusados, que como un relato integral de la historia. Una heterodoxia frente a dos ortodoxias, que promete una ampliación de los datos que componen el relato, y alterar los términos de la trama: otras víctimas, otros victimarios, otro sentido, otro desenlace.

¿Qué omisiones busca poner sobre la mesa esta tercera versión, la revisionista? Nada que no sepamos. Dice que el golpe de estado de 1976 fue el resultado de una situación de violencia política que escaló durante el gobierno constitucional asumido tres años antes, y que las organizaciones guerrilleras cometieron numerosos crímenes aberrantes que las otras dos versiones, y en especial la segunda, tienden a ignorar. Por lo tanto, lo que se propone es desenmascarar a los victimarios “reales” -las organizaciones armadas y sus deudos-, visibilizar a víctimas olvidadas -los muertos por los atentados guerrilleros, y sus familias-, y exculpar a supuestos inocentes injustamente acusados -los militares que participaron en la represión; sobre todo los que están presos. Con esos tres ingredientes, la revisión produciría una historia distinta y “completa”. Que repara verdaderos dolores y quita inmerecidos honores.

Las otras dos versiones, las “hegemónicas”, narran los mismos hechos, pero desde otros ángulos. Al igual que los revisionistas, alfonsinistas y kirchneristas entienden que la historia a contar es la de la violencia setentista y la posterior dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. Los tres relatos ordenan la trama de víctimas y victimarios con su propia perspectiva moral. Y cada uno tiene diferentes implicancias políticas.

Para la primera versión, la alfonsinista, los victimarios de la tragedia fueron tanto los militares como la guerrilla, pero con responsabilidades de distinto tenor por el poder asimétrico del aparato militar estatal, detentado por los primeros desde marzo de 1976. La desproporción de la respuesta se convirtió en un terrorismo de estado que arrasó al régimen político y cualquier pretensión de legalidad. Esto último es el núcleo de la historia relatada: dado que la víctima central era la democracia, la contracara de la tragedia era la redemocratización, la no-violencia y el estado de derecho. Por esa razón, para el “consenso alfonsinista” el actor que viene a reparar las heridas dictatoriales es la justicia de la democracia. La misma que llevó a las juntas y las cúpulas guerrilleras al banquillo. La democracia de los partidos políticos, con ese primer gobierno radical alfonsinista como partido estelar, impulsa la verdad histórica desde el estado y permite la redacción del Nunca Más. Sobre la memoria estatal de los crímenes cometidos nace el nuevo régimen. La democracia y sus instituciones de un lado, la ilegalidad de los facciosos del otro.

Veinte años después, en el siglo XXI llega al poder la segunda versión de la historia, que identificamos con el kirchnerismo. Aunque Néstor y Cristina Kirchner, quienes hasta 2003 hacían política en Santa Cruz y tenían pocos antecedentes en estos debates nacionales, lo que hicieron fue adoptar un relato que criticaba al alfonsinista, pero no habían creado ellos. Sus verdaderos impulsores eran las organizaciones de víctimas, también llamadas de derechos humanos: Madres, Abuelas e Hijos. Y también, cabe destacarlo, de los partidos de izquierda que las habían respaldado en los tiempos del consenso alfonsinista. Obsérvese que muchos de los principales dirigentes de la izquierda trotskista de estas décadas, como Luis Zamora, Marcelo Parrilli o Myriam Bregman, crecieron siendo abogados en causas de lesa humanidad.

Para estas organizaciones, que supieron ser resistencia y en 2003 pasaron a ser hegemonía, el consenso alfonsinista decepcionó en dos aspectos fundamentales. Primero, distribuyó mal las responsabilidades, pues llevó a juicio a guerrilleros que, creen ellas, debieron ser exculpados por un contexto político que los habría justificado. Y segundo, y tal vez ésta fue la ofensa mayor desde la perspectiva de Madres y Abuelas, se arrogó la autoridad de dirigir el proceso de la verdad y la justicia, y de decidir desde dónde y hasta cuándo. Una autoridad que ellas reclamaban para sí. ¿Pero quiénes se creían que eran, Alfonsín y Menem, para sancionar el Punto Final o para indultar? ¿Acaso creían que podían obligarlas a ellas a perdonar militares? El giro sustantivo que impuso el kirchnerismo, en un contexto de profunda crisis de legitimidad del sistema político, fue entregarles a estas organizaciones de familiares la lectura oficial de la historia, y la responsabilidad de gestionarla. Ya no era la justicia democrática la que marcaba el ritmo de la reparación. Los juicios se reiniciaron, pero esta vez las Madres, las Abuelas y los Hijos conducían el proceso desde las gradas.

La oficialización de cifra de los 30 mil, que sustituyó a los casi 9 mil del Nunca Más alfonsinista, fue el gran símbolo de esta resignificación de la historia. Ahora las auténticas voces del proceso que conducía a la verdad y la justicia no eran ni Strassera, ni Alfonsín, ni el Nunca Más: eran las mujeres del pañuelo blanco, las familiares sobrevivientes de los muertos. Ellas proporcionaban las pruebas y los testimonios, y también los conceptos que fundamentaban las sentencias. Y todo ello reescribía la historia. Además, la nueva lectura oficial proponía extender el campo de los victimarios a los “cómplices civiles”, que en el consenso alfonsinista fueron cuidadosamente exculpados. Y se les daba otro rostro a las víctimas: en el imaginario actualizado, los detenidos desaparecidos eran casi todos jóvenes militantes de la izquierda peronista, la generación diezmada, los hijos de las Madres y los padres de los Hijos. Como si la violencia hubiera estado dirigida exclusivamente a ellos. Con los jóvenes militantes fallecidos y sus deudos en el centro, se impulsa un nuevo trasvasamiento generacional y moral del régimen iniciado en 1983.

Como vimos, la estructura narrativa de la tercera versión no difiere demasiado de las dos anteriores; lo que propone es un sugestivo enroque de piezas. Son tres visiones en conflicto para explicar el mismo país. Y tres sujetos en una competencia de reivindicaciones: los partidos políticos democráticos y dos diferentes grupos de víctimas pugnan también por exponer la historia de nuestra tragedia contemporánea. Que tuvo un capítulo violento y brutal, pero que incluye una dolorosa decadencia económica y social, que frustra el proyecto colectivo de la argentinidad. Entre 1975 y 1991 la economía nacional cayó y cayó, sin levantarse nunca, y la sociedad argentina se encaminó hacia un empobrecimiento irreversible. Había mucha tristeza colectiva que explicar, y los relatos en pugna aspiraban a contarnos cómo juega la política a partir de 1983, y quienes tuvieron la culpa de lo mal que estábamos.

Cabe recordar, sin embargo, que durante largas décadas estas tres versiones de la misma historia, sucesivamente oficializadas cada veinte años -1983, 2003 y 2023- compitieron con una cuarta, influyente y potente, y sustantivamente distinta. Pero que hoy ya no está. Distinta en su recorte temporal de la tragedia, su reparto de responsabilidades, y su propuesta de salida. Nos referimos a la versión del peronismo, otrora considerado el movimiento político más importante del país, pero cuyas mandíbulas se han quedado sin dientes a la hora de morder en su propia historia, que le ha tocado tan de cerca.

Por versión peronista nos referimos a la que defendieron los deudos de Perón, el PJ de los 80 -incluyendo su fórmula presidencial de 1983-, y los gobiernos presidenciales de Carlos Menem y Eduardo Duhalde cuando ejercieron el poder. Como sabemos, la salida que siempre entrevió el justicialismo, de Luder a Duhalde, fue la reconciliación nacional y la amnistía para todos los perpetradores de la masacre argentina, hayan sido ellos militares, policías, combatientes irregulares o funcionarios civiles de los gobiernos autoritarios o semidemocráticos. Esta salida cayó en descrédito a partir de la oficialización de la segunda versión, y fue acusada de ser funcional a los culpables. Las otras tres -la alfonsinista, la kirchnerista y también la revisionista actual- la rechazan; la militancia revisionista de Victoria Villarruel criticó reiteradamente los indultos de Menem y Duhalde a los ex guerrilleros, y sueña con llevarlos nuevamente a la cárcel. Pero habida cuenta de la circularidad a la que nos devuelve la actual versión, es interesante recordar las visiones y los cálculos que sostenían a esta lectura de la historia. Que supo tener legitimidad, ya que quienes la proponían habían sido víctimas directas de todo lo ocurrido. Y una profundidad normativa soslayada por la Argentina de las grietas sucesivas.

Para empezar, es importante entender que el movimiento peronista se consideraba como el perjudicado principal de la tragedia argentina, tanto por los dos grandes y fulminantes golpes de estado sufridos -1955 y 1976- como por la cantidad de muertos por la violencia política. Y hablaba en su calidad autopercibida de víctima real. Hacia el fin de la dictadura, los políticos y sindicalistas del peronismo sostenían que el 80% de los desaparecidos y exiliados eran propios. Y en ese cálculo no incluían a los combatientes guerrilleros de Montoneros, ERP y otras organizaciones armadas, que entonces formaban parte de una otredad ajena al peronismo. Que había sido parte de sus verdugos. Es más: tampoco se visualizaba la idea, dominante en la actualidad, de que el grueso de las víctimas fatales pertenecía al universo de las juventudes políticas.

La noción de que los jóvenes revolucionarios habían sido el blanco principal de la represión es contemporánea y no formaba parte de la lectura peronista entre 1983 y 2003. De hecho, así como hoy se pretende discutir la cantidad de desaparecidos, un debate nunca saldado de aquellos años era el del verdadero alcance de las organizaciones armadas. Alfonsinistas, kirchneristas y revisionistas pro-militares coinciden en darle mucha importancia a las mismas. Y es entendible, porque la imagen de un interminable ejército de guerrilleros resulta funcional a sus respectivos relatos históricos. Para los familiares, tanto Madres como Hijos, los jóvenes revolucionarios fueron víctimas principales que merecen una consideración especial, y no podía ser de otro modo. A su vez, para los alfonsinistas las juventudes armadas son un símbolo del vilipendiado peronismo de los 60 y 70, y su sola existencia pareciera justificar la responsabilidad del radicalismo y otros partidos en los ataques sufridos por el peronismo, que luego pesaron sobre sus espaldas. A su vez, para los kirchneristas, los jóvenes setentistas representan un sujeto idealizado de renovación, que los legitima a ellos mismos. Y para los revisionistas pro-militares fueron un enemigo temible y letal, cuya supuesta enormidad numérica demuestra la necesidad de una gran respuesta represiva. Por lo tanto, todos coinciden en imaginar un gigantesco ejército de insurrectos con decenas de miles de soldados. Y fuertemente provistos de armas desde los centros del poder mundial, aun cuando no hay registros del supuesto gran equipamiento que ostentaban, ni del origen de este.

Mientras tanto, para la mayoría de los peronistas entre 1983 y 2003, las organizaciones armadas fueron un fenómeno real y traumático, una mancha en la historia interna del peronismo, pero cuantitativamente marginal, comparable a los casos del IRA irlandés o la ETA vasca. Dos movimientos nacionalistas de resistencia que eran principalmente civiles, aunque contaban entre sus filas a algunos grupos armados de carácter minoritario. Por aquél entonces se decía que en Argentina los guerrilleros armados fueron 500, tal vez 1000, y que estaban pobremente pertrechados. Que ejecutaron horrendos crímenes políticos, sí, pero que de ningún modo llegaron a ser los 25 mil combatientes que denunció el general Bignone en el ocaso de la dictadura.

Por lo tanto, los peronistas pensaban que entre las víctimas había muchos jóvenes, armados y no armados, pero predominaban los delegados sindicales y los militantes y dirigentes peronistas de todo el país, de todas las edades, y sin responsabilidad en la violencia guerrillera. Los desaparecidos y muertos que eran muy jóvenes en 1976 adquirieron después otra visibilidad por el activismo de sus madres, pero no eran toda la historia.

Asimismo, la percepción de los peronistas como víctimas principales de la dictadura tenía una lectura política e institucional. Se tenía presente que el golpe de 1976 había sido contra Isabel Perón, y que el Proceso también había intervenido todos los gobiernos provinciales -mayoritariamente peronistas- y la CGT. Eso difería de la despersonalización de afectados políticos que proponía el consenso alfonsinista, que miraba al golpe como un episodio más de una serie de seis interrupciones a la democracia que se habían sucedido entre 1930 y 1976, y que habían afectado a la sociedad en su conjunto. La versión alfonsinista entendía a la historia argentina del siglo XX como una larga alternancia entre democracias y autoritarismos que afectaba a todos los partidos por igual, pero el peronismo nunca le puso la firma a eso. No estábamos todos atravesados por la misma vara.

En el recorte histórico que hacía el peronismo, la “noche más oscura” había sido mucho más extensa de lo que el consenso alfonsinista pretendía instalar. La tragedia había comenzado con los bombardeos de 1955, se había extendido durante los 18 años de proscripción de Juan Perón y su movimiento, y apenas había conocido una ventana de alivio democrático en los años 70. Entre 1955 y 1973 las fuerzas armadas y los partidos no peronistas habían cohabitado en un régimen ilegítimo, y por lo tanto no eran nada comparables las destituciones palaciegas de Frondizi e Illia con los violentos golpes de estado de 1955 y 1976 contra los Perón. Que además habían contado, sobre todo el primero, con la participación explícita de todas las fuerzas políticas no peronistas.

La segunda versión oficial, o kirchnerista, pretendió ser más audaz que la alfonsinista al poner sobre la mesa la cuestión de los “cómplices civiles de la dictadura” de 1976, y se consideraba desafiante del sentido común el incorporar la frase “cívico-militar” a la denominación de la dictadura procesista. Pero ese aparente descubrimiento revisionista era una verdad totalmente asumida y aceptada por la versión peronista de la historia: por supuesto que los partidos políticos antiperonistas, medios de comunicación, cámaras empresariales y un sinnúmero de actores civiles habían participado del horror, ningún peronista dudaba de ello, y se tenía claro que cargar todas las tintas sobre las fuerzas armadas era un acto de hipocresía.

Recordar todas estas premisas hoy nos sirve para entender que la lectura del justicialismo entre 1983 y 2003 no era, para usar un término de moda, “tibia”, ni mucho menos exculpatoria. Por el contrario, se partía de una interpretación mucho más honesta y descarnada de la historia reciente de la que proponían el consenso alfonsinista, las organizaciones de las víctimas y sus familias, el film La República Perdida y tantas otras síntesis de la época, que luego competirían por la verdad histórica. El peronismo heredero de Perón, en tanto victima continua de casi tres décadas de intentos de supresión, los miraba a todos sus antiguos verdugos a los ojos y les proponía dar vuelta la página, porque era el único comensal de esa mesa que podía decir en voz alta que no había reparación histórica posible. Que no habría ni memoria ni verdad ni justicia, porque de hacerse en serio ello implicaría quedarse comiendo solo en la nueva democracia. La reconciliación era el único camino sostenible, y lo que estaba en juego en la nueva democracia de 1983 era más profundo que el retorno de las elecciones. Carlos Menem, el indultador desacreditado, no hizo otra cosa que continuar con solución justicialista: el abrazo de Perón, la amnistía de 1973, la plataforma de 1983. Tenía todas las credenciales para hacerlo, porque había estado preso por las dictaduras de 1955 y 1976. El interregno de Duhalde, que perdonó a los últimos insurrectos -los carapintadas de Seineldín y los guerrilleros de Gorriarán Merlo- fue el último episodio de la doctrina de la unidad nacional.

En suma, el peronismo hasta 2003 tenía bien claro que la historia reciente no era un mero asunto de civiles versus militares, ni de democracias versus autoritarismos, sino un muy complejo y prolongado conflicto político interno que lo había dejado como principal afectado y, por ende, como el actor en mejores condiciones para liderar una reconciliación política nacional. El peronismo sabía bien que el grupo de los victimarios era demasiado extenso, y que la única salida posible era por arriba. Vicente Leónidas Saadi y otros dirigentes del peronismo de los 80 nunca hubieran podido entender la liviandad con que muchos dirigentes contemporáneos ponen a ese peronismo apenas superviviente en el lugar de victimario de las instituciones democráticas. Así como tampoco entendió por qué Dante Caputo le hablaba de las Nubes de Úbeda de la democracia cuando a él lo habían convocado a debatir sobre geopolítica. Había una profundidad en el reconciliacionismo del justicialismo clásico, que hoy no se encuentra en ningún rincón del sistema político. Para los peronistas de entonces, que ya habían pasado por todo, lo que estaba en juego a partir de 1983 era el destino de la Argentina. Y no había destino alguno en la rosca de la confrontación.