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Cuando la realidad sorprende, lo peor que se puede hacer es reaccionar enseguida. Aunque esa suele ser la actitud institucional más habitual. Frente a un episodio de violencia extrema como el del adolescente de San Cristóbal, en Santa Fe, que ingresó armado a una escuela, mató a un compañero e hirió a ocho, la sobrerreacción no es la opción más idónea. 

Días después del ataque, en la presentación del Balance de Gestión 2025 en la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial, la fiscal general de la Provincia, María Cecilia Vranicich, calificó lo ocurrido como un “cachetazo” que obliga a debatir límites. La afirmación parte de un reconocimiento: no se vio venir un fenómeno que estaba ocurriendo, algo que también asumió el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. 

En 2024, explicó Vranicich, su exposición se dio en un contexto dramático por los homicidios de cuatro trabajadores en Rosario que despertaron el debate sobre el narcoterrorismo local. Dos años después, el contexto es el de la violencia extrema adolescente y juvenil en una ciudad del “interior” provincial. Lo que no cambió fue el cachetazo de lo inesperado. 

En la presentación de este año, Vranicich sugirió prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, siguiendo a las naciones europeas y países como Australia, que debaten e implementan regulaciones para resguardar a sus jóvenes. Como suele decir un politólogo amigo sobre el frenesí regulador de la Unión Europea: ninguna propuesta que empiece con “el debate que se está dando en Europa” puede ser favorable a la libertad humana.

En concreto, las autoridades aceptan que no vieron el fenómeno, incluso cuando había un informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación. Es decir, que la inteligencia falló. Pero la conclusión es que hay que discutir límites e imponer restricciones a la sociedad. Las consecuencias caen sobre los inocentes, pero la deficiencia es estatal a la hora de advertir, diagnosticar y prevenir un fenómeno criminal.

Privar a los adolescentes de una herramienta de desarrollo personal en nombre de la libertad es una paradoja que evita asumir responsabilidades de la autoridad pública y elabora una solución arbitraria, movida por la propia incompetencia. Si hay conductores que manejan borrachos, la solución no es prohibir el uso de autos. 

Teorías hay muchas y todas le encuentran su pelo al huevo. Pero también todas dejan pasar aspectos fundamentales de una realidad compleja, volátil y marcada por la incertidumbre. Por lo cual, si la irrupción del evento fue tan sorpresiva, difícilmente se pueda contar con una solución acabada e implementable en lo inmediato.

El extremismo violento nihilista, la lógica copycat y los ciclos viciosos de imitación y radicalización, no se reducen a la exposición a contenidos violentos ni a un uso desviado de las redes sociales. Por eso, la respuesta rápida casi nunca es la mejor. Menos aún cuando evita el foco del problema institucional.

Santa Fe cuenta con un Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito. Es la primera provincia con un régimen legal de inteligencia criminal. Es decir, hay con qué. Y la función de un sistema de inteligencia no es reaccionar ante lo consumado, sino producir información anticipatoria identificando tendencias emergentes, analizando patrones de comportamiento, evaluando riesgos y amenazas actuales, latentes y potenciales, y construir escenarios probables.

Nada de esto puede reemplazarse por medidas restrictivas ex post. Y ninguna de esas funciones queda satisfecha al trasladar el problema desde la falla estatal hacia la conducta de un segmento de la población, como si todos los adolescentes santafesinos que usan redes sociales fueran los responsables. Lo que salta a la vista es una pregunta mucho más exigente: ¿por qué no fue visto?

Redencionismo cibernético: la violencia como cierre nihilista

La posible participación del autor del crimen de San Cristóbal en comunidades del True Crime alimentó una serie de especulaciones en torno a la vida de los adolescentes en la virtualidad, la exaltación de las masacres escolares, el culto a la violencia y los usos del odio.  

La radicalización en entornos digitales no se limita a un proceso de convencimiento ideológico o a una desviación por un uso inmaduro del ciberespacio. Aunque esa lectura es dominante en muchos ámbitos institucionales, resulta analíticamente insuficiente y operativamente riesgosa.

Cualquiera de los nativos digitales y los que reconocen a Internet como una parte central de su desarrollo subjetivo sabe que la cibercultura es diferente a la vida de carne y hueso. Estar al tanto de esas especificidades no es una curiosidad técnica, sino una necesidad básica para saber cómo operar.

En los entornos de radicalización digital, lo que hay es, más bien, una ingeniería de identidad que interpela humillaciones, déficits de estatus, frustraciones biográficas, deseos de pertenencia y aspiraciones de trascendencia. Y lo hace según formas que surgen del mundo cibernético e interactúan con la realidad física.

En los foros y comunidades se reproducen funciones clásicas de socialización —validación, pertenencia, reconocimiento— en un contexto donde las mediaciones tradicionales —familia, escuela, comunidad— se encuentran debilitadas. Es un espacio socioafectivo de incubación. No hay consumo pasivo de contenidos, sino una inmersión en experiencias identitarias.

Esto no es un divague teórico, sino un dato sustancial para intentar comprender la dinámica criminal en los entornos digitales. El ciberespacio es un ámbito que aloja decisiones morales e inmorales, legítimas e ilegítimas, legales e ilegales, como cualquier otro ámbito de interacción humana. Lo preocupante es reducirlo todo a una finalidad simplificada de “volcar el odio”.

A esto se suma la gamificación de la violencia, que no se reduce a la adopción de estéticas vinculadas a la cultura gamer: se basa en la incorporación de su lógica estructural con una misión, progresión, desafíos, recompensas y visibilidad. La violencia se convierte en una trayectoria experiencial inteligible y ascendente. Pero alinear gamer-potencialidad criminal es una desmesura que bordea el ridículo: solo una minoría absolutamente marginal de los que juegan videojuegos reproduce esa violencia.

El redencionismo cibernético suele estar ligado a los procesos de reclutamiento de las organizaciones terroristas y otros grupos extremistas. Puede definirse como el proceso por el cual una subjetividad degradada encuentra en el entorno digital una narrativa de reparación que sólo puede consumarse mediante un acto violento en el mundo real. Lo importante es lo que vive la persona, no la trama del juego donde pone su atención. 

Este proceso presenta, al menos, cuatro momentos identificables: 1. Desposesión subjetiva: sensación de insignificancia, humillación o vacío; 2. Inmersión narrativa: incorporación a comunidades que brindan reconocimiento y pertenencia; 3. Reconfiguración del yo: emergencia de una identidad investida de misión; 4. Consumación performativa: el acto violento como validación final y pasaje de lo digital a lo real.

El acto criminal es un cierre necesario de una narrativa personalizada y la violencia es la forma de autoconstrucción. La investigación revelará qué ocurrió en San Cristóbal y si el autor participaba en redes organizadas de mayor complejidad. Pero reducir estos procesos a una “exteriorización de odio” implica desconocer su estructura profunda y tiene consecuencias directas en el diseño de respuestas institucionales.

De la falla de inteligencia a la restricción de libertades

Aunque la sobreactuación buenista sea una tendencia difundida en las dirigencias occidentales que buscan responder a fenómenos que los desbordan hasta generacionalmente, el entorno digital no es la causa de todos los males, sino un espacio donde se articulan procesos identitarios complejos. Y así como la violencia va más allá de las pantallas, los factores que la engendran están mucho antes.

Limitar el acceso a redes sociales no desactiva esos procesos. Los desplaza y crea accesos alternativos, más dark y peligrosos: los ciberusuarios siempre inventaron la forma de saltar los límites impuestos, aún en los regímenes totalitarios con las restricciones más severas.   

La medida restrictiva introduce un problema adicional: como respuesta a una incapacidad estatal, penaliza a la totalidad de los adolescentes que no participan en conductas delictivas. Restringir herramientas de acceso al conocimiento en nombre de la protección implica una paradoja difícil de sostener desde cualquier marco que respete la libertad individual.

Lo ocurrido en San Cristóbal debería abrir un debate distinto. No sobre los límites de la sociedad, sino sobre las capacidades del Estado. ¿Qué señales estaban disponibles y no fueron interpretadas? ¿Qué fenómenos está monitoreando el sistema de inteligencia provincial? ¿Qué metodologías de análisis utiliza? ¿Qué articulación existe entre inteligencia, justicia y fuerzas de seguridad?

Esto resulta particularmente importante en una etapa inicial de desarrollo institucional de un sistema de inteligencia provincial que despertó un bajo interés de la política y demora la conformación de la comisión bicameral para su control parlamentario. La clase política que, por negligencia, no controla al sistema que debería haber advertido sobre el problema, es la que debatiría las restricciones consecuentes. De mínima, raro.  

Nunca es útil sustituir la construcción de capacidades por la producción de respuestas efectistas.La creación del sistema provincial fue, sin duda, una innovación relevante. Pero ese logro se preserva mediante el perfeccionamiento de sus metodologías de análisis, la mejorar su capacidad de recolección y procesamiento de información, el desarrollo de inteligencia prospectiva y la construcción de diagnósticos basados en evidencia local.

Es decir, haciendo lo que el sistema hizo al advertir e interrumpir la planificación de un atentado contra la vida del gobernador tras hallar un arsenal en un domicilio en la vecina localidad de Roldán, hasta ahora, su punto máximo de efectividad. Porque cuando el sistema falla, se producen eventos inesperados, y la sorpresa desprende una cadena de decisiones posteriores que, bajo el impacto de la conmoción, alteran aún más la racionalidad de la política pública.

El deber del Estado no es limitar aquello que no comprende. Es desarrollar las capacidades necesarias para comprenderlo mejor que nadie. La inteligencia existe para producir información valiosa, rigurosa y anticipatoria para que quienes deben tomar decisiones no vuelvan a enterarse de la realidad a través de un “cachetazo”.