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Para Donald Trump, los migrantes que cruzan la frontera desde México forman parte de una fuerza invasora, supuesta aliada del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Esta interpretación le sirvió para justificar el uso de un poder arcaico de guerra, que permite detenciones sumarias de supuestos agentes enemigos extranjeros y su rápida deportación sin proceso legal. Es una estrategia clave para sus políticas anti-migratorias, que apuestan a hacer tan peligroso, tan impredecible, el intento de refugiarse en Estados Unidos, que hasta la gente más desesperada desista.

Pero hay un problema en esta narrativa, una piedra que podría hundir la movida en la justicia: los servicios de inteligencia de Estados Unidos no consideran que haya evidencia de que Maduro, ni sus allegados, coordinen el Tren de Aragua, la pandilla que Trump acusa de invasión, y a la que sus agentes de migración intentan vincular, con pruebas endebles, a los migrantes que luego son deportados de manera exprés, como los 238 venezolanos que padecieron meses en la cárcel anti-terrorista del aliado trumpista Nayib Bukele, en El Salvador.

Los servicios de inteligencia también desmintieron que los ataques contra Irán, ordenados por Trump, hayan destruido sus capacidades nucleares al nivel que jura y perjura el líder estadounidense. En esta parte del mundo (y en todas), la CIA suele ocupar el lado oscuro de la ecuación democrática. Es decir, allí donde aparece, asumimos que se atentó contra la institucionalidad democrática. Guatemala, Chile, Argentina, Nicaragua … la lista completa cubriría casi toda la segunda mitad del Siglo XX en la región. Dentro de Estados Unidos las agencias de inteligencia, el FBI, también tienen un pasado de atropellos contra los derechos democráticos. Por eso resulta confuso, hasta dudoso, encontrarse con que los servicios de inteligencia estadounidenses operen como un freno relevante frente a la deriva autoritaria durante un eventual segundo mandato de Trump.

Pero en realidad, este proceso forma parte del tironeo entre el Ejecutivo y la burocracia – entendida como el conjunto de empleados públicos que intervienen en el diseño e implementación de políticas públicas – que, según Gabriela Lotta, profesora de administración pública en la Fundação Getulio Vargas, constituye un pilar de la ecuación democrática. La burocracia, explica, funciona como un control fundamental del poder político, especialmente del Ejecutivo.

Esto ayuda a explicar la guerra declarada contra la burocracia y la administración pública que es eje central de nueva alt right internacional. Un movimiento que agrupa ideologías disímiles, pero que comparte una táctica clave: ligar al enemigo del establishment político—la “casta” por acá, el “pantano” en el Norte—con la figura del burócrata.

Lotta, que es brasileña, estudia burócratas desde hace años y le interesan particularmente las trayectorias personales dentro del sistema. En muchos casos, siguió a los mismos funcionarios a lo largo del tiempo, con entrevistas transversales que le permiten trazar una visión de la evolución de la burocracia en Brasil. Le llamó la atención una tendencia que comenzó después del impeachment de Dilma Rousseff, bajo el gobierno de Michel Temer, y que se profundizó durante la gestión de Jair Bolsonaro.

“Me di cuenta que estas personas que estudiaba no se enfrentaban a una situación institucional normal que forma parte de la democracia. En realidad, se enfrentaban un nuevo tipo de amenaza que estaba muy en línea no solo con lo que Bolsonaro pensaba sobre el gobierno y la administración pública, sino también con lo que estaba sucediendo a nivel internacional en muchos países diferentes”. Lo que detecta es un patrón de estrategias que se repite en gobiernos de nuevas derechas, con un repertorio creciente sobre cómo debilitar a la burocracia y la administración pública.

Los ataques a la administración pública son parte de una ola de retroceso democrático (democratic backsliding), protagonizado por la derecha—aunque con excepciones en gobiernos de izquierda–, dice Lotta, quien cita la teoría de Steven Levitsky  y Daniel Ziblatt sobre cómo mueren las democracias. “Porque esta nueva ola se basa en la idea de un político elegido, por lo que no se trata de un golpe de Estado, ni de una ocupación militar como las que tuvimos en América Latina… es alguien que es elegido y, una vez en el poder, simplemente destruye las instituciones desde dentro. Cambian las instituciones y utilizan el poder del presidente o del primer ministro para ir en contra de las instituciones y mejorar su propio poder de tal manera que puedan permanecer en el poder sin ningún tipo de controles y contrapesos”. Ella incluye a las dos presidencias de Trump en este patrón, así como a Turquía, Hungría, Polonia, Israel, México (aunque sea un populismo de izquierda), por supuesto, el Brasil de Bolsonaro y “quizás Milei”.

Y si bien son procesos que tienen muchas diferencias entre si, comparten rasgos en la relación de estos políticos con la administración pública. “En primer lugar, está la idea de que muchos de ellos quieren instrumentalizar la administración pública en su favor, lo cual es una característica populista. Por lo tanto, quieren utilizar la administración pública para sus propios fines. Y si no pueden hacerlo, o si parte de la administración pública supone un obstáculo, quieren destruirla”.

“Algo que es realmente similar entre todos estos gobiernos es la idea de que retratan a parte de la burocracia como enemigos del pueblo. Y como enemigos del pueblo pueden nombrarlos como élites o como ñoquis, nombrarlos de diferentes maneras, no importa. Pero el punto es que al retratarlos como enemigos, utilizan su poder para ir en contra de los burócratas de diferentes maneras”.

Las estrategias que enumera Lotta incluyen recortes presupuestarios, centralización del poder, eliminación de la discrecionalidad técnica, reducción de personal, cambios en las reglas de contratación y despidos masivos, como ocurrió tanto en Estados Unidos como en Argentina. También contempla la militarización de estructuras burocracias, como en Brasil, o la práctica de distribuir puestos políticos a aliados, lo que en Estados Unidos denominan patronage y en Argentina simplemente llamamos administración pública.

Son diferentes formas de ocupar los puestos claves con personas leales, desplazando a los expertos. A nivel macro, el resultado es un clima de miedo dentro de la administración pública. “Si observamos lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que encontramos en la situación brasileña, es lo mismo que están descubriendo los académicos israelíes y probablemente también en Argentina. Consiguen crear miedo de diferentes maneras entre los funcionarios públicos. Sienten que los observan, sienten que sus correos electrónicos son rastreados, sienten que la gente los vigila”.

Lotta concibe a la administración pública  casi como un cuarto poder. Esa mirada plantea una paradoja: el control democrático dependería de un poder sin rendición de cuentas directa. La democracia necesita que los burócratas defiendan las instituciones frente al poder político, pero también podrían traicionarla, como ocurrió con sectores estatales durante las dictaduras del Cono Sur, advierte.

Matiza así el entusiasmo por una “burocracia salvadora”. “Por supuesto, históricamente, la burocracia se ha asociado con la corrupción. Tenemos muchas deficiencias en los servicios públicos. … Como ciudadanos, nos enfrentamos a muchos, muchos problemas, pero aún así, cuando adoptamos una perspectiva más histórica, también es obvio, aunque no se difunde tanto como imagen, que en las últimas tres décadas o tras la democratización de Brasil, Argentina y otros países, los servicios públicos han mejorado mucho en estos países. Y lo que ocurre en realidad es que la imagen pública de los servicios públicos no ha cambiado mucho”, señala Lotta con mirada regional.

“Siempre miramos el vaso vacío, ¿verdad? No miramos lo que hemos construido hasta ahora. Y, en realidad, todo el proceso de las nuevas democracias en América Latina estuvo asociado con mejoras en los servicios públicos. Y no reconocemos esto como sociedad, y parte de mi esfuerzo es decir: tenemos que reconocer esto porque tenemos miles, millones de maestros enseñando, millones de trabajadores de la salud trabajando en los sistemas de salud pública. Tenemos millones de policías que salen todos los días a la calle y están haciendo cosas además de la corrupción que aún persiste. También hay muchas cosas buenas. Y también tenemos que ser capaces de reconocerlas y, por supuesto, intentar mejorarlas, ver cuáles son los problemas, pero no para destruirlas, sino para mejorarlas. Así que lo que he intentado hacer en mi carrera es mirar y decir: tenemos problemas, pero ¿cómo podemos afrontarlos para mejorar los servicios públicos y no destruirlos?. Porque esa es toda la narrativa del enfoque neoliberal. ‘Si tenemos problemas, destruyamos los servicios’. No, ‘si tenemos problemas, mejoremos los servicios. Veamos cuáles son los problemas y mejorémoslos’”.

La solución no es menos administración, es mejor. “No hacemos frente a estos problemas sin servicio público. Hacemos frente a estos problemas con un mejor servicio público. Por eso es importante también mirar este otro lado y reconocer el esfuerzo que hemos hecho y todos los logros que hemos conseguido”.

Todos los mayores de cierta edad se acuerdan de colas kilométricas para renovar el DNI. Algunos, aún mayores, se acuerdan de tener que acudir a un gestor para obtener un pasaporte, o de la imposibilidad de conseguir una línea telefónica en épocas de administración estatal. Y todos compartimos la figura del empleado estatal inepto, en el mejor de los casos, o buscando coima en el peor. Pero esas memorias y prejuicios no siempre reconocen los avances en algunos sectores: hoy, sacar un DNI se hace con turno online, pago transparente y entrega a domicilio.

La cuestión no es cuántos empleados públicos hay, sino cómo están organizadas las estructuras que deben garantizar servicios esenciales y ejecutar políticas públicas, apoyadas en el conocimiento técnico que otorgan trayectorias meritocráticas.

“Creo que la izquierda tiene muchos problemas con la burocracia. Y también con la idea de que tenemos que mejorar los servicios públicos de una buena manera. Quiero decir, siempre se habla de que ahora todo funciona bien o algo así, pero en realidad necesitamos reformas. Y tenemos que discutir qué tipo de reformas necesitamos, por ejemplo”.

En América Latina, dice Lotta, el discurso sobre la reforma del servicio público parece propiedad del liberalismo. Pero no debería ser así. “Cuando decimos que necesitamos más y mejores funcionarios públicos, también estamos defendiendo un tipo de reforma. Por lo tanto, creo que la izquierda debería entrar de manera seria en este tipo de debate para defender qué tipo de Estado necesitamos. No se trata de un Estado más pequeño, sino de un Estado mejor. Pero, ¿qué significa un Estado mejor? No es un Estado con clientelismo ni ningún tipo de favoritismo. Es un Estado basado en la profesionalidad, es un Estado basado en la protección de los funcionarios públicos, pero también en la evaluación. Creo que la izquierda debería ser capaz de abordar este tipo de debate y, sinceramente, no creo que lo esté haciendo bien”.