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Se ha instalado en el debate público la idea de que Argentina es un caso excepcional de deterioro económico de larga duración. ¿La causa que se esgrime?: “ochenta años de populismo” (últimamente se ha redoblado la apuesta y se habla ya de cien años). La solución es tan contundente como el diagnóstico: “hacer explotar todo” para construir desde los escombros una economía moderna y pujante. La palabra “dinamitar” y el neologismo “semi-dinamitar” (signo de moderación, seguramente) se han puesto de moda.

Entendemos el atractivo de las fórmulas simples en la discusión política. Aun así, no deja de sorprendernos la liviandad del diagnóstico y el estilo bélico de la propuesta. Lo primero que llama la atención es la conceptualización de ese tramo de historia. En los 80 años que van desde el final de la segunda guerra hasta el presente, se han sucedido gobiernos de todo color y pelaje: peronismos de distinto signo, radicalismos de distinto signo, gobiernos militares con orientaciones estatistas, proto-desarrollistas y (neo)liberales, una experiencia de centro-derecha democrática. ¿En qué distingue o clarifica el adjetivo “populista” si éste es un sayo que le cae bien a todos?

Pero el aspecto más llamativo de esta tesis es otro. La mayor parte de esos 80 años nos muestra una Argentina muy poco excepcional. Cuando se compara su historia económica con la del resto de los países de América del Sur y México, se observan más semejanzas que diferencias. Sin embargo, meter a toda la región en una misma bolsa conduce a un error: el de ignorar el verdadero aspecto excepcional y, a nuestro entender, relevante del caso argentino: la divergencia de nuestra economía a partir de mediados de los 2000. No se trata de un purismo historiográfico. Estamos refiriéndonos a un aspecto de mucha importancia para pensar la política macroeconómica futura. La experiencia de las ocho décadas no justifica “un Hiroshima” y una reconstrucción desde cero, sino que sugiere algo más simple y, sobre todo, menos violento. Argentina debe desarrollar un esquema de política macroeconómica que, con sus particularidades, se asemeje al de sus vecinos. Este es lo que se desprende, a nuestro juicio, del análisis histórico. Veamos esto con algún detalle.

Partamos del mundo de la segunda posguerra. Por entonces, Argentina se encontraba en un proceso de industrialización por la vía de sustituir importaciones. El exitoso modelo agroexportador estaba sepultado y era imposible resucitarlo. La adopción de la estrategia sustitutiva de importaciones no fue excentricidad argentina, sino que se difundió por casi toda América Latina. Obviamente el punto de partida era distinto. Argentina era el país más rico del vecindario, con un ingreso por habitante que era casi 4 veces el brasileño, más del doble que el colombiano, el mexicano y el peruano, y alrededor de un 25% mayor que el chileno, el uruguayo y el venezolano. Esta diferencia en el punto de partida hacía relativamente más dificultoso el crecimiento económico argentino, dado que nuestro país ya había recorrido un camino que el resto tenía todavía por delante. Esto tampoco es algo excepcional. Se trata del proceso de convergencia, un aspecto bien conocido en la teoría del crecimiento económico. Hasta fines de la década de 1950, el desempeño de la economía argentina fue modesto, el ritmo de crecimiento moderado y, sobre todo, volátil. La economía enfrentaba periódicamente frenos en su dinámica expansiva porque la demanda doméstica tendía a crecer más rápido que sus exportaciones, haciendo insostenible el déficit de las cuentas externas. Las recurrentes devaluaciones asociadas a esta dinámica derivaron en tasas de inflación elevadas para los estándares internacionales. Sin embargo, este proceso de stop & go no hizo de Argentina una rara avis. Otros países de la región, aunque con menor intensidad, experimentaron fluctuaciones similares en su nivel de actividad (como Bolivia, Chile y Uruguay) o en materia inflacionaria (como Brasil, Chile, Colombia y Uruguay).

A raíz de la tendencia al estrangulamiento externo que tenía la estrategia sustitutiva de importaciones, los países de la región, incluyendo obviamente a la Argentina, fueron mutando entre fines de los años cincuenta y principios de los sesenta hacia modelos con una mayor orientación exportadora y más amigables a la inversión extranjera directa. En cuanto a la política macroeconómica, los países inflacionarios implementaron esquemas cambiarios basados en mini-devaluaciones periódicas (el crawling-peg) para preservar la competitividad cambiaria ante las subas de precios domésticos. Fue gracias a esta reorientación que, entre principio de los años sesenta y hasta los shocks petroleros de 1973, la mayoría de los países latinoamericanos experimentaron procesos de crecimiento sostenido (aunque recorriendo periódicos planes de estabilización). Argentina tuvo entre 1963 y 1974 su trayecto de crecimiento ininterrumpido más largo en los 80 años de esta historia. De nuevo, esta dinámica no es ninguna divergencia regional. Chile, Colombia y México también crecieron con mucha potencia durante esos años y Brasil experimentó su famoso “milagro económico”.

Luego, con el shock estanflacionario originado por el brusco aumento del precio del petróleo en 1973, las economías de la región comenzaron a enfrentar dificultados económicas. La inflación se aceleró en toda la región, incluso en países que habían mantenido inflación baja como, por ejemplo, México, Bolivia, Paraguay y Perú. Obviamente, los que más sufrieron fueron los países que ya vivían con inflaciones elevadas. En el caso argentino, se agregó un condimento idiosincrático de raíz política: la crisis tras la muerte de Perón y el “Rodrigazo” en 1975. Ese evento dio a luz el llamado “régimen de alta inflación”, con tasas de inflación anual de tres dígitos, y una economía que entró en un sendero de estancamiento.

Así, mientras el shock petrolero significó una desaceleración del crecimiento para la mayoría de la región, para Argentina fue un período de estancamiento y alta inflación. No obstante, tampoco aquí fue única la experiencia argentina. Chile y Uruguay —dos de los países que arrastraban alta inflación desde hacía tiempo— transitaron a principios de los años setenta políticas similares a las que derivaron en el Rodrigazo y sufrieron una fuerte aceleración de la inflación. Los tres países del cono sur probaron la misma medicina a fines de los años setenta, inaugurando en la región los programas de estabilización de anclaje cambiario en economías financieramente abiertas. Argentina, Chile y Uruguay tuvieron sus “tablitas” y los tres sufrieron idénticas crisis financieras, cambiarias y de deuda soberana a comienzos de los años ochenta, cuando el aumento de la tasa de interés internacional provocada por las políticas monetarias contractivas en los países del norte les dio el golpe de gracia a estos experimentos.

El impacto de la suba de la tasa de interés internacional no se limitó al Cono Sur, sino que afectó a todos los países de la región, que también incurrieron en defaults de la deuda soberana y se sumergieron, con diferentes intensidades, en crisis inflacionarias. El desprevenido e inexperto ingreso de la región a la segunda ola de globalización financiera a fines de los setenta resultó, en los hechos, el fin de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones. Las economías latinoamericanas iniciaron la nueva década con alta inflación y un sobredimensionado peso de la deuda externa que les impedía crecer. No es casual que los economistas etiquetaran a los años ochenta como la “década perdida” para toda la región, con la excepción, tal vez, de Colombia y Chile que pudieron rápidamente retomar el crecimiento y mantener una inflación inferior al 30% anual. El resto de los países no creció y convivió con alta inflación durante muchos años, llegando incluso, en algunos casos como los de Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, a atravesar episodios hiperinflacionarios. La mayoría de los países intentó estabilizar durante los años ochenta, pero la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos y la ausencia de crédito externo los hizo fracasar. Ocurrió, por ejemplo, con el plan mexicano de 1983, con el plan peruano de 1985, con el plan Austral argentino de 1985 y con el plan Cruzado brasileño de 1986. Tampoco en este rubro fuimos excepcionales.

El movimiento que sobrevino entre fines de los ochenta y principios de los noventa también fue similar en gran parte de la región. Con excepción de Chile y Colombia, la mayoría de los países volvió a implementar planes de estabilización usando al tipo de cambio como ancla nominal, pero esta vez con éxito, ayudado por un nuevo ciclo de financiamiento externo. El Pacto de Solidaridad mexicano de 1988, la Convertibilidad argentina de 1991 y el Plan Real brasileño de 1994 son los ejemplos más salientes. Las estabilizaciones exitosas de Perú y Uruguay desde 1990 fueron más eclécticas y graduales. Con diferente intensidad, y con sus propias particularidades, estos planes se insertaron dentro de programas más amplios que incluían reformas estructurales, como la apertura comercial y financiera, la desregulación de mercados y las privatizaciones de empresas públicas. Es decir, con sus tonalidades idiosincráticas, la mayoría de los países de la región —incluida la Argentina— lograron bajar la inflación y se embarcaron en programas de modernización de la economía siguiendo los preceptos del Consenso de Washington.

Desde la segunda mitad de los noventa y principios de los años 2000, la región, ya mucho más integrada financieramente al resto del mundo, comenzó a vivir episodios de crisis vinculados a la alta volatilidad de los flujos de capital internacional. En muchos casos, la rigidez de los esquemas cambiarios con los que habían logrado bajar la inflación influyó en la gestación y dureza de las crisis posteriores. México fue el primero en caer en 1995 y contagió a Argentina, que pudo mantener la convertibilidad, pero no evitó la crisis bancaria. Luego de este frenazo, los flujos de financiamiento externo a mercados emergentes retomaron su curso, hasta que el Sudeste Asiático sufrió su propia e inesperada crisis y sacudió a las finanzas globales. A partir de entonces, varias otras economías emergentes, cual dominó, cayeron progresivamente en desgracia. La triple crisis de la convertibilidad —cambiaria, bancaria y de deuda soberana— fue la más intensa de la región, pero no la única. Brasil salió del tipo de cambio fijo con una crisis cambiaria y una recesión en 1999, pero logró evitar una crisis bancaria y de deuda soberana. Las crisis financieras y económicas en Colombia, Ecuador y Perú en 1999 fueron, en cambio, mucho más intensas. La triple crisis uruguaya de 2002 no fue tan dramática como la argentina, pero le siguió de cerca.

Parémonos por un momento a mediados de los años 2000; digamos en 2006. Argentina ha restructurado exitosamente su deuda pública —éxito medido en que la prima de riesgo país era similar a la del Brasil, que poco tiempo después sería exhibido como ejemplo de país emergente en la tapa de The Economist bajo el título “Brasil despega”—, su economía viene creciendo a “tasas chinas”, el nivel de actividad ha superado el pico histórico de 1998, la expansión abarca a todos los sectores de la economía y la configuración macroeconómica es excepcionalmente robusta: presenta, por primera vez en la historia que hemos narrado, cinco años consecutivos de superávits gemelos (fiscal y externo), el Banco Central dispone de abundantes reservas internacionales, y la inflación —aunque viene acelerándose— se ha mantenido en un dígito anual desde principios de 2003. Tampoco es excepcional Argentina respecto a sus pares en este momento. Con la excepción de Ecuador —que a contramano de la región ha adoptado un régimen cambiario extremadamente rígido en el año 2000 (la dolarización)— y Venezuela, que ha iniciado el camino hacia un modelo político y económico muy radicalizado, los países vecinos también están creciendo, tienen inflación baja, cuentas públicas ordenadas, no tienen desbordes en las cuentas externas, sus bancos centrales acumulan reservas y mantienen primas de riesgo país bajas y acceso al crédito externo. Argentina y sus pares parecen haber conseguido, luego de dos décadas, una macroeconomía estable, adaptada para vivir en globalización financiera.

Ahora volvamos al presente. Algo ha cambiado muy profundamente. La economía argentina luce muy distinta a la de sus pares. La trayectoria comparada entre 2006 y 2023 ha sido, sin dudas, divergente. Durante este período, la mayoría de los países de la región logró crecer de forma estable y sostenida, mantener la inflación en un digito anual y las cuentas públicas ordenadas, acumular reservas, evitar crisis de balanza de pagos y acceder al mercado internacional de capitales a tasas bajas. Argentina, en cambio, interrumpió su crecimiento a partir de 2012, contrayéndose desde entonces. Pasó de tener una inflación anual de un dígito a otra de tres dígitos, con riesgo de caer en una hiperinflación. De tener superávit fiscal a déficit, pasando por un default, una reestructuración de la deuda pública y un excepcional endeudamiento con el FMI. De ostentar un superávit de cuenta corriente y un acaudalado stock de reservas internacionales pasó a tener un cepo cambiario y las reservas exhaustas, habiendo transitado antes por varias instancias de crisis cambiarias. Argentina quedó, además, totalmente marginada de los mercados internacionales de crédito, con una prima de riesgo país superior a los 2.000 puntos básicos.  Henos aquí frente a lo más nítido de la excepcionalidad argentina, aquello que queríamos demostrar.

Imaginamos al lector preguntándonos: ¿cuáles fueron los hitos que causaron este desvío y quiénes han sido los responsables? Es una pregunta relevante que hemos discutido en otros trabajos. No vamos a adentrarnos en ella. Lo que vale la pena decir sintéticamente al respecto es que, en 2006, el gobierno de Néstor Kirchner optó por dejar que la inflación siguiera su curso ascendente, y agregar que la intervención del INDEC, desde principios de 2007, fue el primer giro equivocado en el proceso de bifurcación. Obviamente, le siguieron otros durante los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández que fueron ensanchando el desvío y condujeron a este presente. Pero no vamos a discutir aquí este curso de políticas, porque nos interesa continuar sobre el eje de nuestro análisis, la comparación con el resto de la región. En este sentido, nos parece más relevante discutir otra pregunta: ¿qué ruta tomó el resto de los países de la región en el proceso de bifurcación? La respuesta corta es: fueron construyendo esquemas de política macroeconómica que tuvieron como meta la estabilidad. Cada país lo fue haciendo con sus particularidades y matices, pero en todos los casos nos encontramos con que esos esquemas cuentan, a grandes rasgos, con tres pilares comunes.

El primero es el papel de los bancos centrales, que son independientes, con un mandato claro por la estabilidad de precios y dirigidos por directorios con solvencia técnica que gozan de estabilidad en sus cargos. Muchas veces se menciona que Perú ha cambiado con más frecuencia de presidente de la nación que de presidente del banco central (lo cual está lejos de ser una buena noticia, pero ilustra lo que queremos decir). Un aspecto importante de la independencia de los bancos centrales de la región es que tienen muy restringido o incluso vedado el financiamiento monetario al Tesoro. Ejercen la política monetaria de un modo claro y transparente, siguiendo regímenes de metas de inflación. Es importante notar que estos regímenes se adoptaron entre finales de la década de 1990 y principios de los 2000, cuando la inflación ya era baja. O sea, los han usado para mantener la inflación baja, no para bajarla. Atención con este punto. 

El segundo pilar es el orden fiscal. Los países de la región han procurado mantener déficits bajos o incluso superávits para reducir los temores respecto al pago de la deuda pública. Esto les ha permitido sostener primas de riesgo soberano bajas y, en consecuencia, acceso al mercado internacional de crédito a un costo bajo, lo cual favorece a los Estados y las empresas. En muchos casos, el orden fiscal se ha institucionalizado a partir de reglas de gasto público y la conformación de fondos soberanos, que buscan, por un lado, hacer previsible la trayectoria de la deuda pública y, por el otro, suavizar el ciclo económico, ahorrando en tiempos de abundancia y gastando en tiempos de vacas flacas.

Por último, los esquemas de política macroeconómica han procurado preservar la estabilidad de los pagos externos para evitar crisis cambiarias y suavizar los impactos inflacionarios y reales de los movimientos cambiarios. Para eso, han articulado regímenes de flotación administrada, que buscan evitar apreciaciones y depreciaciones bruscas. Ha sido clave en este aspecto que los bancos centrales acumularan reservas internacionales, de modo de disponer de un stock sólido para intervenir en el mercado de cambios en momentos en que se requiera.

Argentina puede estabilizar su economía y volver a crecer. No es necesario “explotar todo y empezar de cero”. No hace falta dinamitar nada. Podemos lograr estabilidad y crecimiento siguiendo un camino que nos devuelva a la trayectoria que abandonamos hace poco menos de dos décadas. Argentina no va a ser una potencia, pero puede ser un país mucho mejor si retoma esa ruta. No es un camino sencillo. No se trata simplemente de aplicar un recetario de políticas dictado por economistas. La conformación de un esquema de política macroeconómica que, con nuestras particularidades, siga los lineamientos que esbozamos arriba, depende de la política. Es clave que ese esquema sea estable y se sostenga en el tiempo, para brindar confianza y certidumbre a la sociedad, que es la protagonista del desarrollo. En vez de “barajar y dar de nuevo” después de bombardear Argentina, parece mucho más seguro y provechoso recorrer ese camino de la mano de una construcción política basada en acuerdos básicos sobre estos principios.