La idea es mucho más que un simple (y tramposo) razonamiento. Es la pintura exacta que retrata el paisaje del nuevo orden que la Revolución Libertaria de Javier Milei y su gobierno quieren imponer como un nuevo orden de derechos. Una nueva forma de entender lo que, por derecho, nos pertenece. Un nuevo modo, tan nuevo como reaccionario (en el sentido de conservador) concepto del Derecho (a secas). Porque en el corazón de la Revolución Libertaria, de la que algo ya he hablado en Panamá en otros textos, está esa transformación radical, insisto, del Derecho y de los derechos. Eso es, incluso y más ampliamente, lo que está en el corazón mismo de la “batalla cultural” que libran las derechas radicales, o jacobinas, como me gusta llamarlas a mí, a lo largo y a lo ancho del mundo democrático.

Vayamos entonces a la idea / razonamiento. Con el conflicto entre el gobierno y las universidades públicas y, más aún, con la marcha universitaria federal convocada por, y a la que asistieron masivamente, estudiantes, docentes, rectores y no docentes del sistema público universitario, con todo este zenit de fondo, afloró en la conversación pública una renovada forma de desprestigio de la educación pública y universitaria: el acceso a esta última, se nos dice ahora desde las huestes libertarias, no es en realidad un derecho, es un privilegio. A la vieja manera marxista, tan vieja como vetusta es la crítica escupida por el joven Marx en Sobre la cuestión judía a propósito de los derechos humanos, el libertarianismo argentino viene sacarnos el velo (¿ideológico?), la máscara (¿distorsiva?) con la cual hemos sido engañados casi desde los orígenes mismos de nuestro Estado, a punto tal de llegar a esmerilar y enchastrar, esa torpe idea o razonamiento, la figura de Sarmiento. Para decirlo de otro modo: haciendo uso de las mismas herramientas que su enemigo público predilecto, el propio marxismo, el libertarianismo argentino viene a sacarnos el velo o la máscara que cubre la ilusión de la educación pública universitaria: la ilusión que dice que esta última es un derecho, que su acceso debe ser universal y gratuito (justamente para garantizar, aunque más no sea con todas las dificultades del caso, ese derecho). Tan rápido y veloz corrió esta idea / razonamiento por la esfera pública que llegó a la boca de unos de los periodistas libertarios estrella, que la expuso y la defendió a capa y espada en su programa de turno, quiero decir de streaming.

La explicación para este qui pro quo tan apropiado para la época de la apología desmesurada del emprendedurismo, la meritocracia y el productivismo individual es que, en los hechos, solo llegan a acceder al beneficio de la educación universitaria los que tienen dinero, la clase media, el “progre” porteño. “Los pobres” (así de crudo y torpemente enunciado está formulado por el discurso libertario) no llegan a la universidad pública. Por ende, lo que en apariencia es un derecho es en realidad un privilegio. Y los que defienden la Universidad pública son defensores de sus privilegios, y no de sus derechos. Menudo engaño hemos sufrido los argentinos en general, y quienes habitamos y creemos en el sistema público universitario muy en particular.

Los derechos en democracia no son solo un ideal abstracto, situado lejos de la situación de lo dado, son también configuraciones de lo dado

Compartir:

El punto, sin embargo, no es acá si esa situación imaginada por buena parte del sentido común y del mundo libertario se corresponde o no con los datos, con la realidad, con los números crudos del sistema público universitario (y digo números crudos no precisamente por sus resultados, sino por lo magro y dramático de sus números financieros, asfixiado económicamente por el gobierno). No se trata, para decirlo más simplemente, de “chequear” la verdad del razonamiento, su sustento empírico y concreto. De lo que se trata es, muy por el contrario, de leer el sentido nuevo, la nueva forma de expresar lo que se tiene y no se tiene por derecho, es decir de designar si es o no nuestro derecho, que funda ese razonamiento. Y ese sentido o expresión del Derecho es, insisto, profundamente conservadora. O, peor aún, es esencialmente antiliberal y antiigualitaria. Es exactamente el opuesto de la idea que nos legó la Revolución Francesa sobre lo que es el derecho: una condición que es común a todos, que nos pertenece y tiene entidad política por el simple hecho de estar declarada y declamada, impresa en el papel, vuelta derecho: todos los seres humanos, reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “nacen libres e iguales”. Y es, en efecto, por esa mera declaración de la igualdad entre los seres humanos, por su mera existencia como texto, que la desigualdad entre éstos puede, de hecho, zanjarse, porque esos derechos están escritos sobre piedra, insisto, porque son “inscripciones de la comunidad” en las leyes, los decretos, las constituciones, porque si están ahí están ahí para ser reclamados, porque los derechos en democracia, en suma, no son solo un ideal abstracto, situado lejos de la situación de lo dado, son también configuraciones de lo dado.

Ahora bien: la torpe y tramposa idea o razonamiento de que la educación universitaria es, de facto, un privilegio y no un derecho por su mera condición declamativa, debido a su irreconciliable correspondencia con la realidad concreta, esa torpe idea o razonamiento, decía también más arriba, es la pintura exacta del paisaje que pretende imponer como nuevo orden el gobierno libertario de Javier Milei y, más ampliamente, las derechas jacobinas globales: un orden en donde los derechos se ajusten a los hechos, donde la igualdad de derecho, en una palabra, sea suprimida por la desigualdad de hecho.