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La República Islámica se juega en esta guerra su propia supervivencia. EE. UU. e Israel no buscan disminuir sus capacidades militares, ni únicamente desmantelar su programa nuclear ni limitar el desarrollo de los misiles balísticos, sino destruir un orden político que gobierna el país desde 1979.

Se trató de un ataque cuyo objetivo final era provocar un cambio de régimen. La ofensiva no pretendía instalarse con presencia militar directa, sino provocar las condiciones para que fueran los propios iraníes quienes precipitaran el colapso del poder de los Ayatollahs, aunque eso significara desatar una guerra civil. Esa lógica quedó reflejada en las palabras de Donald Trump el viernes por la noche, cuando declaró: “El pueblo iraní tiene una oportunidad histórica de tomar el poder en sus propias manos”.

Lejos de una preocupación genuina por la democracia iraní, lo que Trump busca es favorecer un liderazgo afín, para que Irán acepte sus condiciones en temas como el desarrollo nuclear y el petróleo. Por eso, los ataques lanzados el 28 de febrero tuvieron como objetivo eliminar los sistemas de mando y control de Irán, así como sus principales redes de liderazgo.

Unas horas antes del ataque, el mediador omaní, había dicho que un acuerdo entre Irán y EE.UU. estaba cerca, en relación con las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán con mediación de Omán que se llevan a cabo en Ginebra, y que Teherán estaba dispuesto a hacer concesiones que nunca antes había hecho, como comprometerse a no acumular uranio enriquecido y a degradar el existente.

EE.UU. e Israel lanzaron un ataque contra Irán aprovechando su debilidad: el país enfrenta una profunda inestabilidad política reflejada en las protestas masivas que comenzaron en diciembre, mientras su programa nuclear y sus defensas quedaron heridos tras la ofensiva del año pasado, sumado a sus grandes problemas de seguridad debido a la infiltración israelí. Además, una crisis económica que ha devaluado la moneda nacional -una de las principales causas de las movilizaciones populares- y la pérdida de capacidad de sus milicias delegadas en países vecinos, tendencia que se profundiza desde 2023, a excepción de los grupos armados iraquíes afines a Irán.

Sin embargo, la respuesta inmediata de Teherán fue mucho más agresiva que durante la guerra de los 12 días: lanzó ataques coordinados con drones contra objetivos militares de EE.UU. en los países del Golfo y en territorio israelí. Los primeros tuvieron la intención de enviar un mensaje directo a sus vecinos: buscaron presionarlos para que intercedieran ante Estados Unidos y contribuyeran a frenar la ofensiva, mostrando que el conflicto no se limitaría a Israel, sino que podría extenderse a su entorno inmediato si no se lograba contener la escalada. Todo ello aun corriendo el riesgo de que esta estrategia tuviera un efecto contrario y en lugar de persuadirlos, terminara alineando aún más a los países del Golfo con Israel de cara a futuros ataques, reforzando la cooperación militar y política frente a la amenaza iraní.

Dentro de la estrategia iraní estaba contemplada la idea de que se produjeran ataques de “decapitación” y era necesario tener un plan que pudiera operar con una estructura de mando descentralizada. Para ello los objetivos debían estar fijados con anterioridad, para que la respuesta militar no se detuviera, incluso si el que desaparecía de escena era el jefe de Estado. Algo similar a lo que sucede en el entramado político-institucional, diseñado en un sistema para sobrevivir a situaciones de crisis.

En la estructura del Estado iraní existen instituciones electivas (presidencia, parlamento y Asamblea de Expertos) y no electivas (Consejo de Guardianes, Consejo de Discernimiento y Consejo de Seguridad Nacional). Estas últimas son los espacios donde la élite político-clerical resuelve sus diferencias. Pero los organismos tienen un entramado de controles recíprocos que hace que ninguno pueda tener capacidad de decisión absoluta por sí mismo.

El líder supremo es la autoridad máxima, jefe de Estado y líder espiritual. Si bien, junto con el Consejo de Guardianes, tiene predominio sobre el resto de las instituciones, no posee un poder absoluto. Alí Khamenei ocupó ese cargo tras la muerte de Ruhollah Jomeini en 1989. Durante la guerra Irán-Irak (1980-1988) Khamenei había desempeñado un papel político clave en el Consejo de Defensa y en la presidencia, legitimando el conflicto con una estrategia basada en la defensa territorial, la prolongación de la guerra como símbolo de supervivencia de la revolución y el fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria como fuerza paralela al ejército regular.

El artículo 111 de la Constitución establece que el líder supremo es designado por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 religiosos elegidos por votación popular, que deben tener amplio conocimiento de la ley islámica. El nuevo líder debe ser un clérigo que pueda demostrar competencia política, autoridad moral y lealtad a la República Islámica.

Formalmente, tras la muerte de Khamenei, el poder en Irán quedó en manos de un consejo interino de tres miembros, previsto por la Constitución. Este órgano está compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, un reformista moderado; el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, un conservador cercano al aparato de seguridad y a la Guardia Revolucionaria; y el ayatolá Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes y figura del clero tradicional, también alineado con posiciones conservadoras.

La muerte de Khamenei continúa rodeada de incertidumbre, algunos afirman que eligió convertirse en mártir al negarse a trasladarse a un escondite seguro, mientras que otros sostienen que fue víctima de una operación sorpresa. Lo cierto es que su desaparición física estaba entre los escenarios previstos, motivo por el cual, tras la ofensiva del año pasado, el líder Supremo comenzó a delinear un plan de transición destinado a garantizar la continuidad del sistema sin su liderazgo.

En ese marco, a partir de 2025, Alí Larijani se consolidó como uno de los hombres de confianza de Khamenei al ser nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, un puesto que lo situó en el corazón de las decisiones estratégicas del régimen. Desde allí reforzó su papel como asesor directo de Khamenei, gestionando temas centrales como las negociaciones nucleares y la coordinación con aliados regionales. Su perfil pragmático y su capacidad para moverse entre distintas facciones lo convirtieron en una figura clave en un momento de gran presión internacional y tensiones internas.

Ese mismo año, durante las protestas de diciembre de 2025, Larijani adoptó una postura firme en defensa del sistema. Supervisó la respuesta estatal frente a las manifestaciones y justificó la represión como una medida necesaria para preservar la estabilidad frente a lo que describió como intentos de desestabilización impulsados desde el exterior. Su actuación reforzó la idea de que era un dirigente capaz de garantizar la represión y la continuidad del régimen, posicionándose, como actor clave en la sucesión. Hasta el momento, su retórica sigue siendo dura, pero muchos analistas señalan que puede continuar una vía de negociaciones diplomáticas, un perfil pragmático, manteniendo así cohesionado el sistema.

Pero es importante tener en cuenta que el núcleo de poder de esta transición será la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y a juzgar por los últimos nombramientos está muy lejos de tener posiciones moderadas. Luego de que su comandante en jefe, Mohammad Pakpour, fuera asesinado en los ataques del 28 de febrero, fue designado Ahmad Vahidi como su sucesor. Con una larga trayectoria en las estructuras de seguridad de la República Islámica, Vahidi había dirigido previamente la Fuerza Quds, antecediendo a Qassem Soleimani, y más tarde ocupó el cargo de ministro del Interior.

Su nombre ha estado vinculado en los últimos años a graves violaciones de derechos humanos y a procesos judiciales internacionales, incluido el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, por el cual la justicia argentina lo identificó como uno de los principales sospechosos y emitió una orden de captura internacional.

Como ministro del Interior, también desempeñó un papel central en la gestión de la seguridad interna durante las protestas nacionales de 2022, marcadas por cientos de muertes y detenciones masivas, y fue considerado uno de los arquitectos de la política de uso obligatorio del velo.

Todas las opciones siguen abiertas: la transición del liderazgo iraní podría arrancar como un proceso cuidadosamente gestionado para preservar la continuidad institucional, pero en cualquier momento verse arrastrada hacia un desenlace inesperado. La Guardia Revolucionaria, con su poderío económico, podría transformar el sistema en un gobierno de corte militar clásico, con el riesgo latente de que se convierta en un Estado fallido. ¿Cuánto estará dispuesta a entregar la élite político-clerical para mantener su cohesión?

Igualmente, el desenlace dependerá, en buena medida, de si Israel quiere sostener una guerra prolongada contra Irán y, sobre todo, de si Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyo en un escenario de desgaste y sin plan para el “día después” a la vista.  La sucesión de Khamenei no solo definirá el futuro de Irán, sino el equilibrio de todo Oriente Medio.