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El conjunto de acontecimientos que se suceden cotidianamente a un ritmo extremadamente veloz nos obliga a repensar los paradigmas sobre los cuales basamos nuestros análisis y nuestras acciones en el terreno de la política y la economía.

En febrero de 2017, una noticia poco comentada nos alertó sobre un fenómeno que ya tenía importancia y volumen, pero que desde ese año en adelante se instaló como un tema crucial para la política global.

Dinamarca otorgó a las empresas globales la entidad de espacios no territoriales, aunque sí las reconoció como personas jurídicas ante las cuales nombró embajadores.

¿Fue un comienzo? ¿Un experimento? ¿O realmente se reconoció a las empresas globales como un nuevo actor del concierto político y económico que merecía un trato no territorial, pero con presencia objetiva más allá de las naciones?

La hipótesis que quiero compartir es que los capitales financieros globales y las empresas productoras de bienes y servicios han desarrollado una relación con las naciones y sus territorios desde un espacio virtual, considerando a los países como verdaderas locaciones para el desarrollo de sus objetivos.

Hoy vemos a los países competir como auténticos locadores para que las grandes empresas se instalen en sus territorios. Esto no parecería muy innovador si no fuera porque esas compañías han establecido una relación con millones de empleados muy distinta a la conocida en el siglo pasado.

Esos empleados directos y otros millones indirectos han conformado una masa de habitantes globales que depositan sus expectativas y esperanzas de vida no en un territorio con fronteras y límites, sino en un espacio virtual conformado por la empresa que los contiene.

Es común ver a esos habitantes globales recuperar su vínculo con el terruño en actividades cotidianas como deportes, música, gastronomía o costumbres. Sin embargo, sus intereses principales se concentran en el territorio global que satisface sus necesidades económicas.

Si esta hipótesis fuera cierta, estaríamos conformando un paradigma diferente al construido en el siglo pasado con la creación de organismos multilaterales que ordenaron las relaciones entre las naciones y además un comportamiento ciudadano radicalmente distinto.

Este cambio también modifica el marco de análisis de las economías nacionales, las relaciones laborales, las currículos educativos e incluso las relaciones jurídicas de los Estados.

En la medida en que esas empresas se instalan y se retiran de sus locaciones según sus propios intereses, esperan de sus empleados directos e indirectos una lealtad a sus objetivos, despojados de las necesidades de las comunidades que los rodean. Asimismo, las coberturas de salud y educación de sus familias se gestionan mediante instituciones con planes supranacionales, lo que imprime a esos habitantes una identidad distinta al resto.

Está claro que, por ahora, esas empresas no abarcan un porcentaje muy significativo de la población. Más bien constituyen una minoría global, aunque con una relevancia enorme en términos de consumo y poder social.

No se observa aún una forma de regulación para esas empresas y sus entornos, pero sí podemos observar la creación sistemática —aunque poco comprendida y expresada en las viejas instituciones nacionales— de economías circulares en territorios específicos, que van desarrollando comunidades con objetivos alejados de la competencia global.

Esas comunidades suelen ser categorizadas como informales desde las estructuras institucionales tradicionales, pero poco a poco las que realmente resultan informales frente a la nueva formalidad son esas mismas instituciones.

Esta hipótesis supone que cada vez serán menos los que tengan interés en participar en la política: no votan y se alejan de las llamadas políticas públicas, cooptadas por burocracias costosas e ineficientes.

La fortaleza de esas comunidades radicará en que serán ellas las que se ocupen de resolver los problemas cotidianos de los “informales”, que cada vez son más, y que junto con los ciudadanos globales se constituirán en las nuevas mayorías.

En ese marco, los viejos Estados nacionales se convertirían en administradores de las locaciones para las empresas globales y en ordenadores de las relaciones de las comunidades que contendrán a la mayoría de los habitantes.

Ese nuevo orden podría constituirse en la nueva formalidad, lo que obligaría a pensar en instituciones capaces de organizarla. Los viejos “formales” deberían repensar sus actividades en función de ser serviciales tanto para esas empresas como para esas comunidades.

Si este nuevo orden se establece, podría ser la base de una nueva paz mundial que los organismos multilaterales del siglo pasado ya no pueden garantizar.

Cohabitarán en los territorios dos formas organizativas: la global y la comunitaria, expresadas como en los círculos de la matemática de conjuntos, con espacios de intersección y otros más amplios en los que se desarrollan de manera independiente.

Las nuevas normas nacionales deberán ordenar y administrar esos pequeños espacios comunes para que puedan ser habitados de forma pacífica y positiva.

Es en ellos donde hoy se manifiestan con mayor fuerza los delitos, la violencia ciudadana y las contradicciones derivadas de distintas formas de relacionarse con el territorio y de resolver las necesidades individuales.

La justicia, la salud, la cultura y, fundamentalmente, las costumbres de cada sector —que podríamos denominar “los globales” y “los territoriales”— serán temas de desarrollo para las nuevas instituciones.

Mientras el viejo régimen de naciones con fronteras rígidas coexista con las nuevas relaciones de los dos sectores que se perfilan como organizadores de la nueva sociedad, habrá conflictos que los aprovechadores de las zonas grises utilizarán para jugar sus propios intereses.

Estos sectores son los retardatarios que supieron navegar en la ineficiencia del gasto de las instituciones del viejo régimen y quienes aprovechan la falta de organización del nuevo sistema para desplegar sus actos delictivos.

Dichos actos van desde el narcotráfico, el lavado de dinero, la elusión y evasión impositiva, hasta la vieja clase política devenida en oligarquía, al final de las “democracias representativas” que no representaban a nadie y vivían de la corrupción.

Argentina está viviendo esa etapa global de la peor manera. Las instituciones remanentes del viejo régimen son débiles, corruptas e ineficaces.

Los regímenes impositivos, laborales y penales, así como sus organizaciones territoriales (provincias y municipios), son obsoletos y un lastre para enfrentar el futuro.

Nuestro país se construyó sin ser una Nación. Una gran mayoría de sus provincias son verdaderos cotos de asalto a los recursos nacionales, no tienen objetivos propios ni planes de educación o desarrollo y, por consiguiente, solo existen para asaltar o garronear a las arcas nacionales.

Mientras tanto, su territorio más productivo, desde el nacimiento del país, la provincia de Buenos Aires, continúa intervenida desde el poder nacional con la complicidad de las provincias que, basadas en el viejo relato de unitarios y federales, asaltan a la más productiva de las provincias para convertirse en verdaderos parásitos.

Resolver estas anomalías desde el andamiaje vigente es imposible y llevaría un tiempo que el mundo no está dispuesto a otorgarnos como administradores de este espectacular territorio.

Por eso pienso que el actor más importante de esto que llamamos Argentina, su provincia madre, la de Buenos Aires, debe generar una alianza con la otra de mayor significación en la historia de nuestro país, Córdoba, para que juntas y en consonancia diseñen una Nación, que pueda afrontar con una presencia objetiva en el concierto global el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, culturales y materiales de nuestro territorio.

Una tarea necesaria e impostergable.