Se siguen sucediendo los aniversarios, los cincuenta años y ese artilugio de la memoria individual y colectiva que nos traslada como en un sueño vívido hacia los recuerdos resucitados con tal fidelidad que podemos sentir los aromas y los rostros jóvenes, lisos y diáfanos de nuestros ausentes y de nuestros veinte años.

Pronto, en un año, llegará los cuarenta años de nuestro tejerazo criollo, el primero de una serie que recién culminará con la acción firme de Menem en 1990. El impacto de este levantamiento a solo cinco años de aquella aventura golpista del español Tejero, felizmente abortada, que para un sector de mi generación que había pasado por el exilio interno y español para familiares y amigos fue muy grande, la sensación de vulnerabilidad de la democracia reciente lejos de paralizarnos nos movilizó, como a gran parte de la sociedad, para llenar las plazas de todo el país y la del Congreso en reclamo y defensa de lo que tanto había costado conseguir.

En diciembre de 1986, justo el 24 fue promulgada la Ley de Punto Final que establecía la caducidad de la acción penal para los imputados de delitos de lesa humanidad que no hubieran sido citados a declarar antes de los sesenta días de su promulgación. Esta prescripción de crímenes aberrantes lejos de detener los procesamientos los aceleró en manos de los organismos de derechos humanos, sus abogados y querellantes que trabajaron incansablemente durante los meses de enero y febrero, recuerdo haber compartido tareas de recopilación de testimonios y pruebas con muchos que ya no están entre nosotros pero que tendrán el reconocimiento eterno por su compromiso. Hasta el 28 de febrero de 1987, último día establecido para presentar solicitudes de procesamiento. De esta manera decenas de represores que habían actuado en el marco del terrorismo de Estado quedaron fuera de los alcances de la ley, es así como en abril de 1987 cuando fue citado el mayor Ernesto Barreiro, conocido por su ferocidad y sadismo en el campo de concentración La Perla, se atrincheró en Córdoba con el acompañamiento de varios camaradas mientras Aldo Rico hacía lo propio en Campo de Mayo, exigían una respuesta política a los juicios que se avecinaban.

La larga marcha de Alais hacia la nada había concluido con la solución amistosa, la que reclamaban los sublevados, la ley de obediencia debida vigente por muchos años.

Compartir:

Así comenzaba una jornada de verdadera resistencia y unidad política en defensa de las instituciones democráticas, y el garante para que ello ocurriera era el General Alais, con su tropa de tanques leales al gobierno y a la Constitución Nacional, marchaba desde Rosario. Nunca llegó, la espera fue interminable y el garante resultó ser como en el tango la noble viuda de un guerrero que ni murió ni fue guerrero, era uno de los responsables de los delitos de lesa humanidad en Tucumán.
Mientras tanto en la plaza una multitud conmovida esperaba a los leales para que sofocaran la rebelión, en su lugar salió un presidente acompañado por políticos de la oposición que dijo: “Felices pascuas la casa está en orden”. Entonces sucedió algo similar a lo ocurrido aquel 1 de mayo de 1974 cuando con una plaza de Mayo colmada salió Peron y nos dijo estúpidos y otros calificativos más, nos miramos unos a otros y nos preguntamos; “¿Qué dijo?”. Incrédulos como aquella jornada de un Peron enojado también nos hicimos la misma pregunta.

La larga marcha de Alais hacia la nada había concluido con la solución amistosa, la que reclamaban los sublevados, la ley de obediencia debida vigente por muchos años.

El camino iniciado contra esas leyes fue muy largo, sin embargo, en ese momento tuvimos la certeza de que, a pesar de todo, la continuidad democrática era intocable.

En el 2012 Alais llegó a su destino final, la prisión de Marcos Paz, donde murió a los ochenta y seis años sin ser juzgado por crímenes atroces cometidos como jefe del Regimiento 9 de Infantería de Tucumán. Fue declarado con demencia senil lo que evitó su juzgamiento y eventual condena.

Quizá allí resida la paradoja de nuestra tragedia, el que se negara a llegar a tiempo para presionar a un gobierno en pos de la impunidad, terminó en la prisión a la que llegó también muy tarde.