“El marxismo dice: la libertad es un prejuicio burgués. El fascismo afirma: la libertad es un cadáver putrefacto en el Estado… Nosotros decimos que la libertad es lo único que sirve, que da derecho a comer, que hay derecho de comer para conservar la vida”

Crisólogo Larralde

Un año y tres grandes razones, al menos. Un año, digo, pasó desde la asunción del gobierno de Milei y existen, al menos, tres grandes razones para pensar su llegada al poder como lo que en buena medida es: un acontecimiento. Podemos en primer lugar pensar ese acontecimiento desde el punto de vista más evidente: a partir de su meteórica y veloz carrera política, que va desde su candidatura y posterior elección como diputado nacional por la Capital Federal hasta su asunción como presidente de la Nación. Entre ambos hechos, en efecto, no hay más que dos años: desde el lanzamiento de su postulación a las elecciones legislativas de 2021 y el lanzamiento de su candidatura presidencial no pasaron más que 24 cortos meses que sin dudas configuran, por la velocidad de su ascenso, un acontecimiento político inédito. En segundo lugar, es posible pensar este mismo acontecimiento desde el costado que constituye su “perfil” como candidato: un outsider de la política proclamado a sí mismo como anarcocapitalista. La doble rareza de este perfil individual e ideológico conforma en buen grado la segunda manera de abordar este acontecimiento: “salido” de los sets de televisión en donde supo destacarse como panelista de diferentes programas políticos por su histrionismo y vehemencia, por sus gestos ampulosos y su mirada hipercrítica de la “clase política”, Milei edificó su trayectoria política sobre la base de su total ajenidad para con la función pública y el sistema político en su conjunto. A esta rareza, decía, se le suma entonces la rareza de su perfil ideológico: lector y seguidor, según sus propias palabras, de pensadores muy marginales de la teoría económica como Murray Rothbard y David Friedman, el actual presidente de la Nación no ha dejado de identificarse y mostrarse en los diferentes escenarios en los que fue orador o protagonista, como es el caso de su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora motorizada por el actual presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, como defensor e impulsor del paradigma económico anarco-capitalista, una tradición de pensamiento sin ningún tipo de antecedentes en la cultura política argentina.

La Revolución Libertaria, por ende, encarna una forma de reacción contra esta idea de justicia social que constituye el consenso democrático, pero no solo en su versión o pliegue kirchnerista / peronista sino también en su torsión alfonsinista / radical

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Es posible, sin embargo, esbozar una tercera forma de considerar el acontecimiento político que conforma la llegada de Milei a la presidencia: su vocación manifiesta de plantear una serie de rupturas con el pasado reciente de la todavía joven democracia argentina contemporánea. Algo que desde luego no es nuevo en el escenario político nacional y más ampliamente en la política a secas en la medida en que todo nuevo gobierno, (y toda política, en efecto), supo (e intenta) edificar su “narrativa” alrededor de algún tipo de ruptura con el pasado reciente. Esto último, por ende, no es “lo nuevo” del acontecimiento. Lo nuevo en todo caso es la calidad o el carácter que tienen esta serie de rupturas que desde mi punto de vista podrían sintetizarse en dos, anverso del reverso, ambas, de lo mismo: las dos rupturas que el mileismo plantea con el consenso democrático que dio origen a nuestra democracia. Ambas forman parte de lo que el propio Milei ha llamado la Revolución Libertaria. Esta Revolución tiene dos grandes aristas. La primera es la que encarna más paradigmáticamente la vocación “revisionista” de la última torsión de ese consenso, realizada por el kirchnerismo y cuya mejor representante o exponente es la vicepresidenta. El kirchnerismo realizó en efecto un doble movimiento con respecto a aquel consenso surgido al calor del proceso político y de los hechos que signaron la vuelta de la democracia en los ochenta (la derogación de las leyes de la dictadura, la Ley de Pacificación Nacional, la reforma del Código Militar, el Juicio a las Juntas, pero también las leyes de obediencia debida y punto final, por caso). El primer gobierno de Néstor derogó las leyes de obediencia debida y punto final abriendo paso a la reapertura de los Juicios contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Esta reapertura no tuvo sin embargo ni jurídica ni políticamente el mismo sentido que tuvo en su momento el Juicio a las Juntas. La reapertura de los juicios estuvo signada por los debates jurídicos en torno a las características de las víctimas de aquellas violaciones o delitos, primando finalmente en esos debates la idea de que debía ser enfatizado el carácter militante o político de estas, esto es su procedencia o adscripción ideológica, algo que asimismo estuvo especialmente “soslayado” no solo en el propio Juicio a las Juntas en el ’85 sino en la recopilación y en la reconstrucción por parte de los denunciantes y la CONADEP de los crímenes dictatoriales, adoptando tanto las denuncias como la recopilación y reconstrucción de los datos de esas víctimas, su carácter de víctimas, más allá de toda inscripción político-ideológica (a través de la adopción de los estándares internacionales sobre los derechos humanos para la reconstrucción de estos datos y para la realización de esas denuncias).

El consenso del 83, en suma, privilegió el carácter universal de las víctimas de la última dictadura militar, es decir su mero carácter de víctimas más allá de cualquier tipo de condición ideológica de estas últimas, anudando así el terrorismo de Estado al daño que realizó este último al cuerpo político y social en su conjunto. El doble movimiento que antes mencionaba realizó entonces el kirchnerismo a este consenso, y que efectuó no solo a través de su “intervención” en los debates legislativos sino políticos, esto es por medio de la disputa de su sentido, implicó así un juego de dos puntas: trocar mayor universalidad por mayor particularidad resaltando de este modo el perfil ideológico político de las víctimas asociando, en un mismo movimiento, el terrorismo de Estado a la vocación de la dictadura de poner fin al proceso político cuyo imaginario político detentaban alguno sectores del peronismo, circunstancia que en más de una ocasión la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner designó a través de la idea de aquella de poner fin a los ideales de justicia e igualdad de esa “juventud maravillosa”[1] que constituyeron, según Cristina, los sectores revolucionarios y de izquierda del peronismo de la época. Contra esta torsión que produjo el kirchnerismo, que en el debate o la conversación pública adoptó el fallido nombre de la “partidización” por parte de este último de la causa de los derechos humanos, se levanta Milei y su Revolución Libertaria como acontecimiento político. La disputa por el sentido de justicia y de la memoria que tejió el kirchnerismo desde su asunción al poder, que es a su vez un estilo específico de torsión o pliegue del sentido de aquel consenso postdictadura, lo encarna políticamente la vicepresidenta, algo que por caso se puso de manifiesto no solo en los debates de la campaña sino en cada una de las declaraciones y acciones que esta última impulsa, particularmente en su vocación de ampliar el juzgamiento por los delitos contra los derechos humanos a los delitos cometidos por las organizaciones armadas de la izquierda peronista[2].  

La batalla de Milei y de la Revolución Libertaria contra el Estado, desde mi punto de vista, debe entenderse mucho menos como un desprecio a la democracia “a secas” y mucho más como una batalla contra la idea de justicia social

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La segunda arista que desde mi punto de vista permite comprender la ruptura que en relación con el pasado reciente pretende llevar a cabo la Revolución Libertaria de Milei y que en este sentido conforma el segundo pilar de esta Revolución o expresión política, el mileismo, es aquella que intenta borrar y discutir la idea de justicia social que en lo central erigió el consenso democrático en Argentina y que en gran medida expresa la frase de Alfonsín “con la democracia no solo se vota sino que también se come, se cura y se educa”. Esta idea, sin embargo, no permaneció desde aquella proclamación de Alfonsín en su primer discurso frente a la Asamblea Legislativa indemne, ni mucho menos. En efecto, si bien es posible ubicar su ilustración más acabada en la cultura política del peronismo (y más particularmente en la apropiación por parte de este último de la doctrina social de la Iglesia Católica, impulsada por el papado de Pío XI), su interpretación en boca de Alfonsín y del radicalismo remite, como señala Pablo Gerchunoff en su reciente libro sobre Alfonsín[3], a la Declaración de Avellaneda del 4 de Abril de 1945, documento firmado por el Movimiento de Intransigencia y Renovación, una fracción del radicalismo surgida luego de la muerte de Hipólito Yrigoyen en la década del ‘30. Luego del gobierno de Alfonsín el kirchnerismo realizó también su propia interpretación de esta idea, anclándola sin embargo al acervo de la propia tradición peronista, tanto a su versión más clásica como, nuevamente, al imaginario revolucionario de la izquierda peronista de los ’70.

La Revolución Libertaria, por ende, encarna una forma de reacción contra esta idea de justicia social que constituye el consenso democrático, pero no solo en su versión o pliegue kirchnerista / peronista sino también en su torsión alfonsinista / radical. Si la vicepresidenta es la que mejor expresa esta reacción contra el pliegue o la torsión kirchnerista de dicho consenso en lo que refiere a la interpretación de los derechos humanos y a su particular interpretación del terrorismo de Estado y de sus víctimas, el presidente es sin dudas el que mejor expresa la disputa por el sentido y la interpretación de esta segunda punta o arista de ese consenso. El principio genitivo de la justicia social, no obstante, no se mantuvo indemne a lo largo del tiempo. Si en los inicios de la democracia argentina en los ochenta Alfonsín supo enarbolarla haciendo pie en la tradición radical, una tradición cuyo ideario de justicia social se remonta al propio Yrigoyen y a sus políticas sociales, pero que tiene quizás en la Declaración del ’45 del MID su expresión “ideológica” más acabada, por un lado, declaración cuyas palabras, por el otro, el convencional Moisés Lebenshon recogería luego en la Asamblea Constituyente del ’49, el kirchnerismo, decía, se apoyó fundamentalmente en la tradición o en el acervo peronista, tanto en su versión clásica como en la versión de la izquierda revolucionaria de los ’70. Los signos de esta reacción se ponen de relieve no solo en las propias políticas del gobierno sino en lo que este último adoptó como una de sus peleas decisivas: su disputa en torno a lo que aquel denomina “la batalla cultural”.

Milei edificó su trayectoria política sobre la base de su total ajenidad para con la función pública y el sistema político en su conjunto

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No es casual que esta batalla remita o refiera, en los discursos del Presidente y de varios de sus principales dirigentes o funcionarios, a diferentes fechas o acontecimientos decisivos en la conformación histórica y política del ideario de la justicia social en las diferentes expresiones o tradiciones políticas de nuestra cultura política. En algunos casos, en efecto, remite a la decisiva fecha de 1916, primer año de implementación de la Ley Sáenz Peña, que puso en práctica la elección y el sufragio obligatorio y secreto, poniendo fin al Orden Conservador basado en las elecciones fraudulentas[4], por un lado, e iniciando a su vez el primer gobierno democrático, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, fundador de aquel ideario en el radicalismo (ideario, insisto, que luego es recogido por una parte del radicalismo durante el resto del siglo XX, vía Lebenshon y Larralde, primero, y vía Alfonsín en el ‘83); en otras ocasiones, por el contrario, esa batalla tiene su fecha de comienzo en los últimos 70 / 80 años, período en el que tuvo lugar el primer peronismo, segunda expresión o tradición política que recoge por medio de otras fuentes ese mismo ideario que luego es llevado a la práctica con la Reforma Constitucional del ’49 (en donde en efecto interviene Lebenshon como Jefe de la bancada radical y critica la interpretación peronista de dicho principio); durante la campaña, por otro lado, el inicio de la decadencia que la batalla cultural debería enfrentar se ubica con el propio Alfonsín y el inicio del ciclo democrático contemporáneo; y, por último, desde su ascenso al poder esa batalla tiene como blanco fundamentalmente a las políticas sociales que puso en práctica el kirchnerismo en base a su particular interpretación del principio de justicia social que constituye el consenso democrático. La batalla de Milei y de la Revolución Libertaria contra el Estado, desde mi punto de vista, debe entenderse mucho menos como un desprecio a la democracia “a secas” y mucho más como una batalla contra la idea de justicia social que desde el 83, y con sus matices, ha sido enarbolada y reactivada por los diferentes gobiernos democráticos y que dio forma a nuestra democracia en los últimos 40 años.  

[1] Véase, por ejemplo, el discurso de la ex presidenta del día 14 de septiembre de 2010.

[2] Trato con mayor detalle esto último en “La revolución libertaria y el consenso democrático”, publicado aquí mismo el 15 de septiembre de 2024

[3] Gerchunoff, Pablo (2023): Alfonsín. El planisferio invertido, Buenos Aires, Edhasa.

[4] Botana, Natalio (2021). El orden conservador. La política argentina entre 1880-1916, Buenos Aires, Edhasa.