06 de julio de 2026
Ideas fuerza
La política nacional enfrenta un tiempo de desconcierto que no es producto de la casualidad, sino el reflejo de un sistema agotado que ya no tiene nada que ofrecer. Este régimen caduco es bifronte: dos caras que, como Jano, miran en sentidos opuestos, pero comparten una misma lógica política y territorial. Hemos vivido durante décadas una pugna entre dos modelos económicos que, más allá de sus diferencias, tienen la misma matriz: consumir los excedentes producidos en el interior del país sin integrar ese espacio en un proyecto estratégico de desarrollo nacional.
Uno de esos modelos, el de la city financiera, se apoya en la apreciación cambiaria y la especulación. El otro, el mercado-internista con epicentro en el conurbano bonaerense, basado en el consumo acelerado y la importación subsidiada, también con dólar barato. Ambos fracasan recurrentemente, generando inflación, devaluaciones y estancamiento. Ambos elaboraron retóricas nacionales que solo velan intereses localistas, conservando, sin cambio alguno, las instituciones económicas centrales: la moneda, los impuestos, la infraestructura. Se trata, en definitiva, de dos modelos que triunfan fracasando: sus crisis les permiten regenerarse con nueva piel, sin alterar jamás el esquema centralista que los sustenta.
El mandato fundamental de una nación organizada jurídicamente es dotar de integridad a su territorio, poblarlo y desarrollar sociedades complejas con creciente calidad de vida. No hay desarrollo nacional sin integración territorial, sin un denso sistema de ciudades articuladas por lazos económicos y culturales. La federación es la expresión jurídica de esa integración y la diagonal material para realizar los principios republicanos y democráticos. Como expresó Andrade en Las dos políticas, cuando la federación se debilita, la historia vuelve a rimar versos conocidos.
Las provincias del centro litoral han aportado históricamente su impronta decisiva al proyecto de la Argentina Americana: la Liga de los Pueblos Libres bajo Artigas, el constitucionalismo de López, la pluma de Alberdi y Fragueiro, la Reforma de Córdoba, el desarrollo industrial y tecnocientífico, la revolución verde. La tarea no es invertir la ecuación y que las provincias vacíen el AMBA —eso sería un error y un objetivo impracticable—, sino construir una nueva institucionalidad económica nacional donde las provincias recuperen voz y participación. Ganar estabilidad y proyectar un capitalismo productivo solo es posible federalizando las instituciones económicas soberanas, mandato plasmado en la Constitución de 1994 y sistemáticamente incumplido.
Como escribió Martí en Nuestra América mientras cubría la Conferencia Panamericana en Washington: “lo que quede de aldea en América ha de despertar”. La Argentina que despierta es la Argentina republicana, democrática y federalista, la tierra de tierras, cuya misión histórica sigue siendo poblar, hacer crecer y proyectar al mundo la Argentina Americana.
Hemos vivido durante décadas una pugna entre dos modelos económicos que, más allá de sus diferencias, tienen la misma matriz: consumir los excedentes producidos en el interior del país sin integrar ese espacio en un proyecto estratégico de desarrollo nacional.
Situación: la economía política de la dialéctica del AMBA
Cada vez que se impusieron los intereses de la ciudad financiera se repitió la misma estrategia: tipo de cambio apreciado, altos rendimientos en moneda local valuados en divisa extranjera y apertura comercial. El resultado fue siempre convergente: un cambio drástico en precios relativos que generó optimismo transitorio y voracidad importadora financiada con deuda externa. Cuando el ingreso de capitales cesó, la burbuja se desestabilizó, los miedos devaluatorios se generalizaron y la suerte quedó echada. El saldo: compromisos externos que comprometen la estatalidad, actividad deprimida e indexación inflacionaria, rompiendo todos los registros anteriores.
Este ciclo parece ser un rasgo exclusivamente argentino, ausente en Brasil o Chile. Sólo aquí la apreciación cambiaria y la valorización financiera llegaron tan lejos y en tantas oportunidades. Esto le otorga total racionalidad a la obsesión por el dólar billete —frecuentemente confundida con una peculiaridad cultural— que es en realidad una respuesta lógica a una volatilidad inducida por las propias políticas económicas. Cerca de 250 mil millones de dólares permanecen como ahorros latentes e improductivos, recursos que serían vitales para financiar inversiones exportadoras si existiera un marco macroeconómico estable.
El modelo de la city no es el único. La historia reciente también muestra una repetición de intentos de acelerar el crecimiento en base al consumo interno y control de la inflación nuevamente con apreciación cambiaria. Pero en este caso, no una apreciación generalizada sino sobre la base de la existencia de dos tipos de cambio, el comercial, barato y selectivo para los importadores, y el libre, más caro, para los exportadores y el resto de la economía nacional. La brecha cambiaria se convierte en el mecanismo por excelencia de transferencias de rentas hacia los importadores que aprovechan esta diferencia para revalorizar su capital sobre la base de la importación subsidiada. La lógica de este sistema refuerza sus contradicciones sobre la base de un principio simplificado: el incremento de la demanda aumenta la importación subsidiada, pero ello presiona sobre el tipo de cambio, incrementando la brecha. Sin embargo, a más brecha, los importadores aceleran importaciones, se estoquean y pretenden aprovechar la diferencia cambiaria como si no hubiera mañana. Incluso se apela al mecanismo del endeudamiento privado postergando el pago de importaciones a fin de aprovechar esta diferencia. La insistencia con este tipo de estrategia ha sido sencillamente obstinada, a tal punto que incluso en el marco de la peor sequía de la historia reciente, en el 2023, esta no fue revertida acelerando el proceso de importaciones aun cuando ello suponía precipitarse sobre una crisis cambiaria.
Más allá de los territorios y grupos sociales beneficiados por estas estrategias, quedan en evidencia los siguientes aspectos:
Son modelos insostenibles e inestables que provocan crisis recurrentes que erosionan no sólo la capacidad económica de la Argentina, sino también, las expectativas y la moral de un pueblo que parece no tener destino.
Suponen una orientación de los excedentes hacia formas que no producen un verdadero desarrollo nacional. Por el contrario, se premia y alienta que los excedentes acaben dilapidándose en finalidades improductivas, como la importación de lujo o el atesoramiento, o se destinen al desarrollo de procesos de acumulación dependientes de la importación barata y sin perspectivas de crear capacidades productivas exportadoras.
Los procesos de acumulación de capital y la realización de obras de infraestructura se fagocitan en un espacio concentrado y orientado hacia el puerto de Buenos Aires. La megaciudad rica en el centro con un conurbano empobrecido, son las dos caras de este juego dialéctico autodestructivo. Mientras tanto, el sistema de ciudades que puebla el interior del país resiste en un abandono estructural.
El sistema se contrae sobre sí mismo y la proyección internacional de la Argentina se acaba agotando en una discusión de los socios comerciales o geopolíticos que dominan en el espacio mundial. Por el contrario, la principal geopolítica para nosotros para nuestra realidad y nuestros intereses, que es la de la integración continental simplemente es abandonada. La proyección política continental habita en el corazón del territorio de la Confederación Argentina, en el sistema hidrológico del Paraná Paraguay y en las conexiones interoceánicas por tierra y por mar. Sin embargo, los modelos vigentes la abandonan de facto estableciendo un hinterland de interés que no supera el puerto de Timbúes, la zona núcleo y en todo caso los enclaves hidrocarburíferos y mineros, observados exclusivamente como fuentes de divisas para darle un poco más de aire a estas estrategias.
Por último, pero no por ello menos importante, existe un rasgo adicional que está presente transversalmente y que se ha constituido en otra seña de identidad del capitalismo argentino, sintomático de esta situación que define nuestra coyuntura histórica. Anualmente, cerca de 9 mil millones de dólares a plata de hoy, fluyen desde las regiones exportadoras hacia el Estado nacional en forma de derechos de exportación, particularmente provenientes de las exportaciones agrícolas y agroindustriales. Es importante poder distinguir las distintas funcionalidades que cumple el flujo de esta enorme masa de recursos, en relación con los procesos de desarrollo y las particularidades del capitalismo argentino. En primer lugar, es cierto que los derechos de exportación tienen una funcionalidad inicial que es la de separar el precio interno de los alimentos de aquel que rige a nivel internacional. Sin embargo, ello no impide que los recursos recaudados retornen a los productores por una ventanilla diferente y se evite la apropiación de la parte que no corresponde a los precios internos, sino que corresponde directamente al beneficio de la exportación. En consecuencia, las retenciones tienen también una función recaudatoria, que, tiene una magnitud exactamente igual a aquella que el Estado nacional no recauda por impuestos a los ingresos.
Si las retenciones pueden tener cierta justificación para separar el precio de los alimentos internos respecto del internacional, no tienen ninguna justificación como herramienta de recaudación fiscal. Esto es así porque, fundamentalmente, acaban teniendo por función, fácticamente, la de desplazar a otros tributos mucho más importantes y directos: el impuesto a los ingresos (nacional y coparticipable) y el impuesto inmobiliario rural (recaudado por las provincias y que tiene como base imponible la renta diferencial). Sobre el impuesto a los ingresos (mal denominado impuesto a las ganancias por nuestra legislación) merece hacerse una aclaración, pues no se trata sólo de aquello que el Estado se pierde de recaudar porque ingresa vía retenciones, sino que además las retenciones les permiten al Estado nacional no avanzar en una buena y acorde reforma y aplicación de este impuesto, mal diseñado y mal cobrado, incluso en la comparación con países vecinos. En definitiva, el Estado nacional no sólo desplaza al impuesto a los ingresos, sino que además lo reemplaza, recostándose en la facilidad de cobro de los derechos de exportación.
Esperar lo nuevo como destino inevitable es un optimismo especulativo que riñe con la realidad: el cambio social lo construyen los procesos de largo aliento.
Naturalmente, todo esto tiene consecuencias territoriales de primer orden. Las regiones exportadoras entregan recursos al poder Ejecutivo del Estado nacional para que este los utilice de forma discrecional y éste, efectivamente, los utiliza para limitar intentos de autonomía política de las provincias. División, extorsión y compras de voluntades, así los Estados provinciales encuentran en las retenciones no sólo un drenaje de excedentes sino también una herramienta en su contra, en contra de la posibilidad de participar en la discusión económica nacional en condiciones de mínima autonomía y reconocimiento.
Finalmente, cuando uno suma ambos elementos, apreciación cambiaria generalizada, o brecha cambiaria para los exportadores, más retenciones, entonces las condiciones se vuelven críticas en el mundo agrícola, sobre todo más allá de los límites de la zona núcleo. Las explotaciones agropecuarias comienzan a mostrar beneficios cercanos a cero, si no negativos y cualquier evento desfavorable (caída de los precios de las materias primas o condiciones climáticas adversas) pueden significar perdidas insalvables, ciclos de endeudamiento, quebrantos y remates. Basta recordar las imágenes de productores y propietarios encadenados a los campos a fines de la década de 1990 y comienzos de la de los 2000 para evitar remates ante créditos impagables. En este contexto, la presión sobre nuestra región, y en particular sobre las tierras que tiene rendimientos más ajustados, termina siendo fatal, completando un cuadro que combina: estrategias económicas inestables e insostenibles, que drenan nuestros recursos para darles una finalidad improductiva, que replican y profundizan un patrón territorial de desarrollo hiper concentrado, y que le da la espalda al proceso natural y estratégico de ocupación territorial e integración americana de la Argentina.
¿Qué hacer?
El diagnóstico anterior sienta las bases de las tareas del presente. Las premisas programáticas son el punto más concreto en que se pone en juego la realidad del proyecto federalista. A continuación, se presentan tres lineamientos que consideramos un punto de partida.
Federalizar las instituciones económicas soberanas: el Banco Federal
El valor estratégico de federalizar las instituciones económicas soberanas es el principal corolario del diagnóstico anterior. La política monetaria y cambiaria es el nudo de ese problema, y el BCRA su institución nodal. Desde allí, las élites portuarias —a uno y otro lado de la dialéctica del AMBA— manejaron con máscaras tecnocráticas las principales herramientas de la política económica nacional. La pretendida “independencia” del banco central significó en los hechos su autonomización respecto de la realidad concreta de la nación: sirvió a la renta especulativo-financiera o al subsidio-importador, nunca a los intereses del territorio productivo.
La reforma fundamental es reemplazar el BCRA por un Banco Federal Argentino, inspirado en el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos: un banco donde las provincias participen directamente en el gobierno y sean los principales decisores; donde existan criterios regionales en la construcción de la política monetaria y cambiaria; donde se formen balances y contrapesos que rompan con la repetición trágica de la dialéctica del AMBA; y donde prime una orientación hacia la acumulación productiva —agropecuaria, industrial, tecnocientífica— con mercado interno robusto y capacidades exportadoras diversificadas.
La propia Constitución de 1994 lo manda en el artículo 75, inciso 6: el Congreso debe establecer y reglamentar “un banco federal con facultad de emitir moneda”. En los diarios de sesiones de la convención constituyente, el Dr. Díaz Araujo fue explícito: “no es un simple cambio de nombres sino la federalización de la política monetaria y la fiscalización y orientación del crédito en función de las necesidades de las provincias argentinas”. Tres décadas de incumplimiento bastan.
La federación es la expresión jurídica de esa integración y la diagonal material para realizar los principios republicanos y democráticos.
Una nueva tributación federalista
El sistema tributario es síntoma directo de la debilidad estructural de nuestra organización jurídico-política. En Argentina los impuestos que recaen sobre la actividad son elevadísimos, mientras el impuesto a los ingresos de las personas —columna vertebral de la tributación moderna en cualquier país comparable— es escaso, mal diseñado y peor cobrado. La agencia recaudadora es hipercentralista y presidencialista: actúa como primera arma de presión extorsiva del Ejecutivo nacional sobre gobernadores y legisladores. La coparticipación, desactualizada y parcheada, se convirtió en una madeja de flujos discrecionales que convierte el Congreso en mercado de compraventa de voluntades políticas a cambio de recursos miserables para las provincias.
El sistema debe darse vuelta de raíz: el organismo recaudador debe ser federalizado —las provincias lo gobiernan, no el presidente—, tal como manda la Constitución de 1994 sin que se haya cumplido jamás. Los impuestos dejan de ser “nacionales” para ser federales: comunes y gobernados por las provincias, que financian a la Nación y no al revés. La nueva ley de coparticipación definirá qué porcentaje de la masa coparticipable financia al Estado nacional; el Congreso presupuestará ese gasto año a año. La nueva tributación debe gravar los ingresos y el consumo, y desgravar la actividad y la producción. Las retenciones pierden su función recaudatoria: si existen por razones de política de precios internos, lo recaudado debe retornar íntegramente a los productores y a las regiones productoras.
Una macroeconomía para la acumulación productiva y un nuevo vector territorial
La macroeconomía argentina mostró con toda claridad sus prioridades fácticas: la acumulación improductiva y la disputa por los excedentes de la exportación agroindustrial, mediante estrategias de dólar subsidiado que siempre terminan en crisis. El cambio de orientación es ineludible: mantener un tipo de cambio competitivo que cuide las cuentas externas y fomente la producción, no la especulación. Un tipo de cambio realista y estable, con flotación administrada, convierte los ingresos de divisas en reservas internacionales y luego en crecimiento económico, estimula la inversión productiva y desalienta el atesoramiento improductivo. Es la única forma de que los cerca de 250 mil millones de dólares ahorrados fuera del sistema vuelvan a circular productivamente.
En ese marco, las retenciones no pueden eliminarse si el tipo de cambio es competitivo, pero su producido debe retornar a los exportadores y a las regiones productoras mediante gestión federalizada —a través del Banco Federal, la administración federal de impuestos o un organismo específico—. La política de tasas de interés debe alinearse con la región: los bonos en pesos y en dólares deben converger a una tasa similar en moneda dura a la de los países del cono sur, evitando los bruscos movimientos cambiarios que desplazan recursos del sistema productivo. Se deben crear herramientas financieras público-privadas que canalicen el ahorro de los inversores minoristas hacia actividades exportadoras, ampliando la posición de inversión internacional del país.
Todo esto requiere un compromiso férreo de trabajadores y empresarios para acordar pautas de crecimiento salarial compatibles con la estabilidad de precios y el equilibrio del balance de pagos: salarios reales en pesos creciendo sobre la base de lo que Argentina puede producir, y salarios en dólares creciendo en la medida en que la capacidad exportadora lo permita. El Estado, por su parte, debe comprometerse a no usar déficit fiscal, deuda externa o reservas para postergar los límites estructurales de la oferta. El déficit es el síntoma de una economía incapaz de crecer sin acumular tensiones; su solución es siempre el crecimiento de la producción, con empleo y calidad de vida crecientes, en equilibrio intertemporal del balance de pagos.
Para consolidar un nuevo vector territorial de desarrollo, Argentina debe usar sus extraordinarios recursos hidrocarburíferos y mineros como base de un proceso de industrialización descentralizado: alimentos, energía y minería como punto de partida de cadenas de valor radicadas en el sistema de ciudades del interior, no hiperconcentradas en el AMBA. Planes de promoción basados en energía y materias primas a precios competitivos; un organismo federal de planificación del desarrollo que construya y refrende legislativamente un plan federal de infraestructura como guía del crecimiento; y una proyección internacional deliberada que priorice la integración sudamericana: el sistema hidrológico del Paraná-Paraguay y los corredores bioceánicos que articulen materialmente a los países del cono sur.
Epílogo
Se repite la idea de que algo nuevo tiene que nacer en la Argentina contemporánea. Todos observan con perplejidad cómo un cambio político novedoso es, en el fondo, una repetición de lo mismo. Esperar lo nuevo como destino inevitable es un optimismo especulativo que riñe con la realidad: el cambio social lo construyen los procesos de largo aliento, sobre los cuales debemos elaborar interpretaciones correctas para empujar desde una pisada firme.
Las últimas cinco décadas, salvo excepciones, estuvieron marcadas por un capitalismo rentístico. La renta financiera y la renta importadora persistieron en base a un subsidio permanente al dólar barato, mientras los espacios exportadores quedaron fuera del convite. El sistema de ciudades que se extiende desde la Cordillera hasta la selva misionera perdió peso, mientras el AMBA absorbió recursos, población, poder y centralidad.
Es el momento de invertir la ecuación desde la Argentina profunda, a sabiendas de que la república democrática federal es el pilar constitucional de nuestra existencia. Este documento no es más que un disparador y una invitación a los federalistas argentinos a construir el futuro de esta joven nación americana. Nuestra vitalidad está intacta; el agotamiento y la falta de sentido no son nuestros, sino de un sistema que ya no tiene utilidad. El mensaje tiene que ser el nuestro, desde lo profundo de la historia y el corazón de nuestro continente: la maravillosa tarea de realizar en el mundo una Argentina universal, una Argentina americana.



