14 de julio de 2026
El 10 de abril, el Gobierno anunció -esta vez sí, por cadena nacional- un cambio de régimen. Lo denominó “liberación del mercado cambiario”. En la práctica, fue una corrección tardía y forzada de una estrategia insostenible: mantener un tipo de cambio cuasifijo en una economía bimonetaria, con inflación acumulada, restricciones arbitrarias y reservas netas en rojo.
¿Era necesario salir del cepo? Por supuesto. Un mercado cambiario libre y transparente es condición para exportar, invertir y crecer. Pero el problema no fue la decisión, sino la ruptura del pacto implícito que sostenía el régimen anterior. Para que un esquema como el crawling peg funcione en una economía frágil, no alcanza con técnica: se necesita credibilidad. La regla podía presentarse como transitoria, pero su eficacia dependía de que los actores económicos creyeran que sería mantenida con firmeza.
El presidente había escrito, el 7 de febrero en La Nación, que no se modificaría el régimen cambiario. Que el crawling peg era el instrumento más adecuado para la transición. Dos meses después, cambió todo. No solo se desarmó la regla: se erosionó la confianza en la palabra presidencial y en la capacidad institucional del Estado para mantener un rumbo. Y sin credibilidad, no hay ancla que aguante.
En política, la palabra es un activo. En economía, también. Y en un país que necesita estabilizar su moneda, desvalorizar la palabra presidencial no es solo un error comunicacional: es un riesgo institucional.
El superávit fiscal, por sí solo, no estabiliza. Y sin reservas, sin confianza y sin reglas claras, ningún tipo de cambio es sostenible
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional blanquea, con lenguaje técnico, lo que el Gobierno negó hasta hace semanas: que el tipo de cambio oficial ya no podía funcionar como ancla del programa. La flotación administrada dentro de bandas explícitas -entre $1.000 y $1.400 por dólar- no es una concesión, es una admisión: el régimen anterior había fracasado.
La inconsistencia era evidente. Mientras el Gobierno insistía en que el dólar estaba bajo control, el mercado lo desmentía: caída en las liquidaciones, presión sobre los dólares paralelos, deterioro de reservas y pérdida de competitividad externa.
La inflación no se desacelera por decreto. El superávit fiscal, por sí solo, no estabiliza. Y sin reservas, sin confianza y sin reglas claras, ningún tipo de cambio es sostenible.
El nuevo esquema introduce cambios relevantes: metas duras de acumulación de reservas netas, transición a un régimen de agregados monetarios, eliminación progresiva del financiamiento monetario. Todo eso se parece a un plan. Pero aún no configura una estrategia.
Porque una estrategia requiere consistencia, institucionalidad y horizonte. Y eso hoy está ausente. Argentina sigue sin presupuesto aprobado por el Congreso. El equilibrio fiscal se mantiene con partidas subejecutadas y recortes extremos. Las reformas estructurales se anuncian, pero no se debaten. La política permanece ausente, salvo para administrar conflictos o buscar culpables.
Y además -conviene recordarlo- la economía, más allá de sus anclas nominales, se estructura sobre fundamentos reales: la capacidad de producir, los precios relativos que guían esa producción y el nivel tecnológico que define su productividad. Ningún esquema basado en agregados monetarios o metas fiscales puede sustituir el rol central del capital físico, humano y organizativo en la generación de valor. Una estrategia de estabilización que no atienda los incentivos a la inversión, a la formalización del empleo y a la inserción exportadora, corre el riesgo de estabilizar sin crecer, o de estabilizar para pocos.
En un país que necesita estabilizar su moneda, desvalorizar la palabra presidencial no es solo un error comunicacional: es un riesgo institucional
El presidente construyó su legitimidad en el rechazo al sistema. Pero ahora necesita ese sistema para mantener su programa. Necesita del Congreso para reformar. De las provincias para gobernar. De la sociedad para legitimar un ajuste que, hasta ahora, se ejecutó sin red.
Desde lo técnico, el giro cambiario era inevitable. Desde lo político, marca un parteaguas. Porque estabilizar no es solo ajustar: es ordenar, es priorizar, es construir confianza.
El nuevo régimen flotante aún opera bajo condiciones artificiales: controles sobre la demanda de divisas por parte de empresas, intervención en el mercado financiero, restricciones de acceso. El verdadero test comenzará cuando se liberen los flujos y se abra plenamente el mercado. Entonces sabremos si este dólar se mantiene. O si, como tantas veces, se derrumba bajo su propio peso.
En economía, los errores de diseño duelen. Pero los errores de relato desgastan. Argentina necesita una política económica basada en datos, no en dogmas; en acuerdos, no en consignas; en consistencia, no en épica.
El 10 de abril no hubo una revolución. Hubo una corrección. A tiempo, pero sin reconocimiento. El Gobierno hizo lo que debía, pero lo comunicó como si no lo hubiera hecho. Y ese es el problema. Porque sin palabra, no hay política. Y sin política, no hay estabilización duradera.
