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La creciente pérdida de legitimidad de Israel en la opinión pública internacional obligó a sus aliados históricos -principalmente Estados Unidos y varios países europeos- a impulsar proyectos de paz que buscan contener el desgaste político sin alterar las estructuras de ocupación. El resultado es un acuerdo diseñado para restaurar la imagen internacional de Israel -con la que Trump se siente incómodo desde que asumió- y enterrar las investigaciones relacionadas con el genocidio, más que para garantizar los derechos de los palestinos a futuro. A pesar de las dudas que la adopción del acuerdo pueda despertar, toda suspensión de la violencia y el horror merece ser bienvenida.

El plan de alto el fuego presentado por Donald Trump, con el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía, y aprobado en su primera fase, establece exigencias claras para ambas partes. Sin embargo, no plantea resolver ninguno de los problemas centrales que enfrenta la población palestina: la ocupación y el sistema de apartheid.

El acuerdo exige a Hamas la liberación de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, el cese inmediato de las hostilidades -incluidos los ataques con cohetes- y la cooperación activa con los mediadores internacionales. El acuerdo también incluía el desarme progresivo de Hamas en una segunda fase, aunque este último punto fue rechazado por la organización armada.

La posición de Egipto, Turquía y Qatar en este acuerdo revela una estrategia que prioriza la estabilización regional y la consolidación de nuevos liderazgos, aprovechando el debilitamiento relativo de la influencia iraní. Los países de la región optaron por reforzar un proyecto “pacificación” que normaliza la ocupación y posterga cualquier horizonte de autodeterminación. Fueron actores clave y jugadores políticos eficaces a la hora de presionar a Hamas para que aceptara el plan, eso los convierte en corresponsables de una “paz” que no tiene un horizonte político claro, a la vez que gestionan sus propios intereses.

Egipto, prioriza su seguridad fronteriza y el control del paso de Rafah, intenta frenar el impacto humanitario del conflicto en Gaza y restringir la proyección de Hamás en su territorio, donde su vínculo con los Hermanos Musulmanes representa una amenaza, siempre latente, para el régimen del general Al Sissi.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue uno de los primeros en acusar a Benjamin Netanyahu de genocidio, aunque mantuvo activa la cooperación comercial con Israel. Ahora busca consolidar su vínculo con Donald Trump, con el objetivo de que Estados Unidos levante el veto a la venta de aviones F-35 a Turquía, impuesto durante el primer mandato del mandatario estadounidense tras la adquisición turca de sistemas antiaéreos rusos.

Qatar, por su parte, mantiene un rol ambivalente, financia ayuda humanitaria y acoge negociaciones, pero evita cuestionar los términos del acuerdo. Incluso tras el ataque israelí en Doha -que dejó cinco miembros de Hamas muertos y fue calificado por el gobierno qatarí como una violación flagrante de su soberanía y un acto de terrorismo por parte de Israel- el emirato optó por preservar su papel como mediador sin exigir condiciones políticas que garanticen una paz duradera.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la exigencia de facilitar el ingreso masivo de ayuda humanitaria a Gaza. Esta condición, contrasta con las declaraciones de funcionarios israelíes sostenidas hasta hace pocos días, que negaban estar bloqueando dicha asistencia. Sin embargo, ya en noviembre de 2023, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, había denunciado que Israel impedía sistemáticamente el acceso humanitario, incluso antes del estallido del conflicto el 7 de octubre. La inclusión de esta cláusula en el acuerdo no sólo implica un reconocimiento tácito del bloqueo, sino que expone el uso de la ayuda humanitaria como herramienta de presión política y ventaja militar, lo cual constituye una violación del derecho internacional humanitario.

La presencia israelí en Gaza es uno de los puntos más cuestionados del acuerdo, si bien el plan contempla una retirada militar gradual hacia una “línea acordada”, esta retirada está condicionada al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos por Hamas, ya que se establece que el desarme progresivo de la organización será una condición indispensable para avanzar hacia las siguientes fases del plan.

Los socios fundamentalistas religiosos de Netanyahu, encabezados por el ministro Itamar Ben Gvir, rechazan cualquier retirada territorial mientras Hamas conserve poder en Gaza. Su oposición frontal a esta cláusula del acuerdo -que contempla no sólo la retirada progresiva, sino también un programa internacional de reconstrucción- ha intensificado las tensiones internas en el gobierno israelí y pone en duda la viabilidad del proceso.

Para muchos analistas, observadores y trabajadores humanitarios en el terreno, existe el riesgo de que Israel incumpla el nuevo acuerdo. La experiencia reciente muestra que, tras acuerdos similares en 2023 y 2024, Israel suspendió unilateralmente compromisos clave -como la retirada militar de Gaza, la liberación de prisioneros palestinos y la apertura sostenida de corredores humanitarios- alegando cuestiones de seguridad o acusaciones de incumplimiento por parte de Hamas, algo que no pudo ser comprobado.

La negociación contempla la liberación de los rehenes, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, que aún quedan con vida, y la restitución de los cuerpos de quienes fueron asesinados en cautiverio. A cambio, Israel se comprometió a liberar prisioneros palestinos. Un intercambio similar ocurrió en diciembre de 2023, como parte de una tregua temporal negociada. En esa ocasión, más de 100 rehenes israelíes -en su mayoría mujeres, niños y personas mayores- fueron liberados por Hamas, mientras que Israel excarceló a más de 240 prisioneros palestinos, muchos de ellos menores de edad y mujeres, detenidos sin acusación formal. A pesar de las operaciones militares, fue a través de acuerdos indirectos -facilitados por los actores que mencionamos anteriormente- que se concretaron las liberaciones.

De la lista de prisioneros palestinos que serán liberados quedó excluido Marwan Barghouti, reconocido como el líder palestino con mayor legitimidad para articular una salida negociada al conflicto. Su exclusión no es casual, Barghouti encarna la posibilidad real de avanzar hacia una solución de dos Estados, una vía a la que Netanyahu se ha opuesto históricamente y a la que combatió por todos los medios, incluso fortaleciendo a Hamas.

El futuro que se proyecta para Gaza bajo el acuerdo promovido por Trump plantea una administración transitoria sin soberanía palestina, diseñada más como una gestión de crisis que como una solución política a largo plazo. El plan propone una estructura tecnocrática dirigida por expertos (que a pedido de Hamas deberán ser palestinos), bajo la supervisión de un “Consejo para la Paz” integrado por los países mediadores. Esta fórmula no dice nada sobre la raíz del conflicto: la ocupación israelí. Al excluir la creación de un Estado palestino, el acuerdo configura una nueva administración de la ocupación con tutela internacional.

Tampoco el acuerdo se refiere a la situación en Cisjordania -gobernada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), no por Hamas-, que entre 2023 y 2025 ha sido escenario de un deterioro sistemático documentado por organizaciones como Amnesty International, Human Rights Watch y la organización B’Tselem-The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Las incursiones militares israelíes se intensificaron, con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, mientras la violencia de colonos armados, frecuentemente respaldados por el ejército, se intensificó como práctica habitual. B’Tselem denunció el desplazamiento forzado de al menos 43 comunidades palestinas, calificándolo como una forma de transferencia prohibida por el derecho internacional. Amnesty, en informes conjuntos con organizaciones israelíes, advirtió que las prácticas de Israel en Cisjordania -incluyendo bloqueos, desplazamientos y ataques deliberados contra civiles- podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En este contexto, Fatah, se manifestó a favor del acuerdo, pero con cautela. Aunque no participó directamente en las negociaciones, considera que el pacto representa una oportunidad para avanzar hacia una solución política integral, siempre que se respete la unidad territorial y se excluya cualquier legitimación en el largo plazo de Hamas como actor político. Fatah, que controla la ANP, apoya la formación de un gobierno de tecnócratas palestinos, pero insiste en que debe estar bajo el paraguas institucional de la Autoridad Nacional Palestina y acompañado por una hoja de ruta hacia elecciones generales, la APN no se resigna a ser desplazado como el interlocutor legitimo para liderar la reconstrucción en Gaza, aunque la población lo rechace.

Aunque los mediadores internacionales han ofrecido garantías, no existen mecanismos vinculantes que obliguen a Israel a cumplir con todas las fases del plan. Lo cierto es que el único actor internacional con capacidad para garantizar el cumplimiento sigue siendo Estados Unidos, su influencia política, militar y financiera sobre el gobierno israelí le otorga un poder de presión que ningún otro país o mecanismo internacional posee. A lo largo de los últimos años, Washington fue el principal proveedor de armas, apoyo diplomático y respaldo en foros internacionales. Sin un compromiso firme de Estados Unidos -incluyendo la supervisión directa de cada fase- el riesgo de que Israel rompa el pacto sigue siendo alto. La credibilidad del proceso depende, en gran medida, de la voluntad de Estados Unidos para asumir esa responsabilidad.

Durante la negociación Donald Trump mostró una implicación personal que, para muchos sectores, parecía estar motivada por su aspiración al Premio Nobel de la Paz. La insistencia de Trump en posicionarse como artífice de la tregua en Gaza fue interpretada como parte de una campaña simbólica orientada a obtener reconocimiento internacional. Ahora que el Premio Nobel de la Paz ya fue otorgado -y la ganadora fue la líder opositora venezolana María Corina Machado- su entusiasmo podría desinflarse.

Sin embargo, mantener vínculos estrechos con las monarquías del Golfo -hombres fuertes con los que se siente cómodo, porque al igual que él, hablan el idioma de los negocios- puede ser un incentivo para que Trump mantenga su responsabilidad. Por otra parte, existe un creciente apoyo a la cuestión palestina entre los votantes estadounidenses, que incluye el cuestionamiento a la política de Netanyahu de algunos sectores dentro del partido republicano, algo de lo que Trump seguramente ya está tomando nota.