19 de julio de 2026
En 2025 las políticas migratorias de Estados Unidos entraron en una fase de endurecimiento con la intensificación de las detenciones del Immigration and Customs Enforcement (ICE) que están teniendo un impacto devastador sobre las comunidades, las acciones incluyen detenciones sin orden judicial, perfilamiento racial y cooperación irregular con policías locales.
Ni siquiera quienes son ciudadanos por naturalización están fuera de peligro frente a la expansión del aparato de deportación. Las organizaciones más relevantes en la defensa de los inmigrantes de origen latino como la Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), UnidosUS y United We Dream han denunciado públicamente las consecuencias humanas de estas medidas: hay trabajadores que no se presentan en sus puestos de trabajo, familias que dejan de llevar a sus hijos a la escuela o evitan acudir a las citas médicas por miedo a ser deportados.
Las detenciones del ICE no sólo afectan a quienes son expulsados del país o privados de su libertad, sino que están desestructurando a comunidades enteras. En los barrios, la rutina escolar tuvo que transformarse. Por ejemplo, en Illinois, voluntarios se organizan cada mañana y cada tarde para acompañar a los chicos en la entrada y salida de la escuela, asegurando que puedan subir y bajar de los autos de sus padres sin miedo a una redada del ICE; en Maine, las familias reciben protocolos de seguridad para proteger la comunidad educativa; y en Oregón, un colegio de Portland decidió mudarse de edificio semanas antes de iniciar el calendario escolar para resguardar a sus estudiantes.
Trump viene amenazando con eliminar la ciudadanía por nacimiento, cuestionando el principio constitucional que garantiza la nacionalidad a quienes nacen en suelo estadounidense
La vigilancia aumentó en todos los niveles de la educación, en la Universidad Internacional de Florida (FIU), estudiantes y docentes denunciaron que el acuerdo 287(g), una disposición de la Immigration and Nationality Act que permite a policías locales colaborar con el ICE, convierte a la policía del campus en un brazo de esa agencia migratoria, habilitando interrogatorios y detenciones dentro de la universidad. En los últimos meses se llevaron adelante protestas, organizadas por la American Civil Liberties Union (ACLU) de Florida y el grupo estudiantil Young Democratic Socialists of America (YDSA), reclamando la cancelación inmediata del convenio y advirtieron que este tipo de acuerdos destruye la confianza institucional y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes inmigrantes.
En este contexto, el Immigrant Defense Project de Nueva York -organización dedicada a la defensa de inmigrantes en tribunales penales y de inmigración- subraya que las estrategias comunitarias son fundamentales para enfrentar la ofensiva migratoria. En particular, la protección de familias de estatus mixto, donde millones de niños ciudadanos conviven con padres indocumentados, constituye un eje central de la estrategia, ya que requiere una mayor protección sostenida y la construcción de alianzas con organizaciones sociales y ONGs. Además, el acompañamiento psicológico y emocional es un componente esencial de esta defensa, para garantizar cohesión en comunidades sometidas a un clima constante de hostigamiento.
Han sido muchas las medidas llevadas adelante este año por el gobierno para endurecer la política migratoria. Por ejemplo, La Ley OBBBA (“One Big Beautiful Bill Act”), firmada el 4 de julio de 2025 por Trump, afecta directamente a los inmigrantes al aumentar la presencia del ICE, recortar beneficios sociales como Medicaid y reasignar miles de millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En septiembre se puso fin al TPS (Estatus de protección temporal) para hondureños y nicaragüenses, dejando a más de 70.000 personas expuestas a deportación. Además, USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) endureció requisitos para las green cards por matrimonio y prolongó los tiempos de procesamiento, y la H-1B Modernization Rule introdujo mayores restricciones en visas de trabajo.
Hay trabajadores que no se presentan en sus puestos de trabajo, familias que dejan de llevar a sus hijos a la escuela o evitan acudir a las citas médicas por miedo a ser deportados
En 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició procesos para revocar la ciudadanía de personas naturalizadas, una medida que históricamente había sido excepcional y reservada únicamente para casos de fraude en el proceso de naturalización. Bajo la ofensiva de la Casa Blanca, esta política adquirió un nuevo enfoque al extenderse también a individuos acusados de delitos, incluso cuando dichos delitos no estaban directamente vinculados con la obtención de la ciudadanía.
La decisión supuso una ruptura simbólica con la idea de que la ciudadanía por naturalización es el estatus migratorio más seguro y definitivo, un punto de llegada deseable para todos los inmigrantes que garantizaba estabilidad y protección plena, juristas y organizaciones de derechos civiles cuestionan si el gobierno federal tiene facultades para revocar la ciudadanía por delitos posteriores. Al mismo tiempo, Trump viene amenazando con eliminar la ciudadanía por nacimiento, cuestionando el principio constitucional que garantiza la nacionalidad a quienes nacen en suelo estadounidense.
Frente a este panorama, las ciudades santuario han emergido como bastiones de organización, son municipios que adoptan políticas para limitar la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria, evitando que la policía local actúe como brazo del ICE o que se comparta información sobre el estatus de los residentes. Su origen se remonta a la década de 1980, cuando el Sanctuary Movement impulsado por comunidades religiosas ofreció refugio a migrantes centroamericanos que huían de las guerras civiles en El Salvador y Guatemala, y ciudades como San Francisco comenzaron a aprobar ordenanzas de protección.
Algunas, como Chelsea y Somerville en Massachusetts, han demandado al gobierno para impedir que Trump les quite fondos federales por negarse a colaborar, aunque informes recientes revelan que en ciertas jurisdicciones policías han entregado detenidos pese a leyes locales que lo prohíben. La presión federal se intensificó en abril con una orden ejecutiva que obliga al Departamento de Seguridad Nacional a publicar listas de jurisdicciones “rebeldes”, acusándolas de poner en peligro a ciudadanos al no entregar inmigrantes indocumentados para su detención.
En los últimos meses Trump convirtió el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas en una pieza central de su ofensiva migratoria y de seguridad, presentándolo como respuesta a una supuesta ola de violencia urbana. En junio el gobierno envió efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, para contener las protestas en contra de las redadas migratorias, el despliegue se realizó sin la autorización del gobernador demócrata Gavin Newsom.
Ni siquiera quienes son ciudadanos por naturalización están fuera de peligro frente a la expansión del aparato de deportación
En Portland, la justicia bloqueó de manera definitiva el intento de despliegue en noviembre, mientras que en Memphis los efectivos seguirán patrullando hasta marzo de 2026, a la espera de que un tribunal de apelaciones resuelva el litigio iniciado por un juez de Nashville. Washington D.C. se ha convertido en el caso más extremo: desde agosto mantiene a miles de soldados en las calles.
Trump parece decidido a sostener la idea de que las ciudades que rechazan colaborar con el ICE son ingobernables, y utiliza el despliegue del aparato de deportación como herramienta para reforzar este discurso. Esta estrategia, sin embargo, se enfrenta tanto a la resistencia de las autoridades locales como a datos estadísticos que desmienten la imagen de “ciudades fallidas”.
La ofensiva anti migratoria alcanzó un nuevo nivel de tensión en Chicago, cuando el presidente intentó desplegar a la Guardia Nacional para apoyar los operativos del ICE en barrios con alta población inmigrante. La medida fue presentada como respuesta a lo que el gobierno describió como una “rebelión” y ataques contra agentes federales, pero rápidamente fue bloqueada por un juez federal y luego por la Corte Suprema, que sostuvo que el Ejecutivo no tiene autoridad para usar militares en la aplicación de leyes civiles en Illinois.
Distintas organizaciones de veteranos en Estados Unidos expresaron su rechazo a la contratación de militares retirados como jueces de inmigración bajo la administración Trump, al considerar que esta política “militariza” la justicia migratoria y daña la reputación de las Fuerzas Armadas. Según estas agrupaciones, el uso de exmilitares en tribunales civiles rompe con la tradición de imparcialidad y convierte a los veteranos en instrumentos de deportación masiva. Entre ellas, The Chamberlain Network, una red de veteranos, citada por medios locales denunció que Trump está empleando a las Fuerzas Armadas de manera “muscular” en ámbitos ajenos a su misión, como los tribunales de inmigración, lo que refuerza las críticas sobre el carácter punitivo y político de la medida.
La ofensiva migratoria de Trump se despliega con una intensidad que parece no encontrar freno institucional ni político. Lo más preocupante es que, pese a las críticas de jueces, organizaciones de defensas de migrantes y hasta militares retirados, las medidas avanzan con escasa resistencia. Los contrapesos tradicionales -Congreso, cortes judiciales, gobiernos locales- se ven debilitados o superados por la velocidad y la contundencia de las decisiones presidenciales, lo que vemos es la debilidad de los mecanismos de control frente a un Ejecutivo que utiliza la política migratoria para erosionar la democracia.
