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08 de septiembre 2021

Valeria L. Carbone

NUNCA NOS OLVIDAREMOS

Tiempo de lectura: 12 minutos

Justicia, verdad y memoria a 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

El 27 de septiembre de 2001, el periodista Jonathan Schell escribió en The Nation su “Letter from Ground Zero“. En lo que sería la primera de una serie de cartas reflexivas sobre “la crisis iniciada por los ataques a Estados Unidos el 11 de septiembre”, afirmó: “El mundo que conocíamos fue hecho a un lado como una mera diapositiva en un proyector, y un nuevo mundo apareció en su lugar.”

A 20 años del peor ataque terrorista en territorio estadounidense contra lo que representaban los símbolos del poder económico (las Torres Gemelas en Wall Street, Nueva York), el poder militar (el Pentágono, Virginia) y el poder político (el frustrado ataque al Capitolio en Washington D.C.), nos encontramos en ese contencioso espacio entre memoria e historia, para conmemorar el acontecimiento que dio lugar a un nuevo y complejo mundo cuyas implicancias recién empezamos a dilucidar.

LA BUSQUEDA DE LA JUSTICIA

A diferencia del “largo siglo XIX”, un término acuñado por el historiador británico Eric Hobsbawm para referir a lo que implicó el período histórico de 125 años comprendido entre 1789 y 1914, el siglo XXI comenzó inmediata y violentamente. Los ataques terroristas del 11 de septiembre marcaron la pauta del campo de batalla militar, político, económico, cultural, tecnológico, de seguridad y de política exterior de un mundo aún reconfigurandose luego de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la guerra fría.

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La “guerra contra el terrorrismo” que siguió transformó el paradigma no solo del enemigo externo e interno (a uno más difuso y global, pero aún así peligrosamente racializado), sino de la dinámica política y económica doméstica de Estados Unidos. La formulación de la “Doctrina Bush” sobre seguridad nacional que le dio forma se basó en dos pilares simples y polarizantes: America First y “estás con nosotros o en nuestra contra”. Fue diez días después de los atentados que en una sesión conjunta del Congreso el presidente George W. Bush afirmó: “Cada nación, en cada región, tiene ahora una decisión que tomar. O estás con nosotros o estás con los terroristas”. Apelando a una retórica mesiánica y moralista (lo que Ron Suskind llamó “la presidencia basada en la fe”) Bush volvió a dividir al mundo en dos bloques. Bajo la premisa de que “sólo a través de una postura resuelta, fuerte y firme, este mundo será pacífico”, ignoró acuerdos de defensa y control de armamento, ordenó el ataque a Irak bajo falsas denuncias de desarrollo de armas de destrucción masiva, tomó medidas que lo enfrentaron a Rusia, y obligó a aliados como Israel a romper acuerdos comerciales con “nuevos enemigos” como China. Todo esto se amplificó luego de la definición de la política de guerra “preventiva” contra el extremismo (islámico) como una “cruzada” (una expresión que el presidente estadounidense utilizó en numerosas ocasiones) que enfrentó a lo que pasó a ser “la coalición internacional” contra el “eje del mal”, suerte de revival del “Imperio del Mal” de Ronald Reagan de principios de los años ochenta.

“Cada nación, en cada región, tiene ahora una decisión que tomar. O estás con nosotros o estás con los terroristas”. Apelando a una retórica mesiánica y moralista, Bush volvió a dividir al mundo en dos bloques

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A nivel doméstico, la sanción de la Ley Patriótica el 26 de octubre de 2001 dio paso a medidas de extrema vigilancia. Implementadas desde el Departamento de Seguridad Nacional – una nueva agencia gubernamental creada en 2002 que creció a pasos agigantados -, el gobierno federal promovió medidas que, en el menor de los casos, ampliaron la capacidad de control y vigilancia del Estado; y en el mayor, violaron los derechos civiles y humanos de personas detenidas sin poder contactar a sus familias o acceder a un abogado. De hecho, fue recién en agosto de 2019 que un juez de un tribunal militar de Estados Unidos con jurisdicción sobre el centro de detención de Guantánamo, fijó una fecha para el juicio de los cinco acusados de planear los ataques terroristas del 11 de septiembre detenidos en 2003, que se realizaría a partir de agosto 2021. Esto solo sucedió después de que se hicieran públicos los casos de torturas y violaciones a los derechos humanos en bases militares como la de Abu Grhaib (Bagdad) y Guantánamo (Cuba), y las masacres perpetradas por mercenarios contratados por empresas de seguridad privada como Blackwater que – a través de contratos con el Departamento de Defensa- realizaban operaciones militares en territorios en conflicto.

La Guerra contra el terrorismo en el exterior se inició con ataques aéreos en Afganistán, luego de que los Talibán – el grupo fundamentalista que gobernaba la mayor parte del territorio – se negara a entregar al principal sospechoso: el líder de la organización Al Qaeda, Osama Bin Laden. Bin Laden había sido ya relacionado con otros ataques contra Estados Unidos, como el atentado al World Trade Center de 1993, los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, y el atentado de 2000 contra el U.S.S. Cole, un destructor naval estadounidense atracado frente a las costas de Yemen. Eso derivó en una estrategia global de confrontación con países considerados “promotores” del terrorismo, que albergaran organizaciones terroristas (Afganistán) o que desarrollen armas de destrucción masiva (Irak, Irán, Corea del Norte) que – en conjunto – mató a más de 800.000 personas y desplazó a 37 millones más.

LA VERACIDAD HISTORICA

La guerra en Afganistán dio lugar a un proceso de intervención militar y presencia de miles de tropas que lleva 20 años, en la que murieron más de 2455 soldados estadounidenses e incontables – considerando la inconsistencia de registros – civiles afganos. El presidente Joe Biden anunció el retiro definitivo de soldados estadounidenses “antes del 11 de septiembre de 2021”, en su intento de cumplir una promesa de todos los mandatarios que sucedieron a Bush, y saldar la que se convirtió en la guerra más extensa en la que Estados Unidos se involucró. Y fue el 30 de agosto de 2021 que los últimos miembros de las fuerzas armadas estadounidenses abandonaron el país poniendo fin a veinte años de ocupación

La “guerra contra el terrorismo” que siguió transformó el paradigma no solo del enemigo externo e interno (a uno más difuso y global, pero aún así peligrosamente racializado), sino de la dinámica política y económica doméstica de Estados Unidos

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Con el gradual retiro de tropas se dio, en paralelo, el vertiginoso avance talibán sobre territorio afgano. Al momento de escribir estas líneas, habían tomado el control de prácticamente la totalidad del país, con algunas regiones en las que se está organizando la resistencia. Hacia el 15 de agosto de 2021, a solo 3 meses de iniciado el final retiro de tropas estadounidenses anunciado el 1 de mayo por el Secretario de Estado, Anthony Blinken, las milicias talibán ya habían ingresado a la capital (Kabul) y negociaban la salida del presidente afgano, Ashraf Ghani, una transferencia “pacífica” de poder, y el nombramiento de un presidente, el líder talibán Mullah Abdul Ghani Baradar. La violencia se ha intensificado, hay desplazados (el 80% de los cuales son mujeres y niños), zonas rurales han sido arrasadas, hay temor entre los sectores leales a las fuerzas aliadas, y los gobiernos británico y estadounidense han instado a sus diplomáticos y ciudadanos a abandonar el país. Mientras los líderes talibán equiparan el retiro de tropas a una victoria propia y una derrota del enemigo, el apoyo a los Talibán es errático e impredecible. Después de todo, como ha destacado Carlotta Gall, quien cubrió Afganistán y Pakistán para The New York Times durante doce años, “aplaudes al conquistador porque tienes que vivir bajo su dominación”.

Esta estrategia de “afganización” de la guerra encontró a las tropas leales a la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos en total desventaja. Asimismo, deja innumerables interrogantes: ¿cuál ha sido el objetivo ulterior de la estrategia norteamericana en la región? Después de 20 años de ocupación ¿hay algún “plan de salida” puesto en práctica? ¿Estamos ante una retirada definitiva? ¿Podrá ser contenida lo que se presenta en el largo plazo como una inevitable guerra civil, seguida de una crisis humanitaria? ¿Logró Estados Unidos lo que se proponía cuando intervino en una región en la que la tensión política y militar es hoy mayor que antes de septiembre de 2001?

En un espectro más amplio, la Guerra global contra el extremismo consolidó peligrosos fenómenos. Por un lado, la realidad cada vez más extendida de que la presencia militar no se limita a fuerzas armadas nacionales y coaliciones internacionales enfrentándose entre sí o con grupos paramilitares, sino a empresas militares privadas que operan con “nuevos mercenarios”. Estas empresas (también llamadas “empresas proveedoras de servicios de defensa”) prestan servicios tanto a empresas privadas, como a entidades gubernamentales y a Fuerzas Armadas nacionales que han privatizado parte de sus funciones. Sus contratos tienen carácter de confidencial y, básicamente, “pueden cometer severos delitos sin temer que se los condene”[1].

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En su libro, La Guerra como negocio, el periodista alemán Rolf Uesseler revela los intereses económicos que han aportado a la actuación y expansión de estas empresas militares privadas en conflictos en Medio Oriente, África y América Latina, y cómo son utilizadas por ciertos estados nacionales para erosionar la estabilidad política en otros. Estas empresas “luchan contra guerrillas y persiguen terroristas, se encargan del manejo y el mantenimiento de los últimos hallazgos en técnicas de guerra y administran su abastecimiento; forman ejércitos, vigilan oleoductos, desarrollan software para servicios secretos e interrogan prisioneros (…) cotizan en la bolsa y sus valores  ha[n] aumentado vertiginosamente después del 11 de septiembre, mientras todas las demás acciones estaban por el piso”.[2]

Actualmente, existen miles de empresas militares que apelan a “contratistas” con entrenamiento y experiencia militar, y se ha convertido en una muy lucrativa salida laboral para veteranos o ex militares de las Fuerzas Armadas, comerciantes de armas, ingenieros militares, expertos en nuevas tecnologías, hackers y hasta traductores, y que operan tanto con la venia de gobiernos nacionales como por fuera de los sistemas legales.

La realidad cada vez más extendida de que la presencia militar no se limita a fuerzas armadas nacionales y coaliciones internacionales enfrentándose entre sí o con grupos paramilitares, sino a empresas militares privadas que operan con “nuevos mercenarios”

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Por otro lado, y en directa correlación con lo que algunos han dado en llamar la “privatización del monopolio de la violencia”, derivó en un aumento exponencial de los gastos militares en el contexto de una economía en crisis. Según la revista National Defense, entre 2001 y 2019 se asignaron 5.4 trillones de dólares al sector defensa, con la expectativa de que aumente un trillón o más en las próximas décadas. Teniendo en cuenta que el déficit fiscal de Estados Unidos se ha incrementado, la forma de inyectar este dinero en el sector defensa ha sido la de emitir moneda. Ello derivó en que para el fin del mandato de Bush, la crisis financiera y recesión económica de 2008 fue acompañada de una devaluación respecto al euro que alcanzó un 50%. Desde entonces, y si bien el dólar se ha vuelto a apreciar, ha abandonado su lugar como moneda más fuerte, manteniendo un ratio de cambio de 1 euro = 1,27 dólares a enero de 2021. A esto se sumó una política impositiva regresiva implementada a partir de 2001, reforzada en 2003 y ampliada en 2017 con la Ley de reforma impositiva de la Administración Trump, que abonó a profundizar el déficit fiscal, la concentración de la riqueza y los índices de inequidad.

En 2006, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos civiles, el Congreso de Estados Unidos renovó por diez años las provisiones de la Ley Patriótica, convirtiendo en permanentes tanto las limitaciones sobre derechos y garantías constitucionales, como las atribuciones de vigilancia ciudadana de organismos del estado. En 2015, la Ley Patriótica fue revisada y “re-sancionada” con el nombre de USA Freedom Act y habilitó al sector privado para la vigilancia de la ciudadanía. La ley pretendía quitarle atribuciones y hacer más transparente el proceso por el que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y otras agencias de inteligencia podían obtener y almacenar datos a gran escala de registros telefónicos y metadatos de millones de estadounidenses. En 2013, el ex asesor de la NSA, Edward Snowden, reveló que el gobierno estadounidense había obtenido información privada de millones de registros telefónicos de personas no vinculadas con actividades ilícitas, manipulando disposiciones de la Ley Patriota. La USA Freedom Act debía poner fin a esta recolección y solicitud indiscriminada e injustificada de datos por parte de agencias del gobierno, pero transfirió esta prerrogativa a las compañías telefónicas. Estos datos son ahora accesibles a través de gestiones privadas (compra-venta), previa autorización judicial o hackeos informáticos, ya que la ley no limita la recolección tanto como su acceso.

Por último, lo que Arthur Schlesinger, Jr. denominó “la presidencia imperial” – aquella en la que las atribuciones presidenciales exceden los límites que otorga la constitución y “la guerra, tradicionalmente una cuestión de último recurso, se transforma en una cuestión de elección presidencial” – estaba de regreso[3]. La postura militarista del gobierno de Bush lo convirtió de una figura cuestionada y fraudulenta[4], en un comandante en jefe “presidenciable”, al que no se cuestionaban sus excesos en el ejercicio del poder ejecutivo, la seguridad nacional y la vigilancia interna. Su unilateralismo y belicismo lo llevaron de tener un 51% de aprobación de gestión diez días antes de los atentados, a un 90% a fines de septiembre de 2001. Como observa Zachary Karabell, esta tendencia continuó con la presidencia de Barack Obama quien, ante la falta de apoyo del Congreso, encontró “formas innovadoras de ejercer el poder”, convirtiéndolo en “uno de los presidentes más poderosos de la historia” y sentó precedente para una mayor expansión y concentración de la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo.

Los historiadores Kevin M. Kruse y Julian E. Zelizer sostienen que aspectos de la presidencia imperial han sido evidentes incluso durante la administración de un presidente políticamente “débil” como Donald J. Trump. Esto se evidenció en la unilateralidad en la derogación de leyes relacionadas con inmigración (DACA), la violación y abandono de acuerdos internacionales aprobados por el Congreso, la firma de decretos ejecutivos (Trump firmó un total de 220 en 4 años, mientras que Obama formó 276 en ocho años de gobierno, y George Bush, 291 en dos mandatos), la derogación de regulaciones ambientales, la desviación ejecutiva de recursos federales como “orden de emergencia” para construir el muro fronterizo, entre otras medidas.

LA MEMORIA COLECTIVA

Una encuesta del Pew Research Center publicada en agosto de 2011 reveló que 97% de los estadounidenses que tenían al menos ocho años cuando ocurrieron los ataques recordaban exactamente dónde estaban o qué estaban haciendo cuando se enteraron de la noticia. Los otros dos sucesos que han tenido ese tipo de impacto en la memoria colectiva diez años después son el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 (95%), y el ataque japonés a Pearl Harbor en 1939 (89%). Lo cierto es que cada uno de estos episodios afectó profundamente no solo el estilo de vida estadounidense sino la percepción del mismo, y tuvieron un impacto central en la concepción sobre la identidad nacional y el rol de Estados Unidos en el mundo.

Una encuesta reveló que 97% de los estadounidenses que tenían al menos 8 años recordaban exactamente dónde estaban cuando se enteraron de la noticia. Los otros dos sucesos que han tenido ese impacto son el asesinato de Kennedy y el ataque a Pearl Harbor

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En su obra On Collective Memory, el sociólogo Maurice Halbwachs sostiene que la memoria colectiva y las representaciones sobre determinados sucesos del tiempo pasado no son “recuerdos estancados”, sino que se reconstruyen constantemente sobre la base de los paradigmas del presente[5]. A veinte años del 11 de septiembre, la conmemoración en Estados Unidos está rodeada no solo del legado referido, sino de las problemáticas más actuales de los sobrevivientes (como la lucha por mantener y ampliar el fondo económico de compensación de las víctimas del 11/09, que cubre costos de los problemas de salud de las víctimas directas o indirectas del atentado, como bomberos, paramédicos y policías que durante meses trabajaron en la Zona Cero), la resolución de los juicios pendientes de familiares de las víctimas contra el gobierno de Arabia Saudita, en los que se investiga el involucramiento de funcionarios de este último en los ataques[6], los clamores al gobierno estadounidense por la desclasificación de documentos relativos tanto al ataque como al rol de países aliados en Medio Oriente, el aumento de la Islamofobia y la retórica anti-inmigratoria, y la estigmatización de toda una generación de soldados que regresan del frente con problemas de salud física y mental y escasas posibilidades de reinserción social y laboral. Hoy por hoy, el desafío no solo es “nunca olvidar”, sino recordar y enseñar los sucesos del 11 de septiembre, sus consecuencias y cómo estos cambiaron el mundo.

Dossier Los 20 del 11S | Dossiers


* “Nunca nos olvidaremos” (We will never forget) se ha convertido en el lema del Museo del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York y en el nombre del “fondo de financiamiento” del 11 de septiembre (The Never Forget Fund).

[1] Rolf Uesseler, La guerra como negocio. Cómo las empresas militares privadas destruyen la democracia (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007), pág. 1.

[2] Ídem, pág. 1-2.

[3] Arthur M. Schlesinger, Jr. War and the American Presidency (London: W. W. Norton and Company, 2005), pág. 21.

[4] En las elecciones presidenciales de 2000, Bush fue designado ganador luego de que los tribunales convirtiesen en válidos poco más de 500 votos de un condado del estado de Florida. Las primeras horas del recuento electoral en Florida, cuyo gobernador era Jeb Bush -hermano del candidato republicano-, daban la victoria al demócrata Al Gore. Pero a medida que pasaban las horas empezaron a cambiar las tendencias, a tal punto que Gore felicitó a Bush por su triunfo a nivel nacional, ya que los 29 delegados electorales de Florida le aseguraban a Bush la presidencia. Poco después llamó nuevamente a su oponente y le retiró la felicitación, pues quedaban dudas sobre miles de votos por denuncias de irregularidades. Aquella votación acabó judicializándose y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que 35 días después, por cinco votos a cuatro, le dio la victoria a Bush por una diferencia de 537 votos. Sin embargo, luego se comprobó que hubo fraude en el condado cuyos votos se encontraban en disputa.

[5] Maurice Halbwachs, On Collective Memory (The University of Chicago Press: 1992)

[6] El gobierno de Arabia Saudita está siendo demandado por miles de millones de dólares por las familias de aproximadamente 2.500 víctimas, y por más de 20.000 personas que sufrieron lesiones, daños materiales y pérdidas económicas.

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