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La ofensiva sobre la Ciudad de Gaza, anunciada por Benjamin Netanyahu y aprobada por el gabinete de Seguridad, no es una operación militar más: es la fase final de una política sistemática de desposesión, destrucción y exterminio. Un plan para satisfacer las demandas de sus socios ultras que buscan anexar la Franja, mientras el mundo condena la hambruna y la masacre de palestinos.

La propuesta del gobierno israelí de ocupar la Ciudad de Gaza ha generado fuertes divisiones internas y críticas internacionales. Mientras el primer ministro Netanyahu impulsa una ofensiva terrestre con el argumento de (esta vez sí) derrotar a Hamas, recuperar rehenes y establecer una administración civil alternativa, altos mandos del ejército como el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, se oponen, advirtiendo que una ocupación directa pondría en riesgo a los rehenes y agravaría la crisis humanitaria. Zamir propuso una estrategia más limitada, basada en rodear ciudades y realizar incursiones específicas, pero fue rechazada por el gabinete. Algunos ministros también expresaron reservas, preocupados por el costo humano y político de la operación y el desprestigio creciente de Israel, que lo va transformando en un paria. Aunque un paria bastante particular ya que aún goza con el apoyo material de EE.UU y Europa, aun cuando en lo simbólico se vayan distanciando. Yair Lapid, líder opositor, calificó el plan como “un desastre que conducirá a muchos más desastres”. Además, algunos sectores sostienen que las declaraciones extremas de ministros como Itamar Ben-Gvir y Amichay Eliyahu promoviendo la conquista total de Gaza, la expulsión de palestinos y el bombardeo de alimentos dañan la imagen de Israel.

En este contexto, organismos internacionales como la ONU y Médicos Sin Fronteras siguen denunciando abiertamente la intención genocida de Israel y advierten sobre desplazamientos forzosos, hambruna y violaciones al derecho internacional, mientras el Alto Comisionado de Derechos Humanos exige detener el plan por contradecir fallos de la Corte Internacional de Justicia. Gaza se transformó en la zona cero del derecho internacional, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) emitió una denuncia sobre la situación de hambruna, calificando el sistema actual de distribución de ayuda como un “asesinato orquestado”. Según su informe, los centros gestionados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) -respaldada por Israel y financiada por Estados Unidos-se convirtieron en escenarios de violencia sistemática contra civiles desesperados por alimentos.

MSF atendió a cientos de personas heridas por disparos, muchos con impactos en la cabeza, el pecho y el abdomen, lo que sugiere una intención criminal. La organización advirtió que entre las víctimas hay niños y adolescentes, que son blanco de francotiradores o víctimas de estampidas. El 27 de junio pasado, el diario israelí Haaretz publicó testimonios de soldados israelíes que declararon haber recibido órdenes explícitas de disparar contra civiles desarmados que esperaban ayuda humanitaria. Uno de los soldados describió la zona como “un campo de muerte”.

Según datos recientes de la ONU, aproximadamente 1,9 millones de personas -es decir, nueve de cada diez habitantes de Gaza- han sido desplazadas desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Muchas de estas personas han sido obligadas a desplazarse hasta nueve o diez veces, debido a los bombardeos continuos, las órdenes de evacuación y la destrucción masiva de viviendas e infraestructura civil. Lo cual pone en peligro a los palestinos como grupo. La nueva decisión del gabinete de Seguridad israelí de ocupar la Franja indica que la expulsión de más de un millón de civiles hacinados en Ciudad de Gaza podría concretarse en cualquier momento.

Otro de los informes que deja expuesto los crímenes de Israel, es el que dio a conocer la organización israelí B’Tselem, en conjunto con Médicos por los Derechos Humanos de Israel, en que sostienen que las acciones del gobierno israelí en Gaza constituyen un genocidio, conforme a los parámetros establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En el documento titulado Nuestro Genocidio, ambas organizaciones sostienen que el Estado israelí ha emprendido una campaña sistemática para destruir intencionalmente a la sociedad palestina, mediante asesinatos masivos, desplazamientos forzados, destrucción de infraestructura civil y bloqueo de bienes esenciales como alimentos, agua y medicinas.

Para estas organizaciones las acciones no son accidentales, ni producto del caos propio de la guerra, sino parte de una política deliberada, respaldada por declaraciones públicas de altos funcionarios que expresan abiertamente su intención de eliminar a la población gazatí. B’Tselem advirtió que este patrón podría replicarse en Cisjordania, donde existen prácticas de expulsión, violencia estructural y despojo territorial. La organización llamó a la Comunidad Internacional para que actúe conforme al derecho internacional para frenar lo que considera una política de exterminio.

Pero no sólo las voces de los organismos internacionales y de los grupos defensores de DDHH son las que vienen denunciado la destrucción de Gaza y el genocidio de Israel, como respuesta al ataque terrorista de Hamas que se produjo el 7 de Octubre, sino que en el último tiempo esas voces se han ido amplificando. Es el caso de Omer Bartov, catedrático de Estudios sobre el Holocausto y el Genocidio en la Universidad de Brown, que declaró en una entrevista con Democracy Now que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio, conforme a la definición de la Convención de 1948.

En otras declaraciones recientes, Bartov ya había sostenido que la campaña militar israelí ha evolucionado desde una respuesta desproporcionada a los ataques del 7 de octubre hacia una política sistemática de destrucción de la sociedad palestina. Señala como evidencia de esto la orden de evacuación masiva de Rafah, seguida por su arrasamiento, y el traslado forzado de civiles a zonas sin refugio como Mawasi. Además, destacó las declaraciones de altos funcionarios israelíes que han calificado a los palestinos como “animales humanos” y han prometido reducir Gaza a “escombros”, lo que, según Bartov, revela una intención explícita de hacer inhabitable el territorio y destruir al grupo nacional palestino.

Bartov declaró que, para probar el genocidio, no basta con documentar los crímenes: debe demostrarse la intención de destruir al grupo como tal, algo que, en su opinión, ya está claramente evidenciado. “Soy experto en genocidio. Lo reconozco cuando lo veo “.

Por otra parte, el semanario británico The Economist, en su editorial del 25 de julio de 2025, afirmó que la ofensiva se ha vuelto “interminable, indiscriminada y militarmente inútil”, y advierte que está convirtiendo a Israel en un paria internacional. Además, exige un alto el fuego inmediato y llama a Estados Unidos a ejercer presión para lograr una solución negociada que evite una hambruna masiva y permita construir una administración civil en Gaza sin Hamas. En otra publicación, el medio sostiene que Israel debe rendir cuentas por sus actos y cuestiona el silencio de su sistema judicial frente a posibles crímenes de guerra.

Frente al crecimiento internacional de las voces que denuncian el genocidio resulta llamativo el escaso eco que tuvo en los medios argentinos el ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza (la parroquia a la que el papa Francisco llamaba todas las noches para solidarizarse con la comunidad), donde el párroco argentino Gabriel Romanelli fue herido mientras protegía a cientos de desplazados. En nuestro país se suele celebrar con entusiasmo a cualquier compatriota que se destaque en el exterior, haciendo casi cualquier cosa, el silencio frente a un sacerdote que se enfrenta al exterminio de una comunidad entera es, como mínimo, cuestionable. La cobertura superficial, o directamente escasa del hecho, no hace más que ratificar la complicidad con la narrativa israelí.

Sin duda, entre quienes cada vez tienen más miedo de pasar a la historia como cómplices del genocidio están los países europeos, que siguen ensayando gestos de consternación pero sin aplicar medidas concretas contra Israel. En las últimas semanas, Francia y Reino Unido han anunciado su intención de reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU en septiembre. A esta iniciativa se sumaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda, quienes consideran que la solución de dos Estados es la única vía viable para garantizar la seguridad regional. Países como Alemania, Italia y Países Bajos se oponen al reconocimiento unilateral, argumentando que podría recompensar el terrorismo de Hamas o socavar el proceso de paz. En este contexto, el gesto europeo corre el riesgo de ser percibido como una respuesta moral insuficiente.

Mientras tanto, sobre el terreno, la estrategia israelí para encubrir sus crímenes de guerra se despliega con brutal claridad. La repetición de ataques contra periodistas, la destrucción de oficinas de prensa, el cierre de medios y la criminalización de la cobertura configuran un asalto frontal a la libertad de prensa y al derecho internacional humanitario.

El asesinato el domingo pasado del periodista de Al Jaazera, Anas al-Sharif, junto con cinco de sus compañeros, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia contra periodistas palestinos que documentan la guerra desde Gaza. Vale recordar que el asesinato de periodistas no empezó después del 7 de octubre. Ya en mayo de 2021, la periodista Shireen Abu Akleh, también de Al Jazeera, fue asesinada por un disparo en la cabeza mientras cubría una operación militar israelí en Cisjordania.

Israel ha justificado el asesinato de Al Sharif con acusaciones de vínculos con Hamas, pero sin pruebas verificables, lo que ha sido denunciado como una campaña de desprestigio por organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). En total desde el inicio de la ofensiva israelí han sido asesinados más de 200 periodistas. La eliminación de voces críticas no solo borra los testimonios que podrían alimentar futuras investigaciones, sino que perpetúa la impunidad.

Netanyahu necesita poner en marcha un nuevo proyecto de colonización, rápidamente, salir del foco de la condena internacional, a la que la utilización del hambre como arma de guerra lo llevó, y volver a generar expectativa dentro de la sociedad israelí, anunciando la victoria de una guerra que ya no tiene, siquiera, justificación militar. También quedarán abandonados a su suerte los rehenes israelíes que Hamas secuestró el 7 de Octubre. Para los palestinos esta huida hacia adelante del líder israelí sólo va a significar más muerte, destrucción y desplazamiento. Sobre esos cadáveres Netanyahu y sus socios seguirán sosteniendo su poder, mientras sus aliados occidentales se sigan negando a retirarle el apoyo, y parte de la sociedad israelí siga respaldando su estrategia.