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La primera semana de febrero de 2026 no fue una más en Santa Fe, con Rosario como su escenario principal. Mientras en los tribunales avanzaba el juicio por el doble femicidio de Marianela y Estefanía Gorosito —tenían 28 y 25 años, fueron secuestradas en 2022, llevadas a un descampado en Cabín 9 y asesinadas a balazos—, en el Congreso nacional se reactivaba el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad tras el macabro asesinato de Jeremías Monzón. En paralelo, la policía santafesina salía a reclamar mejoras salariales y condiciones laborales dignas, tras el suicidio de un suboficial frente a sus compañeros. En los últimos años, la cifra de suicidios en la fuerza dio un salto escalofriante.

Las escenas concentran un mismo problema. Se trata de expresiones simultáneas de una tensión estructural: el sistema de seguridad bajo presión. En los tribunales, la justicia llega tarde y siempre detrás del daño consumado. En el Congreso, la política discute episódicamente herramientas penales como si fueran una palanca mágica capaz de revertir dinámicas sociales complejas. En la calle, quienes ejercen el monopolio legítimo de la fuerza advierten que sus condiciones institucionales se degradan y están sometidos a condiciones de altísimo estrés sin recursos ni apoyos.

La cuestión generacional atraviesa el problema de punta a punta. En todos los casos, los protagonistas son mayormente jóvenes: víctimas, victimarios, o agentes policiales. En la propia Policía de Santa Fe se observa un cambio demográfico: más mujeres, más efectivos oriundos del norte provincial, menos arraigo tradicional en las zonas conflictivas, y una percepción extendida de pérdida de la vocación de servicio para convertirse, en muchos casos, en un empleo cuyo principal objetivo es cubrir —sin lograrlo— el sustento mensual.

El conflicto sorprendió al gobierno provincial, que tiene en la política de seguridad su principal logro promocional. La escalada de reclamos en el seno de sus “fuerzas básicas” le desordenó el repertorio de respuestas. Ver policías cortando las calles es una imagen que impacta de lleno frente a la ilusión de autoridad necesaria para contener los restantes conflictos.

En un primer momento, el gobierno intentó contener los focos a través de aumentos parciales que tuvieron una respuesta negativa. Incluso los beneficiados rechazaron las medidas e intensificaron la protesta. El gobierno dispuso sanciones. La respuesta fue con protestas más intensas y una reducción del servicio de calle, un vacío operativo demasiado peligroso, por lo cual el gobierno debió dar marcha atrás con las sanciones y elevó el piso salarial a 1.350.000 pesos para lograr el fin de la protesta.
Las repercusiones del ajuste eran más controlables cuando enfrente estaban los docentes o los empleados públicos. Lo que el gobierno no tenía previsto era que esas consignas terminaran en boca de quienes llevaron a cabo la principal política de la gestión. La dureza oficial fue mutando lentamente hacia el pedido explícito de definir voceros válidos para facilitar las negociaciones.

El problema, en el fondo, deja ver un costado dramático de la crisis de la crisis: cuando una institución armada del Estado democrático empieza a ser percibida como un trabajo más en un mercado precario, el problema deja de ser laboral. Básicamente, porque la policía es la estructura encargada de hacer cumplir la ley en situaciones donde la ley no se cumple por voluntad propia.

En ese sentido, la secuencia de febrero expuso que el sistema funciona, pero cruje. Y la pregunta es más específica e incómoda: ¿puede sostenerse un proceso de pacificación si la institución que debe garantizarlo atraviesa un conflicto de legitimidad interna y desgaste estructural?

Avanzar en la fragilidad

Los datos del Observatorio de Seguridad Pública muestran que 2024 y 2025 se ubican entre los años con menor registro de homicidios en mucho tiempo en Rosario, especialmente si se comparan con los picos críticos que marcaron la agenda pública hace apenas un par de años. Esa reducción no fue producto del azar ni de un cambio espontáneo en la conducta criminal. Fue consecuencia de decisiones operativas concretas.

Los más suspicaces lo llaman “pacto”, como lema englobador que impone un manto de sospecha ante cualquier eficacia estatal. Lo que indudablemente hubo fue coordinación entre fuerzas provinciales y federales, despliegue intensivo en zonas calientes, focalización en organizaciones criminales, saturación territorial en momentos críticos y una mejora en el uso del análisis criminal para orientar intervenciones. En términos concretos, el sistema mostró capacidad de acción y cierta inteligencia estratégica.

Pero los descensos en homicidios pueden obedecer a múltiples factores —reconfiguración de mercados ilegales, treguas internas, desarticulación temporal de bandas, efecto disuasivo coyuntural— y no necesariamente implican consolidación estructural. En sistemas complejos, las mejoras pueden ser reales y, al mismo tiempo, inestables. La reducción de un indicador no equivale automáticamente a la resolución del problema que lo generó.

Si el momento histórico pone en valor las afirmaciones de autoridad frente a las abstracciones democratistas que reemplazaron la realidad por la idea dialogada, queda en evidencia la fragilidad de los modelos institucionales incapaces de formular propuestas que hagan compatibles las expectativas y roles sociales asignados. Se trata de la inteligibilidad práctica que dan normas, trayectorias y códigos de reconocimiento, y forman eso que se llama calidad de vida.

Una política de seguridad puede contener la violencia en un período determinado sin haber modificado las condiciones que la producen. La sostenibilidad de esos resultados depende de la continuidad institucional y la estabilidad presupuestaria, un liderazgo político consistente y una fuerza policial con cohesión interna. Si esa base comienza a deteriorarse, los avances pueden revertirse con la misma velocidad con la que se lograron.

En este punto el conflicto policial deja de ser un episodio administrativo y empieza a adquirir dimensión más trascendente, que alcanza las vidas de quienes se arriesgan para ejecutar políticas públicas. Porque los resultados en materia de homicidios no se sostienen sólo con órdenes operativas, sino con instituciones que funcionan, con personal motivado, entrenado y reconocido, y con una estructura que no se perciba a sí misma como transitoria o desvalorizada.

El síntoma estructural

Esa dimensión vital hace que el reclamo de la Policía de Santa Fe no se limite a un episodio corporativo aislado ni una pulseada sectorial dentro del habitual calendario de tensiones públicas. Cuando la institución encargada de garantizar el orden plantea que sus condiciones materiales y profesionales no son sostenibles, el problema excede cualquier discusión presupuestaria: es una señal de alerta institucional.

En primer lugar, impacta directamente en la posibilidad de construir una carrera profesional y en la estabilidad —también emocional— del personal operativo. Una estructura de escalafón poco competitiva genera un efecto corrosivo: quienes adquieren experiencia valiosa buscan otras opciones y quienes ingresan lo hacen con expectativas mínimas de desarrollo. A nivel organizacional, esto implica pérdida de conocimiento acumulado y debilitamiento interno.

Si el mercado laboral alternativo —legal o incluso ilegal— ofrece mejores incentivos relativos, la institución pierde capacidad de atraer y sostener talento. Y cuando una fuerza de seguridad deja de ser una opción profesional atractiva, el problema no es solo de reclutamiento, sino de capacidades futuras.

A esto se suma el deterioro en obra social y prestaciones. La calidad de vida del personal y sus familias es un componente central de la moral organizacional. La percepción de abandono o precariedad desgasta el sentido de pertenencia, la confianza institucional y somete al personal a una presión psicológica asfixiante. Una institución armada que no garantiza bienestar básico a quienes la integran difícilmente pueda proyectar solidez hacia la ciudadanía.

El desarraigo es otro factor crítico. Traslados constantes y escasa estabilidad territorial afectan el conocimiento del entorno, la construcción de vínculos comunitarios y la legitimidad local. La seguridad necesita de la comprensión fina del territorio. Una policía rotativa pierde capacidad de anticipación y se vuelve meramente reactiva.

La caída de ingresantes completa el cuadro. La disminución sostenida de nuevos efectivos compromete la reposición generacional, la renovación doctrinaria y la expansión operativa. Sin flujo constante de ingreso y formación especializada, la organización envejece o se sobrecarga. Y en contextos de alta complejidad criminal, es un riesgo operativo.

Un policía no es un trabajador civil convencional. El marco jurídico argentino reconoce que la sindicalización plena y el derecho de huelga pueden ser limitados en fuerzas de seguridad para preservar verticalidad, disciplina y continuidad del servicio. Esa restricción busca evitar que el monopolio de la fuerza se convierta en herramienta de presión corporativa. Pero también puede crear pequeños grupos sin representatividad válida que dispersan la interlocución y obstruyen los canales para la resolución de los conflictos.

Esa misma particularidad impone una responsabilidad mayor a los gobiernos. Si la Policía no puede interrumpir el servicio, el Estado tampoco puede desatender sus condiciones estructurales. La verticalidad exige reciprocidad. La disciplina necesita respaldo. La obediencia jerárquica presupone conducción estratégica y reconocimiento material.
Si la fuerza pierde legitimidad interna —por precariedad material o falta de horizonte profesional— y externa —por desconfianza social— el doble efecto es inmediato: disminuye la capacidad de proveer orden y se fortalece la narrativa alternativa de orden ilegal. Porque cuando la autoridad legítima muestra fisuras, otros actores ocupan el espacio. Y esos actores no suelen regirse por principios constitucionales.

La vida entre dos mercados

Para comprender plenamente el conflicto policial en Santa Fe hay que insertarlo en el marco más amplio de la competencia entre arquitecturas institucionales por producir integración y sentido. Porque el problema de fondo no es solo cuánto cobra un agente, sino qué tan sólida es la red institucional que sostiene la autoridad estatal frente a alternativas de organización social que operan al margen de la ley.
No existen dos mundos separados —uno legal y otro ilegal— que apenas se rozan en los márgenes. Existen dos mercados superpuestos con pasarelas constantes entre formalidad e informalidad. El mercado legal organiza el acceso mediante credenciales verificables, reglas impersonales, contratos, antecedentes formativos y trayectorias previsibles. El mercado ilegal, en cambio, se organiza mediante vínculos personalizados, reputación situada, transacciones directas y coerción violenta.

Cada uno posee sus mecanismos de lealtad y disponibilidad. Y cuando la confianza en el orden legal se debilita, las opciones ilegales ganan atractivo. El mercado legal repele a quienes el sistema educativo no capacitó ni orientó adecuadamente. La desafección institucional no es un simple enojo. Más bien, es el retiro del crédito institucional que rompe el contrato psicológico implícito entre cumplir y progresar, y solo sostiene el cálculo instrumental o coercitivo.

En contextos urbanos complejos como Rosario, donde múltiples círculos normativos compiten —familia, escuela, mercado, redes digitales, pares, Estado— ninguna institución monopoliza la producción de identidad. El “programa institucional” moderno prometía autonomía y movilidad, pero en entornos de desigualdad estructural, esa promesa se bifurca. Quienes cuentan con capital familiar y redes convierten la autonomía en proyecto, y quienes no lo tienen experimentan la intemperie.

En este marco, la anomia es, también, una oportunidad de mercado. Porque el mercado ilegal no sólo vende bienes prohibidos, sino que ofrece gobernanza, identidad, reconocimiento, pertenencia, protección, trayectorias internas, justicia propia y financiamiento informal. Integra más rápido que el mercado formal. Y lo hace con reglas claras, aunque violentas.

Desde esta perspectiva, una policía debilitada es una institución que pierde capacidad de disputar territorio simbólico y material frente a proveedores alternativos de orden. Si el Estado tarda meses en ofrecer inclusión laboral o contención institucional, y el orden ilegal permite el acceso en cuestión de días, la decisión de muchos jóvenes no es un misterio antropológico, es un cálculo racional en un entorno de opciones limitadas.

Cuando la fragilidad se vuelve vulnerabilidad

Si el conflicto policial fuera únicamente un problema presupuestario, su resolución sería una cuestión técnica. Pero no lo es. Es un punto de inflexión potencial en el sistema de seguridad de la provincia. Y los riesgos que se desprenden no son lineales. Antes bien, son acumulativos y, en algunos casos, difíciles de revertir.

El primer riesgo es operativo. Una fuerza desmotivada, con carrera incierta y condiciones materiales precarias pierde capacidad de prevención sostenida. Y la prevención no es solo patrullaje visible, es anticipación basada en conocimiento territorial, análisis de patrones y vínculos comunitarios estables. La reacción tardía es, por definición, siempre más costosa.

El segundo riesgo es organizacional. Las instituciones se desgastan hasta pudrirse. Cuando la estructura jerárquica pierde cohesión, los mandos medios se desincentivan y los ingresantes disminuyen, la organización se vuelve más vulnerable a prácticas desviadas. No porque exista una predisposición inevitable a la corrupción, sino porque la fragilidad institucional reduce los mecanismos de autocontrol interno. Una institución sólida absorbe tensiones, y una institución debilitada las amplifica.

El tercer riesgo es simbólico. La legitimidad es un recurso clave. Cuando la ciudadanía percibe que la policía atraviesa conflictos recurrentes y que sus condiciones son inestables, la autoridad pierde consistencia. Y la autoridad en materia de seguridad se sostiene en la credibilidad cotidiana. Cada intervención policial necesita respaldo social implícito para ser eficaz. Sin ese respaldo, se percibe como imposición y no como protección.

El cuarto riesgo es competitivo. Cuando el orden público muestra grietas, los órdenes alternativos avanzan. Les basta con ocupar espacios específicos: barrios, circuitos económicos, redes juveniles. Donde la autoridad legal se vuelve errática, la autoridad ilegal se presenta más asertiva. La historia reciente de Rosario demuestra que las organizaciones criminales encontraron en la violencia un capital para gestionar territorios.

El quinto riesgo es político-institucional. Si el debate público continúa atrapado en el falso dilema penal y no aborda la cuestión estructural, la política puede caer en la tentación de respuestas simbólicas. Reformas apresuradas, discursos enfáticos, medidas ostentosas, pero desconectadas de la capacidad real. El resultado es una brecha creciente entre expectativas sociales y desempeño institucional. Y cuando esa brecha se amplía, la frustración colectiva golpea directamente la fe democrática.

La pacificación sostenible

El drama de los policías suicidados en Santa Fe deja expuesto el núcleo duro democrático. Porque la seguridad, antes que una consigna o una estadística, es una función estructural del Estado para garantizar que la vida cotidiana pueda desarrollarse sin que la violencia organizada o dispersa determine las reglas del juego.

Por eso, la pacificación no es un criterio operativo ni se limita a un despliegue temporal ni una saturación coyuntural. Es una construcción institucional de largo plazo. Y esa construcción descansa sobre una fuerza policial profesionalizada, entrenada, doctrinariamente clara, materialmente equipada y socialmente legitimada. Porque una policía democrática no es solo un cuerpo armado, sino una institución con mandato preciso: proteger la vida, la integridad y la propiedad bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Para cumplir esa función necesita seis pilares innegociables: doctrina coherente, formación especializada, entrenamiento permanente, condiciones materiales adecuadas, carrera meritocrática y control institucional firme acompañado de respaldo político claro. La previsibilidad es un componente central de la legitimidad: la ciudadanía debe saber qué esperar del uso de la fuerza. Y los propios agentes deben saber que el Estado los controla, pero también los respalda cuando actúan conforme a la ley.

La experiencia reciente en Rosario demuestra que es posible reducir homicidios cuando existe coordinación y decisión operativa. Pero también reafirma que esos avances descansan sobre una base que debe fortalecerse permanentemente. No hay pacificación sostenida con fuerzas debilitadas. Como tampoco hay autoridad legítima sin reconocimiento interno y externo. Y no puede haber orden democrático si quienes deben garantizarlo perciben que su institución carece de horizonte, respaldo y coherencia. Y eso exige algo más que el debate coyuntural: visión estratégica, inversión sostenida y conducción política capaz de asumir que, en materia de seguridad, la improvisación siempre sale más cara.