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Tras casi 20 años de profunda grieta catalana en España, la nave se aleja de la tormenta y parece tocar tierra. Salvador Illa, del Partido Socialista catalán (PSC), es el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Por primera vez en 14 años el president no es un independentista. Su llegada pone un punto y aparte al procés, al menos por ahora, y devuelve a Cataluña a la política de las cosas. 

Para conseguir los apoyos que le faltaban y hacerse con la presidencia, el PSC ha pactado con los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) su apoyo a cambio de una “financiación singular” para Cataluña. El acuerdo promete deshacer uno de los nudos gordianos de la cuestión soberanista: la recaudación impositiva. Aquel pacto fiscal que Rajoy le negó a Artur Más en 2012, hoy Pedro Sanchez lo permite y destraba un problema histórico, aunque despierta otros. Cataluña saldrá del Régimen Común y logrará un concierto propio y bilateral con el Estado como el que ya tienen el País Vasco y Navarra.  Este concierto incluirá una reducción de la aportación de la comunidad autónoma a la solidaridad territorial. Es decir: Cataluña recaudará sus propios impuestos y aportará una parte a España como gesto solidario, pero será menor a lo aportado con el sistema actual. Ya se puede oír el run run en el resto de las comunidades.

El acuerdo no concreta cómo se calculará este cupo que abonará la Generalitat al Gobierno central para sufragar los servicios que el Estado presta en Cataluña. Tampoco detalla fórmula alguna para computar la cuota de solidaridad a las comunidades con menor renta. Su implementación será definida en los próximos años. “Vamos viendo” como clima de época.

El apoyo de ERC al candidato del PSC significa un nuevo paso en la fractura del bloque soberanista, la cual había comenzado en 2022. Hagamos un breve repaso.

La identidad y cultura catalana tienen siglos de historia, y el independentismo catalán también. Tras la muerte de Franco la Transición y su nueva Constitución consiguieron un entendimiento nacional, el de las Comunidades Autonómicas, que pareció absorber buena parte del conflicto. El independentismo catalán fue minoritario durante todos los años 80 y 90 (17% de la sociedad catalana aprox.).

En el año 2003 se formó en Cataluña un gobierno de coalición de izquierdas el cual se fijó como principal objetivo elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía (una suerte de constitución autonómica que la Constitución Española permite) para ampliar el autogobierno catalán. El Estatut fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, por las Cortes Generales y posteriormente refrendado por los ciudadanos de Cataluña. El PP interpuso un recurso y en 2010, después de cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Aquello fue un duro golpe a las aspiraciones del nacionalismo catalán en temas como la identidad nacional, la lengua, la administración de justicia y, sobre todo, la posibilidad de disponer de una Hacienda propia. Y entonces se encendió la mecha.

El independentismo en poco tiempo triplicó sus apoyos, llegando a representar a la mitad de la población catalana. La crisis económica de aquellos años y los resonados casos de corrupción en Cataluña empujaron al president Artur Mas a radicalizar un conflicto que le rendía electoralmente y se llevaba puesta la atención de las masas. En paralelo, en Madrid ocurría exactamente lo mismo en espejo para Rajoy: la misma crisis económica y distintos casos de corrupción requerían una bomba de humo. El procés fue un kiosko electoral que funcionó extraordinariamente bien a ambos lados de la grieta. Y como ocurrió en Argentina, la grieta catalana se tornó un fin en sí mismo. Ya no se trataba de solucionar algo sino simplemente de administrar la crisis.

El sumun de la disputa llegó en octubre de 2017 cuando se celebró el referéndum de independencia convocado por el president Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El Parlamento de Cataluña realizó la declaración unilateral de independencia, que no fue reconocida por ningún Estado del mundo. El Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy intervino la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y destituyó al presidente Puigdemont.

En 2019 llegó el juicio del procés, con penas de entre 9 y 13 años de prisión para sus líderes por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. En 2021 estos presos fueron indultados por el gobierno de Pedro Sánchez y fueron excarcelados. El indulto fue el primer gesto de Sanchez. Luego llegó la mesa de diálogo entre Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonès (ERC). Este entendimiento entre PSOE y ERC significó el quiebre del bloque catalán. El partido de izquierda anticapitalista independentista CUP rompió relaciones con Aragonès, y luego Junts, el partido de centroderecha democristiana de Puigdemont, abandonó el gobierno de coalición.

Se rompía en ese momento el acuerdo de gobernabilidad nacido en 2012 que comprometía a los partidos independentistas a postergar sus ambiciones ideológicas para priorizar las identitarias, en busca de la celebración de una consulta de autodeterminación. Y esto es lo que conocemos como El procés: el conjunto de hechos sociales y políticos para lograr la independencia de Cataluña. El pacto duró poco más de 10 años y ocupó todos los espacios del tablero eclipsando los demás asuntos de la política doméstica. Una verdadera década perdida.

El nuevo gobierno de Illa y la promesa de una fiscalidad propia, representan una nueva fase de alto entendimiento transversal entre el PSOE de Sanchez y la izquierda catalana. Nos adentramos ahora en el post procés.

¿Quién es Salvador Illa y dónde está Puigdemont?

En 2020 Pedro Sánchez fichó a Illa como ministro de Sanidad pese a que Salvador carecía de experiencia en la materia ya que de facto le servía como interlocutor para los convulsionados asuntos catalanes. Illa mantenía y mantiene una excelente relación con todo el arco político catalán, incluídos los independentistas, y había sido clave para conseguir sus apoyos para la investidura de Sanchez. Como ministro le tocó gestionar la pandemia de Covid-19 y la estrategia de vacunación. La imagen de Illa creció al calor de buenos resultados y de acertadas declaraciones, tal como ocurrió con la figura del ministro Fernán Quirós en la Ciudad de Buenos Aires. En el 2021 Sanchez le encomendó la misión de lanzarse a la presidencia de Cataluña y si bien no lo consiguió ese año, el PSC fue la fuerza más votada. Illa tenía amplia experiencia en política y en gestión, y ya lideraba el PSC antes del 2020, pero el crecimiento de su figura en los últimos años ha ocurrido al calor de Pedro Sanchez.

Sánchez considera estratégica la presidencia de Illa para hacer contrapeso en el tablero autonómico y equilibrar el poder del PP en este ámbito. Illa pasa de ser algo más que un barón del PSOE, a ser punta de lanza del sanchismo en el mapa autonómico y una especie de vicepresidente in pectore.

Además Sánchez necesita una Cataluña gobernada exitosamente por las izquierdas para contraponer su modelo al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

“Tenemos la oportunidad estratégica de alinear la Generalitat con el Gobierno del Estado y la Unión Europea en un momento de alza de los recursos públicos”, dijo Illa en su asunción. Aseguró que gobernará apegado a los “valores socialdemócratas y al humanismo cristiano”. Se inicia una nueva era de concordia y entendimiento entre dos instituciones largamente enfrentadas.

El otro gran protagonista de la jornada de investidura de Illia fue Carles Puigdemont. El expresident fugado de la justicia reapareció en Barcelona tras 7 años de exilio para dar un discurso en plena calle, y luego desvanecerse sin ser capturado pese a la orden de detención que aun pesa sobre él. Cuesta descifrar las verdaderas razones por las cuales decidió hacerlo. Lo cierto es que Puigdemont nunca desaprovecha la oportunidad de servir show. Y lo volvió a hacer. Anunció con varios días de antelación que daría un discurso en Barcelona. Se plantó en el lugar de la convocatoria a la hora señalada ante 3.500 personas. Habló durante menos de 10 minutos y se fundió entre la multitud. Se evaporó. ¿Cómo no lo pudo capturar la policía? La excusa oficial fue que “una masa de personas que configuró un muro” se interpuso entre los férreos agentes y su objetivo.  Lo cierto es que los mossos d’esquadra, la policía catalana, no le puso mucha pila al asunto.

“No nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistía no amnistían”, dijo Puigdemont en su discurso. “Hace siete años que nos persiguen por querer escuchar la voz del pueblo de Cataluña, hace años que empezó una durísima represión”. “Han convertido el ser catalán en una cosa sospechosa. Todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar”.

Sanchez rebosa felicidad con el éxito de su estrategia. “En 2018 mi administración heredó la mayor crisis territorial de la historia de la democracia”. “[El pacto PSC-PSOE] es un paso hacia la federalización del Estado”. “Hemos normalizado la situación política e institucional. Hoy Cataluña está mucho mejor que en 2017. El gran avance ha sido devolver esta cuestión al espacio del diálogo democrático que es lo que nos pedía Europa y la ciudadanía”. No se puede negar. Pero claro, hay que entender que este acuerdo no es un cambio constitucional consensuado entre todas las partes. Se trata de un documento ad hoc para lograr la investidura de Illa. Hay un conjunto de ciudadanos españoles que detestan al independentismo catalán, a Puigdemont, a Sanchez y a Illia. No pocos están convencidos que este triángulo representa la destrucción de España. Sin embargo, es más fácil imaginar el fin de Cataluña que el fin de España, y eso siempre ha sido así. Por suerte para todos la oferta política está siempre deseosa de ofrecer representación. PP y Vox se pelean por estos días para ver quien se indigna más. “Es una puñetera vergüenza”, decía Abascal sobre la huída de Puigdemont. “Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y al final Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña”, tuiteó Feijoo. Ayuso, por su parte, declaró sobre el cupo catalán: “Ahora no somos iguales ante la ley y no tenemos las mismas oportunidades”.

Hace dos años el Partido Popular resolvió la crisis llamada “Ayuso vs Casado” expulsando a su líder y trayendo de Galicia a Alberto Núñez Feijóo, un aparente magnífico gestor moderado. Hoy conocemos de sobra sus límites.  Ayuso sigue confrontando con Sanchez con más efectividad que Feijoo y lo factura mejor en un territorio totalmente abonado para ello. Hace un año se celebraron las elecciones generales. Las encuestas daban al PP como favorito y Sanchez las adelantó tratando de primerear y tomar la iniciativa. El PP salió primero pero a Feijoo no le alcanzó para formar gobierno. El PP es un partido de poder y como tal lo perdona todo menos no hacerse con el poder. Ahora Feijoo camina por la cornisa. Trata de ocupar el centro del tablero ideológico pero no termina de cuajar. Mal destino para el gallego. En su primer discurso al frente del partido había dicho ”No vengo a insultar a Sánchez, vengo a ganarle”. Su estrategia ha fracasado. Quedó atrapado en una triple pinza: Ayuso, Vox y Sánchez. Ahora su riesgo es terminar como Pato Bullrich en Argentina, de muleta de Ayuso como lo es la excandidata a presidenta de Milei.  En 2016 Feijoo decía: “No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. Yo en eso estoy de acuerdo”. Hoy se ve obligado a decir que este asunto rompe España.

Mientras tanto en el PSOE no es todo calma para Sanchez. Existe una fuerte inquietud en las federaciones del partido. La salida de una comunidad autónoma rica del Régimen Común supone una merma en los recursos del Estado que, según algunos barones del partido, podría amenazar la redistribución de la renta y la riqueza, así como desbalancear un Estado de bienestar fuerte y equitativo en todo el territorio. Asturias y Castilla-La Mancha (las dos CCAA del Régimen Común gobernadas por el PSOE) se oponen explícitamente. Se trata de dos de las comunidades autónomas que más dependen del Fondo de Suficiencia. Felipe González, histórico opositor al sanchismo declaró: “El preacuerdo con ERC no cabe en la Constitución. Es de imposible cumplimiento”.

Para materializarlo hará falta reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. El PSOE necesita 176 diputados que voten a favor. De momento ya tendría 174 apoyos. Conociendo a Sanchez…. sale o sale. Las victorias tácticas son su fuerte. Sin embargo la investidura de Illa es quizás la gran victoria estratégica de quien lleva 10 años (interrumpidos) siendo el líder indiscutible del PSOE a base de picardía y supervivencia. Y el plan podría no haber terminado. El objetivo final del independentismo es un referéndum pactado con España y hacia allí vamos, tarde o temprano. El secesionismo perdió la mayoría en el Parlament tras cuarenta años de hegemonía y atraviesa una brutal bajada en la espuma del conflicto. En Europa no se teme a los referéndums. Ya los hemos visto y los seguiremos viendo. El truco con las consultas, y bien lo sabe Sanchez, es permitirlas cuando sabés que vas a ganar. El timing lo es todo.

“Abrazame hasta que encuentren a Puigdemont”