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Tensiones históricas y desafíos institucionales en la construcción de la Argentina moderna

Partimos de reconocer un hecho saliente de la historia y de la política contemporánea de nuestra Argentina, que es encontrarnos entre la sospecha histórica sobre las Fuerzas Armadas y la necesidad de amalgamar una visión de país compartida. Para eso, seguramente deberemos superar encrucijadas del pasado para redefinir no solo la ubicación actual y futura de los militares, sino también el rol de la defensa nacional en la democracia.

¿Resulta factible, y viable, proyectar un modelo de país donde las Fuerzas Armadas opten por un rol estratégico, integrándose a una decisión política, social y cultural orientada a la emancipación y la autonomía nacional? ¿O bien la profundidad del trauma histórico derivado del terrorismo de Estado en la década de 1970, junto con la sistemática criminalidad de sus mandos, ha clausurado de forma definitiva dicha posibilidad?

Este interrogante no solo interpela al campo intelectual, sino también a los actores políticos que, desde diversas ubicaciones identitarias, exploran alternativas frente a las recurrentes crisis orgánicas de la Argentina; y que hoy presenta indicadores críticos en la calidad de vida de su población.

Es posible que una tensión pendular atrape la relación sociedad civil/FFAA, entendiendo que el quiebre de la legitimidad social de éstas en la década del 70 también transformó su matriz institucional, al tiempo que la constante desarticulación de las capacidades estatales que hoy existe como política pública le quita a las FFAA posibilidades de experimentar con originales instrumentos de su potestad militar para opinar y participar en la defensa de recursos estratégicos y planificación democrática,  como también recuperar su endógena calidad de actor dinámico en el desarrollo nacional y las políticas industrialistas.

Es oportuno, y considero útil, salir de una prieta mirada que (desde cierta justicia, desde ya) solo vea las contradicciones que atraviesan a la sociedad de la post dictadura entre la defensa de los DDHH y la demanda de control civil democrático y las necesidades técnicas, teóricas y modernas de las FFAA que pueden abrirle espacios políticos de participación en los esfuerzos de “unidad nacional” en tono democrático y de soberanía nacional. Seguro existen sinergias y bloqueos entre la política y la estructura militar. Investigarlos y resolverlos, puede ser una tarea de importancia.

Es un apasionante desafío a la clase dirigente, pensar formas para pasar de la autonomía corporativa de las FFAA, al compromiso democrático con el desarrollo argentino, que no es lo mismo que la insípida prescindencia y acatamiento natural y lógico a la Constitución nacional, aunque esto sea un avance frente a otros tiempos.

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Repasemos algunas etapas del Ejército como actor político, así como sus identidades ideológicas y las fracturas a su interior. Las FFAA argentinas revelan permanentes identidades y posicionamiento ante las etapas nacionales y mundiales. No son un bloque homogéneo ya que esa estructura militar opera como sensible portadora de sentidos políticos distintos a partir de las cosmovisiones de sus integrantes.

Una primera etapa nos coloca en el paso del modelo liberal mitrista de mediados del siglo XIX a la modernización prusiana de principios del siglo XX. Tras la Batalla de Pavón y la consolidación de la Organización Nacional bajo la Constitución de 1853, el cuerpo de oficiales se alineó con el liberalismo mitrista. Este sector concibió una profesionalización subordinada al proyecto agroexportador de la Generación del 80, configurando un ejército elitista orientado a la pacificación interior y a la imposición centralista en las provincias.

A comienzos del siglo XX, emerge la línea riccherista -impulsada por el general Pablo Riccheri-. Esta corriente centró la modernización institucional en el modelo prusiano e instrumentó la Ley de Servicio Militar Obligatorio (1901) como un dispositivo de asimilación cultural e integración nacional para los hijos de la masiva inmigración europea.

En sintonía con las transformaciones globales de entreguerras, se estructuró una vertiente de nacionalismo territorial e industrialista, liderada por el general e ingeniero Enrique Mosconi junto al general Alonso Baldrich. Esta línea concebía el poder militar imbricado al desarrollo económico y al control estatal de los recursos estratégicos (en este caso petróleo y creación de YPF) matriz que continuaría el general Manuel Savio desde la conducción de Fabricaciones Militares (1941-1948) y la creación de SOMISA, como punto basal de la siderurgia argentina.

Paralelamente, el nacionalismo católico, conservador y corporativista operó como la columna vertebral ideológica del golpe de Estado de 1930. En la década de 1940, surge la logia GOU (Grupo de Oficiales Unidos) caracterizada por un nacionalismo heterogéneo, anticomunista y opuesto al fraude electoral. El GOU mantuvo una posición de estricta neutralidad ante la Segunda Guerra Mundial, conviviendo en su seno facciones filo fascistas con sectores aliadófilos (como el general Arturo Rawson). Este núcleo inicial funcionó como la cantera político-ideológica del posterior peronismo.

Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955), se formalizó una alianza estratégica entre el Ejército, el movimiento obrero organizado y la Iglesia católica. El sustento doctrinario fue la Nación en armas, concepto del general alemán Colmar von der Goltz, adaptado por Perón, el cual ligaba la defensa nacional al desarrollo industrial, la salud pública y la educación popular. Una visión de justicia social aplicada a un concepto militar.

El derrocamiento de Perón en 1955 empoderó a las corrientes antiperonistas radicalizadas (denominadas “gorilas”), con el liderazgo claro y casi en exclusividad del general Pedro Eugenio Aramburu, cuyo objetivo fue la desperonización absoluta de la sociedad.

En su violenta mirada ideológica no vaciló este sector en realizar actos criminales desde el Estado como el fusilamiento de sus propios camaradas en junio de 1956 (cuando fueron fusilados el general Juan José Valle y el coronel Cogorno entre otros) que intentaron, mediante un fallido golpe el regreso a la normalidad constitucional. En ese raid Aramburu no vaciló en atacar también sectores militares “lonardistas” (por el efímero presidente de facto conciliador, entre 23/9 y 13/11 de 1955) quien entendía la necesidad de acordar con el peronismo militar y obrero para pacificar el país.

Hacia la década de 1960, las disidencias internas cristalizaron en el enfrentamiento armado entre dos fracciones militares, los azules, autodefinidos como legalistas y profesionalistas (con el general Juan Carlos Onganía a la cabeza), propiciaban una integración tutelada del peronismo pero proscribiendo a su líder en un marco republicano restrictivo, pero con elecciones, y los colorados, ala antiperonista intransigente que exigía una tutela militar estricta y prolongada con ciertas formas democráticas débiles.

La victoria militar de los azules, a pesar de su aparente legalismo, devino en el golpe de Estado de 1966. Bajo la nítida influencia de Estados Unidos y la Escuela de las Américas, Onganía inscribió a la fuerza en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), sustituyendo las hipótesis de conflicto externas por la del “enemigo interno subversivo”. A su vez esta instancia reconoce presencias militares importantes como alas desarrollistas, nacionalistas, liberales y corporativistas. Entre los primeros, claramente el general Juan Enrique Guglialmelli e incluso en el mismo vector de lo “nacional” pero alineado con al DSN y la represión como política disciplinadora, el general Osiris Villegas. Los corporativistas, con Onganía  a la cabeza pensaban un proyecto militar de veinte años, con la política partidaria congelada hasta que se reordene la economía y el Estado fuera conducido bajo criterios técnicos-militares. Este sector, paternalista, pronto fue copado por los liberales (Krieger Vasena, Lanusse, López Aufranc) que también desalojaron a los nacionalistas del poder.

Entre los años 60 y 75 puede verse el surgimiento, en el Ejército y de forma minoritaria, de corrientes de pensamiento nacional que influenciados por el Concilio Vaticano II y al calor del entusiasmo tercermundista por la revolución cubana, el triunfo argelino en su lucha anticolonial y la independencia de países africanos, ven en la Teología de la liberación y en el catolicismo postconciliar, una postura que les es afín. Algunos las denominan como “tenientismo”, “nasserismo”, “nacionalismo”, “desarrollismo” o “peruanismo” (en 1968 surge en Perú un gobierno revolucionario de las FFAA al mando del general Velazco Alvarado) que encabeza políticas de fuerte transformación económica y social con eje en mejorar la calidad de vida de los habitantes más pobres y humildes de este país.

En esas corrientes de las FFAA argentinas su mayoría eran oficiales de baja graduación en el orden de tenientes hasta el grado de mayor. Sin llegar a ser una línea prominente es destacable la actuación de los oficiales instructores del Colegio Militar de la Nación Julián Licastro y José Luis Fernández Valoni quienes en 1973 son fundadores, junto a dirigentes peronistas, del Comando Tecnológico Peronista y que en virtud de eso y por reiteradas proclamas políticas fueron pasados a retiro.

Sin ser lo mismo ni plantear similares posturas, en ese tiempo podemos ubicar dentro del llamado espacio nacional del Ejército a oficiales mayores como los generales Guglialmelli, Eduardo Uriburu, Labanca, Cándido López, Carlos Rosas, y los Tte. Cnles. Diaz Loza y Fernando Baldrich.

Durante el gobierno peronista 1973/76 y luego de la retirada en clave de derrota política de la dictadura militar instaurada en 1966, el Ejército comienza con un liderazgo expresado en dos militares con ideas “populares” y de cercanía con el ideario peronista más combativo y con sectores juveniles de esa fuerza política, y que expresaban una línea nacionalista, como fueron el general Jorge Carcagno y el coronel Juan Jaime Cesio, incluso el primero fue Comandante general del Ejército, entre mayo y diciembre 73, pero esa experiencia tuvo efímero paso entre los militares y se sucedieron tres jefaturas más, hasta el golpe destituyente en marzo de 1976, de distinto signo político.

Lo continuó Leandro Anaya entre diciembre 73 y mayo 75 en lo que se llamó el “profesionalismo prescindente”, que planteaba una posición clásica de los militares, una ortodoxia desligada de la política y no comprometida con la identidad gubernamental, dedicándose a sus funciones específicas. El ejército se replegó sobre sí mismo, endureciendo su doctrina interna anticomunista y de élite.

Luego vino Alberto Numa Laplane (mayo/agosto 1975) un representante del “profesionalismo integrado” que era de línea moderada y fiel al gobierno y al orden constitucional, quien sostenía que las FFAA debían servir al sistema constitucional y subordinarse estrictamente a las autoridades civiles electas. Su desplazamiento se produjo en virtud de no tener la confianza de los sectores duros y ya golpistas, de la fuerza quienes obligaron a su desplazamiento y el reemplazo, nada menos que por Jorge Rafael Videla que consolidó a los “duros” del ejército y finalizó liderando el golpe de Estado que derroca a la presidenta Isabel Perón.

En esta etapa comienza lo que puede denominarse “Corriente procesista”, donde hegemoniza un ala liberal, conservadora y represiva con la práctica del terrorismo de Estado como política de disciplinamiento social. Es el periodo más trágico del pais, de mayor responsabilidad criminal de sus fuerzas armadas y que signa en forma traumática y durante muchos años la vida política nacional.

En este tiempo hay algunas presencias militares que pueden mencionarse como diferentes, sin que su intrascendencia cuantitativa les otorgue destacada presencia histórica, como la de los llamados “33 orientales”, pero sí deben recordarse por su coraje y originalidad en oponerse una dictadura tan feroz. Fue un grupo de oficiales menores y suboficiales del Ejército que entre 1979 y 1980 se les dio de baja y fueron depurados por ser críticos del terrorismo de Estado y oponerse a las políticas del llamado Proceso de Reorganización nacional. Fueron oficiales que, varios identificados con el peronismo, se negaron a participar en la represión ilegal y la acusación sobre ellos sostuvo que “no estaban consustanciados con la filosofía y el sentir de la Fuerza” y declarados “ineptos para las funciones de su grado”. Los más conocidos eran los capitanes Ricardo Colombo, Mario Rossi y Guillermo Cogorno (hijo del coronel fusilado en junio de 1956) y los tenientes Luis Tibiletti y Ernesto Urien.

Asimismo, el capitán José Luis D’Andrea Mohr representó un caso paradigmático de coraje personal y resistencia ética; tras solicitar su baja al negarse a reprimir civiles en 1976, fundó en la transición democrática el Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) junto a los coroneles Horacio Ballester, José Luis García y el general Jorge Leal, denunciando los crímenes de la Junta Militar ante la comunidad internacional.

Ya sobre el final de la dictadura, posterior a Malvinas y en torno a la descomposición del régimen, se evidencian internas entre “Palomas” (Videla, Viola) y “Halcones” (Menéndez, Suárez Mason), así como el proyecto autocrático personalista del Almirante Emilio Massera. Un quiebre ético-técnico institucional importante se consumó con el Informe Rattenbach, riguroso documento que acusó a la junta militar de irresponsabilidad estratégica y recomendó penas máximas (incluso de muerte) para los jerarcas.

Las secuelas de la guerra y la experiencia de combate originaron una corriente malvinera con posiciones de nacionalismo patriótico y crítico de los altos mandos, a fines de los años 80 y ya en el gobierno alfonsinistas dan génesis al movimiento carapintada, liderado alternativamente por el Tte. Cnel. Mohamed Ali Seineldín y el entonces Mayor Aldo Rico.

Finalmente, en la década de 1990, la “línea Balza” (expresada por el jefe del Ejército general Martín Balza) marcó un hito mediante una autocrítica institucional que rompió lazos con el terrorismo de Estado.

En el siglo XXI, las expresiones internas se diluyeron en favor de conducciones individualizadas bajo control civil, destacándose la gestión del general Roberto Bendini (2003-2008), quien por orden presidencial (Néstor Kirchner) descolgó los cuadros de los dictadores del Colegio Militar, y el general César Milani (2013-2015), quien intentó reeditar, de manera trunca, un modelo de profesionalismo integrado junto al proyecto oficial de la época, bajo el objetivo de ser parte de un modelo nacional con clara identidad política.

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Hasta acá esta nota “peca” de cierto enciclopedismo, pero es la necesidad de aclarar un marco histórico de referencias militares, una suerte de disección paleontológica para ubicar quienes se movían y tensionaban posiciones, hacia el “adentro” del ecosistema militar.

En este escenario, lo importante es retomar el interrogante sobre la viabilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en proyectos de reconstrucción nacional. Esto cobra urgencia tras sucesivos períodos de regresión socioeconómica, pérdida de activos estratégicos en ciencia, tecnología y energía, y un repliegue geopolítico subordinado a alineamientos exclusivos (la bi relación EEU, Israel). Ante este deterioro multidimensional, la respuesta debe ser afirmativa. Por su capilaridad territorial, despliegue institucional y función formativa, las Fuerzas Armadas constituyen un actor estatal orgánico clave. Su convocatoria es fundamental para coordinar esfuerzos que apunten a la autonomía nacional, el crecimiento y el desarrollo integral del país.

Deben recuperar su memoria histórica ligada al industrialismo, y debe haber algo más, como futuro, que lucir oropeles en uniformes engalanados y seguir acríticamente el desmantelamiento del Estado nacional. La dinámica interna de las Fuerzas Armadas refleja el influjo de las movilizaciones y rebeldías civiles. Desde el ejército mitrista post-Pavón hasta la influencia del radicalismo (Mosconi) y el peronismo (Savio y la alianza de las FFAA con los trabajadores), cada facción militar responde a tensiones sociales. La reacción antiperonista de masivos sectores medios y eclesiásticos generó el “gorilismo”, mientras que la insurgencia social del “Cordobazo” impulsó corrientes internas nacionalistas. Así, la efervescencia política y las luchas populares que culminaron en las elecciones de 1973 moldearon las comandancias, demostrando que el devenir militar es indisociable del conflicto y las presencias movilizadoras masivas.

Los 70 alumbraron al general Cándido López de vocación política democrática, un general como Eduardo Labanca nacionalista y revolucionario y hasta un general como Carlos Rosas tildado de comunista. Las FFAA no son ajenas al sentir masivo de los argentinos y sus conducciones y rumbos sienten, sin duda, la presión de las demandas populares.

El golpe de Estado de 1966, autodenominado “Revolución Argentina”, suele ser leído bajo el prisma de la violencia política posterior. Sin embargo, en sus orígenes, la intervención militar liderada por Juan Carlos Onganía tras derrocar a Arturo Illia, comenzó con una relación de fuerzas favorable a las miradas nacionales/desarrollistas, lo que la dotaron inicialmente de una matriz ideológica confusa donde en su arranque, el sesgo liberal que caracterizaría a dictaduras posteriores y que ésta misma luego adquiriría no aparecía hegemonizado el gobierno. Las Fuerzas Armadas de entonces concebían al sistema de partidos tradicionales como una “partidocracia perimida” e ineficiente, responsable del atraso estructural del país. En su lugar, pretendían erigir una modernización autoritaria de corte corporativista, donde las corporaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresarios y la propia corporación militar, reemplazaran la mediación parlamentaria para planificar un capitalismo de Estado.

Esta impronta inicial explica las complejas y a menudo contradictorias recepciones del golpe en el mapa político de la época. Desde el exilio, el general Juan Domingo Perón adoptó una postura de expectativa sintetizada en su célebre frase “desensillar hasta que aclare”, viendo en el nuevo esquema una contención al antiperonismo visceral de los sectores colorados. En sintonía, el influyente sindicalismo metalúrgico de Augusto Timoteo Vandor apostó a consolidarse como el interlocutor social del régimen dentro del nuevo diseño corporativo. Incluso sectores de la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos y cuadros juveniles que luego nutrirían a la Tendencia Revolucionaria Peronista coincidieron en diagnosticar el fin de una “farsa democrática” de orígenes fraudulentos, abriendo un crédito inicial a las transformaciones prometidas.

El tema de estar viviendo una “Revolución Nacional” movilizaba energías y expectativas de muchos militares nacionalistas y de muchos dirigentes y militantes políticos. Ver ese período con los ojos y el razonamiento de hoy, es un error bastante recurrente. La planificación estatal se estructuró a través de organismos como el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), conducido por el general Juan Enrique Guglialmelli. Desde una perspectiva nacionalista, Guglialmelli denunciaba la “desnacionalización financiera e industrial” y propugnaba la inserción castrense en un programa industrial avanzado, definiendo el subdesarrollo como la principal hipótesis de conflicto. En esta misma línea se inscribió el “Plan Europa”, impulsado por el general Eduardo Uriburu para evadir los Programas de Asistencia Militar con Estados Unidos.

Uriburu promovió la fabricación local de armamento bajo patentes europeas, buscando un efecto multiplicador que reactivara el empleo y la tecnología local en un ejercicio de antiimperialismo norteamericano práctico, y aún el general Osiris Villegas, estratega de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la represión, insistía en que el desarrollo requería de un “proyecto nacional convincente sostenido por el pueblo”. Por eso los sectores liberales, relacionados con las finanzas y el campo, luego copantes del poder, quedaron marginados en el principio por unas FFAA que creían en la intervención del Estado como factor de crecimiento y desarrollo.

No obstante, esta matriz, coexistió con un fuerte autoritarismo cultural e ideológico. Episodios como la “Noche de los bastones largos” y el desembarco del equipo económico comandado por el ultraliberal Adalbert Krieger Vasena clausuraron rápidamente las expectativas de los sectores nacionalistas, inclinando la balanza gubernamental hacia los intereses financieros y agros exportadores.

El giro liberal del gobierno de Onganía detonó fracturas y rebeliones en las propias filas militares, evidenciando que la institución no era un bloque homogéneo. En 1969, el general Eduardo Labanca (comandante de la 10 Brigada de Infantería con poderosas guarniciones a su mando) lideró una sublevación con el propósito explícito de que los resortes estratégicos de la economía retornaran a manos argentinas. En 1971, tras un nuevo intento por frenar el ascenso total de Alejandro Agustín Lanusse (el más liberal de los generales en actividad, el otro era Aramburu, ya retirado), Labanca fue desplazado junto a un grupo de oficiales subalternos de perfil reformista y mientras él “pasó a la clandestinidad”, fueron sancionados los coroneles José Luis García, Bagnatti, Gustavo Cáceres, Augusto Rattenbach, Gascón y otros.

Ese mismo año, los levantamientos de los regimientos de Azul y Olavarría buscaron desplazar al ala liberal del gobierno, reencauzar los objetivos originales de la revolución e iniciar una salida electoral, esto último con dudas, pues el pensamiento de sus jefes los Tte. Coroneles Florentino Diaz Loza y Fernando de Baldrich, combinaban su admiración por procesos militares en Perú, Bolivia, Egipto y hasta Cuba con posiciones reaccionarias ultra montanas.

Estas conspiraciones reflejaban el pensamiento de una oficialidad subalterna cuya cosmovisión sintetizaba el nacionalismo defensivo, el Concilio Vaticano II, el tercermundismo eclesiástico y el revisionismo histórico antiliberal, confluyendo en la posibilidad de un “Ejército nacional” articulado con las mayorías. Esos oficiales, encarnaron un tipo de intelectualidad militar que, si bien no hegemonizó la conducción de la etapa 1966-1973 debido a los pragmáticos equilibrios de poder que beneficiaban a perfiles más verticalistas como el propio Onganía y luego Lanusse, mantuvo encendida la discusión sobre el destino estratégico del país. Había militares que pensaban el pais. Y lo hacían, aún en divergencias profundas desde una clave de industrialización y potencial en tecnología, fuerte en el marco regional y con una población sana y educada que solvente la independencia ante toda potencia y pueda concretar un camino como Nación.

Con altibajos de poder y de presencia, marcaron más de sesenta años de historia, incluso con posiciones que podían verse desde la “derecha” a la “izquierda” (en caso de dar validez a estas categorías). Conservadores, radicales, peronistas, desarrollistas, industrialistas, nacionalistas, malvineros, libres pensadores, católicos ultramontanos y postconciliares, populistas y reformistas formaron las cohortes de los militares que no se contentaron con “levantarse temprano y tener el uniforme impecable” y se arriesgaron a pensar una Nación con decisiones propias.

Comprender la densidad de estas tensiones y debates históricos resulta indispensable para abordar, con rigor, el persistente desafío de discutir el rol y la reubicación de las agendas militares dentro de la sociedad democrática contemporánea. Es un desafío intentar la reubicación militar en la sociedad argentina.