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Entre septiembre de 1999 y diciembre de 2001 se produjo una crisis de mandos en la economía argentina al quebrarse la hegemonía del “grupo de los 8”, que concentraba al conjunto del gran empresariado con clara predominancia de la banca extranjera representada en la Asociación de Bancos Argentinos (ABA). La ruptura se da con el surgimiento de un grupo productivo que incluye a la Unión Industrial Argentina, a la Cámara Argentina de la Construcción y Confederaciones Rurales Argentinas, con “capitanes de la industria” (como Techint y la UIA-MIN) que intentan articularse en una opción de poder más amplia con el desarrollo del Movimiento Productivo Argentino (una suerte de transversalidad productivista con eje en el PJ de Duhalde, la UCR de Alfonsín, los restos del Frepaso, y una Iglesia Católica consciente del riesgo social latente. Más la alianza de distintos niveles con fracciones Pymes (CGE, CAME, Federación Agraria).

La base social a sumar por el llamado “Proyecto Productivo” estaba constituida principalmente por el movimiento obrero organizado (CGT-oficial, CGT-disidente, CTA) y las organizaciones de desocupados. El proyecto de este “capitalismo Productivo” consiste en términos de programa económico en un neo-desarrollismo de perfil exportador comandado por determinados grupos económicos locales y ciertos grupos “europeos” (principalmente italianos y españoles como la FIAT), de una escala mucho menor que las transnacionales angloamericanas. Tienen asiento en el sector productivo agroindustrial (lo que incluye a las industrias de la alimentación, agro-industrias y maquinaria agrícola), en industrias livianas mercado internistas (textiles, calzado, electrodomésticos, etc.) y en industrias de bienes intermedios (petróleo, aluminio, acero). Frente a la crisis iniciada en el sudeste asiático de 1997 y el proceso global de concentración y centralización del capital, necesitan conformar un territorio social de relativa autonomía para su desarrollo, es decir, para su acumulación ampliada. Esta relativa autonomía se basa en el establecimiento de una territorialidad propia (MERCOSUR), una moneda propia (por lo que rechazan la dolarización), cierto grado de proteccionismo y de intervención estatal, cierto grado de distribución de la riqueza y de fortalecimiento del mercado interno (en términos relativos con respecto al proyecto neoliberal).

Dicho proyecto político estratégico busca desarrollar un paradigma “productivo” basado en la mecanización en industrias de baja y media complejidad; combinado con un régimen de acumulación de ampliación relativa del mercado interno, favorecimiento de bienes transables e inversión estatal en infraestructura; y un modo de regulación neotaylorista, es decir de flexibilización laboral, con un mercado de trabajo fragmentado y una dualización de los obreros entre los que se encuentran bajo regímenes semi-fordistas, con derechos laborales, contratación colectiva e intensidad en el consumo de la fuerza de trabajo y, por otro lado, amplios sectores en negro, ultra-flexibilizados y pauperizados, de muy baja productividad, muchos de los cuales constituyen una “población sobrante” con subsidios estatales que garantizan mínimas condiciones de reproducción.

Durante el gobierno de Duhalde en 2002 se implementaron un conjunto de políticas públicas acorde a dicho programa: devaluación, pesificación asimétrica, retenciones a las exportaciones del agro y de hidrocarburos, implementación del Plan Jefes y Jefas de hogar, alineamiento regional en el MERCOSUR, congelamiento y renegociación de las tarifas de los servicios públicos. La enorme devaluación, la baja de costos en dólares, la disminución de la tasa de interés y el cambio de precios relativos a favor de los bienes transables explican el fuerte rebote de la crisis y los primeros años de fuerte crecimiento económico.

A partir de 2003 y sobre todo desde fines de 2005, con el kirchnerismo este programa se “radicaliza” sin dejar de lado su matriz central. En este sentido, hay un pasaje de un neodesarrollismo conservador a un neodesarrollismo nacional. Varios ejes de esta radicalización:

– Kirchner expresa regionalmente la posición de incorporar a Venezuela con el objetivo de fortalecer el bloque, avanzar hacia un “Mercosur político”, avanzar hacia la UNASUR, desarrollar una política de mayor autonomía regional. Lavagna se opone a la incorporación de Venezuela ya que lo ven como una amenaza de radicalización del bloque regional.

– Las paritarias para sostener la necesidad de reactivar las negociaciones salariales colectivas como mecanismo distributivo a favor del salario.

– La relación con el Movimiento Obrero Organizado. Kirchner propicia que Hugo Moyano encabece la CGT.

Con la crisis del paro agrario en 2008, la derrota electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y la decisión de “profundizar” por parte del gobierno para retomar la iniciativa política se da un nuevo proceso de radicalización de mayor intervención y presencia estatal que se traduce en la re-estatización de Aerolíneas Argentinas, la re estatización del sistema previsional de la Argentina, la re-estatización de la Fábrica de Aviones de Córdoba, el impulso a Ley de Servicios Audiovisuales y las políticas distributivas mediante subsidios como en la Asignación universal por Hijo y el plan Argentina Trabaja, entre otras.

Sin embargo, las contradicciones se pusieron de manifiesto a partir de 2011 entre un planteo “profundizador” de tipo nacional y popular y un planteo neodesarrollista de “sintonía fina”. Las tensiones aumentaron en torno a la propuesta de ley de participación en las ganancias de los trabajadores, la propuesta de ley de entidades financieras, la propuesta de estatizar el Banco Hipotecario, la propuesta de Ley de responsabilidad solidaria para las tercerizadas, la discusión sobre la Ley de ART, la propuesta de una Ley de Tierras, los planes de recuperación de Empresas Estratégicas Estatales, etc. Ello tiene su contraparte electoral e institucional en la tensión por conformación de las listas, la discusión por la vicepresidencia (Recalde o Boudou) y el control de las principales herramientas del Estado.

A su vez, comienzan a expresarse las principales debilidades del “modelo” que no logra la transformación de la matriz productiva, a la que podríamos calificar como “extranjerizada, concentrada, industrialmente desintegrada y primarizada”. La “burguesía nacional” (grupos económicos locales y mediana burguesía local) no ha podido resolver en términos progresivos éstas debilidades al no constituir núcleos autónomos de acumulación y de desarrollo de medios de producción estratégicos, es decir, no puede llevar adelante o encabezar un proyecto político estratégico autónomo de desarrollo. En los países semi-coloniales o dependientes históricamente lo tuvo que hacer el Estado (YPF, Siderurgia, Energía Nuclear, Industria Naval, Industria Aeronáutica, Industria Automotriz, Biotecnología, etc.).

El neodesarrollismo solo puede existir como equilibrio inestable en una etapa de transición histórica, a costa de devaluar cada cinco años para lograr la competitividad que se pierde frente a los saltos de productividad de las transnacionales, a costa de mantener los salarios bajos (aunque mejores que en el proyecto liberal y con más trabajo), a costa de tener a la mitad de los trabajadores en negro, desocupados o viviendo con planes sociales. En su desarrollo, la tensión con los trabajadores se vuelve insalvable.

* Sociólogo (UNLP). Centro de Estudios Formación e Investigación en Política Economía y Sociedad (CEFIPES). CONAPLA.