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SEIS MESES Y NINGUNA LEY

Tiempo de lectura: 8 minutos

Perón decía que “en política quien no tenga cabeza para prever deberá tener espaldas para aguantar”. El recambio en la Jefatura de Gabinete, con el consiguiente ascenso de Guillermo Francos, representó un punto de inflexión en la gestión gubernamental. Javier Milei admitió que se había cumplido una fase y comenzaba otra cuyo abordaje exigía un instrumental distinto al empleado hasta ahora.

El disparador de esa súbita alteración en el escenario es que el progresivo descenso en la tasa de inflación, desde el 25,5% de diciembre pasado al alrededor del 5% de mayo, indican un éxito y, a la vez, la proximidad de un límite. En los meses que se avecinan esa tendencia a la baja mutará hacia un amesetamiento. En junio, por ejemplo, impactarán los postergados aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Esa percepción genera una modificación en las expectativas de la sociedad. El hecho de que la brecha cambiaria se haya ensanchado en las últimas semanas desde el 15% a más del 45% y que el riesgo país haya subido más de 300 puntos es un síntoma que no supone una reversión de la tendencia declinante en estos dos ítems, pero marca sí la sensación de los mercados financieros de que algo no está funcionando bien.

Las encuestas revelan un descenso de la inflación como el tema absolutamente prioritario para la opinión pública y un correlativo aumento de las preocupaciones por el desempleo y la pobreza. En esa dirección, aunque en un registro diferente, cabe interpretar la multitudinaria movilización nacional del pasado 23 de abril en defensa de las universidades públicas, cuya masividad adelantó esa modificación en las expectativas de la sociedad.

Porque si la provincia de Buenos Aires suele considerarse la “madre de todas las batallas”, el conurbano bonaerense podría caracterizarse como el “padre de todas las crisis”, como quedó acreditado en los estallidos sociales de junio de 1989 y de diciembre de 2001

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Pero los sondeos de opinión reflejan también el mantenimiento del respaldo mayoritario de la opinión pública al gobierno de Javier Milei. Aunque parezca paradójico, no puede descartarse que parte de ese respaldo a Milei no sea, como suele decirse, “a pesar” de la brutalidad del ajuste sino a la inversa, precisamente a un reconocimiento de su carácter inevitable. Así podrían compatibilizarse dos tendencias reflejadas en las estadísticas económicas y en las encuestas de opinión. La primera es la fenomenal caída en los niveles de producción y de consumo, unida al incremento del desempleo y los niveles de pobreza. La segunda es el mantenimiento de los altos índices de aprobación a la gestión presidencial.

Lo cierto es que en este “segundo semestre” el gobierno no sólo tendrá que afianzar el equilibrio fiscal y financiero sino también encarar las reformas estructurales prometidas, lo que demanda un mayor respaldo parlamentario, que le permita superar su inédito estado de virginidad legislativa, para abrir camino a un ciclo de inversión y de crecimiento económico. Los progresos registrados en el tratamiento de la “Ley de Bases” y la reforma fiscal en el Senado, derivados de la inédita flexibilidad exhibida por Francos en la negociación con los distintos bloques legislativos, fueron un signo novedoso.

Muchas de las críticas a la debilidad del elenco gubernamental y su caótico desempeño no contabilizan que su integración está en línea con el mismo fenómeno político aluvional que lo llevó al poder. Ambos constituyen un “combo”. A esta particularidad hay que agregar que para Milei la prioridad excluyente en estos primeros seis meses estuvo concentrada obsesivamente en una drástica reducción de la inflación. Esa preocupación relegó la consideración de todos los demás problemas.

Ahora resulta que el cumplimiento de ese objetivo prioritario de bajar la tasa de inflación está medianamente acreditado, pero es insuficiente para afrontar una instancia que demanda avanzar en las reformas necesarias para mejorar el nivel de competitividad internacional de la economía. Este nuevo trayecto ya no puede fundarse exclusivamente en el ejercicio del hiperpresidencialismo. Exige un escenario de sustentabilidad política de mediano y largo plazo, que articule el indispensable respaldo de la opinión pública con un sólido consenso político-institucional.

En el discurso que pronunció Milei desde el Cabildo de Córdoba el 25 de mayo cabe rastrear un anuncio importante que pasó casi desapercibido: la intención de avanzar hacia la configuración de un “Consejo de Mayo”, un organismo multisectorial compuesto por un delegado del Poder Ejecutivo Nacional y un representante de los gobernadores, la Cámara de Diputados, el Senado, el sector empresario y el sector sindical.

El gobierno está obligado a aceitar el camino de la negociación con los gobernadores y la llamada oposición “dialoguista”. La propia vocera oficial del FMI, Julia Kozack, advirtió que “como hemos dicho muchas veces, sigue siendo fundamental ampliar el apoyo político a la estabilización y reforma macroeconómica”.  

Aunque parezca paradójico, no puede descartarse que parte de ese respaldo a Milei no sea, como suele decirse, “a pesar” de la brutalidad del ajuste sino a la inversa, precisamente a un reconocimiento de su carácter inevitable

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Mientras tanto, Milei estableció una nueva prioridad de política exterior, manifestada en su viaje a San Francisco: la articulación de un sistema de alianzas con las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, protagonista de la Cuarta Revolución Industrial. En esa aproximación juega un papel relevante su relación personal con Elon Musk.

El proyecto de instalación de un polo de empresas de inteligencia artificial en la Patagonia, cuya localización geográfica obedecería a la cercanía de las fuentes de los enormes volúmenes de energía que demandaría su desarrollo, es un ejemplo demostrativo de la intención de impulsar la inserción de la Argentina en este nuevo escenario económico mundial.

Las reglas de juego planteadas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en especial la garantía de seguridad jurídica que supone la instauración de mecanismos de arbitraje internacional para la dilucidación de las eventuales controversias, promueven condiciones propicias para nuevas inversiones en la agroindustria, la energía y la minería, cuya materialización puede implicar un significativo empujón para las economías regionales y la reactivación productiva de todo el interior argentino, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires.

Estas expectativas explican la actitud de la casi totalidad de los gobernadores en sus negociaciones con el gobierno nacional y su postura en el tratamiento de la cuestión en el Senado, donde las provincias mineras consiguieron un incremento del 3% al 5% (es decir de un 60%) en las regalías y las patagónicas una excepción en el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias en los salarios de sus trabajadores.

Pero el impacto de esas perspectivas de reactivación, basadas en el descenso de la inflación y la aprobación del RIGI, tiene tiempos distintos que a su vez suponen diferentes implicancias políticas. En el corto plazo la salida de la recesión no podrá obedecer del aumento en los deprimidos niveles de consumo, que dejarán de caer, pero en el corto plazo no tendrán un aumento significativo, ni de la inversión en la actividad de las industrias ya instaladas, que tienen un 50% de capacidad ociosa y por lo tanto no necesitan nuevas inversiones para abastecer un potencial incremento de la demanda.

La única reactivación posible tendrá que provenir entonces de esas nuevas inversiones con epicentro geográfico en el interior. Esto supone una notoria diferencia con el Gran Buenos Aires, que requerirá todavía un arduo proceso de reconversión económica orientado a incrementar los bajos niveles de productividad de su aparato industrial, basado en la pequeña y mediana empresa. Una transformación de esa naturaleza requiere un período mucho más prolongado.

Esta dicotomía tiene naturales consecuencias políticas. Al margen de sus aspectos anecdóticos, más apropiados para programas de chismes de espectáculos que para el análisis político, la crisis generada en torno al Ministerio de Capital Humano obliga a focalizar la atención en la situación social del Gran Buenos Aires. Porque si la provincia de Buenos Aires suele considerarse la “madre de todas las batallas”, el conurbano bonaerense podría caracterizarse como el “padre de todas las crisis”, como quedó acreditado en los estallidos sociales de junio de 1989 y de diciembre de 2001.

Para poner las cosas en sus justos términos corresponden dos aclaraciones. La primera es que, a diferencia de lo que sucedía en los mejores momentos del gobierno de Mauricio Macri, cuando Esteban Bullrich derrotó a Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires, las encuestas coinciden en que el apoyo a Milei es inequívocamente transversal, porque se manifiesta en todos los estamentos sociales y abarca en igual medida a los sectores más vulnerables de la población, incluidos las villas de emergencia y los asentamientos populares del conurbano.    

Las encuestas revelan un descenso de la inflación como el tema absolutamente prioritario para la opinión pública y un correlativo aumento de las preocupaciones por el desempleo y la pobreza

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La segunda aclaración, que parcialmente pero no del todo ayuda a explica lo anterior, es que, durante estos primeros seis meses de gobierno, cuando la inflación tuvo un incremento acumulado de alrededor de 110%, aunque con un incremento bastante superior en el rubro de alimentos, la tarjeta Alimentar aumentó un 137%, la asignación universal por hijo (AUH) un 259% y la ayuda escolar por hijo un 311%. Esas cifras implican una mejoría del 28% en relación a diciembre pasado, un 33% respecto a noviembre y un 45% en comparación con junio de 2023.

También en ese mismo lapso la decisión política de establecer un nuevo mecanismo de distribución alimentos a los comedores populares para prescindir de la participación de los movimientos sociales ocasionó una cadena de desajustes que desataron una ola de quejas, protestas y denuncias de los múltiples damnificados.

En ese escenario corresponde inscribir las sucesivas advertencias del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea (obispo de San Isidro), el coordinador del Equipo de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Luis Lugones (obispo de Lomas de Zamora), y el responsable nacional de Cáritas, monseñor Oscar Tisseira (obispo de Quilmes), así como la denuncia de Juan Grabois y  la intervención del juez federal Sebastián Casanello, a quien trascendidos periodísticos de incierto origen atribuyeron un contacto frecuente con el Papa Francisco.

En esa misma dirección se inscriben el contenido y la oportunidad política del informe emitido en sugestiva coincidencia por Cáritas, la organización que administra la red de comedores populares más importante de la Argentina, que apunta que el 10% de la población experimenta “inseguridad alimentaria severa”. A fin de ubicar estos números en un contexto más amplio, conviene acotar que la suma de esa ayuda estatal a las familias vulnerables alcanza para cubrir solo el 47% de la llamada “canasta de indigencia”.

Para avanzar en la comprensión de este fenómeno vale consignar un relevamiento en barrios populares del conurbano realizado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el instituto de investigación de la Compañía de Jesús que encabeza el sacerdote Rodrigo Zarazaga, que revela que sólo el 20% de sus pobladores vive exclusivamente de los planes de ayuda social mientras que el 80% restante, o sea la inmensa mayoría, complementa esa ayuda estatal con ingresos provenientes del trabajo informal, donde la caída de los salarios y del empleo es todavía muchísimo mayor que el registrado en el sector formal de la economía.

Esta diferencia demuestra que el incremento presupuestario en los planes asistenciales permitió aliviar la situación del 20% de la población vulnerable del conurbano, pero en el 80% restante no alcanzó a compensar la caída de ingresos derivada de la recesión.

La conclusión de todos estos números es una obviedad que salta a la vista. El modelo asistencialista impuesto por el “kirchnerismo” en los últimos veinte años, cuyo agotamiento definitivo es la causa estructural del triunfo electoral de Milei y que había transformado en una suerte de “política de Estado” las medidas de emergencia adoptadas para superar la hecatombe de diciembre de 2001, no solamente no benefició, sino que agravó seriamente la situación social de los sectores que pretendía favorecer.

Ninguna política social “compensatoria” puede solucionar los problemas originados por un sistema de capitalismo prebendario cuya crisis terminal desembocó en el estancamiento económico que padece la Argentina, con sucesivos gobiernos, en los últimos doce años. Sólo el desarrollo económico integral sustentable en términos de largo plazo puede responder efectivamente a los desafíos sociales.

Pero, por definición, el largo plazo excede cualquier mandato presidencial. Requiere una reformulación integral del sistema de poder orientada a generar una acumulación de poder político de nuevo tipo, que no sea el patrimonio exclusivo de un gobierno, que jamás podría conseguirlo por sí solo, sino una plataforma de lanzamiento para recrear la confianza necesaria para afrontar los desafíos del futuro.

En este contexto, cobra más vigencia que nunca la necesidad de edificar una “democracia integrada”, tal como planteara Perón hace exactamente cincuenta años en su último mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo de 1974. Esa visión alumbra el sentido del llamado formulado el 25 de mayo en la Catedral por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, cuando convocó a una “alianza social para la esperanza”.

Toda estrategia económica requiere una sólida apoyatura política y social. En la Argentina esa condición implica una convergencia entre los sectores populares, tradicionalmente representados por el peronismo, y los sectores productivos tecnológicamente más  avanzados e internacionalmente más competitivos, cuya principales manifestaciones, aunque de ningún modo las únicas, son el complejo agroindustrial, capaz de erigir a la Argentina en un polo agroalimentario de envergadura mundial, y la ascendente economía del conocimiento, que abarca desde la bioeconomía hasta el sector nuclear, el software y la industria espacial.

Esta constelación de fuerzas políticas y sociales, indispensable para forjar una nueva alternativa política, exige acordar un punto de partida: hay un “antes” y un “después” de Milei. La Argentina vive un auténtico cambio de época. Más allá de lo que ocurra en el corto plazo nada de lo que venga después de Milei podrá parecerse a lo que hubo antes. Pensar lo nuevo exige pensar de nuevo.