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La muerte de Mahsa Amini encendió la mecha de una ira que estaba latente en la sociedad iraní. La opresión del régimen sobre la población en general, y sobre las mujeres en particular, concentró el rechazo de hombres y mujeres que en su mayoría nacieron décadas después de la instauración de la República Islámica y que no se identifican con los valores que una elite político clerical, en el poder desde 1979, les intenta imponer.

Mahsa Amini era una joven kurda de 22 años que estaba de vacaciones con su familia en Teherán, la policía de la moral la detuvo por tener puesto el velo de manera “inapropiada”, es decir, que dejaba ver parte de su pelo. Según testigos, Zina (así las llamaban sus familiares y amigas, por su nombre kurdo, que para las leyes iraníes está prohibido utilizar en los documentos de identidad), había sido golpeada en la camioneta que la trasladó hasta la comisaría y luego de pasar tres días en coma, falleció.

Las protestas por su muerte, y contra los abusos policiales, comenzaron en su ciudad natal, Saquez, y se regaron como pólvora en toda la zona del Kurdistán iraní. El Kurdistán es una región opositora, desde la instauración de la República Islámica se manifestaron en contra del régimen, y reivindicaron sus demandas de autonomía y libertad, lo que les valió que en 1979 el líder Supremo, el Ayatollah Khomeini, les declarara “la guerra santa”.

Las movilizaciones se extendieron rápidamente en el resto de Irán. La violencia policial y el uso del velo obligatorio fueron rechazados en calles de las principales ciudades del país, incluidos los bastiones más conservadores como Mashad o Qom. La policía moral -también conocida como “patrulla de orientación-, señalada como la principal responsable de la muerte de Mashad, se ocupa de controlar que se cumpla el “código de conducta” que rige en la República Islámica. La forma de vestir de las iraníes (también de sus compatriotas varones, pero éstos son controlados en menor medida) es parte de una serie de reglas que hay que cumplir en el espacio público.

La policía moral está conformada por los Basij, una milicia paramilitar que depende de la Guardia Revolucionaria. Generalmente actúan de manera encubierta, se camuflan entre la multitud, pueden acercarse a cualquier ciudadano que -desde su punto de vista- no cumpla con el código de vestimenta y multarlo o detenerlo para llevarlo a una charla de “educación”.

Durante los gobiernos de Hasan Rohaní (2013-2021), representante del ala moderada, los controles sobre la vestimenta se relajaron un poco, de ahí que, en las grandes ciudades, sea muy común ver a las mujeres con algunos mechones de pelo afuera de sus velos. O por lo menos lo era hasta ahora, ya que con el retorno al poder de los conservadores de la mano de Ibrahim Raisí, se endureció el rol de la policía moral, una muestra de esto es lo que sucedió con Mahsa.

Desde la instauración de la República Islámica la mujer iraní mantiene un status de ciudadana de segunda en relación a sus compatriotas varones y en algunos casos se encuentra bajo su tutela. En temas como el matrimonio, el divorcio o la herencia, la mujer sufre una clara discriminación, es por esto que rebelarse contra el uso obligatorio del velo es rechazar una opresión política que va más allá del código de vestimenta, es poner en cuestión el lugar que el régimen iraní les tiene reservado en la sociedad. Si bien en los últimos años y a fuerza de desobediencia civil las mujeres fueron ganando protagonismo en el espacio público son incontables los abusos que siguen sufriendo.

Pero en las protestas de las últimas semanas, al rechazo por la situación de la mujer representado por la consigna “Mujer, Vida, Libertad”, y que corearon miles de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, se sumó un reclamo de carácter eminentemente político sintetizado la frase “Muerte al dictador”, en relación al actual líder Supremo de la revolución el Ayatollah Alí Khamenei, que asumió el poder en 1989, luego de la muerte de Khomeini.

La corrupción y la mala gestión de la economía son moneda corriente, en un contexto donde las sanciones lideradas por Estados Unidos, en respuesta a los programas nuclear y de misiles del país, cortaron el acceso de Irán al sistema financiero mundial y, además, le prohíben comerciar libremente su petróleo. Desde hace mucho tiempo, los iraníes vienen sufriendo una serie de penurias: alta inflación, devaluación de la moneda, escasez de alimentos y energía. A esto se suma la desocupación, sobre todo entre los jóvenes, que a pesar de estar altamente calificados no pueden acceder al mercado de trabajo.

Estas cuestiones estuvieron en el centro de las movilizaciones que tuvieron lugar en los años 2017, 2018 y 2019. En estas últimas, miles de personas salieron a protestar por un aumento en el precio de los combustibles. La respuesta del gobierno fue una cruenta represión que según Amnistía Internacional y otros organismos de DD. HH dejó un saldo de 1500 muertos. A la represión directa contra los manifestantes se sumaron, además, los apagones generalizados de internet, un mecanismo para dejar al país incomunicado, no sólo para evitar la coordinación interna de las movilizaciones sino también para que los manifestantes no pudieran dar a conocer las atrocidades que el régimen estaba cometiendo. Un régimen que controla todos los resortes de poder, pero que ve debilitada su legitimidad entre los ciudadanos.

No sólo en las calles se viene mostrando este descontento. Si bien está claro que Irán no es una democracia, tampoco es una autocracia monolítica. En este complejo sistema autoritario conviven instituciones electivas y no electivas, las elecciones siempre han sido una fuente de legitimidad para el régimen. En las elecciones del 2021, el Consejo de Guardianes, que es un órgano que tiene capacidad para vetar los candidatos a la presidencia, privó a las elecciones de su carácter “competitivo”, dejando afuera a los candidatos del ala reformista, que podían ganarle a Ibrahim Raisí, líder de los conservadores y candidato a suceder al líder Supremo. La respuesta de los ciudadanos fue una baja participación (49%). Esta situación no pasó desapercibida, en ese contexto el ausentismo fue un acto de desobediencia civil.

Los iraníes no cesan de demandar una mayor democratización frente a un régimen diseñado milimétricamente para que esa democratización no ocurra nunca. A pesar de eso no dejan de salir a la calle jugándose la vida. Por otro lado, Raisí, enfrenta por estos días su prueba de fuego, tiene que demostrar frente a sus aliados conservadores que hará lo que sea necesario para la supervivencia del régimen, de no hacerlo puede perder posiciones en su carrera como sucesor del líder Supremo. Conociendo su historia (integró la Comisión de la muerte de 1988 que ordenó ejecutar a 5 mil presos políticos) a nadie le quedan dudas de que no le temblará el pulso.