Tiempo de lectura: 14 minutos

DESARMAR LA 125

El campo volvió a la ciudad y como un déjà vu trajo a la escena pública un conflicto que nunca se termina de cerrar. Efectivamente, la 125 no se aprobó, pero sí sentó las bases de una disfuncionalidad estructural en la relación entre la política y el sector agropecuario. Para ser más precisos, desde el conflicto con el sector agropecuario ocurrido en 2008, la relación entre el peronismo nacional –en su faceta gubernamental– y el sector agropecuario dominante –sector agropecuario de la región pampeana– entró en una crisis de relacionamiento autosostenida en el tiempo. Es decir, una crisis que se autoreproduce con diferentes matices e intensidades sin la presencia de un horizonte de acuerdo estratégico común de mediano y largo plazo.

¿Cuáles son las razones por las cuales se desató esta nueva conflictividad en el preciso momento en el que la Guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado los precios internacionales de los commodities? Antes de intentar esbozar algunas respuestas provisorias, quisiera realizar algunas aclaraciones al lector.

Primera. El presente análisis no busca mascullar sobre las dimensiones coyunturales del desacuerdo per se, ni regodearse con las visiones que eternizan el conflicto, sino más bien intentar pensar lo que esas dimensiones dicen sobre las razones profundas de la crisis de relacionamiento entre dos actores centrales de la vida nacional: el peronismo y el sector agropecuario.

Segunda. La resolución de la crisis de relacionamiento implica necesaria y probablemente -para molestia de los dos antagonistas- un reacomodamiento económico e identitario de ambas partes. Diseñar una política de Estado para el sector económico más relevante de nuestro país, presupone que esa política esté no solo arraigada en la sociedad civil, sino que sea transversal al sistema político. Y el sistema político en Argentina tiene entre sus actores centrales al peronismo.

Tercera. El análisis será particularmente exigente con la política. A un productor agropecuario, se le puede exigir que produzca más y mejor, no que sea el consorte o responsable principal de generar un nuevo clivaje. Por supuesto, las gremiales y sus referentes pueden aportar muchísimo. Pero no se le puede exigir a chacareros que se dedican todo el año a gerenciar negocios de riesgo, que resuelvan el proceso de desintegración social, económica y cultural de un país (de largas décadas). Para eso está la política, aunque hoy esté de moda tirar la pelota hacia la otra cancha.

Dicho esto, quisiera abordar respuestas tentativas a la pregunta que titula este análisis (¿Por qué están molestos?) en dos claves analíticas que considero centrales e indisolubles en el conflicto en cuestión: economía e identidad. Intentar encontrar una economía política que proporcione una diagonal entre la esfera de la economía (distribución) y la esfera de la identidad (reconocimiento), sobre la premisa de que no se trata, como la interpretación dominante sostiene, de un conflicto meramente económico. Con este marco general, diremos que el conflicto tiene (al menos) dimensiones económicas estructurales y coyunturales, y por otro lado, dimensiones organizativas e identitarias. Todas relevantes, si se pretende una resolución sistémica, duradera y sustentable.

LA ECONOMÍA DE UNA CONFLICTIVIDAD PERSISTENTE

Empecemos por las razones estructurales. Por estructurales me refiero aquí, a que uno de los componentes impositivos centrales a partir del cual Argentina salió de la crisis del 2001 (los derechos de exportación, popularmente conocidos como “retenciones”), está en crisis. No en crisis en cuanto a su capacidad recaudatoria, sino en crisis desde el punto de vista de su eficacia y legitimidad en materia de desarrollo. Las retenciones generan una presión impositiva muy alta en el sector. No es una retención que se aplica a una gran compañía minera o petrolera. La retención cae sobre pequeños y medianos productores en su gran mayoría. También sobre grandes productores, que no dejan de ser, valga la redundancia, productores. En 20 años el instrumento ha funcionado como un esquema de transferencia de recursos desde la ruralidad a la urbanidad, pero con impactos negativos y distorsivos en múltiples aspectos.

Repasemos los principales efectos distorsivos: se trata de una herramienta que en lugar de gravar las ganancias, penaliza y desincentiva las ventas externas y la producción; sesga la canasta exportadora en favor del cultivo con mayor rentabilidad (soja); reduce el saldo de inversión potencial del sector, y por lo tanto, baja la calidad de la maquinaria, los insumos y los fertilizantes (claves en la sustentabilidad del suelo); castiga, vía el efecto indirecto del flete, a las producciones lejanas a los puertos, con mayor potencial impacto territorial. Adicionalmente, como se trata de un impuesto no coparticipable, los productores no ven los frutos de sus esfuerzos materializarse en caminos rurales, infraestructura o servicios.

El debate público se ha mostrado, en líneas generales, indiferente. Estamos preocupados por la acumulación de pobreza en los centros urbanos pero despreocupados por el desarrollo en el interior, que podría contribuir, en el corto plazo, a contener el flujo de inmigración a los conurbanos, y en el mediano y largo plazo a redireccionar, con los incentivos correctos, fuerza laboral calificada y no calificada afuera del embudo. El problema del desequilibrio territorial y poblacional de argentina no sólo es una materia pendiente de desarrollo, sino una condición de seguridad e integración territorial, en un mundo turbulento como el actual.

Además de estos efectos económicos, a lo largo de estos 20 años, los productores han ido haciendo “economía comparada”, ampliando el malestar “relativo”. Dentro de las 50 economías mundiales que explican el 93,3% del comercio mundial, solo cinco países aplican este tipo de impuestos: Indonesia, Rusia, Hungría, Kazajstán y Argentina. Argentina comparte el podio con el país que más grava con impuestos a las exportaciones en relación con la recaudación total del país (Kazajstán). Países agrícolas de la región como Uruguay y Brasil, u otros exportadores agrícolas como Australia y Estados Unidos, no las aplican.

Como bien entiende Roy Hora, “en la era de las exportaciones dominada por los cereales y las carnes, las retenciones eran valoradas porque, a la vez que permitían que el fisco se hiciera de recursos, contribuía a abaratar la canasta alimentaria. Hoy esa función puede realizarse mejor a través de transferencias focalizadas hacia los sectores de menores ingresos, que son los únicos que deberían percibir este tipo de asistencia.”

Con todos estos efectos distorsivos ¿por qué no se eliminan los derechos de exportación? Básicamente, porque salir del esquema implica una cirugía de precisión. Es decir, implicaría el rediseño del paquete global de incentivos, para que el excedente de recursos se invierta, aumente la producción y, por lo tanto, la torta imponible, neutralizando el efecto fiscal de la reducción. Suena fácil pero no lo es. De no ecualizar los instrumentos y los incentivos con precisión, lisa y llanamente, la eliminación de las retenciones implicaría un shock de ingresos públicos, que, por lo tanto, debería corresponderse con un shock en el gasto público. Esto último es difícil o poco sustentable, ya que un componente muy importante del gasto público son las transferencias sociales y jubilaciones. En otros términos, el problema existe y el país no logra encontrar una salida.

El punto es, en líneas generales, que la élite del peronismo nacional no reconoce que se trate de un problema y por lo tanto, no le otorga legitimidad al reclamo. Es decir, funcionan en una especie de modo permanente de “evaluación de la relaciones de fuerza”, para encontrar el momento en el cual aumentar esos derechos de exportación o generar nuevos esquemas impositivos que gravan al sector.

Pensemos en lo que el país pierde por este enfoque fiscalista de la política sectorial. Argentina podría, mediante los incentivos correctos, en un plazo de tiempo corto, igualar los ingresos del complejo agrícola con el complejo cárnico. Es decir, sumar un gemelo de ingresos en dólares al complejo agrícola, con la necesidad de dólares que enfrenta el país. La política prefiere insistir con la receta fiscalista: cuotas o restricciones cuantitativas a las exportaciones.

Además de la dimensión estructural, el malestar está asociado con algunas dinámicas coyunturales. El campo viene de un verano que conjuga una sequía de gran envergadura con una ola de calor inusual, un combo que ha repercutido directamente sobre los rindes de la campaña gruesa. En otros términos, por más que los precios internacionales se hayan disparado, el grueso de los productores probablemente termine, en el mejor de los casos, empatando la campaña. El resultado económico del sector no es sólo el precio, es el precio x la cantidad.

En ese contexto climático, la crisis de Ucrania y la macroeconomía argentina le suman una serie de condimentos múltiples: faltantes de gasoil en medio de una cosecha, falta de gas (garrafas), desabastecimiento de cubiertas (para camionetas y tractores), desabastecimiento de alambre, faltantes de fertilizantes (ni fósforo ni urea) y de glifosato. Y un problema adicional: los bienes e insumos de capital. ¿Por qué hay faltantes de bienes e insumos de capital? No porque haya un exceso de demanda, como sostienen algunas versiones en los medios de comunicación, sino porque existe un déficit en la oferta, asociada a cuellos de botella en la producción y a faltantes de insumos importados en la cadena como resultante de la restricción externa.

Si un chacarero decide renovar su camioneta, su tractor o su maquinaria (todos bienes de capital), probablemente tenga que esperar entre 6 y 12 meses (1 año) de entrega. Es decir, no se trata de “bonanza”, se trata de un problema de oferta. Como la oferta es baja, el precio se ha disparado a un nivel similar al dólar paralelo. Esto induce en los productores a un razonamiento que si bien no es del todo preciso, tiene cola y ladra: “estamos vendiendo a un dólar de 76 y comprando a uno de 200”. Repito, no estoy diciendo que esto sea técnicamente correcto, estoy diciendo que este es el discurso que se ha instalado, en un contexto de dispersión de precios provocado por la escalada inflacionaria y brecha cambiaria.

LA DIMENSIÓN IDENTITARIA

El peronismo (1945-1955) es contemporáneo a la institucionalización de la sociología científica en Argentina. En ese entorno floreciente de ideas, el abordaje que primó para explicar la ruralidad argentina fue el marxismo. Este hecho aparentemente lejano, constituye una coyuntura crítica, un mito fundacional, que al interior del inconsciente de una identidad política, funciona como idea marco para explicar la realidad. Aunque esa realidad haya cambiado o evolucionado.

En Argentina, como en casi toda la región, primó el abordaje “junker” sobre el capitalismo rural. Elaborada por Karl Kautsky, la “vía junker” buscaba explicar el caso prusiano y se ordenaba en torno a la idea de la presencia de un terrateniente de origen feudal que lideraba el desarrollo capitalista rural. En otros términos, se trataba de un desarrollo “desde arriba”. Todo el discurso sobre la “oligarquía” se inscribe en este horizonte conceptual.

El atractivo o el poder explicativo de la “vía junker” residía en que era una buena herramienta analítica del comportamiento del sector durante el siglo XIX. Su problema consistió en que fue un marco conceptual distorsivo para analizar lo que ocurriría a partir de la acción conjunta del Código Vélez Sarsfield (con su impacto en la división de la herencia), las leyes de arrendamiento que se inician en el peronismo (con su impacto en la transferencia de propiedad a los arrendatarios) y la inmigración (con su impacto en la conformación de un capitalista rural dinámico de pequeña y mediana escala).

Paradójicamente, sería también desde el marxismo, nada más ni nada menos que Lenin, quien mejor explicaría la sociología rural argentina posterior a Ley Sáenz Peña. Lenin había estudiado el caso norteamericano (la “vía farmer”) y había encontrado allí, que la producción estaba a cargo de pequeños y medianos productores, que eran propietarios de la tierra y de los medios de producción, y que, explotaban su propia fuerza de trabajo en el desarrollo sectorial (trabajo familiar). A diferencia del sujeto campesino, el productor incorporaba capacidad de acumulación, y, por lo tanto, se volvía estable. Es decir, el desarrollo capitalista se producía con ellos, y no a sus expensas, como habían previsto Kautsky y Marx.

Si la “vía junker” implica un desarrollo capitalista rural “desde arriba”, la “vía farmer” implicaba un desarrollo capitalista “desde abajo”.

Como bien desarrollan las investigaciones de Roy Hora, un punto de vista similar al de Lenin fue introducido en Argentina por Sarmiento y su sueño de la democracia jeffersoniana, pero sobre todo, y en parte por el influjo de las ideas del sanjuanino (quien polemiza en este tema con Rosas y Mitre, los estandartes de la gran estancia), en una frondosa agenda gubernamental: Ley de Inmigración de Avellaneda (1876), Leyes de Tierras (1857), Ley de Centros Agrícolas de Buenos Aires (1883), Programa de Colonias de Entre Ríos y Santa Fe.

En otros términos, el peronismo acuñó un marco conceptual (la “vía junker” al desarrollo capitalista), que era un buen descriptor del pasado pero que sería un marco analítico distorsionado sobre el desarrollo histórico del sector. ¿Tiene alguna relevancia una cosmovisión de ideas sobre un sector económico en un líder esencialmente pragmático como Perón? La pregunta admite varias respuestas.

Lo que aquí estamos indagando es el poder de un conjunto de ideas elaboradas por el peronismo fundacional sobre experiencias post-originarias. Es decir, no importa tanto el peso de ese conjunto de ideas en Perón, como su peso explicativo en el peronismo sin Perón. De hecho, el Perón de 1952, posterior a la crisis del trigo, tuvo un abordaje muy pragmático del sector, que implicaba poner entre paréntesis la construcción conceptual aquí descripta.

Sin embargo, aquí interesa menos el artista -el creador del mito-, el líder y sus giros pragmáticos, que los dogmáticos, el conjunto de referentes post-originarios que deben sobreactuar la pertenencia a una cultura política, o bien, que, en contextos de crisis e incertidumbre, y ante la carencia de un referente empírico, recurren al mito fundacional. Esto resulta particularmente pernicioso, si el mito fundacional describe en forma distorsionada la realidad. Pensar al sector agropecuario en el siglo XXI desde categorías originadas en el siglo XIX, resulta en una distorsión mayúscula. 

Algunos datos elocuentes para entender la distorsión conceptual sobre el sector. Según el último Censo Nacional Agropecuario (2018), en la Argentina existen 250.881 establecimientos agropecuarios que cubren 157.423.932 hectáreas, con un promedio de 627 ha por unidad productiva, aunque las 2/3 partes tienen entre 200 y 500 hectáreas. Es decir, la pequeña y mediana propiedad sigue siendo el epicentro de la producción agropecuaria en Argentina. En palabras de Jorge Todesca, director del INDEC al momento de la realización del último Censo Nacional Agropecuario (2018): “se trata de una enorme clase media agropecuaria que es un desafío a relatos, discursos y preconceptos largamente asentados sobre la estructura del sector”. De ese total de explotaciones, 100 mil produjeron al menos cereales y oleaginosas. Se estima que el 50% de la producción se realiza en campos alquilados. Según el relevamiento realizado por Facundo Sonatti, en la Argentina hay que reunir a cerca de 100 grupos de siembra para explicar solo el 10% de la superficie agrícola. En otros términos, se trata de un mercado profundamente desconcentrado en el eslabón de producción, con todos los impactos relevantes (y deseables) que esa característica podría aparejar para el desarrollo territorial. 

¿Por qué el peronismo nacional sigue recurriendo a una narrativa conceptual añosa que describe de manera distorsionada la realidad que pretende interpelar? La explicación tiene que ver, en parte, con el hecho de que el peronismo nacional se ha nutrido desde 2003 de cuadros políticos provenientes mayoritariamente de tres orígenes geográficos: patagónicos formados al calor de una economía sin sociedad civil (donde sólo se negocia con grandes empresas energéticas), porteños progresistas con escaso anclaje en la matriz productiva, y bonaerenses industrialistas del primero, segundo y tercer cordón del conurbano orientados al mercado interno.

Este hecho tiene repercusiones relevantes. En primer lugar, porque los tres grupos provienen de realidades geográficas lejanas al sujeto productor agropecuario. En segundo lugar, porque al no existir referentes empíricos en los tres territorios, los dirigentes no recurren a la experiencia para construir una narrativa, sino a representaciones históricas ancladas en la cosmovisión dominante del peronismo del Río de la Plata.

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

En 2009 asume el Ministerio de Agricultura Julián Domínguez. Su misión consistía en intentar reconstruir una matriz de relación, un canal, con el sector agropecuario luego del conflicto de 2008. Una tarea titánica. Domínguez se movió con habilidad y pragmatismo. En poco tiempo logró cimentar un vínculo de reputación con las entidades representativas del sector. Ese giro, no implicaba una reconstrucción de la relación sistémica con toda la matriz gubernamental del kirchnerismo, pero sí la validación de un canal.

En otros términos, la solución “Domínguez” implicó, ipso facto, la generación de un backchannel, pero no una solución global. Esto es importante, debido a que las políticas que impactan sobre el sector no se cocinan solamente en el Ministerio de Agricultura, sino que implican intervenciones del Ministerio de Producción (comercio exterior y comercio interior), el Ministerio de Economía (sistema impositivo), el Banco Nación (sistema crediticio), entre otros.

El efecto paradigmático de ese doble estándar (canal de relación privado pero sin solución global pública) fue que, con cada “ataque” discursivo del kirchnerismo “duro”, las organizaciones gremiales del agro fueron sufriendo desgaste en sus bases. En otros términos, aun contando con la buena voluntad de las entidades agropecuarias y del ministro del área, la no reparación sistémica de esta herida relacional empujó a la conformación de procesos autoorganizados (autoconvocados), que le restaron poder de representación a las entidades gremiales del sector y tensionan la polarización de la agenda con el kirchnerismo.

Algo similar ocurre con la segunda llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura en septiembre de 2021. Nuevamente, le tocaba al “canciller agrario” del peronismo, intentar reordenar una relación que había mutado, desde la expectativa moderada por el gobierno de Alberto Fernández en 2019, al renacimiento de un malestar generalizado producto de la aventura “Vicentin”, la incursión de Grabois en Entre Ríos, el endurecimiento de la política crediticia del Banco Nación hacia los productores, el aumento de las retenciones, la aplicación de cuotas a las exportaciones, el retroceso en el régimen de biocombustibles (que hubiese sido una gran contribución a la actual tensión del mercado energético), la demonización implícita en la Ley del Manejo de Fuegos, y un largo etcétera de intervenciones público-discursivas en línea con las declaraciones del actual Secretario de Comercio Interior (Roberto Feletti): “el campo especula para comprarse 4×4 y departamentos en Miami”. Me preguntaban a raíz del tractorazo: ¿Cuál es la medida concreta que dispara la protesta? La respuesta es que no hay una medida concreta, hay un cúmulo de medidas concretas y simbólicas. Si se quiere, hay un cúmulo de 20 años de gobiernos AMBA-céntricos.

Es síntesis, en el desencuentro global del peronismo nacional gubernamental y el sector, fueron perdiendo los moderados y ganando los radicalizados, en un proceso de desafección de la representación bastante similar al que afecta a todo el sistema político argentino. En este sentido, la originalidad del “tractorazo”, es que representa una innovación organizacional. La aparición nacional de ese sujeto que se ha ido conformando al calor del desencuentro entre el peronismo y el campo: los autoorganizados. Esto no quiere decir que algunos referentes gremiales o algunas gremiales territoriales no hayan participado. Quiere decir, que la protesta se organizó a expensas de la mesa de enlace. La herida que la política (peronista) se niega a coser, se está transformando en una hemorragia.

14 AÑOS DESPUÉS, ENCONTRAR UNA SALIDA POLÍTICA

Transcurridos ya 14 años del conflicto por la 125, existen algunas certezas. La primera, la relación entre el sector agropecuario y el peronismo nacional no se reconstruirá sobre la capacidad política del funcionario que encarne una cartera. La labor del actual ministro puede ser sobresaliente, pero no va a alcanzar. Una redefinición profunda y sustentable requerirá un abordaje sistémico, que contenga, al menos, las cuatro dimensiones analizadas: las causas estructurales, coyunturales, identitarias y organizativas.

La tarea no resulta para nada sencilla e implica una política imaginativa, realista, creativa y audaz. Cuatro valores que escasean en el mapa de la dirigencia peronista nacional. La batalla cultural implica, entre otras discusiones, la necesidad de que el electorado duro que construyó el kirchnerismo, entienda que sin generación de riqueza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y desarrollo, y sin crecimiento y desarrollo es inviable cualquier política distributiva o de igualación de oportunidades que no termine en el saco roto de las buenas intenciones. Todo esto implica un esfuerzo por pensar, no sólo un sistema tributario, sino el país que queremos y con qué podemos hacerlo.

Insisto. La política y la comunicación son fenómenos bidireccionales y el “sector agropecuario” también es parte de este juego de desencuentros. Sin embargo, el gobierno es el dispositivo central de la acción y la comunicación política y, por lo tanto, la llave que puede transformar las reglas de juego de la arena en la que se desarrolla la relación. Como bien explica Mario Riorda, la política, es la que puede, con su carácter performativo, jugar un papel clave en la construcción de consensos políticos, culturales y económicos.

Sin un abordaje sistémico, que ordene un nuevo marco de políticas económicas, que reconstruya la cancha identitaria donde se juega el partido y consecuentemente, ordene una vocería y un canal homogéneo (o al menos orquestado), la buena predisposición de las entidades gremiales y la capacidad de tal o cual ministro de la cartera agropecuaria, terminarán naufragando en el creciente descontento y defección de la ruralidad de base. Reza el dicho popular: cuando el orador es claro tiene oyentes, cuando es confuso tiene intérpretes.