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Bo Bo,  24 años, manejaba la moto, agarrada de su cintura iba su novia Htet Htet Win, de 19 años. Fue el 5 de abril pasado. Se les había hecho tarde, volvían a casa después del trabajo media hora después del horario que había empezado el toque de queda de las 20. Cuando cruzaban la esquina de Manaw Hari y la calle 54 en el municipio de Chanmyathazi un militar abrió fuego. Un solo tiro pero preciso. Atravesó el abdomen de Bo Bo e hizo que pierda el control de la moto. La bala no rozó sus órganos vitales pero cuando cayeron su novia golpeó la cabeza contra el pavimento. Alguien llamó una ambulancia, los militares no la dejaron pasar y tampoco atendieron a los heridos. “No pudimos salvarla y hasta recuperar su cuerpo era muy arriesgado: a ellos tampoco les importan los rescatistas y disparan contra cualquiera ”, dijo uno de los médicos.

El 24 de marzo a las 4 de la tarde, en el municipio de Chan Mya Thazi, los militares fueron a secuestrar a un militante político y a su hijo a la casa de ambos. Cuando entraron él tenía en sus piernas a Khin Myo Chit, su hija de 7 años. Le preguntaron si su hijo de 19 años estaba en casa y él respondió que no. Los soldados no le creyeron y le dispararon a sangre fría a Khin Myo Chit. Según UNICEF, al menos 40 niños han sido asesinados desde que empezó el golpe.

Cuatro días después, el domingo 28, la junta rompió el récord de manifestantes asesinados en un día: 100. Uno de los soldados que desertó le contó al New York Times que dentro de las fuerzas se vive “en estado de esclavitud” y que se pregona ver a los que protestan como “enemigos” y “funcionales a la intervención extranjera”. En un país 100% militarizado desertar tiene una complicación adicional: por la pandemia, supuestamente, ninguno de los países vecinos está acogiendo perseguidos políticos.

La ONU da cifras: al menos 250 mil desplazados, 735 muertos (ninguno militar), 23 sentenciados a pena de muerte sin juicio público. La presión internacional surtió un pequeño efecto y la junta militar liberó 23 mil presos políticos pero la tensión no aflojó. Aún hay 3200 detenidos, cientos de ellos torturados. 

Japón e India son dos países con peso para erosionar a la junta militar pero necesitan más convicción para contrapesar a China y su influencia en los países del sudeste asiático, quienes esta semana se encontraron en la cumbre de la ASEAN. Participó el líder del gobierno de facto de Myanmar y a pesar de las sugerencias de la Unión Europea no invitaron a Aung San Suu Kyi (condenada a 14 años de prisión por los militares).

La resolución de la ASEAN fue solamente un pedido “para que termine la violencia en Myanmar”. No se habló de poner fin al gobierno de facto, no se mencionó a miles de presos políticos y no se puntualizó que la violencia es estatal: huele demasiado a teoría de los dos demonios. 

Por si hacía falta confirmar la influencia del gobierno de Xi Jinping, habló Wang Yi, el canciller chino: “que el asunto de Myanmar pueda resolverse de forma apropiada depende principalmente del propio país”. Pidió a los birmanos “señales de reconciliación pacífica, y que todas las partes pertinentes muestren autocontrol y disposición al acercamiento”, que rechacen la “interferencia externa”. A la comunidad internacional le pidió “una actitud objetiva e imparcial, que haga más para aliviar la tensa situación en Myanmar, no lo contrario” y que apoyen a la ASEAN como mediadora. Wang Yi dijo que va a “seguir trabajando con todas las partes a su manera” y que espera que con esta resolución comience “un aterrizaje suave de la situación en Myanmar”. Un aterrizaje suave. En un libro titulado “Eufemismo y propaganda política” su autor, Felix Rodríguez Gonzalez, dice que “el empleo de una expresión ornamentada contribuye a ocultar u oscurecer deliberadamente la realidad que se esconde tras ella”.

Por eso la resistencia birmana no partidaria y muchas organizaciones de derechos humanos criticaron la tibieza de la ASEAN y seguirán con las protestas. El partido de Aung San Suu Kyi fue más moderado, como cuando era gobierno, y extrañamente comunicó que esta cumbre puede terminar siendo “una noticia alentadora”. 

Algunos hablan de la proximidad de una guerra civil en Myanmar pero suceden tres cosas. Primero, ya había una guerra del Estado contra minorías étnicas, algunas de ellas armadas, incluso mientras gobernaba la Liga Nacional por la Democracia aunque el conflicto estaba localizado en regiones puntuales. Segundo, para una guerra civil hacen falta dos: el uso de la fuerza era y es desproporcionado básicamente porque los militares tienen -tuvieron siempre- el monopolio de la violencia. Y tercero, cientos de miles siguen saliendo a la calle para protestar a pesar de la represión y la Liga Nacional por la Democracia se autoproclamó gobierno de Unidad Nacional (una especie de movida Guaidó a la birmana) pero con el apoyo del movimiento budista que, como Aung San Suu Kyi sigue promoviendo a ultranza la resistencia pacífica desde la clandestinidad. 

El budismo promueve no usar armas y en cambio hacer más gestos simbólicos: por ejemplo el año nuevo budista lo celebraron con pancartas de protesta en vez de hacer los rituales de siempre. El budismo además de pacifista es complejo y heterogéneo. Los militares de hecho tienen “diálogos avanzados” (U$D) con algunos de los monjes, pero el sector mayoritario sigue bancando la resistencia.

Uno de los líderes de la resistencia callejera -más activa que la política y la budista- es Salai Maung Taing San, más conocido como “El doctor Sasa”: un médico diputado aliado del partido de Aung San Suu Kyi que se hizo pasar por taxista el día del golpe para que no lo detuvieran y desde entonces se escabulle de los militares mientras organiza las manifestaciones.  El doctor Sosa es laico, por eso no niega -como sí lo hace la mayoría budista- el genocidio a los rohyngas y propone, en cambio, que las regiones con minorías étnicas tengan autodeterminación. El doctor Sasa tiene miedo, le dijo a El País: “Estos generales tienen tantas armas que no pararán hasta que las utilicen todas. El mundo tiene dos opciones: o evitarlo o permitir que pase”. 

La resistencia está atomizada. Una de las personas que intenta centralizarla es la activista Ei Thinzar Maung, que armó el Movimiento de Desobediencia Civil (MDL), el que usa el símbolo de los tres dedos como en “Los juegos del hambre”. 

El feminismo está en la primera línea de combate, 6 de cada 10 manifestantes son mujeres. El MDL, que Ei encabeza junto a Esther Ze Naw, se puso al hombro las huelgas generales y ya han paralizado varias veces todos los servicios públicos del país: incluidos los de salud, escuelas y bancos. También están boicoteando con mucha efectividad las industrias de propiedad militar como las de tabaco, alcohol, café y aceite, además del llamado a no pagar los impuestos. Ei y Esther tienen 27 años, una es de la minoría Karen, la otra de la minoría Kachin. Esther le dijo al Irish Times: “Las minorías sabemos lo que se siente, a dónde conduce la discriminación. Y como mujer, todavía se nos considera un segundo sexo. Desde que estuve en un campo de concentración procuré derrotar a la junta”.

El MDL además se está articulando con otros movimientos, que van desde el budismo hasta el colectivo LGBT, de manera interseccional. La lucha es cultural, no es solo sacar a la dictadura sino cambiar un país que incluso bajo el gobierno democrático de una mujer seguía perteneciendo al machismo militar: no hay una sola mujer en las fuerzas armadas. Una de las tantas cosas que denuncia Ei Thinzar Maung es que los militares tienen oficialmente como táctica la violencia sexual contra les manifestantes. En una entrevista al sitio de una coalición global de mujeres Ei dijo: “Al principio la represión era con cañones de agua, balas de goma y otros métodos típicos de control de disturbios. Luego, la cúpula militar ordenó a sus tropas de seguridad que dispararan a matar y apuntaran a las cabezas de les manifestantes. También transmitieron en las estaciones de televisión propaganda oficial dirigida a los padres y familiares de los activistas”. Ni Goebbels se animó a tanto porque las propagandas en la tele, contó Ei, decían: “Deben mantener a sus seres queridos en casa a menos que quieran verlos con un tiro en la cabeza y otro en la nuca´”.

Por ahora la ONU recomendó suspender el comercio con empresas controladas por la junta pero las sanciones globales, las fuertes, las grosas, como esas que le impusieron a Cuba o a Corea del Norte, todavía no llegan. Hay casos puntuales. Como el de Corea del Sur que les bloqueó el suministro de acero. La Unión Europea había bloqueado las importaciones de arroz pero al final la sanción involucra solo “diez productores birmanos y a dos empresas controladas por militares”.

El Vaticano tampoco se la está jugando mucho. A pesar de alguna declaración del Papa en contra del golpe, el cardenal Bo, birmano, se limitó a decir: “estamos en manos de Dios, la nación está encomendada a su Divina Misericordia”. 

Estados Unidos denunció el golpe pero no se pone demasiado firme, quizás evitando abrir un frente más de tensión con China. Biden recibe la presión de Chevron que ya invirtió más de 2 millones de dólares en lobby parlamentario para acelerar las sanciones contra la junta militar birmana. Uno de los argumentos que esgrimen es el avance de Rusia y China sobre el gas y el petróleo. Chevron tiene un 30% de participación en la producción de gas birmano, gestionado por los militares desde siempre. También tienen presencia allí Total y Shell, entre otras.

Rusia está haciendo acuerdos militares con el gobierno de facto. Más de los que ya tenía: el 45% de las armas las provee Moscú, casi en igual proporción que Pekín. Un par de días antes del golpe de febrero pasado el ministro de defensa ruso había visitado Myanmar y solo se entrevistó con militares. A finales de marzo su viceministro, Alexander Fomin, se reunió sin barbijo con el líder de la junta, Min Aung Hlaing, que lo condecoró y le mostró las innovaciones en los métodos antidisturbios. En una de las imágenes difundidas por la TV birmana se ve a los dos frente a una mesa con escudos caseros improvisados, cascos de motocicleta, matafuegos y bidones con kerosene: le está mostrando las armas del enemigo.

No hay información sobre si además de armas Rusia y China están proveyendo a la junta de vacunas contra el coronavirus. Oficialmente el único millón y medio de dosis que entró al país fueron de marca Covisheld, la Astrazeneca que se produce en India, y fue un par de días antes del golpe de Estado. Según la ONU el sistema sanitario está por colapsar y la junta no está en condiciones de armar una campaña de vacunación, si hasta cerró varios hospitales públicos.

Los golpistas irrumpen y rompen todo, en el nombre del orden desordenan, en el nombre de la justicia ajustician, en el nombre de alguien que no nombran gobiernan. Lo único disponible para poner fin a la excepción es la regla y las reglas con los golpistas no sirven. Al menos hay que evitar el silencio. Y usar la memoria, la deconstrucción: todos los golpes tienen una trama.

Esta semana Biden reconoció el genocidio armenio, 106 años después de que sucedió. En 1916 Antonio Gramcsi escribía que las denuncias al genocidio armenio en el mundo “se tornaron proverbiales, pero fueron apenas palabras que sonaron huecas y fallaron en configurar las imágenes de hombres de carne y hueso. Hubiera sido posible obligar a Turquía –dependiente como era de todas las naciones europeas– a no atormentar a quienes tenían como único deseo ser dejados en paz, pero nada fue hecho, o por lo menos nada que produjese resultados concretos”.  Los golpes de Estado y los genocidios se consolidan en este siglo igual que en el anterior. Las peores tragedias tuvieron y tienen lugar cada vez que la comunidad internacional siguió con lo suyo a pesar de las atrocidades: no hay que olvidarse que en Myanmar ya había en marcha un genocidio mientras había democracia. Está lloviendo sobre mojado.