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LAS MIL Y UNA NOCHES DE IRAK

Tiempo de lectura: 12 minutos

La destrucción del estado iraquí comenzó en 1990, continuo durante la era de las sanciones, y se coronó hace 20 años con la invasión estadounidense. Lejos de inaugurar la ola democrática que iba a arrasar en oriente medio, trayendo paz, estabilidad y bienestar social, la invasión terminó siendo caldo de cultivo de casi todos los males que hoy sufre Irak y que se extienden a toda la región. La violencia de hoy es el eco de aquella madrugada del 20 de marzo cuando los misiles estadounidenses cayeron sobre Bagdad.

La decisión de George W. Bush de atacar el régimen de Saddam Hussein se sostenía sobre dos razones: la primera, el peligro que suponían las armas químicas de destrucción masiva que poseía el régimen de Hussein y los supuestos vínculos con Al Qaeda, responsables del atentado del 11/9 de 2001. La historia es por todos conocida, estos argumentos fueron un traje hecho a medida para sacar a Saddam del poder, en forma violenta, y forzar un cambio de régimen, para colocar un gobierno afín a los intereses de los EE. UU en la región.

El petróleo fue un factor clave en la invasión. Los políticos estadounidenses creían que una “crisis del petróleo” estaba cerca y que Irak poseía gran parte de las reservas mundiales restantes. Se suponía que derrocar a Saddam y privatizar el sector petrolero de Irak permitiría que el capital privado aumentara el suministro mundial de petróleo, sin empoderar al militarismo iraquí. Además, liberalizar la industria petrolera iraquí le quitaría fortaleza y capacidad de negociación a la OPEP.

El 12 septiembre de 2002 con el aniversario del 11/9 como telón de fondo, Bush anunció en la Asamblea General de la ONU que trabajaría con el Consejo de Seguridad en una resolución para exigir el desarme del régimen iraquí, y amenazó con que, si Saddam no cumplía con esa resolución, la acción “sería inevitable”. Bush denunciaba que Saddam no había respetado las resoluciones de la ONU, durante los 10 años posteriores a la guerra del Golfo, y que había producido armas de destrucción masiva. La resolución 1.441 exigía el acceso, sin trabas, a los inspectores de Naciones Unidas a cualquier lugar de Irak donde se sospechara que se estaban escondiendo armas de destrucción masiva.

Las inspecciones de la ONU fueron aceptadas “sin reservas, ni condiciones” por el gobierno iraquí. El quiebre que significó la aceptación por parte de Saddam de las inspecciones complicaba los planes estadounidenses, era más difícil encontrar aliados para la intervención militar, ya que muchos de los países apostaban por agotar la vía diplomática. El Pentágono necesitaba postergar sus planes de guerra, por lo menos hasta que finalizaran las inspecciones.

En enero de 2003, el sueco Hans Blix, jefe de los inspectores de la ONU en Irak, adelantó en la sede de Naciones Unidas algunos de los elementos que serían parte de su informe. Después de siete semanas de búsqueda en territorio iraquí el equipo no había encontrado rastros de armas de destrucción masiva, si bien destacaba la falta de cooperación iraquí, en un informe posterior en febrero de 2003 Blix declaraba que había mayores indicios de cooperación con el régimen de Saddam. Pese a las declaraciones de Blix, la Casa Blanca seguía insistiendo en que Irak escondía armas de destrucción masiva. “El problema con las armas escondidas es que no puedes ver el humo que echan”, decía Ari Fleischer, vocero de Bush.

Mientras la ONU pedía reforzar las inspecciones con más personal, el 7 de marzo EE. UU, apoyado por Reino Unido y España, presentó un proyecto de resolución que obligaba a Saddam a entregar las armas de destrucción masiva en 10 días, o enfrentarse a una guerra. Además, Bush le dio 48 hs a Saddam y su familia para abandonar territorio iraquí.

La madrugada del 20/03 EE.UU., -con el apoyo de su “coalición de voluntarios” integrada por Gran Bretaña, Australia y Polonia-, atacó a Irak, con el argumento de defender a una Comunidad Internacional que no lo acompañaba. Francia, Alemania, China y Rusia se opusieron al ataque. Se inició así una invasión sin mandato de la ONU, violando la legalidad internacional, pisoteando los acuerdos fundamentales de la ONU.

Irak no fue un rival militar para las fuerzas estadounidenses y sus aliados, Saddam fue derrotado en tres semanas. El presidente fue capturado en diciembre de 2003, para finalmente ser ejecutado tres años después.

La invasión, la posterior ocupación militar y la falta de planificación para la gobernabilidad provocaron una tragedia social, y una fractura profunda en el país. De la posguerra iraquí nacieron, o bien crecieron, muchos de los males que hasta día de hoy sumergen al país en un abismo sin solución.

La decisión de George W. Bush de atacar el régimen de Saddam se sostenía sobre dos razones: la primera, el peligro que suponían las armas químicas que poseía el régimen de Hussein y los supuestos vínculos con Al Qaeda.

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La violencia, el sectarismo y la influencia iraní

Después de la caída de Saddam, EE.UU. nombra a Paul Bremer como administrador civil. Además, se conformó el Consejo de Gobierno iraquí, un órgano bajo la tutela de EE.UU. fue el encargado de dirigir el proceso de transición política en Irak. Estuvo compuesto por 25 miembros que representaban todo el espectro político del país. Como reflejo de la composición étnica y religiosa de Irak, el Consejo contó con una mayoría de shiíes. En total había 13 shiíes, 5 suníes, 5 kurdos, 1 turcomano y 1 cristiano asirio; de los 25 miembros sólo 3 eran mujeres. 

Por medio de un decreto Bremer prohibió el acceso a las funciones públicas a quienes habían ocupado cargos jerárquicos en el partido Baaz, además, anunció la disolución de los órganos de seguridad. El Baaz era la única formación política autorizada bajo el régimen de Saddam, si bien la medida afectaba a los referentes, y los miembros de base del partido podían seguir en sus puestos, el decreto establecía que todos los afiliados iban a ser interrogados para determinar si habían tenido una conducta criminal o si representaban un peligro para la seguridad, lo cual desató una caza de brujas.

Bajo el régimen de Saddam la mayoría de los puestos de gobierno y también los principales cargos del ejército, la policía y el Baaz, estaban ocupados por los sunníes árabes, que, aunque eran minoría en Irak (alrededor de un 25% frente a un 60% de shiíes) gozaban de privilegios desde la década del 70´, con el aumento del poder del clan sunita de Tikrit, de Saddam. El Baaz era una parte esencial de la sociedad y el estado. El decreto de Bremer dejó al país al borde de la anarquía ya que desmanteló las fuerzas de seguridad.

Pocos meses después de la ocupación, las detenciones arbitrarias y los castigos colectivos caían sobre los sunníes que habían sido criminalizados por Bremer. La comunidad shií se sentía ganadora y vivía su momento de revancha histórica.

El conocimiento militar de muchos ex baazistas, que habían sido miembros de las fuerzas de seguridad, el acceso a las armas y la convicción de que estaban legitimados para combatir contra la ocupación, convirtió a Irak en un terreno fértil para todo aquel que quisiera librar una batalla contra los ocupantes, incluso a aquellos movidos por sentimientos religiosos. Esto dio lugar a una insurgencia nacionalista que en su lucha contra las fuerzas extranjeras se terminaría aliando con los yihadistas.

En 2004, las fuerzas de ocupación le entregaron el poder a un gobierno interino cuyas principales funciones eran reconstruir el ejército y la policía de Irak, para eso tenía que desarmar a las milicias rebeldes en todo el país. Además, el gobierno interino debía llevar a cabo las elecciones libres, garantizando que las tres principales comunidades del país (shiíes, sunníes y kurdos) compitan en relaciones de igualdad para poder elegir un gobierno definitivo. Una transición diseñada en los papeles se encontró con una realidad mucho más compleja.

La invasión, la posterior ocupación militar y la falta de planificación provocaron una tragedia social, y una fractura profunda en el país. De la posguerra iraquí crecieron, muchos de los males que hoy sumergen al país en un abismo.

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Las primeras elecciones democráticas en 50 años, se celebraron en enero de 2005, sin la participación de los sunníes. De estos comicios salieron los 275 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que serían los responsables de redactar las nuevas reglas de juego del Irak democrático. Los atentados de Al Qaeda en Irak, bajo el mando del jordano Abu Musab al Zarqaui se propagaron por las principales ciudades y la jornada electoral terminó con 30 muertos. Paradójicamente, fue la invasión de EE.UU. la que disparó la presencia de Al Qaeda en Irak, ya que hasta ese momento su injerencia había sido controlada por el régimen baazista.

La llamada “lista shií”, la Alianza de Unidad Iraquí, apoyada por el principal líder religioso Ali Al Sistani, fue la gran ganadora. En octubre de ese año, la asamblea sometió a referéndum la nueva Constitución que fue aprobada por el 76% de los votantes, el sur shií y el norte kurdo garantizaron la victoria. En las regiones de mayoría sunní el rechazo fue rotundo, por ejemplo, en la gobernación de Ambar el NO alcanzó el 96.9%.

El elemento más importante del texto era la propuesta sobre una nueva estructura federal para Irak, que dividía el país en tres regiones y debilitaba al gobierno central, dándoles mayor poder a los kurdos, que conseguían la autonomía del Kurdistán, y a los shiíes. Esta nueva división de poder dejaba el control territorial exclusivo de los yacimientos de petróleo -concentrados precisamente en las provincias del sur y el norte- en manos de kurdos y shiíes, dejando sin recursos a los sunníes, algo que alimentaba más la rabia.

Con la Constitución aprobada las segundas elecciones parlamentarias se celebraron en diciembre de 2005, la Alianza de Unidad iraquí volvió a ganar, y quedó a sólo 10 votos de tener una mayoría absoluta. Pero esta vez los sunníes habían decidido participar y consiguieron 55 bancas en el Parlamento. Los resultados dieron lugar a un gobierno de amplia mayoría shií encabezado por Nuri Kamal Al Maliki, como primer ministro.

Al Maliki era un político shií que llegaba al poder después de haber pasado 23 años en el exilio, cercano al gobierno de Teherán, pero que también mantuvo una relación de cooperación con EE.UU. Maliki es acusado de profundar las divisiones en Irak, que en 2006 se encontraba en una guerra sectaria que casi fractura al país, luego de que Al Qaeda atacara el santuario Al-Askari (considerado un lugar sagrado del islam shiíta).

How Inter-Shia Strife Is Threatening Iraqi Security | Council on Foreign  Relations

Al Maliki logró revertir su imagen de líder débil, -con la que había asumido-, cuando se enfrentó a Muqtada al Sadr, clérigo radical shiita, y logró que la milicia “Ejército del Mahdi” fuera derrotada por una ofensiva del ejército iraquí con apoyo de los EE.UU., obligando a que Al Sadr acepte la disolución de su milicia en 2008 (luego volverán a reagruparse en 2014 para luchar contra DAESH).

Para ese entonces, Al Sadr se había refugiado en Irán con el propósito de continuar sus estudios religiosos y poder formar parte del grupo de ayatolás que integran el seminario de Nayaf, una de las ciudades santas de los shiítas. Un autoexilio que duró hasta 2011.

Al Sadr, heredó su popularidad y su liderazgo de su padre el clérigo Mohammed Al-Sadr, que tenía el título de gran ayatolá. Al Sadr padre fue asesinado en 1999 junto a dos de sus hijos por las fuerzas de Saddam.  El “sadrismo” es un movimiento que cosecha apoyo entre los sectores shiíes más empobrecidos, y tiene también una pata política que participa de la vía electoral.

El Ejército de Mahdi (que llegó a tener 60 mil miembros) se consolidó como uno de los grupos armados que resistieron la invasión estadounidense. Si bien no consiguieron grandes victorias en el plano militar, al-Sadr y su milicia se convirtieron en un símbolo de la resistencia contra la ocupación.

Se suele decir que la invasión a Irak ha sido un conflicto con muchos perdedores, pero sin ganadores, eso no es del todo cierto. Hay un país que vio renovadas sus ansías de poder regional: Irán. La guerra empoderó a los históricos enemigos de Washington, sacudió la estabilidad regional, expuso la falta de credibilidad de los EE.UU. como mediador regional y profundizo el sectarismo, envenenando a las sociedades árabes.

En 2010 Maliki estuvo a punto de perder las elecciones, el diario The Guardian reveló que el primer ministro le pidió ayuda a Teherán para poder reconstruir su base de poder y permanecer en el cargo de primer ministro. Lo logró con el apoyo crucial del bloque de Al Sadr, que fue persuadido por los iraníes, de quienes con el correr de los años se fue alejando, ya que la posición de la corriente sadrista es contra toda ocupación extranjera.

La frágil popularidad de Al Maliki empeoró con la retirada de los EE.UU. de Irak, en 2011. Las políticas del primer ministro reabrirían las heridas de la violencia sectaria, sus decisiones (quizás la decisión de detener a su vicepresidente sunní Al Hashemi, acusado de terrorismo, fue la más agresiva) apuntaron a consolidar la hegemonía shií.

La guerra y la ocupación habían causado más de medio millón de muertes en el periodo 2003-2011, y un historial de crímenes de guerra y torturas, ya sea perpetrados por el propio ejército de los EE.UU. o por los miles de mercenarios de los ejércitos privados, subsidiarios de la “guerra total contra el terrorismo”. La prisión del horror de Abu Gharib, la masacre de la población civil de Hadhita o la masacre de la plaza Nisur de Bagdad, son sólo algunos ejemplos.

No sólo la violencia propia de la guerra fue causa de las muertes, sino también el colapso de la infraestructura del país, la corrupción reinante, el desmantelamiento del sistema de salud y la pérdida de vías de transporte y comunicación.

Estados Unidos se iba, y no dejaba tras de sí la infraestructura necesaria, ni el pacto social básico para que la democracia pudiera prosperar. Lejos de terminar con la violencia, la partida de las tropas, profundizó los horrores de los últimos ocho años.

En 2011, frente a la parálisis política, las fuerzas con representación parlamentaria acordaron un esquema de reparto de poder: el presidente sería kurdo, el primer ministro shií y el presidente del parlamento sunní, para lograr un gobierno de “unidad nacional”. Esto consolidó el poder en manos de los principales lideres sectarios del país, siguiendo un modelo de “estado confesional”.

La crisis fue empeorando con el correr de los años, y un gobierno dividido y sectario era incapaz de frenar los avances del terrorismo que encabezaba Al Qaeda. Los objetivos predilectos de esos ataques eran la población shií y las fuerzas de seguridad. La proliferación de los ataques demostraba la incapacidad de un estado vulnerable, que ya no podía ocultar la fachada de “unidad nacional” y “normalidad política”.

El fortalecimiento de Al Qaeda en Irak, la guerra civil en la vecina Siria y la ausencia de reformas estructurales, hicieron que la violencia fuera imparable hasta culminar en la conformación del denominado Estado Islámico de Irak y Siria/DAESH.

El fortalecimiento de Al Qaeda en Irak, la guerra civil en Siria y la ausencia de reformas estructurales, hicieron que la violencia fuera imparable hasta culminar en la conformación del denominado Estado Islámico.

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La toma de las ciudades de Ramali y Faluya, en la gobernación de Al Anbar, de mayoría sunní, fue el principio de la expansión de ISIS, hasta la proclamación del Califato en 2014. Una expansión basada en restituir el poder a los líderes locales y de esa manera ganar adhesión entre la población sunní, que en muchos casos percibía al ejército iraquí, como un ejército de ocupación.  Un poder central dividido y la falta de disciplina en las fuerzas armadas iraquíes, fueron factores que ayudaron a que esa expansión se diera con una mayor velocidad de la que el gobierno podría haber imaginado. A principios de junio de 2014, el DAESH se apodera de Mosul y terminará controlando cerca de un tercio de Irak.

La aparición del DAESH, trajo de vuelta a EE.UU. a Irak, que lideró una coalición internacional que ayudó a derrotarlo. También cumplieron un papel fundamental las milicias shiíes. Bajo la consigna de derrotar al yihadismo con la “movilización popular”, las milicias apoyadas por Irán (que llegaron a tener 120 mil combatientes), llenaron el espacio que iba dejando por ineficacia el ejército iraquí. Las milicias fueron clave en evitar la caída de Bagdad o la provincia de Diyala.

Una vez que terminó la guerra contra DAESH, estas fuerzas se negaron a ceder el poder que ganaron combatiéndolo. Incluso el Gran ayatolá, Ali Sistani, que había hecho un llamamiento a tomar las armas cuando el DAESH había tomado Mosul y amenazaba con llegar Bagdad, estaba a favor de que los “voluntarios” debían ser integrados en fuerzas oficiales para evitar su utilización política.

Muchas de estas formaciones existían desde la caída de Saddam en 2003, pero otras eran nuevas y tenían financiamiento y entrenamiento directo de la Guardia Revolucionaria iraní. Qasem Soleimani, jefe iraní de las fuerzas Al Quds (considerado el hombre más poderoso del régimen después del Ayatollah Alí Khamenei), que fue asesinado en Irak por EE.UU., fue el “cerebro” de las milicias iraquíes.

Se suele decir que la invasión a Irak ha sido un conflicto con muchos perdedores, pero sin ganadores, eso no es del todo cierto. Hay un país que vio renovadas sus ansías de poder regional: Irán..

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Con el asesinato de Soleimani, y la tibia reacción de Irán, muchas de estas milicias fueron ganando autonomía tanto del Estado iraquí como lo de los iraníes. En cambio, hay otras que aceptaron ser parte de las fuerzas armadas iraquíes, y a la vez, constituyen fuerzas políticas que disputan escaños en el parlamento. El éxito electoral de las milicias no depende tanto del apoyo popular que puedan generar, sino del miedo que sembraron entre los críticos de la presencia iraní en Irak.

Una generación que se no se resigna

Los jóvenes que nacieron después de la invasión, o que eran muy pequeños en 2003, son los protagonistas de las movilizaciones que desde 2015 se vienen produciendo en el país.

Ese año, miles de iraquíes sunníes y shiíes se lanzaron a las calles para reclamar una mejora de los servicios públicos en Bagdad y en otras ciudades de Irak. Una demanda que no tenía que ver con enfrentamientos sectarios sino con cuestiones vinculadas con la vida pública y el bienestar social; denunciando la corrupción y la incompetencia de los gobernantes.

En 2018, ardió la ciudad de Basora, la principal región petrolera del país, reclamaba el desarrollo de infraestructura básica, las protestas empezaron por una intoxicación con agua contaminada y terminaron con la quema de algunos edificios públicos.

Las protestas de 2019, con epicentro en la plaza Tahrir, pusieron en jaque a la clase política y forzaron la renuncia del entonces primer ministro, a la demanda por mejores servicios públicos se sumó la falta de oportunidades laborales. Estas movilizaciones, que dejaron un saldo de 400 muertos, impugnaron al sistema político impuesto desde la invasión en 2003, el reparto de poder y de cargos que reforzó el sectarismo y el nepotismo en todos los niveles del Estado. Los partidos tradicionales apoyados por sus milicias, aun hoy, se resisten al cambio. La intimidación de las milicias y la violencia con la que el gobierno respondió a las protestas jugaron a favor del miedo y la desmovilización.

Pero también es cierto, que las manifestaciones en la región se hacen eco entre sí, y al igual que en los países vecinos puede ser que los jóvenes iraquíes sigan peleando por el país democrático que anhelan desde hace 20 años, sin la necesidad de que ningún invasor (de Oriente u Occidente) venga a “garantizarlo”.

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