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13 de abril 2023

Pablo Audero

LA POBREZA Y LA BRÚJULA

Tiempo de lectura: 11 minutos

Existe una brecha de ingresos importante entre trabajadores formales e informales. Eso no es un descubrimiento ni una novedad, pero es el punto de partida para cualquier análisis serio sobre política laboral y social en el país. Los últimos datos de pobreza continúan una tendencia ya consolidada de altos números de pobreza con bajo desempleo que llama a profundizar el conocimiento sobre la realidad del trabajo.

No hace falta recurrir a ejemplos extremos como el productor rural que se queja en Twitter de no conseguir peones para encontrar mercados donde hay mucha demanda de trabajadores y poca oferta, ni tampoco trabajadores con 2 o 3 empleos part-time con los que a duras penas logran cubrir una canasta básica. Ámbitos donde se emplean trabajadores de calificación media y alta presentan muchísima demanda de horas y poca gente dispuesta a tomarlas, pero la predicción de manual de que en ese escenario el salario debiera subir no parecería estar ocurriendo. Los modelos clásicos del mercado laboral suponen que la fuerza de trabajo se compra y se vende como cualquier otra mercancía: los empleadores determinan su demanda principalmente en función de la productividad del trabajo y la demanda del producto y los trabajadores ofrecen su tiempo según la utilidad que les significa el trabajo con respecto al ocio[1]. El funcionamiento se suele ejemplificar como una fila contínua donde los trabajadores se ordenan de “mejor” a “peor” en función de su capital humano[2] y el punto donde se corta y se deja de incorporar puestos de trabajo lo marca el nivel de demanda agregada. De ésta concepción surgen las políticas sociales enfocadas en aumentar individualmente la empleabilidad o el capital humano de los trabajadores excluidos, de las que hay un amplio consenso incluso entre autores ortodoxos sobre su dudosa eficacia[3], pero muy frecuentes en declaraciones efectistas.

Otras corrientes incorporan elementos que están más allá de la oferta y la demanda como los sindicatos y su poder de negociación, los tipos de contratos e instituciones. Los teóricos de la segmentación plantean la existencia de un mercado de trabajo primario, estable, con salarios elevados, escalas de ascenso, sindicatos e instituciones y utilización de tecnologías relativamente avanzadas, y uno secundario caracterizado por el empleo inestable, salarios bajos, relativamente limitado en escalas y sin sindicatos ni instituciones de regulación. Según esta teoría, que se denomina precisamente dualista y nació en los ‘70 para explicar tendencias del empleo en Estados Unidos, existen importantes barreras a la movilidad entre ambos mercados y la participación en uno u otro tiende a retroalimentarse.

Para que un mercado laboral se considere segmentado tienen que cumplirse una serie de condiciones: que trabajadores comparables tengan salarios diferentes, que haya diferentes mecanismos de fijación de remuneraciones y que haya barreras que impidan la movilidad entre el sector primario y el secundario.  En un mercado laboral integrado, cualquier trabajador puede acceder a puestos de trabajo de calidad invirtiendo en el capital humano que requiere, y la informalidad se entiende como una situación voluntaria por parte de los trabajadores (afirmación que, por más que parezca extraño, hay sectores que aún sostienen) o una consecuencia de la incapacidad del mercado para generar trabajo de calidad.

En un artículo publicado en 2013 y titulado Segmentación del mercado de trabajo en la Argentina[4], Jorge Paz explora con datos de la EAHU y la EPH esta hipótesis: encuentra una persistente brecha de ingresos entre trabajadores registrados y no registrados no explicada por diferencias de productividad, la tendencia por parte de trabajadores con posibilidades de elegir a optar por y permanecer en el trabajo registrado, y una diferencia tenue en los retornos al capital humano, evidencia que favorece la hipótesis de segmentación. Afirmar sin matices que el mercado de trabajo en la Argentina está segmentado deja de lado muchas consideraciones relevantes -Paz no lo hace- pero está claro que el problema del trabajo en la Argentina tiene raíces más profundas que las diferencias de productividad y capital humano.

Una fila contínua donde los trabajadores se ordenan de 'mejor' a 'peor en función de su capital humano y el punto donde se corta y se deja de incorporar puestos de trabajo lo marca el nivel de demanda agregada .

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Es posible tener una noción de cuánto menos ganan los trabajadores informales. El INDEC hace una estimación de la brecha de ingresos entre asalariados con y sin descuento jubilatorio que para el tercer trimestre de 2022 calcula del 56,8%[5]. Requiere un trabajo más detallado sobre los microdatos de la EPH obtener un panorama más preciso -analizar el universo del trabajo en dos salarios promedio es una lectura de trazo muy grueso-. Para el mismo trimestre, y tomando el total de ocupados incluyendo también cuentapropistas[6], muestran brechas muy distintas por rubro de actividad, con una diferencia mucho mayor para las actividades agropecuarias y mineras, menor para la producción, el comercio, la gastronomía y los servicios en general -entre el 30% y el 40%-. Un dato curioso es que la brecha se presenta casi nula para el rubro salud y educación e inversa para el sector informático, caracterizado por la posibilidad de trabajo remoto con salarios altos o para el exterior sin marco regulatorio aún, siendo de los pocos sectores donde se puede hablar de informalidad temporalmente “electiva”. Desde ya, se requiere un tratamiento estadístico mucho más riguroso de la base de microdatos para conclusiones más contundentes, pero el análisis descriptivo es útil para tener un acercamiento.

Además de dividir por descuento jubilatorio, variable tradicionalmente utilizada para distinguir entre empleo formal e informal, es posible hacerlo por cobertura médica. Mientras que lo habitual en la mayoría de los países es que existan a lo sumo dos, en Argentina conviven tres sistemas diferentes de cobertura (la medicina prepaga, las obras sociales y el sistema público) y visualizar las diferencias de ingresos entre los sectores que abarca cada uno es muy útil. Como se puede ver en el gráfico, los trabajadores que recurren al sistema público de salud tienden a tener ingresos menores al promedio y significativamente menores que el resto en la mayoría de las actividades económicas. También hay una diferencia sostenida y considerable entre los trabajadores con obra social y prepaga en la mayoría de los rubros. Aunque sea intuitivo, esta distinción agrega un grado de complejidad a la división entre formales e informales que permite hacer el cruce por descuento jubilatorio. En efecto, los primeros cuadernos de la CTEP -actual UTEP, y en tanto sindicato de la sociedad poslaboral una de los nuevos emergentes más interesantes del mundo del trabajo- hablan de economía en tres velocidades: en avión, en tren y en chancletas[7].

Sería arriesgado sostener que no existen diferencias de productividad entre segmentos, así como explicar la brecha de ingresos únicamente por ese factor. Los Nobel de Economía Esther Dufló y Abhijit Banerjee discuten en su libro Buena economía para tiempos difíciles[8] la configuración de preferencias de los agentes. Hay mucha literatura económica sobre las preferencias y su microfundamentación, pero nuevas corrientes epistemológicas proponen otras perspectivas a través de investigación empírica. Para ejemplificar la manera en la que el contexto social influye en las decisiones citan un experimento que se hizo en Zürich con un grupo de banqueros que tenían que tirar 10 veces una moneda al aire y se les pagaba 20 francos suizos por cada vez que salía cruz. Lo interesante es que nadie corroboraba qué cara de la moneda salía, sino que cada uno tenía que informar cuántos resultados positivos había tenido, creando un incentivo muy fuerte para mentir. La clave del experimento estaba en que a algunos de ellos se les preguntaba previamente sus actividades de ocio y a otros su profesión, por lo que sólo algunos participaron enmarcados en su condición de banqueros: los resultados arrojaron que éste grupo tuvo una tasa de engaño mucho mayor que el primero.

Un experimento que se hizo con un grupo de banqueros que tenían que tirar una moneda y se les pagaba por cada vez que salía cruz. Nadie corroboraba qué cara salía, sino que solo se informaba los resultados positivos, creando un incentivo para mentir..

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Esto no quiere decir que los banqueros sean especialmente deshonestos -o al menos no es un resultado de este experimento-, sino que se intenta mostrar que de acuerdo a su identificación particular en ciertos contextos la gente suele actuar de maneras diferentes, con distintas preferencias. Dufló y Banerjee concluyen el apartado planteando que “(…) en la vida es, con frecuencia, la gente con la que estamos, las escuelas a las que fuimos, lo que hacemos por trabajo o por diversión, y los clubes a los que pertenecemos o nos gustaría pertenecer lo que nos da forma y conforma nuestras preferencias.”.

En el mismo libro se cita un ejemplo menos divertido: en algunos estados de EEUU prohibieron incluir la pregunta por antecedentes penales en las búsquedas laborales con el argumento de que solicitantes con antecedentes tenían muchas menos posibilidades de ser llamados, aún teniendo un currículum idéntico. Esta prohibición buscaba aumentar las oportunidades de empleo de jóvenes afroamericanos que presentaban tasas de desempleo y arrestos mucho más altas que la media nacional. Para probar el efecto de esta política, dos investigadores mandaron 15.000 solicitudes de empleo online ficticias utilizando nombres típicamente blancos o afroamericanos justo antes y después de eliminar la pregunta. Antes de la prohibición, encontraron que los solicitantes blancos recibían un 23% más de llamadas aunque los CV fueran iguales, y los solicitantes idénticos pero sin antecedentes recibían un 62% más. Pero lo sorprendente es que después de la prohibición la diferencia aumentó: ante la ausencia de una pregunta por antecedentes penales, muchos empleadores asumían que había más posibilidades de que los solicitantes aforamericanos hubieran estado detenidos y la brecha con los solicitantes blancos creció hasta el 43%, en un caso clarísimo de discriminación estadística.

Esto no significa que todos los agentes estén discriminando todo el tiempo, pero es común decidir en base a prejuicios y se suele consumir productos que homologan nuestro contexto social. Pierre Bourdieu escribió sobre esto en el año 2000[9], cuando, estudiando el mercado de vivienda en Francia, planteó que la demanda no obedecía necesariamente al cálculo racional más adecuado a los intereses de los compradores sino que se encontraba una inclinación “espontánea” hacia los productos que corresponden a posiciones homólogas a las que ellos tenían en el espacio social. Quien escribe estudió una cooperativa de construcción de la zona sur del AMBA y el hallazgo más importante fue que casi la totalidad de las trabajadoras, después de ser parte de un proceso colectivo de trabajo -reconocido, visible y bien considerado por su comunidad- mejoraron también los ingresos que obtenían por su trabajo fuera de la institución.

En algunos estados de EEUU prohibieron incluir la pregunta por antecedentes en las búsquedas laborales pues solicitantes con antecedentes tenían muchas menos posibilidades. Pero lo sorprendente es que con prohibición la diferencia aumentó

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Es decir, formar parte de una institución -en este caso una cooperativa- hizo que su comunidad valorara y por ende pagara más su trabajo, aún cuando era individual y por fuera de la cooperativa en sí. La discusión en este caso es si el trabajo de quienes se encuentran en la informalidad realmente no es menos valioso o significativamente menos productivo que gran parte del trabajo que se realiza en el mercado formal, sino si existen procesos sociales de subvalorización ni existen mecanismos formales de negociación de ese valor. El concepto de subvalorización, que radica en la sociología del dinero, considera al sistema de precios como revelador de posiciones sociales específicas que reflejan las jerarquías que la sociedad asigna a cada sector dándole un valor a su fuerza de trabajo -trasladado a las mercancías producidas por cada uno de ellos[10]-. Según esta teoría, en éste fenómeno está el origen del déficit de ingresos que conlleva una menor capacidad de ahorro, inversión y capitalización. Desde una tradición diferente, el concepto de “convención de calidad”[11] en mercados con información asimétrica donde el precio no es información suficiente sobre la calidad de un bien, el demandante toma sus propias conclusiones teniendo en cuenta el comportamiento y las características del oferente. Bien entendida, la subvalorización del trabajo es un fenómeno cuyo análisis está lejos de ser contradictorio con las brechas de productividad. Discutir si es una u otro el factor principal o determinante de la informalidad es secundario, en tanto lo más cercano a la realidad es una retroalimentación: unidades productivas que no pueden escalar, estancamiento en la inversión y en la acumulación de excedente. Es, lamentablemente, un caso en el que el mercado opera de manera procíclica y acrecentando las desigualdades.

Tal vez en donde más se ataca a los programas del estilo del Potenciar Trabajo -la necesidad de participar en una instancia organizativa para acceder- está su factor más interesante: aún sin proyectarlo, ayuda a sostener un marco colectivo para los trabajadores que están por fuera del mercado formal y fortalece sus herramientas de negociación sectorial. Ver ahí algo positivo implica reconocer que el sujeto de las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores no es el Estado sino los mismos trabajadores, y que se fortalezcan sus instancias organizativas es algo positivo para el conjunto de la sociedad y la economía. El desafío, en ese caso, es que esos marcos colectivos trasciendan a los destinatarios de los programas. Una buena política social y laboral requiere separar lo que sirve de lo que no y entender principalmente qué puede y qué no puede o debe hacer el Estado. Las políticas de empleabilidad, incorporación de conocimientos estandarizados como el armado de CV o las tareas simbólicas de introducción al trabajo están pensadas para un segmento del mercado laboral que posiblemente no exista, y las nuevas barberías que desbordan los barrios populares no estuvieron planificadas desde ningúna oficina.

El Estado puede ser una herramienta que potencie el trabajo de quienes hoy se encuentran en la informalidad, tanto en términos de valorización como de productividad, o una que lo debilite. Cuando se habla de reforma laboral en la Argentina se lo relaciona con lo peor de las experiencias en el mundo -hay, efectivamente, sectores que proponen lo peor de las experiencias en el mundo- pero las tendencias más modernas tienden a descartar la flexibilidad desregulada y proponen esquemas normativos que combinan la flexibilidad con la seguridad social, como el caso de Dinamarca, o incluso las investigaciones sobre la reducción de la semana laboral en Gran Bretaña. Es falso que se debe prescindir de derechos laborales para diseñar una normativa adecuada para la realidad del trabajo actual, ni son éstos parte del problema.

El Estado puede ser una herramienta que potencie el trabajo de quienes hoy se encuentran en la informalidad, tanto en términos de valorización como de productividad, o una que lo debilite.

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No cabe duda de que la mejor política social que puede tener el Estado argentino hoy es frenar la inflación y sostener una macroeconomía estable, debería ser una obviedad. Pero incluso en economías estables los precios relativos -en gran medida, para los trabajadores, el resultado de su poder de negociación- pueden llegar a escenarios que aún así sean inequitativos. No es necesario que la gran mayoría de los trabajadores que hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza sorprenda con un emprendimiento innovador o una idea extraordinaria para alcanzar mejores condiciones de vida, así como tampoco lo es para la gran mayoría de los agentes de la economía que se desempeña en tareas funcionales, trascendentes a pequeña escala e igualmente necesarias, sin obviar el reconocimiento para los que lo logran. Sin orientar el debate hacia lo normativo y pensar en reformas que beneficien a los trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad es muy difícil que los números de pobreza desciendan, y eso es imposible sin institucionalizar interlocutores que expresen al sector.


[1] La existencia de desempleo involuntario -por parte de trabajadores que desean emplearse al salario ofrecido y no están optando por permanecer ociosos- fue, de hecho, una tema de debate bastante disruptivo en su momento.

[2] McConnel, C.R. y Brue, S. (1997), Economía Laboral. Editorial McGraw-Hill

[3] Ídem.

[4] Paz, J. (2013), Segmentación del mercado de trabajo en la Argentina; Universidad de los Andes; Desarrollo y Sociedad; 72; -1-2013;105-156 https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/12279

[5] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_total_urbano_ingresos_02_234C62770929.pdf

[6] La utilización de los microdatos EPH requirió un proceso importante de limpieza, detección de valores anormales y faltantes para poder ser utilizada de manera consistente

[7] Pérsico, E. et al (2017). Economía popular: los desafíos del trabajo sin patrón. Argentina. Colihue.

[8] Banerjee, A. y Dufló, E. (2020), Buena economía para tiempos difíciles. Penguin Random House.

[9] Bourdieu, P. (2000). Las estructuras sociales de la economía. Manantial.

[10] Maldován Bonelli, J. (2020). Las relaciones laborales en el trabajo asociativo y autogestivo: reflexiones a partir del caso argentino. Astrolabio nueva época – CONICET. Nº 24.

[11] Orléan, A. (2011). L’Empire de la valeur. Refonder l’économie. Le Suil.

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