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La escena política pre-electoral parece irse construyendo sobre un titanic pos-pandémico donde la dinámica kirchnerismo-macrismo tiende a girar (cada vez más) sobre temáticas que anteponen los intereses corporativos de supervivencia de cada coalición por encima de una agenda común que ataque de raíz las consecuencias sociales de la pandemia, agravando la parálisis macroeconómica que el país ya padece desde hace más de diez años.

En ese sentido, diría que estas elecciones no están guiadas por una verdadera disputa ideológica o una sincera discusión programática, sino más bien por los posicionamientos tácticos que los principales dirigentes de cada coalición creen suficientes para sobrevivir hasta la próxima elección.

Se hace “política” con el tuit del día, la indignación de la mañana o la victimización de la tarde, un “use y tire” diario que, como la utopía, nos sirve para caminar en la zona de confort de la política, aunque no nos ayude a resolver la mayoría de los problemas que se acumulan en la sociedad. Así, en el Frente de Todos se consolida una “unidad hasta que duela” que en la práctica galvaniza el centro de gravedad kirchnerista de la coalición. La idea (para muchos novedosa) de una candidatura “peronista” acordada para ganar en 2019, después de dos años no logró el trasvasamiento de poder hacia un liderazgo claro que estuviera en condiciones de imprimir un rumbo de gestión.

Esa gestión rota (o mejor dicho, una no-gestión) por la necesidad de privilegiar los equilibrios electorales internos del FDT se expresa en la idea de un revival distribucionista sin macroeconomía cuyo horizonte más palpable es la inflación, antes que una política verosímil de crecimiento, producción y empleo. Tras dos años de poder, el Frente de Todos vive una paradoja similar a la que vivió Cambiemos después de 2015: lo que sirve para tener éxito electoral no sirve para gobernar bien.

La oposición tenía la chance de presentarse ante la sociedad en una PASO amplia y dar una señal más competitiva de cara al 2023. Una gran parte del electorado (sobre todo la clase media que quedó sumida en la inanición económica a partir de la errática cuarentena dispuesta por el gobierno) esperaba un gesto de entendimiento mayor de toda la oposición por encima de cualquier filiación partidaria o figura en particular; sin embargo, Juntos por el Cambio prefirió “limitar” su interna y venderse nuevamente como el espejo polarizador del FDT, confiando más en una táctica de supervivencia que en la eficacia ganadora de la opción.

Para quienes tenemos una larga trayectoria pedestre por los pliegues de la tradición peronista, la ética de la responsabilidad fue el valor más virtuoso a la hora de desempeñar la acción política o la gestión estatal: hablarle a audiencias esquivas, aplicar políticas reformistas (a priori riesgosas, polémicas o “piantavotos”), buscarle cauces al conflicto, saltar por encima de las barreras ideológicas que distorsionaban el país real. Después de la muerte de Perón y de su primera derrota electoral, el peronismo encontró en la ética de la responsabilidad una “fórmula extrema” para ganar y gobernar en democracia: ganar era gobernar para la sociedad que no te votaba.

El político profesional gestado por ese peronismo renovado quería gobernar a todos: pobres, comerciantes, enfermeras, empresarios, radicales, socialistas, obreros, amas de casa, sojeros, deportistas, ricos. La utopía gris del Estado era poner una propuesta en cada mesa de reclamos: invertir en representación (alejarse una y otra vez de los “convencidos”) para ganar. En ese esquema político había una interdependencia muy fuerte entre el éxito electoral y la gobernabilidad que hoy no existe, y que durante gran parte de la democracia se constituyó en una identidad (el partido de poder) que la sociedad reconocía más allá de sus simpatías políticas. No había que ser peronista, antiperonista, radical, descamisado o cuello blanco para votar o no votar a un gobierno. Gobiernos como el de Menem o Duhalde pudieron afrontar momentos de crisis profunda a través de reformas estructurales gracias a que fueron votados o apoyados por muchos sectores de la sociedad que no tenían nada que ver con la cultura peronista e inclusive recelaban de ella.

El lenguaje político de la ética de la responsabilidad hoy está eclipsado por las anclas electorales de la polarización: se gobierna para la Tercera Sección Electoral o se gobierna para Palermo, se gobierna por metro de densidad electoral afín. Pudiendo gobernar la Argentina, se elige gobernar el AMBA. Desde ya, una apuesta fuerte por el retorno de una costumbre política ligada a la ética de responsabilidad no es un activo exclusivo del peronismo; es una práctica democrática al alcance de toda la dirigencia política (sobre todo de la oposición) que quiera salir de un “empate hegemónico” que más que lucha de clases ha traído una combinación latente de recesión con inflación. La crisis reclama, en un punto, una impronta política que rescate cierta memoria operativa de la estabilidad labrada por el bipartidismo democrático: el balcón Alfonsín-Cafiero frente al alzamiento carapintada de la Semana Santa de 1987, la mesa Duhalde-Alfonsín para salir de la convertibilidad y pasar a una coalición exportadora que orientó el rumbo del mercado interno en 2002.

Hoy el olfato de la ética de la responsabilidad parece ir por una doble vía de acuerdismo-reformismo. Un acuerdo transversal de dirigentes políticos, sociales y empresarios desprendidos del “torneo inter-castas” que hoy representa la clase política, capaz de plantear un férreo programa reformista que saque a la economía del cálculo electoral. Tanto Macri antes como ahora Fernández carecieron de esa sensible ética del poder que siempre recomienda aprovechar el envión inicial de votos para desplegar (rápido) la batería de reformas que le den identidad (hegemonía, poder real) a un gobierno. Más bien se vio lo contrario: ambos gobernaron para posponer las reformas. El gradualismo electoral terminó por agravar los problemas y hoy esas reformas –que una gran parte de la política evita discutir- continúan más pendientes que nunca.

Una vez más, se trata de aplicar una ética que nos corresponde asumir a los políticos más allá de los posicionamientos ideológicos: es evidente que Argentina necesita encarar reformas (tributaria, previsional, laboral, productiva, exportadora) que recalibren la posición del país en el mundo capitalista actual para sentar las bases de una economía “más grande” capaz de producir a la altura de los desafíos que se nos vienen encima (la economía del conocimiento, la disminución de la densidad industrial del empleo) y los problemas crónicos (restricción externa, inflación). En este sentido, no es casual que este rasgo de “acuerdismo reformista” se visualice en “terceras posiciones” electorales que busquen romper la polarización extrema: la candidatura bonaerense de Florencio Randazzo intenta oxigenarse bajo la referencia de la gestión y una agenda de reformas integrales.

La larga marcha del bipartidismo democrático (1983-2002) también nos puede dejar lecciones de una ética política para el presente: los derechos y libertades ganados en democracia no se pueden vivir sin un bienestar económico estable. La batalla constante del sistema democrático por ofrecer un proyecto económico sostenible en el tiempo estuvo llena de algunas luces y muchas sombras, pero la praxis política nunca disoció “derechos” y “economía” como lo hace hoy. La desigualdad social crece y los problemas estructurales no se resolvieron.

La democracia heredó los dilemas de 1975 (los desajustes internos del mercado interno agudizados por la reformulación productiva del capitalismo mundial después de la crisis del petróleo), la política “pendular” los afianzó y la recesión de los últimos diez años los agravó por omisión de praxis. La práctica política tiene que reconectar a la democracia con la economía (con el mercado) y ofrecer un horizonte. Aunque se mencione poco, es útil hacer notar que el último “legado de gestión” de Perón fue el pacto social, una política orientada a subir la productividad y bajar la inflación. La Argentina del 73 ya no era la Argentina del 45, pero los problemas que amanecían en el 73 se parecían bastante a los se viven hoy.

Aunque el tono electoral todavía no lo refleje, existe la oportunidad de discutir una hoja de ruta que oriente las prioridades hacia el crucial 2023. Doy un ejemplo: discutir de donde “van a salir los dólares” para que la economía crezca en un país que ya no se puede endeudar ni emitir implica un acuerdo quirúrgico de las distintas fuerzas políticas, porque ya no hay margen de ensayo-error.

Creo que la política tiene la misión irrenunciable de construir una coalición exportadora que establezca ciertas bases para el crecimiento. Integrar a las dirigencias empresarias y sociales a una estrategia macroeconómica es una labor política que no se puede tercerizar ni dejar en manos de “las expectativas”; hay que ofrecer un marco (por ejemplo, definir una Cancillería “comercial” en vez de una “política” para insertar la posición argentina en el mundo) que solo la política puede dar.

Además, la incorporación de sectores productivos al esquema supone una política federal que convoque a la mesa a todo el PBI argentino (zona núcleo, Patagonia) y salir de la “política AMBA” de “pasar facturas y contar costillas” entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad, que hasta hoy es la política nacional realmente existente. Quizás el debate más sincero que le puedan ofrecer estas elecciones a la sociedad sea el de ver que empieza a existir un sector de la política con una impronta más federal que cambie el eje de las discusiones y vuelva a tener las ambiciones de gobernar la nación.