Tiempo de lectura: 4 minutos

Desde octubre de 2012 los colombianos estamos a la expectativa de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP. La suscripción del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en La Habana (Cuba) es un hecho de enorme significación para un país atravesado por un conflicto social y armado de más de cinco décadas, y para toda una región afectada por los intereses geopolíticos estadounidenses desplegados en nombre de la guerra contra las drogas y la lucha antiterrorista.

El Gobierno y las FARC-EP han intentado la vía del diálogo en ocasiones anteriores (1984-1986 y 1989-1992). Durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998- 2002) se produjo el tercer diálogo formal con las FARC. Cuatro años de un proceso errático, desarrollado en medio de una confrontación armada atizada por el Plan Colombia, hicieron que las acciones militares de la guerrilla cobraran mayor visibilidad mediática que los avances en la mesa de negociación. El agravamiento del secuestro, los ataques indiscriminados contra la población civil y su transmisión continua por los medios de comunicación, fortalecieron la imagen de las FARC como una organización brutal en su agresión militar, generando entre la opinión pública la idea de que no tenían un compromiso de paz serio.

Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en agosto de 2002 luego de capitalizar el descontento nacional por el fracaso de los diálogos de paz de su antecesor. Plegado a la retórica patriótica de Bush, Uribe articuló todo su discurso de campaña y sus acciones de gobierno en torno al combate a las FARC, transformadas en el “gran enemigo” del país. La Política de Seguridad Democrática (PSD) concibió e implementó, con ayuda de la cooperación estadounidense, una ofensiva militar amplia y sistemática contra todos los grupos guerrilleros, al tiempo que planteó la necesidad de que la sociedad civil contribuyese en el fortalecimiento de las actividades de los órganos de seguridad.

Tras ocho años de gobierno, los “excesos” de la Seguridad Democrática, que incluyeron graves violaciones a los derechos humanos y escandalosos casos de corrupción, socavaron el consenso nacional acerca de la salida armada. Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en agosto de 2010, el país retomó la senda del diálogo, aunque en medio de una fuerte polarización.

Los diálogos de La Habana transcurren en medio de la confrontación militar, pese a reiteradas demandas sociales y políticas por un cese bilateral del fuego. Aun así, se ha logrado avanzar en la discusión parcial de cinco de los seis puntos que componen la agenda: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas 5. Reconocimiento y reparación de las víctimas y 6. Mecanismos de refrendación de los acuerdos.

No obstante el avance, varios factores amenazan las negociaciones. En primer lugar, la persistencia gubernamental en negociar en medio del enfrentamiento armado, con la idea de que el cese de hostilidades debe ser un punto de llegada y no una condición para llevar adelante las conversaciones. Aunque las FARC decidieron a finales del 2014 un cese unilateral al fuego, que tuvo efectos positivos en términos del desescalamiento del conflicto, el ataque a un grupo de once militares en el Cauca en abril pasado, puso fin a esta iniciativa y sembró de nuevo la desconfianza en el proceso. El Gobierno reanudó los bombardeos aéreos que había suspendido en marzo, y atestó un duro golpe que dejó a 26 guerrilleros muertos. En el razonamiento de Santos, el mantenimiento de las operaciones militares y la presión sobre la guerrilla durante la negociación, buscan reducir los riesgos sobre la seguridad en caso de que el proceso no llegue a buen puerto. Lo que subyace, en el fondo, es el fantasma de procesos pasados en los que las treguas y despejes territoriales terminaron fortaleciendo a la insurgencia. Por otro lado, persiste el cálculo estratégico de que es más fácil negociar cuando la contraparte está debilitada militarmente.

El segundo gran escollo ha sido la ausencia de una opinión pública masiva que apoye fehacientemente las negociaciones. La influencia de sectores militaristas y de ultraderecha opuestos desde el comienzo al proceso de paz, ha afectado negativamente la percepción del proceso en la ciudadanía. A la negativa encabezada por el ex-presidente Uribe y el Procurador General de la Nación, con eco en los medios masivos de comunicación, se suman sectores latifundistas y terratenientes, corporaciones transnacionales minero-energéticas y grupos del complejo militar-industrial global, que ven en la paz una posible afectación de sus negocios e intereses.

Si bien la percepción positiva de las negociaciones creció hacia finales del año pasado, el revuelo mediático generado por la muerte de los once militares en el Cauca, redundó en un desplome de la imagen del presidente Santos y una sensible baja en el optimismo hacia el proceso de paz. El nacionalismo antifariano, construido habilidosamente en tiempos de Uribe, reflotó en la última encuesta de la firma Ipsos-Napoleón Franco, según la cual el 69 % de los encuestados cree que los diálogos no culminarán con un acuerdo de paz ni con la desmovilización de las FARC.

Más allá del enfrentamiento bélico, que continúa y con sendas bajas para ambos bandos, la principal batalla que debe ganar el proceso es de naturaleza política. Nunca, como ahora, se avanzó en tantos puntos de la agenda ni logró sostenerse el proceso allende las escaramuzas armadas. Lo que viene fallando es, sin duda, la confianza de los colombianos en que la paz redundará en una sociedad más justa o equitativa, y no solo por las voces guerreristas, que gritan y fuerte, sino por las débiles señales de paz en los territorios. Mientras se conversa en La Habana, los indígenas del Cauca son masacrados por la fuerza pública y los reductos del paramilitarismo articulados en las BACRIM asolan en más de trescientos municipios del país. Urge, por tanto, enviar señales de que se está preparando el postconflicto, de que lo que ocurre en La Habana va más allá de la desmovilización de las FARC, para avanzar sobre las condiciones objetivas necesarias para una paz duradera.

* Docente investigadora de la UBA