Esta semana se conmemora el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años que murió después de recibir una golpiza por parte de la policía moral por tener mal colocado el hiyab.
La ola de movilizaciones que siguió a la muerte de Mahsa perduró por meses. En las ciudades más importantes del país, -incluso en los bastiones del régimen-, miles de jóvenes protestaron contra el uso del velo obligatorio, rechazaron los valores más conservadores de la República Islámica, culparon al gobierno por la crisis económica y pidieron el fin de la teocracia liderada por el Ayatollah Alí Khameneí. Una nueva generación, con menos miedo que las anteriores, le tomaba el pulso al régimen en las calles y algunos se apresuraron en declararlo moribundo.
Nadie desconocía la brutalidad de la cual era capaz el régimen iraní, mucho menos después de la llegada de Ibrahim Raisi, representante del ala ultraconservadora a la presidencia en el año 2021. Raisi era conocido por su participación en la ejecución extrajudicial de miles de presos políticos, en el año 1988.
Al calor de las calles había quienes especulaban con una fractura dentro del bloque de poder conservador y pensaban que esto podía jugar a favor de las demandas de los manifestantes y transformar la crisis de legitimidad del gobierno en un debilitamiento de su poder. Nada más lejos de la realidad. El equilibrio entre la elite político-clerical y la elite militar demostró estar fortalecido a la hora de garantizar el orden vigente apoyado en su faceta más represiva.
La ola de movilizaciones que siguió a la muerte de Mahsa perduró por meses. En las ciudades más importantes del país -incluso en los bastiones del régimen-, miles de jóvenes protestaron contra el uso del velo obligatorio, rechazaron los valores más conservadores de la República Islámica, culparon al gobierno por la crisis económica y pidieron el fin de la teocracia liderada por el Ayatollah Alí Khameneí. .
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La presión internacional también fue un factor en el cual se depositaron expectativas. Irán estaba reanudando las negociaciones para reactivar el pacto nuclear del cual EE.UU. se había retirado en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump. La respuesta internacional se limitó a un paquete de nuevas sanciones. El miedo a una desestabilización aún mayor de la región, en la cual Occidente ha tenido gran parte de la responsabilidad, tiene un peso importante en las decisiones de EE. UU y de la UE.
Las sanciones internacionales alcanzaron a la Guardia Revolucionaria (Pasdarán), un cuerpo militar de élite, que maneja el 40% de la economía del país y tiene bajo su controlnumerosas empresas, sobre todo en los sectores de la construcción, la infraestructura de transporte y los aeropuertos. La Guardia Revolucionaria es un actor clave en la República Islámica, y tendrá un papel fundamental en la sucesión del líder Supremo, que tiene 84 años y presenta problemas de salud. En la disputa por la sucesión de Khameneí serán los Pasdarán los que inclinen la balanza en favor de uno de los sectores político-clericales en disputa y lo harán en beneficio de aquel que le permita continuar existiendo como un “Estado dentro del Estado”.
Al igual que las medidas que se vienen imponiendo contra Irán hace décadas las nuevas sanciones no tuvieron ningún efecto disuasivo, por el contrario, fortalecieron la retórica oficial acerca de que las movilizaciones eran fomentadas y financiadas por intereses extranjeros.
En septiembre del 2022 los jóvenes que en cada esquina grababan su “revolución” con teléfonos celulares, difundían las imágenes en redes sociales para evitar la censura, enfrentaban a las autoridades en las escuelas y las universidades corriendo el riesgo de ser identificados individualmente, creían que podían completar aquello que las protestas de 2009 (que denunciaron fraude electoral por parte de Mahmmoud Ahmadinejad) y 2019 (de carácter económico) no habían logrado.
Si bien en un principio la desobediencia civil ganó terreno con pequeños logros y consiguió que el régimen flexibilizara el uso del velo o la disminución de la presencia de la Policía de la Moral, en paralelo a estas concesiones, -cuyo único objetivo por parte del régimen era aplacar a la opinión pública (sobre todo Occidental)-, las medidas represivas iban aumentando en intensidad.
En los meses posteriores a las protestas 1200 niñas fueron envenenadas por medio de ataques químicos en 91 escuelas ubicadas en 20 provincias iraníes (algo que sucede también en el Afganistán del “nuevo” Talibán), el Estado se negó a investigar los hechos durante meses pese a que cientos de niñas debieron ser hospitalizadas. El movimiento de mujeres sigue estando en el punto de mira del gobierno y es atacado sistemáticamente.
1200 niñas fueron envenenadas por medio de ataques químicos en 91 escuelas, el Estado se negó a investigar los hechos durante meses. El movimiento de mujeres sigue estando en el punto de mira del gobierno y es atacado sistemáticamente
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Raisi declaró hace algunas semanas que “eso de quitarse el velo se iba a acabar definitivamente”, y buscó aprobar rápidamente y sin debate parlamentario un “proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab” que castiga con hasta cinco años de cárcel, la prohibición para manejar y hasta la expulsión de las universidades a las mujeres que se nieguen a usar el velo en lugares públicos.
Todas las mujeres que participaron en las protestas fueron criminalizadas sin importar la pertenencia social, actrices reconocidas internacionalmente que se solidarizaron con la causa se enfrentaron con acusaciones penales, fueron detenidas, se les prohíbe trabajar y que sus películas sean exhibidas.
Hoy en las calles de Irán ya no se escucha el grito de “mujer, vida y libertad”, ningún espacio público está a salvo de la represión y la persecución estatal. Ni siquiera las redes sociales con su anonimato son seguras para los manifestantes. Las ejecuciones públicas han sido el verdadero motivo para disuadir las protestas, los manifestantes condenados a pena de muerte fueron acusados de delitos como “enemistad con Dios” (moharebeh) ó “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) y juzgados en tiempo récord.
En un principio la desobediencia civil ganó terreno con pequeños logros y consiguió que el régimen flexibilizara el uso del velo o la disminución de la presencia de la Policía de la Moral, en paralelo a estas concesiones, -cuyo único objetivo por parte del régimen era aplacar a la opinión pública (sobre todo Occidental)-, las medidas represivas iban aumentando en intensidad.
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Además, en los últimos meses el número de activistas arrestados creció y el gobierno comenzó a presionar a los familiares de las víctimas de la represión para que no haya manifestaciones que conmemoren el aniversario de la muerte de Mahsa Amini.
Con la instauración del terror en la política doméstica y algunos logros en el plano internacional como su ingreso a los BRICS, el camino hacia la normalización de las relaciones con Arabia Saudí de la mano de China y el acuerdo para el descongelamiento de 6 mil millones de dólares iraníes bloqueados por Washington en Corea del Sur a cambio de la liberación de presos políticos, el régimen logró ganar tiempo para recuperar la iniciativa y salir fortalecido de la triple crisis política-institucional, social y económica que atraviesa desde hace años.
Más allá de los esfuerzos de la República Islámica por recomponerse, el descontento de los jóvenes iraníes sigue presente, no desapareció. Momentáneamente ha sido sofocado por la represión y por el fantasma de las ejecuciones públicas, pero para muchos de los manifestantes la cuenta regresiva para un cambio de régimen comenzó el día que mataron a Mahsa Amini y el reloj sigue corriendo.
