
Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio (Antonio Machado)
Las palabras de la vicepresidenta en su último discurso sirvieron a quienes observamos la política para entender con mejores elementos cuál es el diagnóstico del kirchnerismo sobre el albertismo. Quizás faltó una autocrítica: un diagnóstico igualmente trabajado del kirchnerismo sobre el kirchnerismo, pero es verdad que Cristina no nos tiene acostumbrados a eso. Ella cuestionó directamente el modelo económico del gobierno “de producción y exportación con bajos salarios” pero con fallas en la acumulación de reservas, que debiera ser su consecuencia lógica. Martín Guzmán respondió por la radio que también en 2015 hubo “una importante pérdida de reservas” (USD -6.000 millones). A continuación buscamos contraponer ambas visiones.
Estabilidad cambiaria
En los tres mandatos del kirchnerismo hubo: acumulación de reservas (2003-2008 con un ciclo de alza en el precio internacional de las commodities), estabilidad o estancamiento de las mismas (2008-2011, años de crisis financiera global) y caída (2011-2015 cuando los términos de intercambio fueron menos favorables y los abultados déficits en la balanza energética y de servicios complicaron aún más el panorama). Para cuidar las reservas en los últimos años se regulaban las importaciones con licencias no automáticas; el giro de utilidades y dividendos estaba prohibido; también la compra de dólares para ahorro por parte de la clase media también estaba restringida e innumerables normativas sancionaban al turismo emisivo, con poco éxito. Nacía “el cepo” en medio de inevitables yerros, avances y retrocesos. Una medida que el macrismo evaluó como fuertemente antipopular, pero tras comprender que más lo era el descenlace de su gobierno debió volver a instrumentarla.
En 2021 los ingresos de lxs trabajadorxs registrados crecieron 3 puntos en términos reales pero en la informalidad cayeron 10 puntos, en lo que va de 2022 se advierte un aumento de 2 puntos para lxs primerxs y caída de 2 para lxs segundxs
También en 2022 hay fallas en la acumulación o administración de reservas; es común escuchar que pasaron dos años históricos en materia de superávits comerciales pero no quedaron dólares en el Banco Central (en 2020 las reservas cayeron USD -3.000 millones y en 2021 se estancaron). Sin embargo también es importante reconocer que hay (y mejores) restricciones a la compra de dólares para ahorro, regulaciones a la cuenta capital, racionamiento al acceso a las divisas para cancelar deuda intra-firma de grandes empresas y controles (tal vez todavía blandos) a las importaciones, especialmente en el último tiempo. En 2020 y 2021 no acumulamos reservas por episodios puntuales en la cuenta capital que no fueron administrados a tiempo y también por cancelaciones de deuda (pública y privada), en lo que va de 2022 las deficiencias provienen de la reducción del superávit comercial de bienes y el incremento del déficit en servicios (incluyendo profesionales, fletes y turismo).
Pero una diferencia entre ambos períodos es que la volatilidad del tipo de cambio es mucho menor desde 2019, y eso se logra en parte cediendo divisas. En un país bimonetario quizás siempre haya fallas en la administración de reservas, y en ese sentido nuestros objetivos debieran ser más modestos: evitar saltos bruscos en la paridad, evitar perjudicar la actividad económica con la regulación de importaciones, evitar siempre recurrir al Fondo.
Bajos salarios en dólares
Una segunda crítica al modelo actual que hizo Cristina fueron los bajos salarios, en dólares y en pesos. La política cambiaria es responsable por la caída de los primeros. Una política de tipo “crawling-peg” donde crawl es reptar y peg significa atado, es decir: el tipo de cambio reptará atado a la evolución de los precios domésticos. Esto, en un contexto de alta inflación, supone mantener un dólar alto, que favorece a la “competitividad” de las grandes empresas exportadoras agrícolas e industriales. Un modelo productivista de nivel 1 que tiene otro beneficio: prevenir expectativas de devaluaciones bruscas. Claro que corridas contra el peso se enfrentan cotidianamente, pero el Central tiene más margen de maniobra si el dólar no está del todo rezagado. Varios sectores de la heterodoxia cuestionan esa estrategia en tanto rechazan cualquier forma de devaluación por sus efectos inflacionarios, regresivos y recesivos.
En un país bimonetario quizás siempre haya fallas en la administración de reservas, y en ese sentido nuestros objetivos debieran ser más modestos: evitar saltos bruscos en la paridad, evitar perjudicar la actividad económica con la regulación de importaciones, evitar siempre recurrir al Fondo
Se ubican de ese otro lado del mostrador quienes defienden la política de apreciación cambiaria (¿sostenida?) instrumentada en los años del cristinismo, y tradicional del peronismo: altos salarios en dólares y uso del tipo de cambio como ancla nominal, es decir la paridad quieta. El problema de este modelo es la sostenibilidad o inconsistencia macroeconómica, para usar palabras del ministro Guzmán: en el mediano plazo la paridad está destinada a flaquear, dados los niveles de reservas y exportaciones con los que cuenta el país; deviene luego una devalución inexorable (como en 2014) y las consecuentes pérdidas por la aceleración de la inflación.
La discusión sobre el nivel deseado de tipo de cambio en Argentina es fina y de larga data. Si lo llevamos al terreno de la coyuntura, hay quienes dicen que el precio del dólar está por debajo del promedio histórico y viene retrocediendo desde 2021 de modo que perdemos competitividad y hace falta devaluar un poco, mientras otros destacan que la paridad real se encuentra todavía un 23% por arriba del nivel de la Convertibilidad (el de máxima apreciación) de que tenemos margen para seguir apreciando.
El “trabajador pobre” también en pesos
En cuanto al problema de los salarios bajos en pesos, acertadamente se identificó al trabajador en relación de dependencia (e informal) pobre: un fenómeno inaudito en la historia económica argentina y peronista. La responsabilidad aquí le cabe básicamente a la política anti-inflacionaria (de corto plazo) ya que la política de ingresos no presenta grandes escollos: protección y recuperación del empleo post-pandemia, paritarias en tiempo y forma con reaperturas y claúsulas gatillo, IFE para los sectores más vulnerables, bonos a jubilados para complementar a una lenta movilidad previsional, aumentos escalonados en el salario mínimo y por ende en las asignaciones sociales e ingresos del sector informal.
Hoy día los sectores de la política vinculados a la economía popular discuten cómo darle continuidad a la política del IFE que se diluye en el caudal de la inflación. En este marco entendemos el proyecto para garantizar un salario básico universal que alcanzaría a unas 9 millones de personas, por un monto equivalente a la canasta básica alimentaria (actualmente en $12.900).
En cuanto al problema de los salarios bajos en pesos, acertadamente se identificó al trabajador en relación de dependencia (e informal) pobre: un fenómeno inaudito en la historia económica argentina y peronista
En abril de este año el presidente decía que había que recuperar rápidamente el salario real; “entre el 2003 y 2015 el salario real creció 11 puntos y luego, en el período 2015-2019 cayó 20 puntos: lo construido en 12 años se perdió en cuatro”. En 2021 los ingresos de lxs trabajadorxs registrados crecieron 3 puntos en términos reales pero en la informalidad cayeron 10 puntos, en lo que va de 2022 se advierte un aumento de 2 puntos para lxs primerxs y caída de 2 para lxs segundxs.
El camino es largo y la inflación no cesa, y además tiene nuevos componentes que la hacen más difícil de administrar en comparación con el período kirchnerista. Por entonces la inflación era puro shock de precios internacionales sobre los alimentos y había que desacoplar gobernando: mediante retenciones, fideicomisos, monitoreos de precios cuidados, cupos a la exportación y apreciación cambiaria. Hoy día el Estado cuenta con una batería de medidas no muy distinta de aquella pero las circunstancias son más complejas, añadiendo la inflación importada por el efecto de la pandemia (cuellos de botellas en las cadenas de producción y distribución global de insumos clave) y de la guerra ruso-ucraniana, y a su vez una fuerte inercia que empieza a ser dominante sobre la dinámica de precios doméstica. Es difícil desacoplar y también acabar con conductas defensivas de indexación tan arraigadas.
No es desacertado concentrar los esfuerzos distributivos en las políticas de ingreso mientras una mayor estabilidad cambiaria contribuye a diseñar estrategias de política anti-inflacionaria de mediano y largo plazo. Pero también hay cuestiones puntuales en materia de regulación de precios donde al gobierno le falta iniciativa o poder.