Tiempo de lectura: 3 minutos

Los chistes en tres tiempos o pruebas lógicas en su versión más sofisticada, son ya un clásico del humor local y probablemente también lo sean de otras latitudes. Para quienes están dispuestos a vivir la experiencia, el movimiento consiste en inferir a partir de un triunvirato de proposiciones secuenciadas cuál podría ser el título tentativo de la breve narración. Les acercamos entonces una cronología de eventos recientes donde se propone un enigma a dilucidar: quién es el comediante, quién ríe, quién llora y cómo podría titularse la obra.

Primer acto. El desembarco empresario en las funciones de gobierno

Con casi tres tercios del mandato cumplido, en el gobierno de Mauricio Macri algo es claro, el mercado se expande y como la tinta del calamar lo tiñe todo. Alcanza aún a aquellos espacios donde se vislumbraba algún resquicio a la preservación del interés colectivo. Los servicios públicos tampoco escapan a este avance. Caso testigo de este proceso es el sector de la producción y distribución de gas natural por redes.

La llegada del ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, a su flamante Ministerio de Energía y Minería (ahora degradado a Secretaría), y junto a él, un gabinete compuesto casi exclusivamente por funcionarios provenientes del ámbito privado, significó el arribo de los intereses de este sector a funciones de gobierno de alto rango.

Como bien demostró el Observatorio de las Elites Argentinas (UNSAM), la misma operación se replicó en el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). David Tezanos González, expresidente de una de las principales distribuidoras (METROGAS), dio la vuelta al mostrador para pasar a ser quien asuma las funciones de control sobre el empresariado como interventor del organismo. Llama la atención el momento de su salida, una vez cerrado el proceso de revisión integral de tarifas ¿Pudo pensarse que la incorporación de estos actores a la función pública, iba a significar un cambio de sus concepciones y comportamientos?

Segundo acto.  Los aumentos de tarifa y las políticas amigas para el empresariado

A cien días de iniciada la gestión se impulsó unilateralmente un fuerte aumento en las tarifas de los servicios públicos, el Tarifazo. La llegada de las facturas de gas con incrementos de hasta 1000%, lanzó a los usuarios a la calle en demanda por la retrotracción de las tarifas. En este contexto, un amparo colectivo logró suspender los aumentos hasta tanto se diera efectiva participación a la ciudadanía mediante el mecanismo de Audiencia Pública.

Con un fallo judicial de por medio y no sin reticencia se realizaron las audiencias. Cumplida la formalidad (no son vinculantes), se ejecutaron los aumentos, pero con un tope del 400% sobre el total de la factura. Aunque parcial, este fue un primer revés al intento inicial del Gobierno que ratificó la dirección de su política por la vía de un sendero al que llamó gradualista. Ninguna pérdida hubo para las empresas distribuidoras, quienes fueron beneficiadas con una ayuda económica transitoria para solventar los costos que no pudieron ser cubiertos durante las idas y vueltas.

Abril y octubre se convirtieron entonces en los meses de readecuación tarifaria. En diciembre de este año, las subas sucesivas alcanzarán un incremento aproximado del 1847%.

Tercer acto. Las empresas ganadoras y los usuarios indefensos  

Tres son los componentes que integran la factura de los servicios de gas: el valor de la producción, transporte y distribución e impuestos. Novedad del último período fue un acuerdo ratificado por el ENARGAS por el cual el primer componente fue dolarizado y el precio fijado a una cotización estimada de 20,55 pesos argentinos. La corrida cambiaria alteró los tantos entre las productoras que venden en moneda estadounidense y las distribuidoras que recaudan en pesos, vía las facturas a los usuarios. Esto produjo un desbalance en la cadena de pagos que derivó en una deuda de 10.000 millones de pesos a favor de las productoras. ¿Y cómo saldar esta disputa empresaria? Para el Gobierno la clave a la salida del conflicto fue clara: que paguen los usuarios. Con la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía se dispuso que aquellos hogares, comercios o empresas conectados a la red de gas debían asumir la deuda mediante un cargo extra a pagar desde enero de 2019 en 24 cuotas. Tras una nueva oleada de críticas y recursos judiciales logró frenarse la medida, aunque los golpes al gobierno nunca son por knockout y ni de lejos tocan a las empresas. De nuevo, ensayo y error. Finalmente, el usuario disfrazado de Estado será quien absorba el monto adeudado.

Primer, segundo y tercer acto ponen de manifiesto el esquema consolidado con la asunción de la alianza Cambiemos al gobierno del Estado. En lo que hace a la prestación de servicios públicos los usuarios y consumidores quedan indefensos frente a las grandes empresas productoras y distribuidoras. Fiel a sus principios, el gobierno dirime la balanza a favor de los que son y se saben ganadores. ¿Cómo se llama la obra?