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Desconfíen de aquel que asegura tener certezas sobre el rumbo que tomarán las cosas en Cataluña. Nadie lo sabe. Sin embargo, es posible marcar algunas señales de alerta en el camino para saber por dónde no ir a la hora de analizar el conflicto.

Limitar el reclamo independentista a Cataluña resulta el primer error de lectura. Cualquier libro de historia narra la problemática fundación del Estado español. Una diversidad de sensibilidades nacionales fueron sofocadas bajo el lema de la unidad de España que exigía la conformación del Estado y sus instituciones. Pero, aún hoy, permanece intacta en la memoria colectiva las huella que dejaron la Guerra Civil y el franquismo. Incluso después de la muerte de Franco, en importantes sectores sociales, continúa latente la asociación de la bandera roja y amarilla con el bando “nacional”  frente a la tricolor republicana. El debate empezó a ganar adeptos en el momento en que pasó de ser independencia si/no a democracia frente a represión.

Desde esta parte del mundo no logramos ni acércanos a comprender la real dimensión que tienen los nacionalismos históricos en España. Si bien la desconfianza democrática en la exaltación del nacionalismo español se fue atenuando con el ingreso de ese país a Europa, en 2011 llegó Mariano Rajoy para comandar el barco en plena crisis económica. El gobierno pensó que con la división partidaria del nacionalismo catalán se impondrían los debates económicos sobre los políticos y podría ganar tiempo. Pero nada de eso pasó. La alianza táctica entre la liberal Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana (ERC) bajo el sello electoral de Junts pel Sí consiguió cerrar filas sobre la cuestión independentista, incluso llegó conseguir el apoyo del antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP) para la consulta del 1 de octubre.

Desde la llegada de Rajoy al gobierno el independentismo no ha parado de crecer, pasó de representar del 10 a más del 40 por ciento de los catalanes. El debate en torno a la independencia de Cataluña en lugar de reducirse se ensanchó cada vez, traspasando los límites de esa región autónoma y cautivó a un número cada vez mayor y más diverso de actores políticos. Una salida a la encrucijada independentista en Cataluña exige un debate no ya sobre Cataluña sino sobre toda España.

Tampoco podemos pensar que la única grieta que ha abierto este conflicto es el de la organización territorial y las autonomías. Existe una crisis política más profunda que incluye el cuestionamiento a la actual institucionalidad, esa misma que el gobierno exige respetar. La crisis de la Constitución de 1978 está en agenda. Le guste o no al gobierno, el tema está puesto sobre la mesa el debate.

El 27 de octubre pasará en la historia por ser el día en que una mayoría de 70 diputados catalanes decidieron en Parlamento local reconocer el resultado del un referéndum por la independencia de Cataluña, consulta en la que participó menos de la mitad de los ciudadanos catalanes. Sin las manos en alza y bajo un sistema de voto secreto en urna -por miedo a las represalias- el bloque de Junts pel Sí y la CUP consiguieron la declaración unilateral de independencia tan esperada. Sin embargo, fue una tarde de caras largas.

A las pocas horas, Mariano Rajoy anunció la aplicación del articulo 155 en Cataluña, con el respaldo del Senado, que se traducía en la inmediata nulidad de la declaración, el cese de funciones Carles Puigdemont y del gobierno local, la disolución del parlamento, además de la destitución del director de la policía local. En el discurso de presidente hubo una sorpresa: la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 diciembre, que fue leída como una válvula de escape.

Otro punto a tener en cuenta. No se llega a la imagen de los efectivos de la Guardia Civil española levantando de los pelos a los independentistas que esperaban votar, por un error de cálculo del gobierno, ni por un impulso represivo del Estado, tampoco por exceso de las fuerzas de seguridad. Es importante tener en claro que a esa foto se llega por la negación del conflicto. Empujar el problema al campo de la coerción o dejarlo librado a su judicialización puede invisibilidad al problema por un rato, pero no lo resuelve. El reconocimiento del conflicto implica su politización que lo pone en el primer plano pero la negación no lo elimina  sino que lo conduce al campo de la violencia o de la Justicia y el orden. El más fuerte podrá imponerse sobre el más débil, la violencia legítima podrá avanzar sobre el uso irregular de la fuerza, pero a qué costo.

Mariano Rajoy se convirtió en el rey de la inacción. La inacción le sirvió para renovarse como presidente, después de dos elecciones parlamentarias atípicas. Pero pensó que esa misma estrategia podía servir para evaporar el conflicto en Cataluña. Supuso que al no responder anulaba a sus interlocutores y de ese modo conseguía que bajara la espuma. Pero la estrategia falló, en parte, porque el conflicto creció hasta chocar con la legalidad del Estado.

Es por eso que la resolución del asunto exige llevar el reclamo por el independencia catalana al plano de lo político. No es un problema de orden público, sino un asunto político. La pregunta ahora es ¿será demasiado tarde?