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En la excepción no hay hábito, no hay costumbre, ni reglas claras. Sin embargo, no es una metáfora decir que el estado de excepción se volvió regla en Venezuela. En enero de 2016, unos días después de que asumiera la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, el gobierno de Nicolás Maduro decretó el estado de excepción que, a base de prórrogas, mantiene hasta el día de hoy a pesar del absoluto rechazo de la mayoría opositora en la Asamblea. Pero, ¿puede el Ejecutivo ampliar sus poderes sin el visto bueno de una mayoría en el Legislativo? No. Según el artículo 26 de la Ley sobre Estados de Excepción, la resolución del gobierno debe pasar, en un plazo no mayor a los ocho días, al Congreso para ser respaldada por la mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser que aún hoy el Ejecutivo cuente con estos poderes extraordinarios? Porque el gobierno atiende a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dice que la “Asamblea Nacional permanece en desacato y, en consecuencia, todos sus actos son nulos, carentes de validez y eficacia jurídica”.

Algo parecido pasó con la apodada“Corte paralela”. La mayoría opositora en el Congreso nombró 33 nuevos magistrados. Hagamos el ejercicio de vuelta: ¿puede el Legislativo nombrar jueces de la Corte antes de que finalice el período de 12 años por el que fueron designados? No. ¿Los jueces que la oposición quiere reemplazar han finalizado su mandato? No. Entonces, ¿cómo intentan reemplazarlos? ¿Buscarán removerlos denunciando “faltas graves” de los magistrados? No. Simplemente se basan en que no reconocen la última designación de jueces hecha por el oficialismo en la tarde del 23 de diciembre de 2015 porque, según argumentan, el proceso se salteó varios pasos debido a la urgencia de designarlos antes de la toma de posesión de los nuevos diputados.

Por lo tanto, lo que está en juego en este momento en Venezuela es quién decide sobre el estado de excepción porque es ahí donde reside la soberanía, el poder supremo y originario. En este momento, oficialismo y oposición se atribuyen el poder soberano. Lo vemos cuando cada sector interpreta las leyes a su gusto. Es que no existe una sola norma que pueda ser aplicable en el caos, decía Schmitt. Ante la excepción, el Estado suspende el derecho y lo reemplaza por el derecho a la propia conservación. Desde que la oposición se hizo con la mayoría en la Asamblea, el oficialismo comenzó a desobedecer sus propias reglas. El cuerpo normativo que él mismo había creado, ya no le sirve, y la arbitrariedad con las que hace uso de sus propias reglas destapa otro debate gigante que es el de la legitimidad, entendida como atributo del poder, como aquello que debe ser el poder, que aparece como una especie de código subterráneo del deseo de una mayoría social. Y, el grado de legitimidad de un gobernante no lo podemos deducir de encuestas, ni análisis de opinión publica, sino sólo a través las elecciones libres, democráticas, transparentes, directas y sin trampas.

El triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de 2013, que lo llevó al cargo de presidente a pocas semanas de la muerte de Hugo Chávez, dio una primera clave. Para un porcentaje importante de chavistas, Maduro no era, ni es, traducción directa de Chávez. El fallecimiento de Chávez bien podría haber funcionando como un factor de cohesión que sumara aquellos votos perdidos por el desgaste de los años de gestión, sin embargo, el oficialismo pasó de una diferencia de diez puntos sobre su oponente en 2012, a un punto y medio de diferencia al año siguiente. Los 234 mil votos de diferencia bien podrían haber sido la señal de alerta de que no existe el voto cautivo, ni aún en Venezuela. A la pérdida de votos, se le sumó al año siguiente el devenir de un factor exógeno como fue la caída del precio internacional del barril del petróleo que viene golpeando como nunca antes a la frágil economía venezolana. En este contexto: ¿la correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición le confieren el poder a Maduro para avanzar con llamado a una nueva Constituyente? Todo indicaría que no. Es por eso no hubo un referéndum previo. Ahí la diferencia con la Asamblea de fines de la década del noventa.

Hace exactamente 18 años, el 25 de julio de 1999, los venezolanos participaban de las elecciones a la Asamblea Constituyente en las cuales el Polo Patriótico alcanzó más de 65 por ciento de apoyo en las urnas, lo que le permitió acceder a 121 de las 128 bancas que terminaría por diseñar el nuevo reordenamiento legal de Venezuela. Pero no sólo eso, tres meses antes Chávez había convocado a una consulta para medir la voluntad de la mayoría en avanzar o no con la sanción de una nueva Constitución. Si bien la participación no llegó al 40 por ciento, ante la pregunta de si querían o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente, más del 87 por ciento de los venezolanos que asistieron a las urnas dijeron estar a favor.

Sin embargo, varios años más tarde, Hugo Chávez enfrentó su única derrota electoral como presidente y fue por la propuesta a una reforma constitucional. En 2007, Chávez pensó que con el 63 por ciento de apoyo en las presidenciales del año anterior (con un participación altísima del 74 por ciento) tendría vía libre para cambiar la Carta Magna. El oficialismo proponía modificar 69 artículos de la Constitución de 1999, con miras a conseguir la reelección ilimitada para el cargo de presidente, la extensión del mandato presidencial y el voto desde los 16 años. También reducía a seis horas la jornada laboral. Sin embargo una mayoría de venezolanos rechazó la iniciativa. “Por ahora, no pudimos”, dijo Chávez.

Algo parecido pasó con Evo Morales en Bolivia. A los pocos meses de haber sido reelecto por más del 60 por ciento de los votos, Evo perdió la consulta para una reforma constitucional que buscaba habilitar su cuarta presidencia. Es decir, que incluso en contexto favorables, ni Chávez, ni Evo contaron con un apoyo sin peros de las mayorías. Y eso tiene que ver con el respaldo a una institucionalidad democrática, cada vez más parecida a su gente, que supieron impulsar estos mismos gobiernos. Una  institucionalidad necesaria para evitar la constante excepcionalidad.

Por estos días, la oposición critica al gobierno de Nicolás Maduro por su poder sin límites, pero hay algo tal vez más complejo que un poder terrible que es el poder ausente, el poder sin poder, sin legitimidad. Más aún, aquellos que consideramos al chavismo como un proyecto emancipador no sólo le exigimos legitimidad sino una legitimidad moral, porque sin legitimidad moral no hay poder popular. Y el carácter moral se revela en el modo en como se disputa ese poder. ¿Por qué Maduro no convocó a una consulta popular previa a estas elecciones a la Asamblea Constituyente? ¿Por qué Tibisa y Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no convocó a las elecciones a Gobernadores (que debían haber tenido lugar en diciembre del año pasado) hasta el momento en que fue necesario diseñar un calendario urgente para la convocatoria a la Constituyente? ¿Por qué el presidente determinó que las Asamblea Constituyente funcionará en el Salón Elíptico del Palacio Federal, sede del poder Legislativo, donde ni siquiera caben los 545 constituyentes?

En 2007, luego de la primera derrota electoral del oficialismo, la oposición creyó había llegado el fin del chavismo. Para su sorpresa, al año siguiente, en las elecciones regionales el PSUV recuperó la mayoría quedándose con el control de 272 municipios frente a 74 que quedaron en manos de la oposición.  Diez años más tarde, el oficialismo quedó atrapado dentro de esa misma lógica. Maduro está derrotado porque le teme a la derrota, porque no sabe cómo enfrentarla. Pienso que el peor error para el oficialismo en Venezuela, después de 18 años de gobierno, es haber quemado los puentes de tal modo que no le quede otra opción que evitar una elección abierta con la oposición.