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La monumental crisis política, económica y hasta moral en la que se encuentra la sociedad brasileña alcanzó nuevos picos de dramatismo esta semana, tras el fallecimiento del ministro del Superior Tribunal de Justicia Teori Zavascki en una inoportuna tragedia aérea.

Sin valorar las particularidades del incidente, prestas a teorías conspirativas variadas, la muerte del juez echa sal sobre las heridas abiertas en la sociedad por la investigación de corrupción iniciada en torno a la estatal Petrobras, alimentando las ya pesadas sospechas sobre la clase política brasileña.

Este escenario de inédito desprestigio de la dirigencia brasileña, en medio de una crisis económica sin salida visible, y un ajuste que, por su dimensión estructural, no encuentra antecedentes siquiera en tiempos dictatoriales, hacen pensar en un posible final cercano para el gobierno de Michel Temer.

Gobierno encerrado

El 2016 había finalizado para Michel Temer con una pérdida acelerada de legitimidad pública, entre torpes y fallidas intentonas para recuperarla. A pesar del apoyo sin fisuras del establishment a las medidas insignia de su gobierno, y del blindaje del que gozaron las notorias inconstitucionalidades del proceso por el que fue apartada la presidenta votada, la marca del gobierno de Temer ha sido la impotencia frente a los problemas que cualquier observador podía advertir que aquejarían a un gobierno de las características del suyo.

Los datos económicos de 2016 atestiguan una contracción de 3,5 puntos del producto bruto, sin perspectivas de crecimiento para el año 2017. Tal como se esperaba, la contracción económica derrumbó también la recaudación, por lo que el plan de ajuste tampoco generó los efectos esperados sobre el déficit fiscal. Y mientras la economía se contrae, la represión crece al ritmo del proceso de ajuste y del incremento del desempleo, consolidado por encima del 10%. Sindicalistas, estudiantes, y los movimientos Sin Tierra y Sin Techo sufren agresiones policiales en una escala olvidada desde los tiempos de Fernando Henrique Cardoso.

Por último, las causas por corrupción siguen minando la base de apoyo del gobierno. A la caída de Eduardo Cunha y la salida de varios ministros de su entorno más cercano al inicio de su período de gobierno, se sumó la pérdida de su mano derecha, Geddel Vieira Lima, por influencias indebidas sobre negocios estatales. A ello se sumaron las maniobras del Ministro de Justicia, el ex abogado de narcotraficantes Alexandre de Moraes, para favorecer a su partido en la investigación de Lava Jato.

Teori Zavascki era el relator de la parte de Lava Jato que tramita ante el Tribunal Superior, es decir, aquellos investigados que, por su condición de altos funcionarios o por detentar cargos federales electivos, poseen fuero privilegiado. Si su fallecimiento abre la posibilidad legal de que los investigados, empezando por el propio Temer, designen a su reemplazante, esto mismo sumaría a las suspicacias generadas por su fallecimiento, profundizando la crisis de legitimidad política.

Entre los investigados con fuero privilegiado se encuentran el ex candidato presidencial Aécio Neves, citado en cinco delaciones diferentes, el Presidente del Senado, Renan Calheiros y el articulador oficialista Romero Juca, que debió abandonar su cargo como Ministro de Planeamiento de Temer, por haber sido grabado conversando sobre cómo detener las investigaciones, y quejándose expresamente de la imposibilidad de acceder, justamente, al ministro Zavascki.

Lula, y la izquierda herida

Difícilmente, en cambio, los últimos acontecimientos menoscaben demasiado la legitimidad del PT. Tal vez porque ya se encuentra severamente erosionada, como demostraron los catastróficos resultados en las elecciones municipales. Por lo demás, sus principales articuladores legislativos cayeron en desgracia hace tiempo, por el escándalo del mensalão, y todos los testimonios coinciden en desvincular a la presidenta Dilma Rousseff de cualquier maniobra de corrupción directa.

El destino de Lula da Silva, mientras tanto, se define en los campos paralelos de la justicia y la calle. Al tiempo que recorre el país intentando revivir al PT y convertirse en aglutinador de los movimientos sociales opuestos al golpe parlamentario, el recuerdo de las mejoras obtenidas durante su presidencia y el masivo rechazo popular al actual gobierno condujeron a que las últimas encuestas, por primera vez en mucho tiempo, muestren a Lula competitivo en hipotéticos escenarios de ballotage, superando a cualquier figura de centroderecha partidaria, y sólo en desventaja frente a su impredecible ex ministra de ambiente, Marina Silva.

Un escenario de Lula radicalizado, coaligado sólo a su partido, la izquierda y los movimientos sociales y reelecto presidente es la pesadilla de la burguesía brasileña. Medios de prensa, industriales y dirigentes apuestan a detener su avance desde el Poder Judicial. Lejos del fuero privilegiado del Tribunal Superior, tres jurisdicciones diferentes llevan adelante contra el ex-presidente procesos casi idénticos, con pruebas calcadas. El más famoso de ellos, encabezado por Sergio Moro en la Justicia Federal de Curitiba es el principal candidato a conseguir una condena. Ni las notorias violaciones a la legislación y las garantías constitucionales ni sus vínculos hasta familiares con el PSDB han mermado la reputación del juez, adorado por una derecha de nostalgias militaristas y pintado a menudo con capa de superhéroe en los noticieros de la tarde.

Justicia política

En este marco Temer apenas cuenta a su favor con la necesidad de completar las reformas estructurales exigidas por las clases dominantes. Tras el congelamiento del gasto público por vía de enmienda constitucional por el plazo de veinte años, los siguientes proyectos son la modificación del sistema previsional brasileño, por el cual se llevaría la edad mínima de jubilación a 65 años, sumando una exigencia de casi medio siglo de cotización para acceder a un beneficio integral y la flexibilización de la legislación laboral.

Entrado 2017, ya no puede agitar el fantasma de la incertidumbre que generaría una elección anticipada. En caso de destitución, la Constitución dice que será el Congreso, y no el pueblo, el que elegirá al nuevo presidente. Frente a las bases parlamentarias oficialistas, ansiosas por garantizar su impunidad cuando las balas de las investigaciones por corrupción pican cada vez más cerca, lo que aumentaría a su vez el desprestigio y la presión contra el gobierno, los medios de comunicación, superados los tiempos militares en el continente, miran hacia figuras paradigmáticas del Poder Judicial, como el propio Moro y, sobre todo, la prestigiosa presidenta del Tribunal Superior, la ministra Carmen Lucía, de excelente vínculo con la Red Globo. No es de extrañar, tampoco, que el Procurador General, Rodrigo Janot sea la estrella brasileña del Foro de Davos este año. “Lava Jato es pro mercado”, afirmó en estos días. Por allí, parece, vendrá la carta de recambio impulsada desde el sistema. Ahora o en 2018.

Cuando en 1964, como presidente del Congreso, Auro de Moura Andrade declaró vacante la Presidencia de la República, imaginaba para sí un futuro protagónico en la conducción del país tras el golpe de estado. El conspirador había cumplido, sin embargo, su misión histórica. Dejado de lado por los militares, que llegaron a promover investigaciones de corrupción en su contra, nunca volvería a obtener un cargo representativo y, poco tiempo después, abandonaría la política.

Tras soñar con el bronce de la historia y verse salvador de la Nación, Michel Temer debe estar mirándose en aquel espejo.