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A la hora de explicar las razones de la actual crisis económico-social, buena parte de los consultores, analistas, economistas, periodistas e intelectuales han acuñado una frase que se difunde cotidianamente en los medios de comunicación y las redes sociales: “El problema es político”.Esta afirmación no deja de ser una verdad de perogrullo, ya que en una sociedad democrática, en la que las decisiones acerca del rumbo del país las toma el gobierno elegido por la ciudadanía, todos los problemas de gobernanza son políticos. Sin embargo, detrás de esa afirmación parece esconderse una visión según la cual el descalabro económico sería consecuencia de la imposibilidad o incapacidad de los actores políticos y sociales para celebrar un acuerdo de mediano y largo plazo.

Es obvio que al afirmarse que la crisis económica tiene origen en la política se acentúa, aún más, la idea de que la política es responsable de todos los males y se contribuye al desprestigio que la misma tiene entre la ciudadanía de a pié.

Una cosa es decir que la dirigencia política equivocó el rumbo económico y esto derivó en una crisis y otra, muy distinta, es afirmar que la falta de acuerdo político fue la causa que la originó. No es aceptable pensar que una fotografía con los principales líderes oficialistas y opositores juntos restablezca la confianza dentro y fuera del país y opere como un bálsamo mágico sobre los llamados “mercados”. La idea de una Moncloa vernácula no resolverá nuestra falta de políticas económicas eficientes. El “acuerdismo” no es la receta magistral para curarnos de todos los males.

La pregunta que cabe hacerse es si realmente el “problema es político” (falta de un acuerdo entre oficialismo y oposición) o si se trata de un problema económico cíclico que los diferentes gobiernos, desde la restauración democrática, no ha logrado resolver.

Si nos detenemos a observar la crisis actual y analizamos lo ocurrido en los últimos meses veremos que la afirmación acerca de que el “problema es de origen político” es, al menos, cuestionable. Veamos. ¿Qué singular hecho político sucedió para que el gobierno pasara de la euforia por la victoria electoral de octubre de 2017 al desconcierto actual, mientras la principal oposición recorría el camino inverso, yendo de la desesperanza post derrota a la posibilidad de transformarse en alternativa en 2019? ¿Cuáles fueron los cambios políticos que acontecieron en este corto lapso de tiempo (10 meses) para producir el debilitamiento del oficialismo y el fortalecimiento opositor? ¿Qué áreas de la gestión política del gobierno fracasaron para generar la actual frustración social? ¿Cuáles han sido las medidas políticas que tomo el Poder Ejecutivo que desencantaron a la mayoría que votó en su favor en octubre? La respuesta a estas cuatro preguntas es, a mi juicio, muy sencilla: ninguna, pues la crisis que enfrenta el gobierno no es de orígen político sino económico.

No creo que pueda atribuirse a la política doméstica el aumento de las tasas que dispuso la FED, o la crisis turca o el estancamiento y la crisis en Brasil o la sequía que golpeó a la producción agropecuaria o la aparición de los cuadernos que describen, con inusitada precisión, la participación empresarial en la trama de corrupción kirchnerista, hechos, todos, que empeoraron la precaria situación económica en la que nos encontrábamos. Lo que sí es atribuible a la política gubernamental es haber subestimado la magnitud de la herencia recibida, haberla ocultado a la sociedad, y no haber acertado con las medidas económicas que les permitiesen anticiparse a la corrida cambiaria. En realidad deberíamos discutir si las decisiones económicas que tomó el gobierno (eliminar las retenciones, establecer metas de inflación incumplibles y luego modificarlas, emitir 996.485 millones de pesos de Lebacs entre el 10/12/2015 y el 30/3/2018 a altas tasas de interés posibilitando el carry trade a capitales especulativos, modificar el índice para calcular los reajustes del haber jubilatorio, etc.) fueron correctas para enfrentar la crisis o si, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, corrimos detrás de los mercados y estos, finalmente, impusieron sus condiciones.

Inflación, evasión fiscal, déficit, recesión, inequidad tributaria, empleo informal, balanza comercial deficitaria, desempleo, corridas cambiarias, injusticia distributiva, han sido problemas endémicos y recurrentes a lo largo de la historia económica argentina. Paralelamente, desde 1983, la política, con sus avances y retrocesos, ha consolidado las instituciones republicanas, ha logrado que se juzgue y se condene a la dictadura militar y a los responsables del terrorismo de estado, ha avanzado en la extensión de los derechos sociales, políticos y civiles, ha fortalecido la democracia, ha terminado con las FFAA como actor político, ha contribuido a restablecer la paz social en los momentos de crisis y fundamentalmente a vigorizado a la democracia, que, por primera vez en nuestra historia, el 10 de diciembre cumplirá 35 años sin interrupciones. Por estas razones creo que, responsabilizar de la decadencia exclusivamente a la política, parece ser más la búsqueda de un chivo expiatorio que una verdadera preocupación por encontrar el camino del desarrollo sustentable y la equidad social.

Tal vez en las actuales circunstancias recobre vigencia el cartel pegado en el comité de campaña de Bill Clinton en 1992 “The economy, stupid”.