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LA CRISIS DE LOS MISILES CATALANA


Los primeros 10 días de octubre del 2017 serán recordados como los de la mayor crisis de la actual democracia española. La tensión alcanzó su cenit el martes 10 de octubre en la previa a la comparecencia de Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad de Cataluña, ante el Parlamento autonómico.

“Llegados a este momento histórico, y como presidente, asumo presentar el resultado [del referéndum] y pido a nuestros conciudadanos el mandato para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república (…). Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.” Con estas palabras, pronunciadas en catalán, Puigdemont no declaró la independencia y aún así la dejó en suspenso. De esta manera, hizo un rebaje al acenso de hostilidades.

Al finalizar el debate, el president y demás parlamentarios independentistas firmaron un escrito que presentaron como la “declaración de independencia de la república catalana”, documento simbólico de dudosos efectos jurídicos que intenta eludir consecuencias administrativas y penales. Otro paso ambiguo más en esta espiral eterna conocida como el ‘procés’ catalán.


"Al soberanismo le dice que hubo declaración y de cara al mundo exhibe una suspensión acompañada de oferta de diálogo"

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La jugarreta, incómoda puertas para dentro, le da un respiro externo en días de alto voltaje. Al soberanismo le dice que hubo declaración y de cara al mundo exhibe una suspensión acompañada de oferta de diálogo. De esta forma gana tiempo y busca una mayor internacionalización de un conflicto que ya forma parte de la agenda de los medios internacionales. Al PDeCAT, partido de Puigdemont, le permite seguir al mando de la coalición independentista, posición que solo mantendrá en tanto no haya unas elecciones que obliguen a barajar y dar de nuevo. Y sobre todo, Puigdemont invierte el orden en la dinámica acción-reacción que ha signado estos años del ‘procés’. El secesionismo, que había monopolizado la iniciativa, cede su turno, aguantando al filo las presiones internas, y juega a forzar el error de Rajoy —entiéndase, la intervención de Cataluña.

Mariano reaccionó rápido y devolvió la pelota al campo contrario, dónde a él le gusta que esté. Catorce horas después de la no-declaración de Puigdemont, el presidente español requirió a la Generalitat que confirme antes del lunes si ha declarado la independencia o no, y de ser afirmativa la respuesta, le da 3 días para rectificar. Caso contrario habrá intervención de la autonomía mediante la activación del artículo 155 de la Constitución. Rajoy ha confirmado que cuenta con el aval de más del 70% del parlamento nacional. Apuesta por empujar una ruptura en el bloque independentista e intenta trasladar a Puigdemont la responsabilidad de cara a una intervención que podría tener altos costes.

Ambas partes han jugado de forma pasiva. Cada una necesita que se equivoque la otra. Los márgenes para apretar son cada vez más estrechos.

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La Constitución española dice que la soberanía reside en la nación y que tal nación es indivisible. Es decir que no existe el derecho a que un grupo de españoles decida separarse del Estado-nación. Luego la rebelión sería la única vía. El independentismo ha optado por la sublevación y ahora ya nadie controla al ‘procés’. El genio salió de la lámpara y los líderes políticos hacen malabares con una pelota caliente. Es lo que tienen las insurrecciones.

España le reclama a Cataluña volver a la legalidad y Cataluña pide que se cambien las leyes. Pero el de Cataluña hace tiempo que no es solo un problema legal, es sobre todo un problema social y de convivencia. Y requiere soluciones políticas. Ya poco importa si la independencia es ilegal cuando millones de catalanes están yendo para adelante con el asunto. Aun así, Puigdemont tampoco puede actuar de espaldas al mundo, necesita legitimidad.

El objetivo final del independentismo es un referéndum pactado con España, no una independencia unilateral, la cual es absolutamente inviable. Para conseguirlo entiende que necesita profundizar el conflicto y gestionarlo hábilmente, aunque de jugar con fuego se trate. Como titula este artículo, la independencia ‘lowcost’ no existe.

"El objetivo final del independentismo es un referéndum pactado con España, no una independencia unilateral"

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La fractura social que se vive dentro de Cataluña —recordemos que quienes apoyan y quienes no apoyan la independencia representan partes aproximadamente iguales— y también en toda España, es cada vez más radical.

Se han despertado los peores monstruos en España. Mientras el nacionalismo catalán, de derecha o de izquierda, se consolida año a año desde hace una década, amanece en el resto del país un todavía más peligroso fervor nacionalista que trasciende lo estrictamente político y se extiende a todas las esferas. Se despertó el franquismo que dormía a la sombra del acuerdo de la Transición, el que aún respira en sectores que no esconden ni tienen vergüenza en exponer sus simpatías por el dictador pero que carecían de una causa. Ahora la han encontrado.

Algunos hechos ocurridos el 8 de octubre en la manifestación de Barcelona organizada por los anti independentistas —heterogénea y masiva aunque engordada con varios autobuses provenientes del resto de España— evidencian que el extremismo está saliendo del armario. Palizas a africanos y latinos, ataques a independentistas, y una tenebrosa complicidad con la Policía Nacional pintan un escenario de miedo.

Al día siguiente, durante la celebración del día de la Comunidad Valenciana, se repitieron los saludos nazis y grupos de la ultra derecha repartieron golpes a lo bobo. Las grietas en una sociedad pueden ser históricas, pero eso no las hace explícitas. En España esta división ha estado latente pero anestesiada bajo el acuerdo del 78. La escalada en el conflicto de Cataluña, de la que son responsables tanto el gobierno central como el catalán, ha provocado que una grave crisis de convivencia emerja a la superficie.

"Se despertó el franquismo que dormía a la sombra del acuerdo de la Transición"

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Buena parte de los medios de comunicación han sido cómplices de este despertar. Tanto TV3 (la televisión pública catalana) como RTVE (la española) han realizado ‘periodismo de guerra’. Han sido operadores de sendas trincheras, arrojado combustible al fuego y han invisibilizado la posibilidad de un entendimiento.

Desde hace semanas, el ruido de las cacerolas y los helicópteros sobrevolando la ciudad cada noche se han vuelto parte de la vida cotidiana de Barcelona. La ciudad emblema del paraíso europeo, el oasis mundial de la calidad de vida, se ha sumido de golpe en el caos. Comenzaron los rumores y mucha gente se volcó a retirar sus ahorros de los bancos o aprovisionarse bien ante el clima de incertidumbre.

Pero el simbolismo del éxodo empresarial, y la realidad de que Europa ni quiere secesión, ni le interesa participar de los asuntos internos de la cuarta economía de la zona euro, forzaron a Puigdemont a rebajar la apuesta y dar un paso soft. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, le había pedido por Twitter al president que no anunciara “una decisión que haga imposible el diálogo”. “Miremos siempre a lo que nos une. Unidos en la diversidad”.

"La ciudad emblema del paraíso europeo, el oasis mundial de la calidad de vida, se ha sumido de golpe en el caos"

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Rajoy cuenta con el apoyo del PSOE y Ciudadanos para una intervención. Y si alguien insinúa lo contrario podría convocar elecciones y aumentar con probabilidad su poder parlamentario. Los tres partidos desean elecciones en Cataluña cuanto antes, pero no sería lo mismo si las convoca Puigdemont a si son impuestas por la fuerza.

La tensión política bajó un nivel pero el riesgo continúa latente. Si Puigdemont no retrocede y Rajoy avanza con la intervención de la autonomía habrá quilombo. Las probables detenciones de Puigdemont y el resto del Govern no serían sin violencia y de suceder, el independentismo se hará nuevamente con la calle. Cabe señalar que la intervención puede tener diversos matices, pero una suspensión de la autonomía, su intervención, la imposición de un gobierno provisorio, una convocatoria a elecciones forzada, manifestaciones masivas, huelgas, enfrentamientos con la Policía Nacional; demasiadas hipótesis plantean un escenario temerario.

Los sectores más radicalizados del independentismo — las organizaciones culturales ANC y Òmnium y sobre todo el partido CUP — presionan a Puigdemont para que no de ni un paso atrás. La no-declaración suspendida ha sido el límite tolerable para la CUP, partido necesario para que Puigdemont continúe en el poder y no se vea obligado a convocar elecciones.

Asoma en el horizonte un giro en la estrategia de alianzas. Puigdemont cuenta ahora con la complicidad de la izquierda no independentista pero pro ‘derecho a decidir’ conducidos por Pablo Iglesias. Ada Colau se erige como lideresa en Cataluña y se especula con una eventual candidatura para la autonomía. También Manuela Carmena apoya desde Madrid la idea de un referéndum pactado. Estos sectores representan a un aproximado 20% de los españoles. Apoyo nada despreciable para una causa regional. El ‘derecho a decidir’ puede crecer en los próximos años. Y mientras Rajoy se desgasta con el problema más grave que ha tenido que enfrentar como presidente —y eso que ha tenido muchos—, la especulación electoral alimenta este pacto tácito entre el ‘independentismo racional’ y el universo que se encuentra bajo el paraguas podemita.

"Puigdemont cuenta ahora con la complicidad de la izquierda no independentista pero pro ‘derecho a decidir’ conducidos por Pablo Iglesias"

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Con todo, la victoria más contundente de Puigdemont ha sido la aceptación de Rajoy a revisar el modelo territorial de España fijado en 1978. Y es el PSOE quien se ha anotado el tanto. Sánchez ha negociado su apoyo al Gobierno a cambio de abrir la vía de la reforma constitucional. Una comisión parlamentaria se activará inmediatamente y evaluará durante los próximos 6 meses al Estado autonómico para concluir en un debate de la reforma constitucional en el Congreso.

Modificar la carta magna, aunque ahora luzca como una tarea titánica y lejana, sería un paso esencial para que España pueda renovar el acuerdo de convivencia que logró en su momento la Transición española. A partir de aquí la pelea se centrará en si dicha reforma implica un referéndum pactado o no, cuestión central, y hoy más que improbable. Esta batalla puede extenderse por años.

Pero para que esto ocurra, para que la desescalada avance, Puigdemont primero deberá responder al requerimiento del Gobierno central y claudicar en su simbólica declaración de independencia. Gesto que puede hacer implotar su gobierno.

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