30 / 08 | Mundo, Política

Fora Temer

“Perdóo-lhe o mal que me faz, pelo bem que me sabe”  

(Proverbio portugués)

 

Antes que tudo, fora Temer”. Quedaba inaugurada la roda de samba en un pequeño boteco de Copacabana. No era un acto político, y el pequeño recinto, compartido por cariocas y turistas, no parecía mucho más politizado que la propia Cidade Maravilhosa que, en ese momento, esperaba el inicio de los juegos.


Fora Temer” es, desde que la Cámara de Diputados aprobara el inicio del proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, un código común de todo el progresismo político, intelectual y cultural brasileño, independientemente de su posición respecto de la presidenta depuesta.

Si juzgamos la reacción de los presentes cuando un Temer oculto y no anunciado habló en la apertura de los Juegos Olímpicos, el rechazo era también masivo entre las clases altas y medias altas que aportaron movilización masiva a la caída de Dilma.

A pesar de la carencia de apoyo popular, evidenciada durante su interinato, Michel Temer consiguió finalmente el pase de Jaburu a Alvorada, a puro golpe de palacio, de modo coherente con su historia política, forjada a partir de la habilidad para generar acuerdos en el flexible campo político brasileño, en ausencia de otros atributos como el carisma o la masividad electoral. Sin ascendencia popular, el flamante presidente asume arrinconado por los mismos factores que lo llevaron al poder.

Si miramos el programa que Temer presentó en el último congreso de su partido, el PMDB, bautizado como “puente para el futuro”, la misión histórica del nuevo gobierno consiste en reformar estructuralmente la economía brasileña, principalmente en el sentido de flexibilizar las condiciones de trabajo y limitar el poder de las organizaciones de trabajadores en la negociación colectiva, y reducir sensiblemente el déficit fiscal a partir del aumento de la edad jubilatoria.

"asume arrinconado por los mismos factores que lo llevaron al poder"

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La promesa de limitar constitucionalmente el aumento de gastos sociales, tales como las partidas de salud y educación, a la medida de la inflación, pondría al gobierno en sintonía con la agenda de las organizaciones empresarias que, de forma pintoresca, prometieron en las masivas movilizaciones opositoras que no habrían de “pagar el pato”.

Esta agenda de ajuste, sin embargo, encuentra algunos límites objetivos de los que convendría tomar nota a la hora de pensar en la realidad brasileña. Por una parte, el clásico problema de los programas de ajuste, que por su efecto recesivo suelen hacer bajar la recaudación (como sufrió la propia Dilma Rousseff cuando, tras cuatro años de incumplir objetivos de crecimiento con un programa expansivo, intentó aplicar una versión suavizada del ajuste) amenaza con detener la incipiente recuperación económica motorizada por el aumento del gasto público, autorizado por el Congreso para viabilizar al gobierno interino. Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta un de contexto inflación alta que, para ser combatida, obligaría a subir las tasas de interés, con su consecuente efecto negativo sobre las actividades productivas.

Si los desafíos económicos de un Brasil que apenas cuenta a su favor con la enorme cantidad de reservas internacionales acumuladas en tiempos del PT no parecen de sencilla resolución, la actuación judicial y policial en la operación Lava Jato, con sus efectos paralizantes sobre las enormes empresas de la construcción brasileña, contratistas del Estado o de Petrobras, ha contribuido en gran medida a la incertidumbre económica y el aumento del desempleo.

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El marco de sospechas tendido sobre la dirigencia del PT y el propio Lula da Silva resultó fundamental para destituir a la presidenta democráticamente electa por una falta administrativa. Sin embargo, las necesidades del resto de la dirigencia política y empresaria, convierten en una tarea ineludible liberarlas de las esquirlas de la investigación.

Desde el depuesto presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien se jactaba de controlar a más de doscientos diputados, y que, tras ser el exclusivo responsable del inicio del proceso contra Dilma, amenaza con ser el primer brasileño en “derribar a dos presidentes” en caso de caer definitivamente en desgracia, la multitud de diputados y senadores sospechados impondrán al nuevo gobierno terminar con las pesquisas sobre la promiscuidad entre la política y los negocios. A partir del primero de enero de 2017, su capacidad de extorsión se verá reforzada, pues una eventual destitución del presidente permitiría al Poder Legislativo designar por sí mismo al Presidente de la Nación.

Mientras tanto, el Poder Judicial conserva abiertos los expedientes correspondientes a la rendición de cuentas de campaña. Un eventual rechazo de las cuentas de la fórmula presidencial que encabezó Dilma por parte del Tribunal Superior Electoral podría arrastrar a la nulidad del resultado electoral y la caída de Temer.

Esta extrema vulnerabilidad del gobierno frente a la clase política y judicial quedó de manifiesto en los aumentos de más del cuarenta por ciento otorgados a magistrados y altos funcionarios públicos, en un contexto de crisis económica, discursos de austeridad y deslegitimación general de la clase política. La nula capacidad del gobierno, aún interino, para resistir la presión parlamentaria condujo también a una generosa renegociación de las deudas de los estados con la Unión.

"diputados y senadores sospechados impondrán al nuevo gobierno terminar con las pesquisas"

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Y mientras la política pone presión sobre el gasto, el sector financiero presiona sobre las tasas de interés y las empresas sobre los impuestos y los derechos laborales, impulsando proyectos de precarización laboral generalizada, ampliando la tercerización y promoviendo la primacía de las negociaciones por empresa sobre las negociaciones por sector. No resulta demasiado claro cómo hará el flamante presidente para, en este marco, manejar el malestar social que resultaría de aplicar las “medidas impopulares” de reducción del gasto público prometidas para después de la resolución del impeachment.

Las habilidades de articulación de intereses que Temer mostró a lo largo de su trayectoria,  quedarán puestas a prueba durante los dos años que restan para completar el mandato otorgado constitucionalmente a Dilma Rousseff.

Las demandas simultáneas de los sectores que formaron la coalición destituyente no parecen fáciles de conciliar. Consumado el impeachment, los distintos factores de poder intentarán presionar por mayores ajustes, bajas de impuestos o agrandar sus tajadas sobre el presupuesto público. La única manera de conseguir semejante alquimia supone un recorte brutal en los gastos sociales y prestaciones públicas que amenazan despertar reacciones masivas entre las masas de trabajadores y los sectores postergados que fueron beneficiarios de las gestiones petistas, en tanto la necesidad de dar estabilidad a los sectores políticos y empresariales poniendo un punto final a las investigaciones de corrupción podría enervar los sectores medios y altos que motorizaron las masivas protestas contra el Partido de los Trabajadores.

"Temer deberá enfrentar el juicio de la historia por haber secuestrado la voluntad popular"

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Parece demasiado para un gobierno que ni siquiera cuenta con legitimidad de origen, y que apenas conserva como baza la necesidad común de bloquear cualquier posibilidad de regreso de Lula en las elecciones de 2018.

Michel Temer deberá enfrentar el juicio de la historia por haber secuestrado la voluntad popular, devolviendo al gobierno a quienes habían sido derrotados en cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Antes que aquella, el juicio del presente no parece mucho más venturoso. Deberá ejercer la presidencia como rehén de quienes lo designaron como su herramienta.


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