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El 3 de febrero pasado se cumplieron 6 años de la Masacre de la Cárcova.  Alrededor de las 17hs. nos concentramos en los alrededores de la Estación de José León Suárez para marchar hasta el lugar donde la policía bonaerense asesinó a Franco Almirón y Mauricio Ramos, de 16 y 17 años respectivamente, e hirió gravemente a Joaquín Romero. Estaban los familiares, organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Madres en Lucha, Patria Grande, CTA, SUTEBA, Peronismo Revolucionario, Espacio Popular, Barrios para la Victoria, Autoconvocados Plaza Alem, Grupo de Reflexión Ciudadana Activa, Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, Martin Fierro, CTEP, MTE, Comisión por la Memoria Zona Norte y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSAM.

A modo de procesión recorrimos varios kilómetros haciendo algunas paradas. Primero, nos detuvimos frente  a la comisaría 4º de Suárez en la intersección de J. V. González y Brig. Gral. J. M. de Rosas. Allí se leyó el documento “Ni olvido ni perdón” con el que se buscaba sintetizar el pedido de justicia y señalar la ola represiva que atraviesa, por lo menos, el Conurbano Bonaerense en estos tiempos.

Es sabido que la impunidad no sólo se sostiene por el entorpecimiento de la policía, sino por la acción del Poder Judicial. En este caso, el Tribunal en primera instancia integrado por Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro decidió no aplicar ningún agravante a Gustavo Vega y beneficiar con la duda a Gustavo Rey, pese a haber sido reconocido por los vecinos como el autor de los disparos. Ante el pedido de la querella, la Cámara de Casación fijó una audiencia por los agravantes y solicitó un nuevo juicio para Rey.

La segunda parada fue en la Plaza de los Trabajadores, donde hablaron dos integrantes de la Cooperativa Bella Flor, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), esa enorme herramienta de organización popular de los trabajadores que se inventaron su propio trabajo. Allí se reivindicó que Franco y Mauricio, antes de ser asesinados, estaban esperando para ir a la quema, a cartonear al CEAMSE. La masacre se desató cuando se acercaron a un tren que había descarrillado, la policía una vez más para proteger las mercancías tiró con balas de plomo. En ese momento, se sumaron a la marcha Fernando “Chino” Navarro –dirigente  del Movimiento Evita y diputado provincial– y Gabriel Katopodis –intendente de San Martín–. Luego se sumaría Felipe Solá –ex gobernador y actual diputado nacional–.

La tercera parada fue en el corazón de la Cárcova. Donde el Padre Pepe y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, plantaron un olivo y minutos después comenzaría el acto. Los oradores fueron Leonardo Grosso –dirigente  del Movimiento Evita y diputado nacional–, Katopodis, Navarro y Solá. Tanto Katopodis como Solá mencionaron la necesidad de involucrar a la sociedad civil en los procesos de reforma policial, sobre todo para reducir el “autogobierno de la policía”, eje de la reforma Arslanián/Solá, revertida luego por Scioli/Casal/Granados y agravada el último año con Vidal/Montenegro.

Cuando la seguridad social pasó a ser seguridad

La masacre de la Cárcova no es un hecho único, se repite infinitamente, son miles los chicos asesinados por las fuerzas de seguridad. A muchos otros les aguarda otro futuro sombrío en las cárceles provinciales.

Sin dudas la situación se agravó los últimos años por la demagogia punitiva llevada adelante por el gobierno de Daniel Scioli. La ley 13811 de reforma en el proceso penal introdujo el procedimiento de flagrancia, bajo el eufemismo “Plan para el fortalecimiento del sistema acusatorio” habilitaba a la policía a criminalizar a los pobres. Sergio Terrón en su artículo “El procedimiento de flagrancia en la provincia de Buenos Aires” sostiene que la flagrancia constituyen “aquellos episodios en que, el autor es sorprendido en el momento de cometer el hecho o inmediatamente después, o mientras es perseguido por agentes de la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos en su poder relacionados al hecho, o presenta rastros que hagan presuponer que acaba de participar en un hecho delictivo”. Algo así como “con las manos en la masa”, o traducido para la policía: “portación de cara”. Según Ignacio Fernández Camillo, Coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en La Plata, esas modificaciones dispararon “los números de prisionización en la provincia, pasando de 28.000 en 2009 a 35.000 en 2015”. Sólo en el 2016 ese número aumentó a 40.000.

El auto gobierno policial no ayuda nada, la complicidad de las fuerzas no sólo en hechos delictivos sino en la formación de asociaciones ilícitas es un agravante sustancial de la vulnerabilidad que viven los jóvenes. El emblemático caso de Luciano Arruga, es lamentablemente, sólo un botón de la lógica policial que usa a los pibes como engranajes para la comisión de delitos.

Solemos repetir que no hay ajuste sin represión, fundamentada en una idea básica de que nadie renuncia a sus derechos voluntariamente, nadie elige vivir peor, no tener trabajo, vivienda o un futuro prometedor. Esa represión funciona en dos planos. Uno es el de la represión política: la persecución, detención -el caso de Milagro Sala es paradigmático de la época Cambiemos- y el asesinato y organización de masacres como la del Puente Pueyrredón. El otro es la violencia institucionalizada contra los sectores excluidos, fundamentalmente los jóvenes.

Antaño hablábamos de “gatillo fácil” o abuso policial, sin embargo, cuando se analizan los casos estos no están desconectados entre sí, sino que se inscriben en una densa red que aúna de diferentes maneras a las fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario y al poder judicial. No son casos aislados, es la forma en que el Estado decide intervenir sobre ciertos sectores sociales para los que formula un sinfín de descalificativos, pero que en definitiva ha dejado de lado en su conversión neoliberal. En este proceso, la seguridad social pasó a ser sólo seguridad.

De la Seguridad a la Seguridad Democrática

Para los sectores del nacionalismo popular o de izquierda la seguridad siempre ha sido un tema difícil. Apropiada por sectores de derecha, su propuesta es “meter bala”, “mano dura”, bajar la edad de imputabilidad, cuando no pedir la pena de muerte. Esa teoría de Tolerancia Cero, popularizada por Rudolph  Giuliani, entonces alcance de Nueva York, indica una intolerancia selectiva a grupos de antemano considerados sospechosos, el “último populacho de nuestras ciudades” en palabras de Loïc Wacquant en ese extraordinario libro “Las cárceles de la miseria”. El trasfondo es un Estado más policial y penal y la estigmatización y persecución a determinados grupos sociales.

Frente a estas posturas, y sus negativos resultados, las propuestas de las organizaciones populares siempre han sido proclamar que la seguridad se resuelve con trabajo y justicia social o cambiando la matriz económica. Como consigna está bien pero omite que por la profundidad de la fractura social provocada por el neoliberalismo es necesario desarrollar políticas específicas –incluso focalizadas– para el modo en que el Estado procesa el conflicto social.

En este marco, puede inscribirse la formación de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Primero, para poner el acento en el carácter institucional de esa violencia, pero no sólo por la complicidad policial-judicial que en muchos casos se suma a sectores políticos; sino para enfatizar una lógica de funcionamiento que regula las pautas de acción de esas fuerzas. Y en este sentido, la Campaña sintetiza las dos grandes luchas de la Argentina posdictadura: los movimientos de derechos humanos, su búsqueda incansable de verdad y justicia y la expertise que desarrollaron en las causas por delitos de lesa humanidad, y los movimientos populares surgidos para hacer frente a la restauración neoconservadora que provocó la peor crisis de la historia nacional.

Segundo, la posibilidad de generar un espacio político cuya llegada no ocurra cuando ya hay muertos, sino que pueda desplegar campañas de concientización y difusión de otras ideas respecto de lo que los medios concentrados llaman “delito” y “delincuentes” como acciones de intervención institucional concretas.

Se trata de elaborar un discurso y propuestas contrarios a la demagogia punitiva, que ofrece recetas mágicas para terminar con el delito, pero cuyos únicos responsables son siempre sus víctimas, a veces son los jóvenes pobres, otras los inmigrantes y todo parece resolverse con la baja de la edad de imputabilidad.

En este recorrido, nació la idea de una Seguridad Democrática y Popular, que incluye ejes como el de la criminalización de la protesta social, el tratamiento de la violencia en los medios de comunicación y el control civil de las fuerzas de seguridad; que pone en escena el sistemático proceso de estigmatización de aquellos que viven en determinados barrios, usan cierta ropa o escuchan tal música.

La Campaña no hubiera sido posible si no se hubieran dado ciertas condiciones políticas. Por un lado, la incorporación de los movimientos sociales al Congreso; por otro, la decisión de Néstor Kirchner de no reprimir la protesta social y, años después, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de crear el Ministerio de Seguridad. Es cierto que éste se estableció después de la represión en el Parque Indoamericano y que hubiera sido necesario que el gobierno tuviera una política habitacional sistemática. Sin embargo en esa creación puede rastrearse un intento por construir un modo de procesar políticamente los conflictos. La elaboración del protocolo “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” durante la gestión de Nilda Garré no tenía como fin la represión, sino precisamente el establecimiento de límites a la acción policial, tan diferente al que propuso el año pasado la actual ministra Patricia Bullrich que habilita la represión, que siempre sabemos termina con homicidios pertenecientes al mismo lado.

Las movilizaciones por las víctimas siempre son difíciles de aprehender, tanto para los estudios de la acción colectiva como para la acción política. En la mayoría de los casos, hay muchas víctimas, muchos victimarios y circunstancias que hacen difícil una acción mancomunada. Sin embargo, la idea de violencia institucional favorece un proceso de organización, permite inscribir cada uno de esos homicidios, de esas represiones en una red mayor y, al mismo tiempo, la posibilidad de exigir una intervención diferente por parte del Estado a esos que no quiere incluir y a esos que no quiere escuchar.

 

*Fotos: Pablo Caprarulo PDC (https://www.facebook.com/fotopdc/)