12 / 10 | Mundo, Política

BRASIL ON SALE


El terremoto político pasó. O al menos eso aparenta la inusual sintonía entre el Planalto y el Congreso que comenzó a tomar forma después la destitución de Dilma.

Mientras el PT define el papel que jugará de acá en adelante por fuera de las flojas instituciones nacionales, el gobierno de Michel Temer activó una efectiva maquinaria política destinada a sacar de raíz cualquier herencia de la antigua gestión petista.

En sintonía con el gobierno, la Cámara de Diputados con respaldo del Senado, acostumbrada durante este último tiempo a bloquear las iniciativas del Ejecutivo, se ha convertido en una fábrica de normas, leyes, enmiendas y reformas urgentes que dejan en evidencia la coordinación entre los dos pesos pesados de la política, como es el Movimiento Democrático (PMDB) y la Social Democracia Brasileña (PSDB), que juntos llegan a duplicar la cantidad de bancas del PT en el Congreso sin hacer mayores esfuerzos.


La rapidez que están tomando los cambios en Brasil no deberían sorprendernos si consideramos que ya hacia fines del año pasado, desde el PMDB de Michel Temer, habían lanzado un documento llamado “Un puente para el futuro” con los detalles del plan de ajuste fiscal que proyectaban para la economía. Si bien no se le prestó demasiada atención en el momento, fue recién en mayo, cuando el partido decidió quitarle oficialmente el apoyo a Dilma, que desde los medios comenzaron a seguir con atención la letra chica.

brasil02

No hizo falta que pasara mucho desde la asunción de Temer para que una mayoría de Diputados aprobase una nueva reforma a la ley que regula el petróleo en Brasil, consiguiendo borrar el piso del 30% de obligatoriedad a la exploración petrolera con la que contaba la estatal Petrobras. Fue esa misma ley la que en 1997 terminó con el monopolio de la empresa estatal en  la exploración y que recién se modificó en 2010, por iniciativa del presidente Lula, como consecuencia del descubrimiento de nuevos yacimientos que estaban ocultos en medio del mar.

En diciembre de 2009, mientras se discutía esa reforma en el Congreso, el actual Canciller y por ese entonces candidato a presidente de Brasil, José Serra, prometía en campaña a la directora de Desarrollo de Negocios de Chevron, que más temprano que tarde eliminarían el piso de obligatoriedad de participación de Petrobras. Según publicó al año siguiente Folha de Sao Paulo, en base a unos telegramas filtrados por WikiLeaks, Serra le sugirió a la directora de Chevron, Patricia Pradal, que dejase que “esa gente del PT haga lo que quiera. Vamos a demostrar que las rondas de licitación no van ser efectivas y, a continuación, daremos cuenta a todos de que el viejo modelo era el que funcionaba, así volveremos al antiguo sistema”. Hombre de palabra, a las pocas semanas de oficializarse su designación al frente de la Cancillería, Serra devolvió con su iniciativa la vieja regulación a las empresas extranjeras.

Luego del petróleo, el paso siguiente tampoco resultó complicado. El Congreso acaba de aprobar una propuesta de enmienda constitucional (PEC 241) para congelar la inversión pública para los siguientes 20 años. Una auténtica “política de Estado” que aunque aún necesita de otra votación en la Cámara baja y de otras dos en el Senado, pocas dudas quedan acerca de que esta nueva regulación, que sólo podrá ajustarse de acuerdo a la tasa de inflación del año anterior y que no podrá revisarse sino una vez pasados 10 años,  encontrará algún freno en el Senado. Por supuesto, esta medida incluye un límite al presupuesto en sectores como la Salud o la Educación que comenzará a aplicarse a partir del 2018.

"El Congreso acaba de aprobar una propuesta de enmienda constitucional para congelar la inversión pública para los siguientes 20 años"

Compartir:

El intento de la dirigencia del PT de frenar esta iniciativa con una cautelar presentada ante la Corte Suprema que, por supuesto, fue rechaza, demuestra que a pesar de todo, desde la oposición, todavía siguen confiando en las reglas de juego del viejo Estado democrático.

Pero la lista de cambios económicos proyectada por el nuevo gobierno es larga y precisa. En los próximos meses, el Planalto impulsará una reforma integral al sistema previsional que modificará la tendencia al crecimiento de la inversión que, durante los últimos 20 años, pasó a de un 0,3% del PIB (1997) a un 2,3% según los últimos números. Tendencia al crecimiento que para algunos resulta mal ejemplo.

En ese sentido, buscarán fijar una edad mínima jubilatoria de 65 años con la idea de llegar a los 70 para la nuevas generaciones. También buscará incrementar el monto de las contribuciones para que se aplique un 50% sobre la media de sus contribuciones y promoverá una desvinculación con el salario mínimo.

Pero la lista continúa. Entre las siguientes medidas llegará el ajuste para el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Durante el gobierno interino, Temer había anunciado que el BNDES debía unos 500 billones de reales que debían ser devueltos al Tesoro. Lo que no aclaró es que gran parte de ese monto habían sido préstamos destinados al sector productivo del país. Como antesala, hace unas semanas se dio a conocer que el BNDES no financiará más el desarrollo de centrales térmicas de carbón y petróleo, y que también disminuirá su participación en las inversiones hidroeléctricas.

"buscarán fijar una edad mínima jubilatoria de 65 años"

Compartir:

A esto se le suma la revisión que desde Hacienda propuso el ministro Henrique Meirelles, otro peso pesado de la actual política brasilera que compite al interior del gobierno con Serra. Meirelles aseguró que revisará la política de subsidios para el sector productivo y ya anunció que “cualquier nuevo programa de gobierno que implica la concesión de subsidios será creado sin que haya ningún tipo de compensación financiera”, con lo que buscan recuperar 2 billones de reales al año.

En síntesis, el terremoto político no pasó sino que abrió paso a un desastre económico aún más profundo del que heredó. Si algo quedó claro en Brasil después de este último tiempo, es que el presidencialismo de coalición al que nos tiene acostumbrado la política brasileña es frágil e inestable y que es por eso que la expectativa de vida del actual acuerdo de gobernabilidad será siempre baja, sobretodo cuanto más cerca estemos de las elecciones presidenciales del 2018. Es por eso que desde el gobierno saben que tienen que saldar favores y cumplir metas antes de que el propio desarrollo de las investigaciones por las causas de corrupción en Petrobras se lleve todo puesto.


You Might Also Like

Comentarios

Dejanos tu comentario